domingo, 28 de abril de 2013

Pura vulgaridad económica

Qué vulgares que son la mayoría de economistas y periodistas económicos en el Perú. A propósito de la intención manifiesta del gobierno de adquirir la refinería de La Pampilla y la red de grifos de Repsol, han salido los neoclásicos locales (mejor conocidos como neoliberales) a decir cosas como que el “Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) abre la puerta al retorno del estatismo”.
Como si la idea de fortalecer la presencia del Estado en una actividad estratégica –lo que sucede en muchos países del mundo- fuera un pecado que lleva al descalabro.
Incluso, los más achorados casi casi le están diciendo chavista al propio Castilla, a pesar que el neoliberalismo también es el dogma del saliente ministro.
Es que al margen de los estudios técnicos sobre la conveniencia financiera y económica o no de esta compra, el debate que se plantea desde quienes controlan el monopolio de los medios de comunicación es en gran medida ideológico.
Y eso que hay argumentos interesantes como la tasa de ganancia en el negocio de la refinación, la calidad de los activos de Repsol respecto del precio que piden, o si es mejor meter ese par de miles de millones en la explotación de petróleo directamente.
Todo eso visto en un marco más grande sobre la conveniencia estratégica de tal movimiento.
Sin embargo, se escuchan disparates como que si compramos La Pampilla estaríamos regresando al primer gobierno del APRA, donde las empresas estatales eran el botín de un García que empezaba a descubrir cómo hacerse muy rico.
Con la misma pasión de un fanático religioso, los vulgares de la economía en el Perú recitan como loros el artículo 60 de la constitución fujimorista del 93. 
Ese que dice que el Estado es subsidiario en la actividad económica, y que concentra –junto con los artículos 62 y 66, sobre contratos ley y propiedad privada de los recursos naturales respectivamente- la mayor vulgaridad económica de todas en el Perú: aquélla que nos aleja totalmente de la realidad social, política, económica y cultural de estas tierras. 
Que niega la dinámica permanente de la lucha de clases con verdades y sentidos comunes inoculados desde una prensa servil a la clase dominante. De ahí los bajos salarios, las pensiones de hambre y el defiéndanse como puedan que nos reina desde los noventa.
Pensar que hasta en Chile se debaten al máximo nivel asuntos como que el Estado debería tener una administradora de fondos de pensiones y competir con las privadas.
Pero así son los vulgares fanáticos de su dizque teoría económica. No se dan cuenta de que si el país entra en bancarrota no será por la compra de La Pampilla, sino por la enorme restricción externa de ser primario-exportadores que ha marcado nuestra historia económica desde que se fundó la república.
Castilla se va justo por eso, porque no es capaz de relanzar la economía peruana con su simple vulgaridad.

domingo, 21 de abril de 2013

Cuidado con el cuento de las APP

Mucho se ha escrito sobre las bondades de combinar recursos públicos con capital privado para lograr objetivos de desarrollo social a través de inversión en infraestructura, tecnología o la ampliación de la cobertura de salud u otros servicios.
Los defensores de este esquema relievan los beneficios mutuos que obtienen tanto los inversionistas como el Estado. Incluso ahora, desde las organizaciones financieras multilaterales como el FMI, el Banco Mundial o el BID se señala que el Estado aumentaría su eficacia en la prestación de servicios, al mismo tiempo que los privados obtienen ganancias y generan empleo.
En el Perú, las Asociaciones Público Privadas (APP) operan desde hace un tiempo en sectores como infraestructura, energía, salud y otros.
Sin embargo, y al margen de las buenas y malas experiencias, el desafío de esto reside en la incompatibilidad de combinar la promoción de desarrollo con la generación de utilidades. Es que en el centro del problema está la transferencia de la responsabilidad del Estado a organizaciones cuya naturaleza es el lucro. 
Por eso, entendidos en la materia señalan que esta lógica asociativa mixta debe mantener en todo momento la naturaleza pública. O sea se debe regular, vigilar y garantizar que en el apalancamiento de fondos privados se cuiden siempre los intereses del Estado. De lo contrario, la buena intención de ampliar la labor estatal con recursos particulares, se torna rápidamente en lo contrario: los privados se sirven más bien de fondos públicos para maximizar sus ganancias. Y eso es lo que parece estar detrás de este tipo de negocios.
A propósito de las reuniones de primavera del FMI y el BM en Washington, el tema de las APP ha estado en boca de todos como una nueva ruta para el desarrollo. Pero como los intereses que están detrás de estas instituciones no dan puntada sin hilo, parece ser que las APP que están en varios reportes y recomendaciones, busca en realidad que el capital financiero no pierda la capacidad de reproducción debido a las recientes regulaciones mundiales en los mercados en que opera, y sobre los impuestos que evade. Además, de que la inversión en bonos está bastante alicaída en los últimos tiempos.
Por eso se ha visto una ventana de oportunidades en las APP. Con recursos públicos (pensiones, fisco, deuda, etc.) se comparte el riesgo de la inversión privada. Pero para eso, toda la institucionalidad multilateral debe ponerse a disposición, siendo el primer paso su promoción pública y el segundo que las calificadoras de riesgo le pongan la nota AAA a este negocio. Eso está en plena ejecución. El resto tiene mucho de cuento.

