Laguna Parón

Una de los temas que Salomón Lerner dejó pendientes en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) es la solución al conflicto entre la Comunidad Cruz de Mayo y la empresa Duke Energy Egenor que opera la Central Hidroeléctrica del Cañón del Pato, en las alturas de Ancash.
Aunque parezca broma, la laguna Parón, que se encuentra en lo alto de la Cordillera Blanca y es la reserva de agua dulce más grande del Callejón de Huaylas, fue privatizada con instalaciones de descarga y todo en los noventa, junto a la central hidroeléctrica que pertenecía a ElectroPerú.
La empresa privada tomó control de la laguna y la empezó a descargar para garantizar su producción de la energía en épocas de estiaje, a un ritmo de 8 metros cúbicos por segundo, poniendo en riesgo la reserva de agua, a la que también tienen derecho las poblaciones del lugar. Y era tan arbitraria la forma en que operaba, según autoridades y pobladores, que no importaba si cargaban demasiado el río Santa, afectando las instalaciones de la empresa de saneamiento de Caraz o malogrando cultivos aledaños.
Tiempo después, las autoridades redujeron el límite de descarga a cinco metros cúbicos por segundo, pero el nivel del agua siguió bajando considerablemente.
Por ello, en 2008, la Comunidad Cruz de Mayo y el Frente de Defensa de la Laguna Parón tomaron las instalaciones de descarga, y desde ese momento hasta la actualidad Duke Energy perdió el control sobre Parón.
Duke Energy empezó entonces, una batalla legal que ha llegado hasta el Tribunal Constitucional, pidiendo, en medio de eso, a la Oficina de Registros Públicos que cancele recién el asiento en donde constaba que Duke era dueña de la laguna; pero reclamando la restitución de las instalaciones de descarga de la laguna y el derecho de usar sus aguas. Finalmente, el Tribunal le dio la razón hace unos meses, ordenando que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) restituya las instalaciones de Parón a Duke Energy.
Pero la ANA no tiene en su poder las instalaciones, sino la Comunidad Cruz de Mayo, que junto al gobierno regional, el gobierno local, y más aún, toda la población de la zona, demandan que las instalaciones reviertan al Estado para así tomar control efectivo del un recurso que es de todos los peruanos y no de una empresa.

Es que el error se produjo en la forma en que se privatizó esa sección de ElectroPerú, pero también en la intransigencia actual de los funcionarios de Duke Energy, que a toda costa quieren tomar nuevamente el control de la Laguna Parón, sin tomar en cuenta lo que significa la reivindicación social y política de todo un pueblo.
Parecen no entender que si cede va a ganar mucho más, la confianza de los pobladores y el uso del agua de Parón para sus fines energéticos. De igual modo, la Comunidad podrá usar la laguna para fines agrarios, de consumo y ecoturísticos que no afectan ni la seguridad, ni la regulación de Parón.
Lo único que falta en esta historia, es que Duke Energy decida dar un paso atrás para avanzar dos adelante; que transfiera las instalaciones al Estado y que, en diálogo con las autoridades locales, regionales y la propia Comunidad, se establezcan los mecanismos para que todos puedan disfrutar del recurso hídrico de la laguna. En ese punto lo dejó Lerner.

Minería: nuevo esquema

El oro, cobre, plata, zinc y demás metales que se encuentran en nuestro territorio y cuya extracción y venta genera miles de millones de dólares para grandes empresas privadas, en su mayoría extranjeras; proveen también a la administración del Estado una parte considerable de sus ingresos, claro, que en mucha menor cantidad que para las mineras, con nuevo gravamen y todo.
Al mismo tiempo, ocasionan los más graves conflictos socio-ambientales, como estamos viendo hoy en Cajamarca.
El problema es que el esquema actual de esta actividad extractiva se basa en concesiones mineras a privados, reguladas en primer término por la Constitución de 1993 y detalladas en la Ley General de Minería y otras normas. Este esquema fue diseñado durante la dictadura Fujimorista, cuando no había Congreso, y es el corazón de los conflictos mineros que hoy enfrentamos.
Hace algunos años, Ollanta Humala describió esto mejor que nadie, cuando nos dijo que “los recursos naturales del país, mientras estén en el subsuelo, pertenecen al pueblo peruano, pero una vez que salen a la superficie ya no pertenecen al pueblo peruano sino a los que lo extraen”.
Se refería, entre otras normas, al artículo 66 de la Constitución peruana que establece que la concesión otorga a su titular un derecho real y eso se refiere a la propiedad.
Y podemos hacer un esfuerzo y entender que en los primeros años de la década de los noventa estábamos en bancarrota y fuera del sistema financiero internacional y no nos quedaba más opción que atraer inversión extranjera dándole buenos incentivos: se concesiona desde Lima, se entrega el agua necesaria para la extracción y se reprime a la población.
Pero hoy la situación es completamente distinta. Tenemos una sólida macroeconomía, mercados internos por articular y desarrollar con mucho potencial, y hasta emitimos deuda soberana. Y por eso, no podemos seguir con el mismo esquema minero.
Hace unos días, un amigo ingeniero industrial me dijo que hay que cambiar totalmente el sistema de concesiones, porque no es conveniente para seguir desarrollando nuestra economía. El nuevo esquema debe basarse en una licitación de proyectos integrales de extracción y metalurgia y no en una simple concesión. El producto final, que no sería solo mineral a granel sino en barras, debe ser comercializado por una entidad estatal.
Si lo miramos bien, es una clara alianza público-privada (APP) para generar valor agregado y muchos más puestos de trabajo que los que genera exportar cerros de mineral en polvo (con una infinidad de sub productos mineros que no se contabilizan y más bien se regalan). Pero al mismo tiempo implicaría la nacionalización de la minería, o sea la recuperación de los recursos mineros para la nación peruana, sin caer en lo estatista.
Si este nuevo esquema es complementado con el derecho a la consulta, el ordenamiento territorial, un proceso profundo de descentralización y la ruptura de los candados que pone el ministerio de Economía y Finanzas a los proyectos de inversión de la administración pública en sus tres niveles de gobierno, podríamos estar construyendo las bases de la estabilidad y la gobernabilidad y así evitar más Congas.
Claro que eso pasa por una nueva constitución, lo que en buena cuenta significa volver a repartir el poder en el Perú.

No Ciadi

Uno de los principales argumentos que diversos analistas, periodistas y hasta políticos, especialmente de la derecha peruana, han usado para oponerse a la revisión del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Conga, luego de la suspensión solicitada por el gobierno nacional, es que nos puede costar una demanda de arbitraje en el Ciadi por cientos de millones de dólares.

Eso equivale a decir que un país no puede objetar una concesión, así se haya hecho mal, o aprobado en medio de actos de corrupción, o cuya aplicación vulnere derechos de la población, porque inmediatamente te amenazan con la cantaleta del arbitraje internacional en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias en materia de Inversiones (Ciadi), cuyos árbitros se centran en el propio contrato y no en las circunstancias que lo hacen injusto. Y no quiero decir que éste sea específicamente el caso de Conga, pero no puedo dejar de sentir que en todo esto hay un tremendo chantaje.
Por ello, varias organizaciones de América Latina, reunidas en la Alianza Social Continental, que congrega a movimientos sociales, centros de investigación, gremios de trabajadores e instituciones de desarrollo, vienen impulsando una campaña denominada No Ciadi, cuyo objetivo central es que los países de la región denuncien el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados que dio nacimiento al Ciadi, y todos aquellos tratados bilaterales de inversión y de libre comercio, o sus cláusulas respectivas, que hagan referencia al Ciadi como mecanismo de solución de controversias.
Claro que, aun después de la denuncia de estos instrumentos, tendríamos que esperar varios años para que la competencia de Ciadi pierda eficacia. Además, esto no puede ser hecho de manera aislada, y si bien Ecuador y Bolivia ya empezaron este proceso, lo cierto es que debe ser en el marco de la Unasur donde se discuta la iniciativa de dejar atrás el arbitraje sustentado en el Banco mundial, y avanzar hacia otro esquema de arreglo de diferencias entre inversionistas y Estados en América del Sur, porque precisamente nuestra región es la que tiene más procesos abiertos en el Ciadi.
Ahora bien, en esta línea, hay dos posturas. Una, basada en la jurisdicción nacional. Es decir, si alguien quiere invertir en un determinado país sudamericano, deberá someter cualquier controversia a sus tribunales internos o a mecanismos creados dentro de los mismos. Esta es una posición que podemos calificar como “soberana”, y quienes la defienden no dudan en poner el ejemplo de Brasil, país que no es parte del Ciadi, ni tiene ningún tratado bilateral que remita a éste.
De otro lado, está la postura “regionalista”, cuyos defensores afirman que se tiene que dar garantía a la inversión extranjera, de un mecanismo de solución de controversias independiente y neutral, pero que a diferencia del Ciadi, incluya criterios de derechos humanos, de lucha contra la corrupción, entre otros. La idea en este caso es que se construya una especie de Ciadi del sur, que se encargue de ver todos los conflictos derivados de controversias entre inversionistas y Estados en el territorio sudamericano y en el marco de la Unasur.
Como fuere, cada vez se hace más urgente explorar todas las rutas posibles para liberarnos del chantaje de las inversiones.

