La gran transformación de MEO

Esta semana conversé largo rato con Marco Enríquez Ominami (MEO), candidato del PRO (partido progresista) a la presidencia chilena en los comicios de este año y quien visitó Lima para dar una conferencia.
Es la segunda vez que MEO postula con una propuesta que se aleja del statu quo instalado en nuestro vecino del sur desde el golpe de Pinochet.
Asamblea Constituyente, cambio de modelo económico, eduación pública y gratuita, reforma tributaria para que paguen más los ricos, integración con Unasur, mar para Bolivia, matrimonio igualitario, entre otras de sus banderas políticas, lo colocan bien a la izquierda de la Concertación que quiere que Bachelet repita el plato.
Y si bien su eslogan: “Chile quiere más” reconoce aspectos positivos del Chile actual, no podemos negar que es visto todavía (aunque menos que en 2009) como el candidato antisistema.
Mientras escuchaba su plan de gobierno, en el que destaca la ruptura de la Jaula de Hierro (como él llama a la Constitución pinochetista de 1980), no podía dejar de establecer varias similitudes con el plan de la Gran Transformación del candidato Ollanta.
De hecho, tanto MEO como Ollanta vienen de familias de izquierda radical, aunque ni MEO ha sido militar, ni Ollanta ha tenido experiencia parlamentaria. Aunque MEO es mucho más locuaz y culto que Ollanta, ambos ingresaron muy jóvenes a la primera división de la política con una postura de cambio y fundaron sus partidos con cuatro gatos, logrando atraer luego a miles.
En efecto, hoy el PRO se está consolidando. Ha ganado varios gobiernos locales, especialmente en el norte chileno, donde destaca la alcaldía de la limítrofe (y experuana) Arica.
Territorios que antes eran peruanos o bolivianos como Calama, Pozo Almonte, Tocopilla y Tierra Amarilla han abrazado el progresismo de MEO. Es ahí donde su propuesta de una alianza trinacional -base de su “mar para Bolivia”- empieza a ganar pueblo.
Pero lo más interesante de MEO es el cambio de modelo económico. Él señala que como Chile está en un momento de abundancia, es propicio hacer cambios estructurales a su modelo de desarrollo. En sus propias palabras, significa dejar de ser esclavo del cobre.
MEO apuesta por la inversión agresiva, en eso que se llama I+D (innovación y desarrollo), lo que no es otra cosa que meterle candela a la investigación científica con miras a diversificar la producción y darle mucho más valor agregado.
No es descabellado pensar que MEO pase a la segunda vuelta junto a Bachelet, ahora que la alianza derechista chilena está debilitada tras el gobierno de Piñera. Pero si MEO gana, allí veremos qué tan sólidas son sus convicciones y qué tan democrático es el sistema chileno. Algo que ya vimos en el Perú.

Precariedad de la economía peruana

¿Qué sentirán los cientos de miles de ancianos sin pensión en el Perú cuando anuncian por la prensa que su país es ahora el octavo más rico de América Latina? ¿O los millones de trabajadores que ganan menos de mil soles mensuales, cuando les dicen que las cifras muestran que cada peruano tiene un poder adquisitivo de más de 11 mil dólares, cuando no llegan a esa cifra ni trabajando todo un año?

Seguramente pensarán que nada de eso tiene que ver con su realidad. Que mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI) anuncia que el Perú es cada vez más rico, y los medios financiados por las mineras y los bancos celebran, ellos siguen viviendo en un país de misios donde la plata no alcanza para cubrir los gastos del mes. 
Es que mientras la mayor parte de la población tiene que esperar semanas o meses para que le operen la vesícula en un hospital público, y el salario mínimo sigue siendo de los más bajos de la región; los que tienen la sartén por el mango nos llenan de propaganda sobre las bondades de un modelo económico sumamente precario. Y encima citan al FMI, que ha quedado en ridículo por el fracaso de sus políticas de austeridad en Europa. 
Todos los crecimientos económicos que se basan en el auge de los precios de las materias primas –como es el caso peruano- son cíclicos y precarios. Y en los últimos diez años, ese tipo de crecimiento económico en el Perú ha sido bastante impetuoso, y la subida se ha dado casi en vertical. Lo malo es que la caída será directamente proporcional a esa escalada. 
Desde el 2003 en adelante, las tasas de interés en Estados Unidos, Japón, Reino Unido y Europa se han mantenido cercanas a cero. Eso ha sido la principal causa de nuestro boom económico. Los capitales buscaron mayor retorno en la especulación de los minerales, el petróleo y los alimentos, presionando los precios al alza. Y también incursionaron en las plazas donde las tasas de interés eran más altas. 
Todas esas condiciones pueden cambiar dramáticamente. Al menos la subida del dólar en las últimas semanas parece advertirnos de un cambio de tendencia mundial, tras una década de depreciación de la divisa norteamericana. 
Una vez que las tasas suban en el norte, el Perú se estrellará de la misma manera que un automóvil lo hace ante el frenazo en seco del tráiler que tiene delante. Y eso no tendrá nada que ver con cosas como que PetroPerú se quiera potenciar o con la hipótesis negada de que el gobierno se salga de la Alianza del Pacífico. 
Eso tendrá que ver con el estilo de crecimiento. Con la restricción externa. Pues los factores del éxito de las grandes cifras de la economía, no los controla Castilla desde su ministerio. Se definen fuera. 
Mientras llega ese momento, nos seguirán mareando con noticias como las que dicen que somos más ricos que Colombia. Que tal payasada. Ya quisiéramos tener un poquito de las bases productivas de nuestro vecino.

