A los que creen que un gobierno que se hace respetar frente al capital extranjero no tiene ninguna chance de competir en una economía de mercado, les debe caer muy mal la noticia de que le acaban de subir la calificación de riesgo a Bolivia.
Aquellos que abrazan el dogma neoliberal de los TLC, la flexibilización laboral y la subsidiariedad estatal como única condición para el crecimiento económico, deben rascarse la cabeza hasta hacerse herida al ver que a quien hace todo lo contrario le suben la nota.
No ha pasado ni un mes desde la última nacionalización Boliviana y sin embargo, la agencia Standars and Poor´s, la misma que le ha dado el grado de inversión al Perú, ha subido la calificación de nuestro vecino altiplánico de B+ a BB-, mejorando sus condiciones para conseguir financiamiento.
¿Cuál ha sido el argumento de la conocida agencia?: que Bolivia ha logrado disminuir el saldo de su deuda pública en términos del PIB a consecuencia del menor déficit fiscal obtenido por la política económica de Evo Morales.
Además, S&P reconoce que la economía Boliviana ha tenido un alto crecimiento y una fuerte acumulación de reservas internacionales, fruto de años de superávit en cuenta corriente.
Lo que equivale a decir que el promedio de la balanza comercial, de servicios y de rentas del otrora Alto Perú es positiva. O sea que Evo maneja eficazmente su comercio internacional y controla bien la transferencia de capitales.
Bolivia, al mismo tiempo que ha garantizado derechos universales, como el de las pensiones no contributivas a toda su población adulta mayor, ha conseguido ahorrar y tener sus cuentas en azul, demostrando que es posible atender los derechos sociales y al mismo tiempo tener una política económica ordenada.
S&P destaca también que Bolivia tiene una importante protección contra potenciales shocks económicos externos; fortaleza que en tiempos de crisis global es fundamental. Asimismo, resalta el menor nivel de dolarización de Bolivia en términos de créditos bancarios y de depósitos, lo que los expone menos a los vaivenes de la aún moneda de reserva mundial, y les permite mejorar la efectividad de la política monetaria.
Lo que pasa es que el gobierno de Evo ha tenido la valentía de salirse, y con éxito, del esquema económico en el que el ministerio de Economía es un cajero desalmado.
No se dejó meter miedo ni siquiera desde el primer día de gobierno y él, al igual que Ollanta, tampoco es economista.
Evo prefiere tener un poquito de déficit fiscal y gastar en su gente, que obtener el bendito superávit primario que fascina a Castilla y sus predecesores.
Pero Bolivia, al igual que el Perú, depende de los precios internacionales de las materias primas que exporta. Y ambos necesitan cambiar su estilo de crecimiento para hacer su economía más sostenible, generar valor agre-gado y por tanto empleos de calidad. La gran diferencia es que Morales ha empezado el gran reto de la transformación. No se dejó acorralar por “los expertos”, ni abandonó la propuesta de cambio en la campaña electoral.
Mientras expertos como el premio nobel de economía Paul Krugman anuncian la inminente salida de Grecia del Euro para el próximo mes, hay un corralito financiero en países como España e Italia (lo que significa una crisis bancaria marca mayor) y finalmente, el despelote de la unión monetaria en toda Europa en los próximos meses.
Una trampa ideológica insiste en hacernos creer que todo esto se debe a que los países del viejo continente gastaron más de lo que tenían, lo que equivale a decir que por culpa de una seguridad social decente y salarios justos es que ahora tienen niveles de endeudamiento público que en muchos casos superan el 100 por ciento de la producción y déficit fiscales enormes.
Eso es admitir que los derechos de la gente no son compatibles con la salud de las finanzas públicas, lo que además de ser falso, busca en realidad que los verdaderos responsables queden impunes y encima se les rescate a costa del hambre de millones de personas.
Pero noticias recientes como la del despido de altos directivos del banco más importante del mundo, el JP Morgan, por su irresponsabilidad financiera, no hace más que ratificar que la culpa de todo lo que vive el mundo es del ansia irracional del neoliberalismo que dicta que el ideal del ser humano es volverse rico.
Precisamente, la crisis económica global que todavía está en desarrollo, comenzó en la economía financiera, para luego trasladarse, al mejor estilo de una metástasis, hasta la economía real, las finanzas públicas y ahora amenaza con traerse abajo el proceso de integración monetaria más avanzado que tenía el mundo.