Minería sí, pero no como sea y Conga no va

¿Qué sentido tiene oponerse a la revisión del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Conga?, mucho menos sabiendo que fue aprobado durante el quinquenio, del perro del hortelano y los faenones, que presidió Alan García. Además de que algunos especialistas legales afirman que en el caso particular de Conga, el EIA es nulo porque fue aprobado por un asesor ministerial y no por el director respectivo del Ministerio de energía y Minas durante la gestión pasada. Así que argumentos jurídicos hay, si queremos frenar el chantaje de posible una demanda de Yanacocha en el CIADI, que nos costaría cientos de millones.

¿Acaso en países como Canadá, Australia o Chile, donde se lleva a cabo la explotación minera supuestamente con mayores responsabilidad y estándares, alguien en su sano juicio desde la prensa, la política o la economía pondría reparos para revisar un EIA cuestionado?
Sin embargo en el Perú, los extremistas del capital y sus operadores de prensa ponen el grito en el cielo cuando el ministro del Ambiente, Ricardo Giesecke, señala enfático que Conga puede ir, pero no de cualquier manera. Es decir, ni siquiera están dispuestos a que Yanacocha brinde garantías certeras del menor impacto posible en la cabecera de la cuenca donde está el oro que tanto ansían.
Es que la reacción peruana es tan radical, que no entiende la desconfianza de la población cajamarquina, que ha visto en los últimos veinte años la proliferación de la minería en buena parte de su territorio, soportando contaminación, falta de agua, atropellos, represión y una buena cantidad de impactos desde que Yanacocha ha hecho de Cajamarca su campamento.
No olvidemos, que esa empresa tiene una larga historia de hostilidad y conflictos con el pueblo de Cajamarca. Y lo ha dicho muy bien, el padre Marco Arana el jueves en la noche, entrevistado por uno de los más representativos radicales pro mineros del periodismo nacional. Arana ha hecho un recuento de casos emblemáticos como la contaminación de los pobladores de Choropampa por un derrame de mercurio a comienzos de siglo; la muerte de truchas por arsénico y mercurio en la Granja Porcón; la afectación del lago Totaracocha; entre decenas de afectaciones.
¿Cómo creer a Yanacocha cuando nos dice que no va a haber mayor impacto en el abastecimiento de agua si es que se sabe que la laguna El Perol va a ser destruida y que nadie sabe bien de qué se trata eso de la construcción de una nueva laguna artificial de arcilla? Además, como Cajamarca ya está llena de concesiones mineras, Conga no debería ir.
No soy antiminero y creo firmemente que debemos aprovechar nuestros recursos, pero no a cualquier costo, ni mucho menos en un esquema en el que una empresa trasnacional aliada de una familia importante de la burguesía nacional, se llenan los bolsillos con nuestro oro y nos deja un sencillo respecto de lo que se lleva. Y claro con ese mundo de plata compran a medio mundo para que les haga propaganda en contra de los intereses de la nación peruana.
Es el momento de ajustar cuentas con los grandes mineros, hacer un reordenamiento territorial adecuado e incluso revisar la Ley General de Minería. Eso es lo que nos dice el Paro de Cajamarca. Y me temo que si no lo hace el gobierno, lo hará el pueblo.

Buenas noticias presupuestales

A pesar de que el presupuesto público 2012, que está siendo discutido actualmente en el Congreso Nacional, fue cocinado en el gobierno de Alan García, y a pesar de que el enfoque del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que tenemos, independientemente del gobierno de turno, es de austeridad y ajuste; el primer presupuesto aprobado en la era Ollanta, tiene varios sellos que marcan la diferencia de lo que ha sido hasta ahora un modelo fiscal bastante lejano de los derechos de la gente.
Todos estos sellos se encuentran en las disposiciones finales complementarias del proyecto de ley de presupuesto público, que han sido introducidas en el dictamen de la Comisión que preside Marisol Espinoza, frente a la propuesta enviada por el MEF en agosto pasado.
La segunda de estas disposiciones dispone de 460 millones de soles para pagar la deuda social que tiene el Estado con miles de trabajadores, activos y pensionistas, desde la década del noventa. En el mismo sentido, la cuarta disposición, le suma a esta iniciativa 50 millones adicionales vía Reserva de Contingencia.
De otro lado, y algo que es de aplaudir, es que la vigésima séptima disposición rompe la barrera de los clásicos artículos 6 y 8 (presentes en todos los presupuestos públicos desde hace años), que no permitía aumentar salarios de hambre que tienen muchos servidores públicos, ni pagar lo adecuado a profesionales que prefieren irse a la actividad privada a pesar que sus sectores cuentan con recursos para retenerlos; y la prohibición de contratar más personal estatal donde se requiere a gritos. La apuesta de la disposición 27 es dotarse del mejor personal posible para el funcionamiento del Estado.
En la lucha contra la pobreza, la disposición número 51, establece algo de lo cual no tengo memoria, y eso que sigo el tema presupuestal hace tiempo, me refiero a los 200 millones de soles que se entregarán directamente a los 300 municipios distritales más pobres del país, y a aquéllos, cuyo presupuesto institucional de apertura sea igual o menor a 3 millones de soles. Estos 200 millones adicionales serán distribuidos en consideración al número de pobladores de las localidades.
Y para los trabajadores públicos del régimen del Decreto Legislativo 276, con salarios muy bajos pero compensados vía CAFAE, se ha introducido una norma que busca eliminar la enorme desigualdad a la hora de recibir este concepto, y que se plasma en una escala que va entre 100 y 8 mil soles. Pues bien, con lo introducido por la quincuagésima tercera disposición, se dispondrá de 171 millones de soles al fondo CAFAE con la finalidad de subir ese piso de 100 soles. Un especialista me dijo que ahora la base será de 450 soles para la menor de las bonificaciones. Eso va directo para los que menos ganan.
Finalmente, la disposición vigésima contenida en el dictamen preparado por la comisión de presupuesto, corrige un error de la gestión García en el primer semestre de este año, cuando se frenó el gasto, prohibiendo ejecutar muchos proyectos de inversión presupuestados. Ahora se podrá incorporar esos recursos al presupuesto del siguiente año en el caso de los gobiernos regionales, locales y los sectores salud y Educación.
Si bien falta mucho por hacer en temas como salarios, pensiones y recaudación tributaria para empezar a transformar la política fiscal, podemos afirmar que hay buenas noticias presupuestales.