Desnudan al FMI

Dos hechos recientes y de gran importancia para la economía mundial, han pasado casi desapercibidos por la prensa local.
Con esto de la compra frustrada de Repsol por parte de PetroPerú, los grandes medios locales pusieron toda su artillería en defender la sacrosanta subsidiariedad estatal, dejando de lado la debacle del sustento científico que usaba el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (Troika) para imponer dolorosas medidas de austeridad fiscal a fin de que los países europeos cierren sus déficits.

Hace pocas semanas, un estudiante de la Universidad de Massachusetts, Thomas Herndon de 28 años de edad, encontró serios errores en el estudio estrella de la Universidad de Harvard, en el que hasta la propia Cámara de Representantes de Estados Unidos se apoyaba para reducir el gasto público en el presupuesto nacional.
Me refiero al estudio de los profesores Reinhart y Rogoff: “Crecimiento en Tiempo de Deuda”, en el que concluían –luego de un análisis profundo- que un país que tiene el 90 por ciento de su producto interno bruto como deuda pública, va a decrecer en -0.1 por ciento de todas maneras y de ahí en adelante.
Entonces, si eso era así, la austeridad fiscal para reducir el nivel de deuda era clave para recuperar la senda del crecimiento. Casi el único camino. Por ello, la clase trabajadora tenía que ver reducidos sus salarios, pensiones y subsidios sociales. Ese esfuerzo permitiría ahorrar y recuperarse.
Sin embargo, el estudiante universitario encontró que esa verdad científica era falsa. Que en realidad un país que tiene 90 por ciento de deuda respecto del producto puede llegar a crecer hasta casi 3 por ciento sin utilizar medidas de austeridad.
Sus resultados tan contundentes no pudieron ser negados y, a pesar que en un primer momento la prensa mundial de derecha (adicta a los ajustes) redujo los hallazgos de Herndon a un error en el software usado por los ilustres de Harvard, no logró ocultar los errores metodológicos y conceptuales como el de excluir a cinco grandes economías de las mediciones y las alteraciones en la ponderación.
Pero esto no queda allí. Al mismo tiempo, el propio jefe de economistas del FMI, Olivier Blanchard, tuvo que reconocer que los impactos negativos de las medidas de austeridad en la economía son mayores a los estimados inicialmente. Un serio problema en los multiplicadores.
Por cada euro no gastado en el presupuesto público, se le quitaba medio euro a la economía nacional era lo que decía el FMI. Pero luego se constató que en realidad, el impacto ascendía a casi tres euros, con lo cual se ha profundizado la recesión europea.
Estos simples errores no pasarían de ser solo eso, si no implicaran el sufrimiento de millones de personas por los ajustes. Pero con todo y esa evidencia, el FMI insiste en que la única salida es la austeridad, en lugar de pasar a la estrategia de la reactivación. Puro fetichismo, alienación y vulgaridad neoliberal.