Todo comenzó cuando eran mucho más jugosas las ganancias que se obtenían “invirtiendo” en las finanzas, antes que en la producción. Ahí se gestaron las burbujas que explotaron en el 2008. Se prestaba sin mayor respaldo y luego esa deuda se convertía en un activo financiero (derivado) que garantizaba otras operaciones, y así muchas veces.
Eso pasó en el mercado hipotecario, haciendo quebrar a varios bancos de inversión que tuvieron que ser rescatados por Estados Unidos y Europa, trasladando la crisis al ámbito fiscal. Al mismo tiempo, que se implementaban planes de estímulo económico para capear el temporal.
El resultado fue que los bancos comenzaron a hacer utilidades nuevamente pero las cuentas públicas no se recuperaron. Se reanudó la timba financiera en los mercados como si no hubiera pasado nada, mientras el empleo mundial seguía en crisis.
Los países de Europa como Grecia, España, Italia, Irlanda, Portugal, entre otros empezaron a obtener financiamiento cada vez más caro para tapar sus agujeros, lo que al final de cuentas amplió su déficit e hizo crecer su deuda. Y en todo ese juego, muchos banqueros siguieron engordando.
Cuando el forado fue tan grande que ya no pudieron parcharlo con más deuda, se optó por la salida más fácil: ajuste brutal en el gasto público, especialmente en pensiones, educación y salud, y la reducción de los salarios, con planes de pago de deuda muy estrictos, como se hizo en América Latina en los noventa.
Pero esta vez la población ha dicho basta en las urnas y en las calles. La trampa ideológica parece que no va a funcionar y estamos a punto de verlo en Europa.
Si hay alguien que tiene una gran responsabilidad en la pésima respuesta del gobierno frente a los narcoterroristas del Vrae, que ya se han extendido incluso a otras zonas, es ni más ni menos que el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Luis Miguel Castilla.
Lejos de la previsible censura que ha llevado a la renuncia de los ministros Lozada y Otárola, y ha convertido al premier Valdés en un “pato cojo” hasta su salida del gabinete, Castilla pasaba piola en Asia junto al presidente Humala, sacando pecho sobre lo bien que le va al país en los grandes números de la economía.
Pero ha sido Castilla el más grande opositor de la restructuración salarial y pensionaria de las Fuerzas Armadas y Policiales ni bien comenzó el gobierno. Esa reforma -promesa electoral de Humala- buscaba dar remuneraciones y jubilaciones decentes a los miembros de los institutos armados y no tener a capitanes o mayores ganando poco más de dos mil soles, y ni que decir de los suboficiales o de los soldados que ponen el pecho contra los asesinos del clan Quispe Palomino.
En la mesa de Ollanta se pusieron dos propuestas en noviembre del año pasado: la del MEF y la del ministerio de Defensa (Mindef). La primera era una burla que consistía en hacer permanente un bono que había dado García a fines de su mandato y que duraba solo un año. Es decir, nada. En cambio, la segunda planteaba una reforma integral y progresiva a la remuneración básica que se vería reflejada también en las pensiones, y que incluía una restructuración de la Caja Militar-Policial, aumentando los aportes para sacarla del desfinanciamiento crónico que padece.
Los técnicos del Mindef previeron hasta el último detalle, pero su propuesta fue dejada de lado tras el apanado exitoso del operador que había designado Castilla, y que hoy es ministro de Trabajo, José Villena, que con el argumento del riesgo fiscal metió miedo al presidente, quien a último minuto reflexionó y tampoco dio luz verde a la propuesta del MEF, dejando el tema pendiente.
Pero además, Castilla como fue viceministro de Hacienda hasta el final del gobierno aprista, elaboró el presupuesto 2012, que luego defendió como ministro en noviembre del 2011 ante el Congreso. En ese documento no consideró los fondos necesarios para afrontar la tremenda lucha del Vrae, y mucho peor, hasta ahora tiene encajonados los recursos adicionales que se reasignaron en el presupuesto a principios de abril para requipar a las fuerzas del orden. Eso lo han denunciado varios congresistas.