El Ciadi como arma de fuego

No puedo dejar de sentir indignación cuando veo que Telefónica del Perú chantajea al gobierno peruano, con poner una demanda en el Ciadi, si es que queremos cobrarle lo que debe en impuestos no pagados. Pues aunque niega que haya enviado una petición al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), ha dado las suficientes señales como para que nos quede bien claro lo que pasaría si no renovamos su contrato o si exigimos que pague lo que debe para hacerlo: una demanda multimillonaria contra el Perú, donde poco importa si su servicio es deficiente o si ya no queremos seguir pagando tanto por él.
Y cuando me pregunto qué es lo que está a la base de esta extorsión de cuello y corbata, una vez más me convenzo de que el neoliberalismo no es un sistema económico, sino un sistema de contratos para asegurar ganancias a los señores del capital.
Será porque la "ideología de la inversión" no permite distinguir lo conveniente de lo lesivo, y con una serie de candados legales lesiona la capacidad estatal de negociación frente a la inversión extranjera.
Tratados de Libre Comercio (TLC) y Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones (TBI) que proliferan en el Perú con el cuento de la inversión, garantizan que las empresas como Telefónica, eludan políticas públicas soberanas, como las que quiere aplicar el gobierno nacionalista a la hora de cobrar a los morosos de la SUNAT.
Y el Ciadi es la fresa en el chantillí de ese sistema, porque es el mecanismo para arrinconar al Estado. Es una verdadera arma de fuego.
Por eso hasta un acto de justicia, como es cobrarle a Telefónica los más de 3 mil millones de soles que debe al fisco, se convierte en una herejía que activa todos candados neoliberales.
Así, la jurisdicción nacional se hace a un lado para ceder sus competencias al arbitraje internacional, siendo el Ciadi (creado en 1965 y vigente desde 1966 en el Banco mundial, mediante un convenio del cual forman parte o se han adherido muchos países del mundo), el más utilizado.
Pero incluso, no siendo signatario o contratante del Ciadi, si un país tiene un TBI o un TLC vigente, de seguro que está bajo su ámbito, pues todos estos instrumentos remiten al arbitraje de inversión en caso de una controversia. En el caso de Telefónica, el Perú, además de ser firmante del convenio del Ciadi, tiene un TBI con España.
Y como sabemos, la mayor parte de los casos que van allí, se han resuelto a favor de las reclamaciones de los inversionistas. Según datos del propio Ciadi, hasta la fecha, el 44 por ciento de sus procesos arbitrales han derivado en laudos dando lugar total o parcialmente a las empresas demandantes.
Hoy en día existe una gran preocupación por los efectos perjudiciales que pueden traer para la mayor parte de países sudamericanos, los procesos arbitrales en curso en el Ciadi.
De todos los casos de arbitraje pendientes en este organismo, la mayoría están dirigidos contra países de América del Sur, siendo Argentina, el país más demandado (26 casos). No es casualidad que precisamente la región que tiene gobiernos que empiezan a hacerle frente a las trasnacionales, haciendo respetar su soberanía y valer su capacidad de negociación, sea, al mismo tiempo, la más demandada.
En el caso del Perú, hay más de 5 casos de arbitraje en el Ciadi, siendo los de Doe Run (que imcumplió su Pama en La Oroya) y el de Convial Callao S.A. (los famosos peajes de Kouri) los más saltantes.
Lo que deberíamos hacer es denunciar el convenio del Ciadi y los Tratados que nos amarran a él, porque no es verdad que tengamos que tener TBI, TLC o estar bajo la jurisdicción del Ciadi para captar inversión privada. Esa es una gran mentira. Brasil no tiene nada de eso, ni está bajo el Ciadi y es, hoy por hoy, el mayor receptor de inversión extranjera directa de la región.

Estímulo pensado en la gente y no en el gran capital

Aunque el Ministerio de Economía y Finanzas todavía es controlado por un neoliberal, debo decir que he notado un cambio radical entre la respuesta de estímulo económico frente a la crisis mundial que ha dado el gobierno nacionalista, respecto al que dio el gobierno de Alan García.
Y si bien es cierto que el Ministro Castilla viene del gobierno anterior y está puesto en economía como resultado de una negociación política con los sectores que fueron derrotados el 5 de junio, bajo el supuesto de la gobernabilidad que necesita quien viene a hacer cambios después de más de veinte años de Estado Neoliberal; como se nota al mirar el reciente Plan de Estímulo Económico, la presencia en el gabinete de gente que apuesta por las transformaciones. Porque a pesar que el Ministro de Economía y Finanzas está allí para evitar que Humala se salga del libreto, personas como el Premier Lerner y varios de sus ministros, y los asesores presidenciales, Jiménez y Dancourt, marcan la diferencia.
Pues, contrariamente al Plan Anticrisis hecho por Carranza en la era García, totalmente privatista y focalizado en beneficios para el gran capital, con medidas como subir el drawback para los exportadores, el canje de impuesto a la renta por obras, las asociaciones público privadas, y un respiro a los trabajadores pero con sus propias compensaciones por tiempo de servicios (CTS); la propuesta nacionalista contra la crisis se centra en la micro, pequeña y mediana empresa, en potenciar a los gobiernos locales y regionales, y en los sectores sociales más pobres.
Si miramos este plan conjuntamente con la subida del salario mínimo vital, podemos afirmar que la respuesta de Ollanta Humala y el gabinete Lerner para el caos económico que vive el mundo, se dirige al pueblo, a la clase trabajadora y no a las grandes empresas. Con ello va a obtener resultados a corto plazo y el crecimiento económico no va a desmoronarse como en el 2009, cuando cayó de 9.8 puntos (2008) a 0.9.
En efecto, el Decreto de Urgencia 058-2011 del 26 de octubre último, que lleva como título: Dictan Medidas Urgentes y Extraordinarias en Materia Económica y Financiera para Mantener y Promover el Dinamismo de la Economía Nacional, se centra en la producción y productividad a favor de las Mypes a través de un fondo de 380 millones de soles destinados a comprarles a éstas, más de 1 millón de uniformes, chompas, calzado y buzos para escolares en pobreza; y miles de prendas, equipos de campaña, accesorios y uniformes completos para las Fuerzas Armadas y Policiales que tanto lo necesitan. Sin duda, eso traerá dinamismo al mercado interno.
Asimismo, se agiliza la entrega de recursos a los gobiernos locales y regionales provenientes del Fondo a la Inversión Pública Regional y Local (Foniprel), que venía funcionando desde hace años como un mecanismo para encajonar recursos en la Reserva de Contingencia que controla el MEF. Más de 700 millones de soles para el mantenimiento de infraestructura y equipos de instituciones educativas públicas, centros de salud, hospitales del Ejército y la Marina, comisarias e infraestructura vial departamental y vecinal, agrícola y sistemas de saneamiento. 200 millones más para los gobiernos locales comprendidos en el VRAE a fin de que implementen proyectos de inversión en esa zona; y 115 millones para fomentar el empleo de jóvenes a través de los programas Trabaja Perú, Jóvenes a la Obra y Vamos Perú.

Anamper y el Programa 65

El jueves me invitaron a un taller de la Asociación Nacional de Organizaciones de Adultos Mayores del Perú (Anamper). Los mismos que han sido y son los principales impulsores (desde el ámbito social) de las pensiones no contributivas para todos los mayores de 65 años sin jubilación porque no alcanzaron los aportes suficientes, o porque nunca tuvieron a su alcance los mecanismos para aportar a la seguridad social.
Fue Anamper la que, en coordinación con la bancada nacionalista y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), impulsó el proyecto de ley Nº 4213, que establecía la pensión no contributiva con carácter universal, solidaria y vitalicia a sola condición de que los mayores de 65 no tengan ningún ingreso público o privado, ninguna pensión de la ONP o de las AFP, y que residan en el país durante los últimos tres años.
Este proyecto fue dictaminado favorablemente en el Congreso de la República durante el periodo anterior pero no llegó a ser votado en el pleno.
Fueron los dirigentes de Anamper los que incidieron para que en la campaña electoral, Ollanta Humala recoja la propuesta como una de sus principales banderas de gobierno.
Y una vez asumida por el entonces candidato, los marketeros políticos que lo asesoraron tuvieron el acierto de llamarla Pensión 65, con el que fue difundida entre la población mediante un muy bien hecho spot publicitario.
Por ello, Anamper es una de las pocas organizaciones sociales que tiene un acta de compromiso firmada por el hoy presidente, en la que se obligó una vez llegado al poder, a implementar por primera vez la pensión no contributiva en el Perú.
Es por estas razones que cualquiera hubiera esperado encontrar a los delegados de Anamper que llegaron de todo el país a su taller nacional, celebrando porque la semana pasada se publicó en el diario El Peruano dos decretos, uno supremo y otro de urgencia; el primero con el diseño de Pensión 65, y el segundo con las medidas financieras para que se implemente desde este año.
Pero no fue así, porque Pensión 65, tal y como se ha lanzado, no es una pensión, sino un programa de asistencia solidaria solo para pobres extremos de acuerdo a los criterios del Sistema de Focalización de Hogares.
Y para los dirigentes de Anamper, con los cuales coincido, se trata en realidad de una simple ampliación en 25 soles del Bono Gratitud del gobierno aprista, rebajando la edad de los beneficiarios de 75 a 65. Aunque inicialmente solo para 6 regiones.
Ellos al igual que yo, lamentamos que la esperada Pensión 65 no se enmarque dentro del Sistema Nacional de Pensiones, porque éste es un tema de inclusión de la población en el derecho a la pensión, y no un tema de pobreza.
Qué pena que se haya perdido una oportunidad más de discutir en serio la reforma pensionaria que se cae de madura en el Perú.
Muchos de los ancianos dirigentes con los que compartí la tarde del jueves no tienen ingresos y viven aún de su trabajo, con el que también financian su militancia en el movimiento de adultos mayores. Pero ellos no recibirán nada.