Pura vulgaridad económica

Qué vulgares que son la mayoría de economistas y periodistas económicos en el Perú. A propósito de la intención manifiesta del gobierno de adquirir la refinería de La Pampilla y la red de grifos de Repsol, han salido los neoclásicos locales (mejor conocidos como neoliberales) a decir cosas como que el “Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) abre la puerta al retorno del estatismo”.
Como si la idea de fortalecer la presencia del Estado en una actividad estratégica –lo que sucede en muchos países del mundo- fuera un pecado que lleva al descalabro.
Incluso, los más achorados casi casi le están diciendo chavista al propio Castilla, a pesar que el neoliberalismo también es el dogma del saliente ministro.
Es que al margen de los estudios técnicos sobre la conveniencia financiera y económica o no de esta compra, el debate que se plantea desde quienes controlan el monopolio de los medios de comunicación es en gran medida ideológico.
Y eso que hay argumentos interesantes como la tasa de ganancia en el negocio de la refinación, la calidad de los activos de Repsol respecto del precio que piden, o si es mejor meter ese par de miles de millones en la explotación de petróleo directamente.
Todo eso visto en un marco más grande sobre la conveniencia estratégica de tal movimiento.
Sin embargo, se escuchan disparates como que si compramos La Pampilla estaríamos regresando al primer gobierno del APRA, donde las empresas estatales eran el botín de un García que empezaba a descubrir cómo hacerse muy rico.
Con la misma pasión de un fanático religioso, los vulgares de la economía en el Perú recitan como loros el artículo 60 de la constitución fujimorista del 93. 
Ese que dice que el Estado es subsidiario en la actividad económica, y que concentra –junto con los artículos 62 y 66, sobre contratos ley y propiedad privada de los recursos naturales respectivamente- la mayor vulgaridad económica de todas en el Perú: aquélla que nos aleja totalmente de la realidad social, política, económica y cultural de estas tierras. 
Que niega la dinámica permanente de la lucha de clases con verdades y sentidos comunes inoculados desde una prensa servil a la clase dominante. De ahí los bajos salarios, las pensiones de hambre y el defiéndanse como puedan que nos reina desde los noventa.
Pensar que hasta en Chile se debaten al máximo nivel asuntos como que el Estado debería tener una administradora de fondos de pensiones y competir con las privadas.
Pero así son los vulgares fanáticos de su dizque teoría económica. No se dan cuenta de que si el país entra en bancarrota no será por la compra de La Pampilla, sino por la enorme restricción externa de ser primario-exportadores que ha marcado nuestra historia económica desde que se fundó la república.
Castilla se va justo por eso, porque no es capaz de relanzar la economía peruana con su simple vulgaridad.

Cuidado con el cuento de las APP

Mucho se ha escrito sobre las bondades de combinar recursos públicos con capital privado para lograr objetivos de desarrollo social a través de inversión en infraestructura, tecnología o la ampliación de la cobertura de salud u otros servicios.
Los defensores de este esquema relievan los beneficios mutuos que obtienen tanto los inversionistas como el Estado. Incluso ahora, desde las organizaciones financieras multilaterales como el FMI, el Banco Mundial o el BID se señala que el Estado aumentaría su eficacia en la prestación de servicios, al mismo tiempo que los privados obtienen ganancias y generan empleo.
En el Perú, las Asociaciones Público Privadas (APP) operan desde hace un tiempo en sectores como infraestructura, energía, salud y otros.
Sin embargo, y al margen de las buenas y malas experiencias, el desafío de esto reside en la incompatibilidad de combinar la promoción de desarrollo con la generación de utilidades. Es que en el centro del problema está la transferencia de la responsabilidad del Estado a organizaciones cuya naturaleza es el lucro. 
Por eso, entendidos en la materia señalan que esta lógica asociativa mixta debe mantener en todo momento la naturaleza pública. O sea se debe regular, vigilar y garantizar que en el apalancamiento de fondos privados se cuiden siempre los intereses del Estado. De lo contrario, la buena intención de ampliar la labor estatal con recursos particulares, se torna rápidamente en lo contrario: los privados se sirven más bien de fondos públicos para maximizar sus ganancias. Y eso es lo que parece estar detrás de este tipo de negocios.
A propósito de las reuniones de primavera del FMI y el BM en Washington, el tema de las APP ha estado en boca de todos como una nueva ruta para el desarrollo. Pero como los intereses que están detrás de estas instituciones no dan puntada sin hilo, parece ser que las APP que están en varios reportes y recomendaciones, busca en realidad que el capital financiero no pierda la capacidad de reproducción debido a las recientes regulaciones mundiales en los mercados en que opera, y sobre los impuestos que evade. Además, de que la inversión en bonos está bastante alicaída en los últimos tiempos.
Por eso se ha visto una ventana de oportunidades en las APP. Con recursos públicos (pensiones, fisco, deuda, etc.) se comparte el riesgo de la inversión privada. Pero para eso, toda la institucionalidad multilateral debe ponerse a disposición, siendo el primer paso su promoción pública y el segundo que las calificadoras de riesgo le pongan la nota AAA a este negocio. Eso está en plena ejecución. El resto tiene mucho de cuento.

