El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) ha elaborado un suplemento informativo sobre el programa “Pensión 65” y lo ha distribuido mediante diarios de circulación nacional desde hace una semana.
Al verlo, podemos ver cómo se convirtió una excelente propuesta de Pensiones No Contributivas, en un diminuto programa social que caricaturizó la promesa electoral de Ollanta.
Pensión 65, nombre marketero que le dio Favre a la propuesta que figuraba en el Plan “La Gran Transformación”, estaba pensado para dar el 60% de una pensión mínima a todos los ciudadanos mayores de 65 años, que no tengan jubilación, ni perciban renta de ninguna categoría, y que además residan en el Perú los últimos tres años desde presentada su petición. Se tramitaría en la Oficina Nacional Previsional (ONP) como cualquier pensión, y generaría todos los derechos obligaciones de las mismas.
El cálculo que hizo el equipo que dirigió el economista Félix Jiménez, determinó que se trataba de más de un millón de peruanos que estaban en esta condición, y que se necesitaría algo del 1% del PBI cada año para financiarlo.
No se tenía miedo a las alarmas actuariales, que decían que en algunos años todo el presupuesto público se iría en pensiones sociales, porque se pensaba hacer una reforma pensionaria multipilar para que todos quienes puedan aportar para su vejez, lo hagan obligatoriamente (emolienteros, kioskeros, canillitas, etc.), y que de acuerdo al nivel salarial, un trabajador aporte al sistema de reparto (para obtener una pensión básica), y cuando su sueldo lo permita, también al sistema de capitalización individual (para obtener una mejor jubilación).
Además, como se iba a hacer una reforma tributaria de envergadura, los ingresos fiscales iban a permitir financiar sin problema (como es en varias sociedades) a aquellos que no pudieron aportar o cuyos aportes no alcanzaron.
¿Cómo es que Pensión 65 llegó a ser un diminuto programa social que abarca solo a 253 mil adultos mayores en extrema pobreza mediante un subsidio más diminuto aún, y que no tiene ninguna de las características de una pensión?
La propuesta original que recogió Ollanta provino de la asociación de adultos mayores ANAMPER, de los cálculos del Grupo Nacional de Presupuesto Público, y del proyecto de ley que presentó la OIT, con ANAMPER bajo el auspicio del congresista Urquizo.
Tras ganar la primera vuelta, Kurt Burneo, en la famosa Hoja de Ruta, le asestó un golpe al introducir el concepto de focalización, reduciéndolo a algo para extremos pobres en algunas regiones del país al mejor estilo de Juntos. Ese es el esquema que tomó Castilla, para reducirlo aún más, hasta llegar a ser un Bono Gratitud (Alan García) ampliado, solo que con otro nombre.
Al menos dos veces en citas internacionales, Ollanta ha lanzado duras críticas al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (Ciadi). Me refiero a la XXI Cumbre Iberoamericana en Paraguay (2011) y a la reciente I Cumbre Celac-UE (2013). En ambas mostró preocupación cuando al Estado se le pone en el banquillo de los acusados. Es que este tribunal de arbitraje admite demandas -como bien señala el presidente– hasta de “personas naturales” (lo que vulnera el principio de legitimidad para obrar), que ponen en jaque a varios países con laudos absurdos que generan deudas enormes a favor de inversionistas supuestamente afectados. El solo riesgo a sus ganancias es tomado por el Ciadi como una expropiación.
Es el caso de una empresa petrolera que le acaba de ganar a Ecuador una suma de dinero obscena e impagable. Y lo peor de todo es que las obligaciones surgidas de este chantaje deben ser tratadas como “deuda externa”, impactando las cuentas nacionales.
El Perú tiene varios casos pendientes en el Ciadi por varios miles de millones de dólares.
Uno de ellos ha sido formulado por una sola persona natural: Renné Levy por la quiebra de un banco, lo cual no tiene ningún sentido y a lo mejor quede en nada, pero bastó su admisión para que el gobierno peruano haya gastado decenas de miles de dólares en honorarios, viáticos y otros gastos para defenderse en Washington.
El Ciadi está bastante desprestigiado en estas épocas, pues la mayoría de sus decisiones han favorecido a las empresas demandantes en perjuicio de los Estados, porque los árbitros son escogidos por el Estado, por la parte demandante y por el Banco Mundial. Es decir un permanente 2 contra 1.
Cuando el Ciadi fue creado en la década de los sesenta, ningún país de América Latina se sometió a su competencia, pues era un atentado contra la soberanía nacional. La lógica era que el inversionista debía someterse a la jurisdicción del territorio donde decidía hacer negocios. La ley aplicable y el juez competente eran los nacionales (Doctrina Calvo).
Pero, en la década de los noventa, cuando nos aplastó la ola neoliberal, casi todos los países de la región adoptaron el convenio del Ciadi y firmaron una serie de Tratados de Bilaterales de Inversiones (TBI) donde se reconocía el papel de este tribunal para solucionar las controversias.
El Perú tiene 30 TBI con diversos países y ha ratificado el convenio Ciadi. En los últimos 2 años hemos sido tácitamente chantajeados por la Newmont (Conga) y la Telefónica (renovación).
Es hora de declarar la nulidad de todos los TBI y de la adopción del Convenio del Ciadi. Eso debe plantearse en el seno de Unasur y allí Ollanta puede tener un importante rol.