La economía y la política

Algunos creen que las decisiones económicas de un país son eminentemente técnicas. Eso no es verdad. Peor aún, hay quienes creen que la economía es una ciencia exacta y por eso hay cosas que no pueden cambiar. En realidad, las decisiones económicas son política pura con alto contenido jurídico.
Cuando Alan García promovió la suscripción del Acuerdo del Pacífico con México, Chile y Colombia, y los presidentes de esos países vinieron a sellar esta especie de súper Tratado de Libre Comercio (TLC) en Lima; lo que estaba haciendo era operar para Estados Unidos, puesto que los cuatro países involucrados tienen un TLC con el gigante norteamericano, y también con Centro América, constituyendo en la práctica el renacimiento del Área de Libre Comercio de las Américass (ALCA) que todos creíamos muerta en la Cumbre de las Américas de Mar del Plata en el 2005.
Al mismo tiempo, Estados Unidos partía Sudamérica en dos, para pararle el macho a Brasil y su Unasur, haciendo que sea imposible un pacto comercial entre los bloques del Mercosur y los países de la Comunidad Andina (CAN). Pura lucha hegemónica entre dos grandes. Además, se estaba alistando el camino para un TLC mayor: el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP).
Y ahora que se está celebrando en Lima la novena ronda de negociación del TPP, (el acuerdo de libre comercio entre los países del Foro de Cooperación Asia Pacífico - APEC), tengo la misma sensación de que, más que promover el comercio, se trata de consolidar un espacio donde Estados Unidos defienda la hegemonía que la crisis global le ha puesto en cuestión.
Barack Obama se mostraba totalmente opositor a los TLC durante su campaña electoral. Especialmente a los que empezó a negociar, pero no culminó, la administración Bush. Y como nos recuerda el especialista Manuel Pérez Rocha, Obama tenía especial rechazo al capítulo de inversiones por considerarlo perjudicial para los intereses de los sindicatos estadounidenses. Pues bien, hace poco suscribió los TLC con Corea, Panamá y Colombia que su predecesor había encaminado.
La razón es bastante política: necesita el apoyo de las grandes empresas norteamericanas para su campaña de reelección. Y esa es la misma motivación por la que las negociaciones del TPP han tomado la velocidad de crucero.
En el TPP, Estados Unidos quiere mejores condiciones en temas como el de propiedad intelectual y acceso a medicamentos que las que consiguió para sus transnacionales con sus TLC bilaterales; al mismo tiempo que pasa a liderar la costa pacífica de todo el hemisferio americano (salvo por Ecuador), recordándole a Brasil quien manda aún en estas tierras.
Lo que no tiene sentido es que, en medio del segundo embate de la crisis global (donde el neoliberalismo del “mercado se regula solo” entra en trompo nuevamente), sigamos con la misma política comercial que la que se fijó hace diez años. Las mismas reglas de juego pre crisis se siguen imponiendo en las mesas de negociación.
Ya es momento de promover un debate nacional sobre este tema, tomar el toro por las astas y dejar que la inercia económica siga imponiéndose en el Perú.

Hay que salvar a la economía de mercado

Un amigo marxista me dijo que para entender la crisis económica que vive el mundo en la actualidad, se debe distinguir lo que es la economía de mercado de lo que es el capitalismo. De inmediato entendí que no hacerlo, pone a muchos en la trampa ideológica de defender, en nombre del mercado, a la especulación financiera, los acuerdos comerciales asimétricos, la represión salarial, la excesiva acumulación de los bancos y las trasnacionales, entre otras perversiones del capital.
Es que el capitalismo realmente existente hoy en día (al que conocemos como neoliberalismo), ha puesto a la economía de mercado a su servicio, distorsionándola con la única finalidad de generar la mayor cantidad de riqueza para pocas manos. Y lo ha hecho a través de dos grandes expresiones.
La Primera es la financiarización de la economía. En los últimos años, el gran capital ha estado más interesado en timbear en bolsas de valores y mercados de commodities, que invirtiendo en la producción, afectando con ello la fijación de precios y creando enormes burbujas por todos lados. Claro que eso le ha reportado millones de millones de utilidad. En realidad, los inversionistas financieros actúan como meros apostadores en salas de casino.
El resultado es impresionante. Mientras la producción mundial asciende a 63 billones de dólares; las deudas públicas y privadas registradas, alcanzan los 117 billones. Es decir la duplican. Y ni qué decir de los derivados financieros. Ellos alcanzan la suma de 1500 billones de dólares. O sea, que una misma onza de oro o una misma tonelada de trigo se ha vendido miles de veces.
La segunda expresión del neoliberalismo es un complejo sistema de contratos para que nada ni nadie impida a los señores del capital seguir acumulando riqueza. Me refiero a convenios de estabilidad jurídica, acuerdos bilaterales de protección de inversiones, tratados de libre comercio, centros internacionales de arbitrajes, contratos estandarizados en mercados financieros, etc., que con el cuento de la inversión se promueven en todo el planeta.
Y son las propias organizaciones multilaterales las que recomiendan utilizar estos instrumentos, del mismo modo como invitan a invertir en derivados financieros. Son operadores del neoliberalismo, más no del mercado.
Lo paradójico es que estas dos expresiones neoliberales surgieron como respuesta a la crisis del capitalismo de los años setenta, a fin de que las economías centrales trasladen sus problemas a la periferia; lo que en América Latina se vivió como una feroz crisis de la deuda a inicios de los ochenta.
No nos engañemos, hace tiempo que la ley de la oferta y la demanda, se puso de lado a la hora de organizar y distribuir la producción y el consumo. La economía de mercado está capturada por mafias que se visten de cuello y corbata.

Crisis global y Constitución de 1993

Estamos nuevamente muy cerca del centro de la tormenta de la crisis global: amenaza de cesación de pagos en varios países de Europa, crisis bancaria a la vista, la recesión en Estados Unidos no cesa, las economías emergentes se desaceleran, los términos de intercambio se deterioran, hay fuertes caídas de las bolsas mundiales, y en fin, varias señales como éstas, nos dicen que una vez más, como a fines de 2008, la economía peruana, tan dependiente de la demanda externa, deberá tomar medidas para atravesar de la mejor manera el desastre económico que se avecina.
Pero ante una crisis que está transformando a golpes el orden económico mundial, ¿basta el estímulo fiscal del MEF y las herramientas monetarias del BCR?
A corto plazo sin duda; aunque ya no es suficiente como respuesta al reto histórico que enfrentamos: el fracaso del software neoliberal, que despreció las políticas públicas y la planificación. Que bendijo la no regulación de los mercados, especialmente de los financieros; que se zurró en el medio ambiente y el desarrollo sostenible, generando riqueza con desigualdad; y que se vale un sistema de contratos y arbitrajes (TLCs, Convenios de Estabilidad Jurídica, Acuerdos Bilaterales de Protección de Inversiones, CIADI, etc.) para asegurar ganancias sí o sí.
Ese sistema está puesto en cuestión, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el social. La aparición del movimiento mundial de indignados lo confirma.
Y precisamente, ese sistema es el espíritu de la Constitución de 1993, partida de nacimiento del Estado neoliberal peruano: crecimiento económico sin derechos laborales y bajos salarios; atropello de comunidades andinas y amazónicas; rol subsidiario del Estado; protección constitucional a los contratos suscritos con el gran capital; entrega de propiedad de los recursos naturales a cambio de poco; y el mismo trato a un inversionista nacional que al foráneo.
En esencia, son los artículos 60, 62 y 66 de la Carta del 93 los que dibujan el neoliberalismo local que impide al Estado fomentar la acumulación de capital nacional, promover los mercados internos, desprecarizar el trabajo, industrializar la economía, integrarnos con Sudamérica, entre otras políticas que nos desenchufen de la crisis del neoliberalismo, al tiempo que construimos base social para la convivencia en paz y democracia.
No bastan políticas contracíclicas. Ni basta redistribuir mejor. Se requiere reestructurar. Y eso nos pone de nuevo en un momento constituyente. El Estado neoliberal peruano ya no tiene sentido y por más que la derecha se aferre a él (más por ideología que por pragmatismo) necesitamos un nuevo pacto social. Lo bueno es que diversos sectores lo han empezado a entender.