En realidad, Castilla tiene paralizada la inversión pública, pues por más se diga que los gobiernos regionales no saben gastar, es el MEF el que tiene la última palabra en todo, y este año vamos a terminar nuevamente con un gran superávit fiscal.
Castilla se tomará sonriente la foto en diciembre con la diploma que dice lo bien que ahorra recursos en un país donde todo está por hacer, mientras que soldados y policías van al frente de batalla con los pantalones remendados por sus padres, helicópteros sin blindar y con sueldos de hambre. Así no es posible que funcione ninguna nueva estrategia en el Vrae, aunque se tenga la mejor inteligencia. Solo se garantizará una permanente desmoralización de militares y policías.
Ya es momento de acabar con el modelo en el que el MEF es el todopoderoso de la gestión pública. Debemos dejar atrás la institucionalidad fujimorista de los 90, y convertir al ministerio que dirige Castilla en una cartera solo de hacienda, dejando las decisiones económicas -como en todos los países- a un planeamiento de corto, mediano y largo plazo, y no en manos de un simple tesorero.
A propósito del mensaje del presidente Humala por el Día de los Trabajadores, en el que reitera una vez más que se hará el segundo tramo del aumento del salario mínimo vital y con ello cumplir la promesa electoral de los 750 soles como remuneración básica; se ha abierto nuevamente un debate sobre la pertinencia o no de esta medida.
De un lado podemos identificar a los que defienden la idea de que un aumento de salarios hace que aumente la informalidad laboral y se pierda competitividad empresarial. Pero como no hay ningún estudio que revele que subir los salarios genere des-pidos o quiebra de empresas, los ultra del capital, dicen cosas tan sacadas de los pelos como que Alemania no siente el efecto de la crisis europea porque a diferencia de España tiene bastantes flexibilidades en el mercado laboral. Claro que no dicen que el costo unitario laboral alemán es mucho mayor que el español y que el éxito germano radica en realidad en su apuesta por la ciencia y la tecnología en los procesos industriales.
Además, la única evidencia que tenemos respecto del impacto de la regulación laboral en el Perú, es que tras diez años de implementada la reforma neoliberal radical de Fujimori (que flexibilizó la contra-tación laboral e introdujo a nivel constitucional la figura del despido arbitrario), la informalidad laboral creció. Es decir, a mayor flexibilización hubo mayor informalidad, y eso como lo explicaron diversos especialistas como Víctor Tokman, se debió a problemas relacionados más con el tipo de cambio que hacían menos competitivas a nuestras empresas respecto del resto en un contexto de mundialización de la economía, que con flexibilizar o endurecer la relación laboral.
En buena cuenta, es por pura ideología que se afirma que un aumento de salarios es una especie de hecatombe a las fuerzas productivas del país, o dicho de otra mane-ra, es como admitir que el sistema económico que nos rige requiere de bajos salarios para funcionar.
En la otra orilla, los que defienden el aumento del salario mínimo lo hacen con argumentos técnicos en relación al aumento de la productividad y la inflación. Por ejemplo, Pedro Francke evidencia que en los últimos 10 años, periodo de gran crecimiento económico, la productividad de los trabajadores peruanos creció 24 por ciento, en cambio los salarios solo 12 en el mismo periodo. Eso quiere decir que a pesar que los trabajadores produjeron más, lo que trajo más ganancias para las empresas, su salario no creció en la misma proporción durante el mismo periodo, por lo que asistimos a una regresión salarial, hecho que puede ser constatado en la participación de las remuneraciones en el Producto Bruto Interno que se viene reduciendo cada vez más en los últimos 20 años, incluso en el periodo de bonanza.
Pero, no solo es un tema de equidad, es un tema también de sentar nuevas bases de acumulación en pos de fortalecer el sistema democrático como se ha señalado en el editorial de la fundación Otra Mirada el 1 de mayo.
Finalmente, no basta un aumento coyuntural, en realidad necesitamos que el Consejo Nacional del Trabajo defina de una buena vez la periodicidad de los aumentos del salario mínimo vital, para que tanto empresarios como trabajadores tengan reglas de juego claras. Además, debe promoverse la negociación colectiva por rama, pues también deben reajustarse los salarios medios y no solo el mínimo. Lo otro es un baño de popularidad innecesario cada vez que a un presidente se le ocurra subir la remuneración. Eso no es de un país que se respete.