Quien en el Perú se podría imaginar que el Consejo de la ciudad californiana de Berkeley, reconocida por ser la sede de una de las mejores universidades del mundo, haya enviado una carta a una representante y dos senadores por el Estado de California en el Congreso de los Estados Unidos, y al propio presidente Obama manifestando su oposición a la negociación del mega tratado de libre comercio, Trans Pacific Partnership Trade Agreement (TPP). Este acuerdo que ya lleva quince rondas de negociaciones y que involucra a varios países con costa pacífica de América, Asia y Oceanía (Estados Unidos, Canadá, México, Perú, Chile, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Australia y Nueva Zelanda) dispuestos a pactar sobre temas de propiedad intelectual, protección de inversiones, liberalización arancelaria, entre otros ítems del libre comercio, se viene cocinando con un secretismo extremo. Tanto así que ni siquiera los congresistas de Estados Unidos, conocen los términos exactos de la negociación.
Entre las preocupaciones que envuelven al TPP, destaca el aumento de los precios de las medicinas (ampliación de datos de prueba, etc.) y las prohibiciones para que la información circule libremente en internet (SOPA). En buena cuenta es un TLC mucho más agresivo que los que hemos visto hasta ahora. De ahí que la negociación se lleva en estricto privado.
Es por eso que el Consejo Municipalidad de Berkeley expidió la Resolución 65,995-N.S. el 29 de enero pasado, en la que como ciudad se opone al TPP, tanto por su secretismo, como por los efectos negativos que implica para la economía norteamericana.
En el primer caso, el Consejo señala que es inaceptable en una democracia la falta de transparencia en la que se cocina el TPP, lo que sienta un precedente negativo para otras negociaciones internacionales.
En el segundo caso, el Consejo apoya el proyecto de ley presentado por el senador Sherrod Brown, denominado “Acuerdos de Libre Comercio y Acceso a Mercados en el Siglo XXI”, que defiende los intereses del pueblo norteamericano en términos de acceso real de sus productos manufacturados a otros mercados, promocionando el respeto de los derechos laborales consagrados por la OIT. Se busca desarrollo para la mayoría y no solo a un puñado de transnacionales.
La carta con la resolución en anexo fue enviada a la representante Barbara Lee, a los senadores Dianne Feinstein y Barbara Boxer, y al presidente estadounidense el último día de enero.
Pero esto no es aislado. Ya es conocido que las autoridades de Chile y Australia no estarían muy de acuerdo con todos los términos de la negociación, especialmente en lo que se refiere a propiedad intelectual, y eso pondría en riesgo el cierre de las negociaciones este año.
A diferencia de Berkeley, en el Perú ni nos enteramos del riesgo del TPP. El ministerio de comercio negocia de lo más bien este acuerdo, y no se opone a nada. Es un TLC más, y ellos están convencidos por dogma de que eso es bueno y punto.
No por gusto se ha escogido a Lima para que en mayo sea sede de la 17ª ronda de negociaciones del TPP, tras la de Singapur en marzo.
Desde que PPK anunció que al final del verano tendríamos el dólar a 2.30 soles, el tema de la caída de la divisa norteamericana ha estado en los principales análisis económicos. A pesar de que en boca de PPK todo suena a operación corporativa, no podemos soslayar que éste es el primer golpe que recibimos de la crisis de las economías desarrolladas en el 2013.
Y no es un tema solo peruano. En Chile por ejemplo, el debate económico reciente ha sido marcado por el presidente de su Banco Central, dando a conocer medidas para evitar la constante apreciación del peso chileno frente al dólar.
Es un tema, que a excepción de Venezuela y Argentina –donde tienen otra política cambiaria- toca a todas las economías de Nuestra América afectando tanto al sector exportador, como a los que producen para el mercado interno. Como bien lo ha explicado el análisis de Otra Mirada, solo los importadores se benefician con un dólar barato, mientras que cae el empleo.
No obstante que hemos visto al dólar caer casi imparablemente desde inicios del siglo en al menos 30 por ciento respecto al sol; casi todos los economistas locales –tanto neo clásicos como keynesianos- encuentran soluciones muy de corto plazo, y todas ellas con la intervención del Banco Central y del Ministerio de Economía y Finanzas.
Unos piden que el BCR eleve el límite que tienen las AFP para sacar plata al extranjero. Otros que el MEF genere aún más superávit fiscal. Hay quienes solo le apuestan a la flotación sucia.
Los más serios piden control de capitales, pero casi ninguno cuestiona el esquema monetario mundial en el que el dólar es la moneda de reserva y de intercambio más usada, a pesar de pertenecer a la economía más endeudada del mundo en términos absolutos y una de las más endeudadas en términos relativos.
Es fundamental que la reciente Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) trabaje seriamente en promover lo que se denomina “señoriaje” sobre la unidad en la que guarda la mayor parte de sus ahorros y en la que realiza su intercambio comercial intrarregional y extraregional.
Ampliar el alcance de mecanismos como el Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE) que hoy por hoy ya tiene el equivalente a 1200 millones de dólares en operaciones, especialmente entre Venezuela y Ecuador, es algo que se debería considerar. Pero claro, muchos que piensan que la economía es ciencia exacta se ríen de lo que consideran como puro chavismo.
Al menos deberían discutir sobre la reforma del mecanismo de créditos recíprocos entre bancos centrales en el marco de ALADI, a fin de que se permita compensar no solo en dólares y no solo en Nueva York.
En medio del panorama del recrudecimiento de la crisis, deberíamos enfocarnos en construir una nueva arquitectura financiera regional, y tener una malla monetaria latinoamericana que permita intercambiar sin pasar por el dólar con Europa por ejemplo, ya que los europeos tienen su propia malla denominada Sistema Target. Pero el debate económico peruano es tan pobre, que éstos y otros temas de primer orden ni se miran.