La política antidrogas

No tengo idea de quienes son los capos de la droga en el Perú. De lo que sí estoy seguro es que están muy contentos con la política antidrogas de los últimos años. La del ritual de las erradicaciones que nos ha convertido en el primer exportador de cocaína del mundo, y que tiene presos a campesinos y dirigentes del Alto Huallaga y otras zonas donde se realizaron capturas masivas.
La misma que no quiere mirar la estructura financiera que sirve para lavar dinero; pero que presenta a humildes pobladores como si fueran narcoterroristas, solo para mostrar a la DEA (esa especie de Fondo Monetario Internacional del narcotráfico) supuestos resultados que certifiquen que aquí luchamos contra las drogas y merecemos los mismos recursos que le asignan a Colombia.
Hace unos días visité el penal Castro Castro, y hablé con más de 30 detenidos en noviembre del 2010 en la operación Eclipse. Están procesados por narcotráfico y colaboración con el terrorismo, solo porque personas con identidad protegida los acusaron de reunirse con el senderista Artemio. Ni una prueba más los incrimina.
Ahí me encontré con Iburcio Morales, alcalde en funciones del Monzón cuando fue capturado; y con Eduardo Ticerán, dirigente cocalero. Ambos, junto a otros dirigentes y autoridades también presos, elaboraron en el 2007 un verdadero plan de desarrollo alternativo para el Alto Huallaga. Nada que ver con las bolsitas de semillas de café, frejol de palo y algunas aves que ofrecía Devida; una burla donde hace falta la presencia del Estado.
Creo que a lo mejor ese fue su delito: atreverse a cuestionar la política antidrogas, siendo vistos como ciudadanos de segunda. Y aunque el plan, que es bastante completo, se entregó al gobierno de García, no fue mirado ni de reojo.
No tomaron en cuenta la propuesta de producir carne y leche; o de crear circuitos turísticos en Leoncio Prado, Aucayacu, el Monzón o Yanajanca. No vieron las actividades concretas por zona, ni la inversión propuesta en diez años para que los valles cocaleros de Huánuco tengan una agricultura competitiva que mejore la calidad de vida de la población.
La respuesta fue continuar con zona de emergencia y operaciones especiales como Tormenta, Huracán y Eclipse para meter en la cárcel a cuanto dirigente podían. Nadie puede poner un negocio con tranquilidad en el Alto Huallaga, ni ser elegido autoridad sin correr el riesgo de morir.
Felizmente Ollanta Humala designó a Ricardo Soberón como jefe de Devida y no se dejó presionar para destituirlo. Estoy seguro que se va a centrar el combate al narcotráfico en cosas como atacar su estructura financiera. Y sobre todo, se va a impedir que las cárceles sigan llenándose con campesinos y gente pobre.

¿Pensión o Programa 65?

Es un error que Pensión 65 termine siendo un programa social dentro del futuro Ministerio de la Inclusión. Peor, focalizar en pobres extremos sobre la base de los programas Juntos y Gratitud. Y encima, comenzar por cuatro regiones.
Eso desnaturaliza la pensión no contributiva, y termina diluyendo la propuesta electoral de Humala. La del spot publicitario, en el que una señora que vende golosinas en un puesto callejero autorizado, agradece a Ollanta porque a los 65 va a tener su pensión. Los que trabajaron toda su vida de manera independiente y no pudieron aportar por fallas en el sistema, tendrían protección hoy. Esa era la idea.
Porque estamos frente a un problema pensionario. No de pobreza. Por eso su canal natural es el Sistema Nacional de Pensiones, y no los programas sociales.
Tan simple como que la Oficina Nacional Previsional (ONP) reciba una solicitud de un mayor de 65 años que no tenga jubilación pública, ni privada, ni vaya a tenerla; que no posea ninguna renta acreditada por la Sunat; y que resida en el país tres años antes del trámite. Y ya está; la ONP califica la solicitud, hace control de calidad, y la pensión estaría lista para otorgarse. Tal cual, el Proyecto de Ley 04213/2010, presentado por los propios nacionalistas en el Congreso pasado.
Pero los economistas que creen saberlo todo, pero que del derecho a la pensión no saben nada, insisten con que la universalización de este tipo de pensiones nos llevaría a la quiebra. No comprenden que debe de ir de la mano con una política agresiva para que los independientes aporten obligatoriamente y con ello alejen al fantasma del déficit fiscal. ¿O acaso es difícil que emolienteros, canillitas, bodegueros o vendedores autorizados en las mismas esquinas de siempre, puedan aportar? Es cuestión de ordenar la casa.
La Pensión 65 de la Gran Transformación planteaba una reforma integral del sistema pensionario: un régimen contributivo obligatorio y de ahorro colectivo para obtener una pensión básica, pero decente; un régimen voluntario de ahorro individual para un ingreso adicional; y un régimen no contributivo para aquellos que por diversas razones no pudieron aportar. Todo universal, como es la naturaleza de una pensión.
Y la progresividad planteada en campaña, establecía que en 2012 se atendería a todos los mayores de 75 años sin pensión; en 2013 a todos los mayores de 70; y en 2014 a todos los mayores de 65.
Pero vino la Hoja de Ruta y desde ahí se empezó a hablar de focalización, y una vez ganada la elección ya era un programa social para pobres extremos. Lamento decir que, si esta lógica termina por ganar, muchas familias se desilusionarán y el primer costo se verá en la popularidad presidencial.

El Banco del Sur

Con el visto bueno del congreso argentino hace unos días, ya son cuatro países de siete, los que le dan el sí a la puesta en marcha del Banco del Sur, y es muy probable que antes de fin de año lo veamos entrar en funcionamiento.
Aunque para los neoliberales locales del periodismo y la economía, esto solo suena a un banco de Chávez, lo cierto es que se trata de una herramienta eficaz para que Sudámerica enfrente la crisis global, además de avanzar en convertir a la sub región en un bloque con autonomía financiera.
El objetivo central del Banco del Sur es proveer de recursos financieros allí donde el resto de la banca multilateral no actúa. Su convenio constitutivo habla de priorizar proyectos de desarrollo económico, social y ambiental de los países miembros de la Unasur, fortaleciendo su integración.
Por ejemplo, la volatilidad en el mercado de commodities alimentarios siempre tiene en vilo a productores y consumidores, puesto que los precios del trigo, el maíz, la soja, el arroz entre otros, dependen más de los grandes especuladores financieros globales que de la oferta y la demanda. Un fideicomiso u otro mecanismo financiero en el marco del Banco del Sur, puede protegernos de esa especulación y garantizar la seguridad alimentaria en la región. Lo mismo para el caso de medicamentos u otros temas sensibles. Todo ello, coordinado por los gobiernos de nuestros propios países, dejando de lado la dependencia en iniciativas del Banco mundial o de organismos cuyos paquetes de préstamos vienen con condicionalidades de política y además responden a intereses extra regionales.
Por eso, el potencial que tiene un instrumento como éste, es estratégico en un escenario en donde lo único cierto es la incertidumbre. Especialmente, si tenemos en cuenta que ya no basta solo la respuesta nacional anti cíclica ante un nuevo embate de la economía mundial.
Si bien es cierto, solo por el hecho de pertenecer a la Unasur, el Perú podría beneficiarse de los créditos del banco; al no formar parte de esta construcción, no tendrá operadores políticos dentro, ni podrá influir en sus decisiones. Y eso, solo por motivos ideológicos.
Mientras que Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina se han comprometido con el aporte de capital necesario para el funcionamiento del Banco del Sur, en el Perú ni siquiera se ha abierto el debate sobre una nueva arquitectura financiera internacional. Pero más temprano que tarde, cuando la crisis empiece a deteriorar nuestros buenos números macroeconómicos otra vez, estoy seguro que miraremos con otros ojos esta iniciativa y empezaremos a romper por fin, la inercia de la política económica nacional.

La estabilidad del Ministro Paredes

Cuando le preguntaron al Ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes, en la Comisión de Transportes del Congreso, por qué había aprobado el Convenio de Estabilidad Jurídica de APM Terminals Callao S.A., cuestionada concesionaria del Terminal Norte del Puerto del Callao gracias al gobierno aprista; dijo: "este es un mandato legal que proviene de la concesión que la gestión anterior ya culminó, (…). No hacerlo implicaría incurrir en una ilegalidad".
Esto no es verdad, porque en derecho existen normas imperativas y normas dispositivas. Las primeras son de obligatorio cumplimiento. En cambio, las segundas quedan a la voluntad de las personas.  En una norma imperativa se usan los verbos “deber” o “tener” (se debe solicitar, se tiene que aprobar, por ejemplo). En las segundas se usa el verbo “poder” (se puede solicitar, se puede aprobar). Lo mismo pasa en las clausulas de un contrato.
El contrato de concesión de APM Terminals, establece en su sección octava que: "la Sociedad Concesionaria podrá suscribir con el Estado de la República del Perú, un convenio de estabilidad jurídica, el que conforme a la normativa aplicable tiene rango de contrato ley...". Esta cláusula no es imperativa. No hay una obligación de estricto cumplimiento para el Estado que se desprenda de allí.
Además, el artículo 10 del D. Leg. 662 estipula que "el Organismo Nacional Competente, en representación del Estado, podrá celebrar con los inversionistas extranjeros, con anterioridad a la realización de la inversión y al registro correspondiente, convenios para garantizarles los siguientes derechos: a) estabilidad del régimen tributario vigente…". Nuevamente una norma dispositiva.
El Reglamento del D. Leg. 1011, precisa esta norma para que sea posible suscribir convenios con posterioridad a la realización de la inversión, y ahí sí hay una norma imperativa, señalada en su artículo 2: "Para efectos de lo establecido en el Artículo 10º del Decreto Legislativo Nº 662 (…), los convenios deberán ser celebrados dentro de los doce (12) meses anteriores a la obtención del título habilitante o dentro de los doce (12) meses posteriores a la obtención de dicho título". Pero, lo imperativo aquí no es firmar el convenio, sino el plazo si se decide hacerlo.
Si bien en todo esto, la voz cantante la tiene Proinversión, el Ministro, según el propio reglamento del D. Leg. 1011, tiene el derecho de observar el convenio. Así que es falso que esto tenía que aprobarse sí o sí. El Ministro pudo frenar esto. Pero al parecer, sus asesores tienen otra mirada de las cosas y lamentablemente, el primer convenio de estabilidad jurídica de la era Ollanta es nada menos que para la cuestionada concesión del Terminal Norte del Callao.