domingo, 14 de abril de 2013

Más sobre evasión de las transnacionales

Una de las medidas más interesantes para evitar la evasión fiscal de las grandes transnacionales se llama FATCA. Desde que estalló la crisis mundial de las economías desarrolladas en el 2008, sectores importantes de la política de los países industrializados pusieron el ojo en el fraude tributario multimillonario vía paraísos fiscales.
Es que cuando los países ricos entraron en crisis, recién notaron lo nocivo del faenón tributario que desde hace años afecta a todo el globo.
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) es una ley norteamericana sobre cumplimiento tributario de cuentas en el extranjero que está vigente desde principios del 2013. Y sirve para que la Internal Revenue Service - IRS (la SUNAT estadounidense) vigile la plata que sus administrados envían fuera de Estados Unidos, detectando a quienes lo hacen para evadir impuestos.
Esta ley tiene varios alcances, pero el más importante se centra en la solicitud de información que la IRS puede hacer a bancos y otras instituciones que reciben dinero proveniente de Estados Unidos en otras latitudes.
La aplicación de esta ley prevé dos modelos. El primero implica que la IRS pide información directamente al receptor de los fondos en cualquier país del mundo. En este caso, la administración tributaria del país involucrado ni se entera del trámite.
El segundo modelo implica un convenio entre Estados Unidos y el país de destino del dinero de un norteamericano. La solicitud de información se hace directamente desde la IRS a la administración tributaria pertinente. Lo interesante es que el convenio es recíproco, por tanto la autoridad tributaria del país que negoció FATCA con Estados Unidos, tendría también el derecho de pedir información tributaria a la IRS.
En la práctica este segundo modelo significa un intercambio automático de información tributaria, muy útil para detectar a los criminales de cuello y corbata.
Hace una semana, un amigo me comentó que en el centro de investigación donde trabaja en el Perú le llegó un pedido FATCA de la IRS, porque dicho centro recibe donaciones de una agencia de cooperación norteamericana. El formato de la IRS que se debe llenar es el 1042-S, el mismo que será enviado al fisco norteamericano para hacer constar la veracidad de la operación.
La Sunat, por cierto, no se entera de ésta u otras solicitudes de información a sus administrados, porque el Perú no ha negociado FATCA con Estados Unidos hasta ahora.
Urge que la gerencia de Fiscalidad Internacional de la Sunat viendo el tema FATCA. Si ya está pidiendo información la IRS a instituciones peruanas, mejor sería que sea de frente a la Sunat. Así de paso, las autoridades peruanas podrían detectar a contribuyentes peruanos que envíen dinero a Estados Unidos con el objetivo de evadir impuestos.

domingo, 7 de abril de 2013

Respuesta al chantaje de las inversiones

Ecuador será escenario el 22 de abril de una reunión de gobiernos afectados por juicios internacionales. Es decir, por demandas multimillonarias que les meten los inversionistas cuando sienten afectadas sus ganancias, o incluso las puras expectativas.
Claro que cualquiera podría decir que al que se le perjudica se le debe indemnizar, pero en el caso de estos arbitrajes, muchas veces el perjuicio no es tal, pues los tribunales internacionales sobre inversiones, son claramente pro capital, y consideran que el incumplimiento de las leyes, la violación de derechos humanos, las sobreganancias no previstas u otros atropellos de los inversionistas, están por debajo del contrato firmado.
El caso más evidente es el del Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) del Banco Mundial, que tiene empapelada a toda la región, y es usado como mecanismo de chantaje por muchas transnacionales para que a más de un gobernante le tiemble la mano a la hora de hacer reformas o aplicar políticas de bienestar general.
Eso sí, todas las veces que los países son sentenciados, las indemnizaciones son groseramente altas, y nada tienen que ver con un resarcimiento equitativo, si efectivamente hubiera algo que resarcir.
Ecuador, por ejemplo, tiene más de veinte casos en su contra en tribunales como el Ciadi y la Uncitral. Y recientemente ha recibido dos laudos multimillonarios en su contra en el sector de  hidrocarburos, por procesos arbitrales que le emprendieran la Occidental y la Chevron.
Si sumamos ambos laudos, lo que tiene que pagar Ecuador con la sangre de todos los ecuatorianos para saciar la ambición de estas dos gigantes del petróleo, supera los 9 mil millones de dólares. O sea varios puntos del PBI ecuatoriano.
Esta realidad también la viven países como Argentina, Venezuela y Bolivia por aplicar políticas de recuperación de los recursos naturales, financieros o tributarios para sus pueblos. 
Y es por eso que los países del Alba (Alianza Bolivariana para Nuestra América), especialmente Ecuador, vienen haciendo un llamado a sus vecinos para repudiar esta camisa de fuerza del modelo neoliberal y construir una institucionalidad independiente y equilibrada para arreglar diferencias con los inversionistas.
Eso pasa definitivamente por pedir la nulidad de todos los tratados y/o cláusulas de tratados de ultra protección de inversiones y libre comercio.
Pero no se crea que los países con gobiernos progresistas son los únicos manipulados por estos juicios internacionales. El chantaje de las inversiones también tiene a regla a países como Perú, Colombia y Chile, y no sorprendería que si se plantea una buena alternativa a los arbitrajes que se hacen en Estados Unidos (Ciadi) y Europa (Uncitral), podamos tener en breve operando un Ciadi del Sur.