Más sobre evasión de las transnacionales

Una de las medidas más interesantes para evitar la evasión fiscal de las grandes transnacionales se llama FATCA. Desde que estalló la crisis mundial de las economías desarrolladas en el 2008, sectores importantes de la política de los países industrializados pusieron el ojo en el fraude tributario multimillonario vía paraísos fiscales.
Es que cuando los países ricos entraron en crisis, recién notaron lo nocivo del faenón tributario que desde hace años afecta a todo el globo.
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) es una ley norteamericana sobre cumplimiento tributario de cuentas en el extranjero que está vigente desde principios del 2013. Y sirve para que la Internal Revenue Service - IRS (la SUNAT estadounidense) vigile la plata que sus administrados envían fuera de Estados Unidos, detectando a quienes lo hacen para evadir impuestos.
Esta ley tiene varios alcances, pero el más importante se centra en la solicitud de información que la IRS puede hacer a bancos y otras instituciones que reciben dinero proveniente de Estados Unidos en otras latitudes.
La aplicación de esta ley prevé dos modelos. El primero implica que la IRS pide información directamente al receptor de los fondos en cualquier país del mundo. En este caso, la administración tributaria del país involucrado ni se entera del trámite.
El segundo modelo implica un convenio entre Estados Unidos y el país de destino del dinero de un norteamericano. La solicitud de información se hace directamente desde la IRS a la administración tributaria pertinente. Lo interesante es que el convenio es recíproco, por tanto la autoridad tributaria del país que negoció FATCA con Estados Unidos, tendría también el derecho de pedir información tributaria a la IRS.
En la práctica este segundo modelo significa un intercambio automático de información tributaria, muy útil para detectar a los criminales de cuello y corbata.
Hace una semana, un amigo me comentó que en el centro de investigación donde trabaja en el Perú le llegó un pedido FATCA de la IRS, porque dicho centro recibe donaciones de una agencia de cooperación norteamericana. El formato de la IRS que se debe llenar es el 1042-S, el mismo que será enviado al fisco norteamericano para hacer constar la veracidad de la operación.
La Sunat, por cierto, no se entera de ésta u otras solicitudes de información a sus administrados, porque el Perú no ha negociado FATCA con Estados Unidos hasta ahora.
Urge que la gerencia de Fiscalidad Internacional de la Sunat viendo el tema FATCA. Si ya está pidiendo información la IRS a instituciones peruanas, mejor sería que sea de frente a la Sunat. Así de paso, las autoridades peruanas podrían detectar a contribuyentes peruanos que envíen dinero a Estados Unidos con el objetivo de evadir impuestos.

Respuesta al chantaje de las inversiones

Ecuador será escenario el 22 de abril de una reunión de gobiernos afectados por juicios internacionales. Es decir, por demandas multimillonarias que les meten los inversionistas cuando sienten afectadas sus ganancias, o incluso las puras expectativas.
Claro que cualquiera podría decir que al que se le perjudica se le debe indemnizar, pero en el caso de estos arbitrajes, muchas veces el perjuicio no es tal, pues los tribunales internacionales sobre inversiones, son claramente pro capital, y consideran que el incumplimiento de las leyes, la violación de derechos humanos, las sobreganancias no previstas u otros atropellos de los inversionistas, están por debajo del contrato firmado.
El caso más evidente es el del Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) del Banco Mundial, que tiene empapelada a toda la región, y es usado como mecanismo de chantaje por muchas transnacionales para que a más de un gobernante le tiemble la mano a la hora de hacer reformas o aplicar políticas de bienestar general.
Eso sí, todas las veces que los países son sentenciados, las indemnizaciones son groseramente altas, y nada tienen que ver con un resarcimiento equitativo, si efectivamente hubiera algo que resarcir.
Ecuador, por ejemplo, tiene más de veinte casos en su contra en tribunales como el Ciadi y la Uncitral. Y recientemente ha recibido dos laudos multimillonarios en su contra en el sector de  hidrocarburos, por procesos arbitrales que le emprendieran la Occidental y la Chevron.
Si sumamos ambos laudos, lo que tiene que pagar Ecuador con la sangre de todos los ecuatorianos para saciar la ambición de estas dos gigantes del petróleo, supera los 9 mil millones de dólares. O sea varios puntos del PBI ecuatoriano.
Esta realidad también la viven países como Argentina, Venezuela y Bolivia por aplicar políticas de recuperación de los recursos naturales, financieros o tributarios para sus pueblos. 
Y es por eso que los países del Alba (Alianza Bolivariana para Nuestra América), especialmente Ecuador, vienen haciendo un llamado a sus vecinos para repudiar esta camisa de fuerza del modelo neoliberal y construir una institucionalidad independiente y equilibrada para arreglar diferencias con los inversionistas.
Eso pasa definitivamente por pedir la nulidad de todos los tratados y/o cláusulas de tratados de ultra protección de inversiones y libre comercio.
Pero no se crea que los países con gobiernos progresistas son los únicos manipulados por estos juicios internacionales. El chantaje de las inversiones también tiene a regla a países como Perú, Colombia y Chile, y no sorprendería que si se plantea una buena alternativa a los arbitrajes que se hacen en Estados Unidos (Ciadi) y Europa (Uncitral), podamos tener en breve operando un Ciadi del Sur.