El Perú no es Brasil

Esta semana hemos conocido que el gobierno brasileño ha decidido aumentar el superávit primario para enfrentar la crisis global, en la idea de guardar recursos para un futuro plan de estímulo.
Si el gigante sudamericano hace esto, cómo no aplaudir al MEF de Castilla que plantea que debemos ser conservadores en el gasto, y al BCR de Velarde que al revisar el Marco Macroeconómico Multianual 2012-2014, lo avala. Sin embargo, el Perú no es Brasil y copiar esa misma estrategia perjudicaría nuestra economía, trayendo también altos costos políticos para el gobierno de Ollanta Humala en un escenario en el que el crecimiento económico se desacelera.
Lo que pasa es que desde hace un buen tiempo Brasil enfrenta un feroz ataque especulativo contra su moneda, haciendo que el “Real” se aprecie respecto al dólar más que ninguna moneda en la región desde que empezó la crisis, con la consecuente pérdida de competitividad en sus exportaciones y el sobre estímulo de su mercado interno.
Operadores financieros instalados en Brasil, ingresan miles de millones de dólares prestados del mercado internacional a ínfimas tasas, y se hacen de una farra financiera puesto que las tasas de interés brasileñas son de las más altas del mundo.
Si a eso sumamos las presiones inflacionarias que atraviesa el país de la samba, resulta que su mayor reto es contener la inflación y al mismo tiempo desincentivar ese ingreso de capitales que tanto daño le procura.
La teoría dice que para frenar la inflación se debe subir la tasa de referencia y ajustar por el lado fiscal. Pero precisamente si se sube la tasa de interés se alienta el ingreso de capitales golondrinos, lo que abunda en la apreciación del real. Es por eso que han puesto el acento en reducir el gasto para frenar la inflación, mientras que han bajado la tasa de referencia medio punto y así tratar de desalentar a los especuladores.
Es que hace poco colocaron un impuesto a la entrada de divisas, gravando con una tasa del 6% a todos los créditos tomados en el exterior por bancos y empresas brasileñas, y ni así pararon el ataque especulativo de los criminales de cuello y corbata.
Estos son problemas de naturaleza distinta a los del Perú. Por eso, si no tomamos medidas ya, el timing de la crisis nos va a ganar. Y aún así le hayan obligado a Castilla a elaborar un plan de contingencia, tengo la impresión que hará todo lo posible por retardarlo.
Pero ahí no acaba la cosa, ya que la crisis va para largo. Y al margen de una respuesta coyuntural, necesitamos un plan de mayor aliento para dejar de depender tanto de la demanda internacional, los términos de intercambio y el flujo de capitales. De eso trata la economía nacional de mercado.

La contraofensiva no tardará

Apenas con un mes de gobierno ya podemos celebrar varias cosas que nos está trayendo la nueva correlación de fuerzas en el Perú: el aumento del salario mínimo, la ley de consulta, el nuevo impuesto que tendrán que pagar las mineras, el inminente inicio de agresivos programas sociales y que el gas barato del lote 88 sea destinado íntegramente al mercado nacional en lugar de exportarse a México o Chile.
Además de que el principal eje de integración será ahora el regional. Empezamos a mirar con otros ojos a América del Sur, lo que se concretará no solo en temas políticos y sociales, sino también económicos y financieros en el marco de la Unasur.
Y aunque algunos aún no lo creen, lo cierto es que nuestro país empieza a recuperar márgenes de soberanía al tiempo que mejora su posición de negociación frente a la inversión privada. Lo que es bastante radical si consideramos como nos hemos parado frente a los capitales foráneos durante los últimos años.
Por ello la contraofensiva de los que tuvieron la sartén por el mango no va a tardar en mostrar su fuerza, configurándose al menos dos campos de batalla.
El primero tiene que ver con los efectos de la crisis económica global. Estoy seguro que a toda costa se empezará a operar para que el gobierno tarde en la aplicación de un plan de estímulo económico y nuevamente repitamos la experiencia de finales del 2008 e inicios del 2009, cuando frenamos en seco la velocidad de crecimiento económico. De 11.6% de crecimiento registrado en septiembre del 2008, pasamos a 0.1% en febrero del 2009. En ese mismo periodo perdimos velozmente 5 mil millones de dólares de nuestras reservas internacionales. Un escenario parecido en el 2012, sería un duro golpe a los impulsos de cambio del gobierno de Humala.
El segundo escenario también tiene que ver con lo internacional. En la última semana ha sido noticia – y no por gusto – que el Perú podría perder más de 4 mil millones de dólares en los procesos de arbitraje que varias empresas extranjeras han interpuesto en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
Y esto no es aislado. Todos los gobiernos de la región que le han parado el macho a las trasnacionales y puesto en valor la capacidad de negociación estatal frente a ellas, exigiendo lo justo en impuestos y desempeño, se han visto amenazadas con este chantaje multimillonario. La consigna es que no puedes hacer política pública soberana, porque inmediatamente se activan los candados neoliberales contenidos en cuanto Tratado Bilateral de Inversión (TBI), Convenio de Estabilidad Jurídica o Tratado de Libre Comercio (TLC) tengamos vigentes. Estamos advertidos.

La Comisión de Presupuesto

Qué buena noticia que Marisol Espinoza sea la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso, y que Javier Diez Canseco sea uno de sus miembros titulares.
Espinoza junto a la bancada nacionalista presentó en los últimos años verdaderos presupuestos alternativos durante el debate parlamentario. En el 2008, se opusieron al recorte presupuestal del gobierno aprista, proponiendo más bien aumentar el gasto para afrontar la crisis global.
Mientras el oficialismo respaldaba la modulación del ministro Valdivieso en el proyecto de presupuesto 2009 y las demás bancadas negociaban sus votos a cambio de pequeñas concesiones, los nacionalistas centraban el debate en la necesidad de ir contra el ciclo económico mundial. Meses después, la formulación del Plan de Estímulo Económico les daría la razón.
En el 2009, al discutir el presupuesto 2010, la bancada de Espinoza, con Rafael Vásquez a la cabeza en el tema presupuestario, recalculó las cifras macroeconómicas y la proyección de inflación acercándose más a la realidad. Se reorientó el presupuesto en el dictamen en minoría, hacia salarios estatales, aseguramiento universal, agro, pensiones no contributivas (hoy llamadas Pensión 65) y otras demandas postergadas.
Pero lo más importante es que en esa ocasión trabajaron en alianza con diversas organizaciones sociales reunidas en el Grupo Nacional de Presupuesto Público. Eduardo O´Brien, técnico del Grupo y Mauro Zevallos, técnico de la bancada, lograron un dictamen en minoría bien fundamentado.
Igual fue en el 2010 para discutir el presupuesto 2011. El jefe de la bancada era Daniel Abugattás, y con él se logró afinar el presupuesto alternativo y tener una propuesta mejorada para oponer al presupuesto eminentemente contable y sin enfoque de derechos del Ministerio de Economía y Finanzas. Además de asignar lo necesario para vivienda, educación, salud, programas sociales y hasta reparaciones individuales, hubo un énfasis en ciencia y tecnología, y el dictamen en minoría de los nacionalistas por poco y pasa al debate en el pleno.
En suma, hay un gran acumulado sobre el tema presupuestal en quien hoy conduce esa comisión legislativa, tanto a nivel programático como participativo. Pero además está Javier Diez Canseco, quien fue el único que durante los años del gobierno de Toledo elaboró propuestas alternas sobre presupuesto público, siempre en la lógica del desarrollo humano.
Hoy, que por fin el debate presupuestal estará centrado en los derechos de la población, existe también el reto de enfrentar un nuevo golpe de la crisis económica mundial. Estoy seguro que con Espinoza y Diez Canseco estaremos a la altura.

