Salario mínimo

Cada vez que los defensores del capital nos meten el cuento de que aumentar la remuneración mínima vital (RMV) trae informalidad y desempleo, no puedo dejar de acordarme de la década de los noventa, cuando empezó la represión salarial con la misma justificación pero dicha a la inversa, es decir que para tener empleo y mayor grado de formalidad era necesario flexibilizar y desregular las relaciones de trabajo. Eso supuso desinstitucionalizar el ajuste salarial mínimo en el entendido neoliberal de que perturbaba el libre mercado laboral. De igual modo, las organizaciones de los trabajadores, que fueron duramente golpeadas con legislación antisindical.
A finales del 2000, una vez acabada la dictadura fujimorista, la realidad laboral no presentaba mayores índices de empleo formal que cuando se iniciaron las reformas laborales. Ya varios académicos del mundo laboral como Tokman y Chacaltana lo han demostrado con cifras. En esa década, el trabajo urbano en el Perú creció sin contrato laboral. De un 30 por ciento de trabajadores sin contrato en 1989, se pasó a un alarmante 46.8 por ciento en el 2000. Y los salarios reales se fueron al piso.
Veinte años después, y con toda la herencia de las políticas laborales flexibilizadoras que tiene a un grueso de los peruanos en la precariedad laboral, se sigue insistiendo con la misma cantaleta de buscar competitividad en el cholo barato, incluso al máximo nivel político.
Tanto el ministro de Economía y Finanzas, Miguel Castilla, como el de Trabajo, José Villena tienen la misión de patear para adelante tanto como sea posible, el segundo tramo del aumento mínimo. Todo indica que el primer semestre no veremos cumplida la promesa electoral, a pesar de las buenas intenciones del viceministro de Trabajo, Pablo Checa.
Y ni que hablar del mecanismo para los aumentos futuros en base a la productividad y la canasta de consumo familiar. Eso sigue pudriéndose en el Consejo Nacional de Trabajo (CNT) desde el 2007.
Todo esto ha quedado más claro todavía con la presentación del gabinete Valdés en el Congreso el jueves pasado. Junto con su tristemente célebre frase de que el Perú no está para experimentos ni globos de ensayo, lo que quiere decir que seguiremos con las políticas del modelo salarial fujimorista continuado por Toledo y García; el premier con las justas y aludió al ofrecimiento presidencial de aumentar el salario mínimo en 150 soles este año sin que se sepa cuando.
Como era lógico, los sindicatos agrupados en la CGTP salieron a señalar la omisión de los detalles sobre los 75 soles del segundo tramo del aumento. Y por su lado, los empresarios agremiados en la CONFIEP, salieron al mismo tiempo a decir que el discurso va en la línea de la Hoja de Ruta.
Pero no es verdad, porque la Hoja de Ruta señala que además de aumentar el salario mínimo a 750 nuevos soles, se harían aumentos posteriores de acuerdo con la evolución de la productividad y del costo de la canasta de consumo; y eso está en la refrigeradora del Ministerio de Trabajo (MINTRA), mientras José Villena, hombre de Castilla y del agrado de los empresarios, siga como titular de ese pliego. La CGTP por su parte, que conserva aún su influencia en el viceministerio de Trabajo, se mantiene de aliado del gobierno. ¿Cuándo se romperá la convivencia entre pro trabajadores (el viceministro Checha y sus directores), y pro empleadores (el Ministro Villena y sus colaboradores)? La respuesta se encuentra en los mismos fundamentos conceptuales de la reforma flexibilizadora de los noventa que como vemos está lejos de corregirse: los salarios no se regulan y los sindicatos mejor que ni existan.