Estímulo otra vez

Recuerdo claramente cuando en septiembre del 2008, el entonces Ministro de Economía y Finanzas, Luis Valdivieso, asistió al Congreso de la República para sustentar el proyecto de presupuesto 2009. Mientras la bancada nacionalista pedía mayor gasto público, el ministro explicaba que para bajar la inflación tenía que hacer una modulación del gasto. Así, el presupuesto de apertura del 2009, fue en términos nominales casi igual que el del 2008, y en términos reales mucho menor. Total para eso había traído Alan García a un operador del Fondo Monetario Internacional (FMI), especia-lista en ajuste.
El problema fue que ese mismo mes se inició la crisis económica global que hasta hoy nos azota, y que el hombre del FMI no pudo prever. Mientras China y Australia empezaban de inmediato con medidas contra cíclicas, el Perú reaccionaba haciendo todo lo contrario, entregándonos al ciclo de la crisis.
Al tiempo que toda América Latina empezaba a aplicar planes anticrisis, el Perú mantenía la lógica de aquí no pasa nada. Y no fue hasta febrero del 2009, con cambio de ministro mediante, que se dio un plan de estímulo fiscal. Por su parte, el Banco Central de Velarde también reaccionó lentamente. No fue hasta bien entrado el 2009 que decidió bajar la tasa de interés y frenar la subida del tipo de cambio.
El resultado ya lo conocemos. Y a pesar que hasta el hartazgo, la prensa neoliberal nos dijo que la crisis no nos golpeó, el frenazo de crecimiento económico fue bastante grande, pues fueron como 9 puntos de reducción de velocidad entre el crecimiento del 2008 respecto del 2009. Y si no fuera porque los precios de las materias primas no tardaron en recuperarse, sin duda hubiéramos cerrado el 2009 en rojo. La razón es evidente. Nos demoramos en reaccionar. Pero lo que no sirvió para el 2009, fue bueno para el 2010, donde surtió efecto el estímulo.
Hoy, que las mismas condiciones que se presentaron aquel septiembre del 2008 parecen regresar: enfriamiento de la economía mundial, salida de capi-tales y posible baja de los términos de intercambio, debemos reac-cionar de inmediato, incluso promoviendo el mayor gasto posible en lo que queda del 2011. La subida del salario y la entrada en vigencia de Pensión 65 caen de perilla.
Para nadie es un secreto que lo que espera la derecha política es poder echarle la culpa a Humala del impacto de la crisis. Es por eso que a vísperas de la discusión presupuestal, estamos en el momento perfecto para aplicar un nuevo plan de estímulo fiscal, aunque Castilla diga que debamos ser conservadores en el gasto. No vaya a ser que termine siendo un Valdivieso II.

Las reservas en peligro

Los que creen que la economía peruana es sólida y que la crisis global no nos pegó, se equivocan. El 80% de nuestras exportaciones son materias primas cuyos precios no controlamos. Representan el 20% de los ingresos fiscales y mantienen las cuentas externas en azul. Siendo sinceros, si no fuera porque los términos de intercambio cayeron solo al inicio de la crisis, la economía peruana estaría hasta ahora en declive.
Nada impidió el tremendo frenazo del crecimiento económico del 2009 (0.9%) respecto del 2008 (9.8%), fruto de la salida de capitales, la contracción de la demanda internacional y la caída de los precios de los minerales durante algunos meses. Con todo, pasamos piola la primera etapa de una crisis mundial que sigue abriéndose como una flor y que mostrará su peor cara en los meses que vienen.
Y aunque muchos afirmen que nuestras reservas internacionales son suficientes para enfrentar un nuevo golpe, yo disiento. Éstas pueden volverse puré de un día para otro si no tomamos la precaución de ponerlas a resguardo ya.
La liquidez total del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) medida en dólares, alcanza los 47 mil 577 millones. El 81.3% está efectivamente denominado en esa moneda y poco menos del 70% invertido en bonos del Tesoro Norteamericano. O sea, la mayor parte de nuestras reservas están en una moneda que se desmorona y en activos que afrontan serios problemas de confianza, a punto de perder su calificación AAA.
Hace tiempo que Estados Unidos paga casi cero por nuestros depósitos, lo que se traduce en un costo de oportunidad enorme para el Perú, con el cuento de que el “Tesoro” es lo más seguro del mundo y como dice la teoría: a mayor solidez, menor rendimiento.
Pues bien, esa seguridad está a punto de irse al tacho junto con nuestras reservas. Y si no buscamos protegernos mediante un fondo de estabilización monetaria u otro mecanismo de seguridad financiera en el marco de la UNASUR, estaremos a merced de la tormenta.
Pero eso le suena a herejía al credo neoliberal. No por nada, García antes de irse, junto al BCR de Velarde, impidieron con su voto que el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) pase a ser presidido por Ecuador y se convierta en el instrumento idóneo contra la debacle del dólar.
Porque para afrontar la siguiente etapa de la crisis será vital una nueva arquitectura financiera sudamericana. Lo malo es que con un Banco Central presidido por un hombre del Fondo Monetario Internacional o sea de Estados Unidos, se obstaculiza que el Perú se vincule a esta construcción contra hegemónica. Y ese, es el mayor peligro de mantener a Julio Velarde allí.

El Presupuesto 2012

La única ocasión en que el Congreso de la República logra importantes modificaciones al presupuesto público propuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), es cuando llega un nuevo gobierno.
Incluso se reajusta hacia arriba el propio monto de referencia del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA). Por eso la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República es clave este año en el que tenemos cambio de mando. Y el liderazgo necesario para la presidencia de esta Comisión, además de tener experiencia en este tema, necesita la suficiente muñeca política como para lidiar con las inercias del MEF, al tiempo que negocia con la oposición congresal.
Pero hoy la tarea se complejiza más. Pues a la cabeza del MEF se encuentra el mismo que desde marzo de este año empezó a cocinar un presupuesto con una orientación completamente diferente a la de la Gran Transformación. Miguel Castilla, viceministro de hacienda de García y hoy Ministro de Economía recién jurado de Humala, viene con una lógica de ajuste que debe cambiar drásticamente si quiere estar a tono con la oferta electoral de Gana Perú.
Pues, además del inicio de Pensión 65 y los programas sociales ofrecidos en campaña, tendrá que garantizar la inversión en educación, salud, nutrición infantil, mejorar las condiciones de los trabajadores estatales y otras demandas sociales postergadas.
Felizmente que en los últimos dos años, la bancada nacionalista ha tenido un papel destacado en el debate presupuestal, presentando verdaderos presupuestos alternativos a manera de dictámenes en minoría a los proyectos oficialistas de presupuesto, equilibrio financiero y endeudamiento, partiendo de una estimación propia de las cifras macroeconómicas como la proyección del crecimiento y las metas de inflación. Esta tarea fue hecha de la mano de organizaciones sociales reunidas en el Grupo Nacional de Presupuesto Público.
En estos documentos, sustentados por los nacionalistas en noviembre del 2009 y 2010, se costean las pensiones no contributivas, los bonos habitacionales necesarios para reconstruir Pisco, el aseguramiento universal de salud, el incremento en ciencia y tecnología, y hasta reparaciones para las víctimas de la violencia interna, demostrándose que con una reorientación de 5 mil 400 millones de soles cada año (un 1.4% del PBI aproximadamente) se pueden hacer grandes cosas.
Con un enfoque distinto de lo que ha sido la distribución de la torta presupuestal por años, hoy se puede dar un golpe de timón y convertir el presupuesto nacional en una herramienta de inclusión y desarrollo.

Velarde y Castilla

Es bien complicado entender que el actual presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, sea ratificado en su cargo, cuando hace poco se mostró totalmente en contra –sin mayor sustento- del impuesto a la sobreganancias mineras y del aumento del salario mínimo, propuestas centrales en la hoja de ruta del nuevo gobierno y por las que votó la mayoría. Igual de difícil es encontrar la lógica de que el viceministro de hacienda de Alan García, Luis Miguel Castilla, colocado por Mercedes Araoz y mantenido por Ismael Benavides, ambos opositores al nacionalismo humalista, sea el que maneje la caja fiscal en el gobierno de Ollanta.
Velarde, fue jefe del plan de gobierno del PPC en el 2006 al cual se enfrentó Humala. Y Castilla el que desde hacienda (el viceministerio más odiado por todos los sectores, pues es el que mete tijera sin mayor contemplación) ejecutó los recortes presupuestarios impulsados tanto por Araoz como por Benavides.
Pero ahora ambos representan la punta de lanza de la derecha derrotada en junio, que se mete por la ventana al gobierno y que sin duda será la camisa de fuerza – al menos por el momento – para los cambios que esperan millones de peruanos.
Y eso de que hay que mandarle buenas señales al mercado, que equivale a decir que aunque haya ganado la “gran transformación”, el MEF y el BCR siempre deben ser dirigidos por los operadores de “la gran continuación”, me suena más a chantaje que al mejor funcionamiento de la economía.
Pues ahora pocos se acuerdan que tanto el MEF como el BCR de la era García tuvieron los reflejos de un borracho cuando se inició la crisis global, y si no hubiera sido porque los precios de los minerales cayeron solo por unos meses y nuevamente se ubicaron a niveles pre crisis, el 2009 no hubiera cerrado con 0.9% de crecimiento, sino con mucho menos.
El frenazo del crecimiento que pasó de una velocidad de 9.8% con el que cerramos el 2008, a menos de 1 para el siguiente año, fue resultado directo de la lentitud de Velarde en bajar la tasa de interés y de aplicar un plan anticrisis tardío por parte de los economistas que hoy celebran con júbilo el nombramiento de Castilla.
Un amigo me dijo que el costo de una táctica electoral centrista se paga a la hora de gobernar. Hoy lo vemos claramente. Incluso, las banderas que no fueron arriadas y que constituyen el único bastión de cambio del nuevo gobierno: impuesto a la sobreganancias mineras, nacionalización del gas del lote 88 y la entrada en vigencia de algunas políticas redistributivas, están hoy, en riesgo de ser saboteadas desde dentro.

Estados Unidos ya no es lo que era

Parece mentira que la moneda de reserva mundial siga siendo la de la economía más endeudada del mundo. El dólar se ha venido depreciando en casi toda América del Sur distorsionando el comercio intrarregional en la última década. El importador Chileno de café de Colombia que tiene que cambiar sus pesos a dólares para pagar la mercadería, y luego el exportador colombiano que hace la misma operación al recibir su pago, están expuestos a una gran inestabilidad cambiaria. Y a parte del negocio del banco intermediador, la volatilidad del dólar es nociva, pues genera pérdidas de competitividad innecesarias.
Cuando el dólar era más o menos estable y la economía norteamericana sólida, esta lógica nacida del Acuerdo de Bretton Woods tenía sentido. Pero hoy, que la deuda estadounidense alcanza los 14 billones de dólares y va en aumento, las agencias calificadoras de riesgo están a punto de bajarle la nota a Estados Unidos, lo que significaría que el Tesoro norteamericano ya no sería lo más seguro del mundo y eso lo cambia todo.
Si Estados Unidos pierde su AAA, ya no sería conveniente depositar casi el 80% de nuestras reservas internacionales en sus arcas. No habría necesidad de financiar su déficit fiscal, pues desde hace años la tasa de interés es casi cero y el costo de oportunidad de tener nuestro ahorro allí, enorme. Si el riesgo se sincera, el inicio de una gran reforma monetaria mundial ya no se podría escamotear.
Ante la posibilidad creciente de que Estados Unidos no pueda seguir pagando el servicio de su deuda, la agencia Moddy´s ha puesto en revisión su calificación. Y Standard & Poor’s y Fitch no tardarían en actuar en la misma dirección si el riesgo de cesación de pagos se mantiene.
Y eso ha puesto una papa caliente en el Congreso, donde tanto demócratas como republicanos tendrán que ponerse de acuerdo para de una vez por todas, ponerle un hasta aquí al constante endeudamiento, y eso de todas maneras implica un ajuste del gasto que va a tener un gran impacto en sus ciudadanos.
La espada y la pared es lo que mejor describe esta situación. Pues sea en el escenario de ajuste o de default, la caída del dólar como gran moneda mundial está a la vista.Así las cosas, propuestas como las de una unidad de cuentas sudamericana, que saque al dólar del comercio en la región cobrará mucha fuerza. O que las reservas peruanas se queden en un fondo sudamericano de estabilización monetaria en lugar de ir a la reserva federal ya no sonará a herejía. Una nueva arquitectura financiera se empieza a dibujar al tiempo que Estados Unidos pierde hegemonía.

Subsidiariedad, Contratos Ley y Recursos Naturales

Una de las cosas que me quedan más claras del proceso de transferencia de la administración de García a Humala, es que el actual aparato estatal basado en la Constitución del 93, no sirve ni siquiera para que el crecimiento económico genere inclusión social. Mucho menos para solucionar los problemas políticos que plantea un país como el nuestro, tan heterogéneo culturalmente, tan desigual económica y socialmente, y tan excluyente en la distribución del poder.

Además de su actual despelote orgánico y corrupción instalada cual metástasis, el Estado peruano de estos tiempos está diseñado para que sin ninguna orientación de adónde ir, se deje todo en las manos del mercado, así se trate de asuntos estratégicos como la energía; se proteja excesivamente a la inversión extranjera, incluso a costa de derechos laborales y de recaudación justa de impuestos; y se entregue a consorcios privados la propiedad de los minerales o el gas.
Ese es el modelo económico peruano. El de los artículos 60, 62 y 66 de la Carta Magna que nos dejó el Fujimorismo, donde se establece el rol subsidiario del Estado, los contratos-ley con la inversión privada, y el otorgamiento de derechos reales a los concesionarios de los recursos naturales. Ni en Chile.
Es el modelo de la ausencia total de políticas sectoriales con el cuento de que salvo la macroeconomía, todo es ilusión. Que basta tener estabilidad monetaria y fiscal y algunos programas sociales para darnos como bien servidos. Y que gobernar se reduce a privatizarlo todo y firmar Tratados de Libre Comercio.
No suben los salarios reales pese al aumento de las utilidades de las empresas. No hay apuesta por tecnología ni por calificación laboral y la competitividad se basa más en el cholo barato que en la búsqueda de productividad. En ese esquema, hablar de planificación o de negociación colectiva es casi un acto subversivo.
Y así, en plena crisis global, no tenemos instrumentos constitucionales para poder por ejemplo, promover nuestro mercado interno, cuando hasta el propio consejero económico del FMI, Olivier Blanchard, lo recomienda
Pero como nada está escrito sobre piedra, ni siquiera la Constitución, lo que parecía irreversible puede revertir. Y a pesar que los voceros del neoliberalismo local no se cansan de caricaturizar la propuesta de cambio constitucional, pueden evitar que cada vez más se hable de eliminar la subsidiariedad estatal, replantear los contratos-ley y revisar la propiedad de los recursos naturales. Es el debate colocado por el pueblo en las calles y en las urnas.

Pensión 65: Universal, Solidaria y Vitalicia

Aunque fue durante la reciente campaña electoral cuando las Pensiones No Contributivas se hicieron famosas bajo el marketero nombre de Pensión 65; esta propuesta de Ollanta Humala de otorgar 250 soles a todos los ancianos sin ingresos data de años atrás.
La primera vez que la oí nombrar como propuesta de política pública para el Perú, fue en la preparación de la X Conferencia Nacional de Desarrollo Social (CONADES) en el 2005. Los impulsores eran los dirigentes de ANAMPER, la Asociación Nacional de Adultos Mayores del Perú.
Luego de ser asumida en varios espacios de sociedad civil, la propuesta pasó a ser discutida en algunas instancias del Congreso de la República. Durante dos años consecutivos, 2009 y 2010, la bancada nacionalista presentó sendos dictámenes en minoría de la ley de presupuesto, en los que a solicitud del Grupo Nacional del Presupuesto Público, se incluía el otorgamiento progresivo de dichas pensiones como parte del gasto estatal.
De igual forma, en la Comisión de Seguridad Social del Parlamento, los integrantes de la bancada nacionalista promovieron el Proyecto de Ley 04213/2010, que hasta el momento es la propuesta normativa más avanzada sobre Pensiones No Contributivas en el país, porque se les da un carácter de universales, solidarias y vitalicias, a condición de ser peruano o peruana mayor de 65 años y no tener ninguna pensión pública y/o privada, ni ingresos o renta alguna acreditada por la administración tributaria, y residir en el Perú no menos de tres años antes de presentar la solicitud.
Además, se establece que la Oficina Nacional Previsional (ONP) se encargará de certificar el trámite y viabilizar su ejecución. También se determina el monto de cada pensión no contributiva en 60% de la pensión mínima (que hoy asciende a 415 soles), o sea 249 soles aproximadamente.
Es de ahí de donde sale la oferta electoral de Humala que hoy todos conocemos como Pensión 65. Universal, porque abarca a todos los sin pensión. Solidaria, porque los recursos salen de los impuestos que pagamos todos, incluso los beneficiarios. Y vitalicia, porque las pensiones son un derecho y no un bono o subsidio que más tarde se puede eliminar.
Pretender focalizarla en pobres extremos o lo que es peor, restringirla a algunas regiones con el cuento de comenzar por ahí, como rezan las políticas neoliberales, sería un grave error. Felizmente, la propuesta de Ollanta reposa directamente en el proyecto de Ley 04213/2010. Y es por eso, por lo que ha votado la mayoría.