Eso desnaturaliza la pensión no contributiva, y termina diluyendo la propuesta electoral de Humala. La del spot publicitario, en el que una señora que vende golosinas en un puesto callejero autorizado, agradece a Ollanta porque a los 65 va a tener su pensión. Los que trabajaron toda su vida de manera independiente y no pudieron aportar por fallas en el sistema, tendrían protección hoy. Esa era la idea.
Porque estamos frente a un problema pensionario. No de pobreza. Por eso su canal natural es el Sistema Nacional de Pensiones, y no los programas sociales.
Tan simple como que la Oficina Nacional Previsional (ONP) reciba una solicitud de un mayor de 65 años que no tenga jubilación pública, ni privada, ni vaya a tenerla; que no posea ninguna renta acreditada por la Sunat; y que resida en el país tres años antes del trámite. Y ya está; la ONP califica la solicitud, hace control de calidad, y la pensión estaría lista para otorgarse. Tal cual, el Proyecto de Ley 04213/2010, presentado por los propios nacionalistas en el Congreso pasado.
Pero los economistas que creen saberlo todo, pero que del derecho a la pensión no saben nada, insisten con que la universalización de este tipo de pensiones nos llevaría a la quiebra. No comprenden que debe de ir de la mano con una política agresiva para que los independientes aporten obligatoriamente y con ello alejen al fantasma del déficit fiscal. ¿O acaso es difícil que emolienteros, canillitas, bodegueros o vendedores autorizados en las mismas esquinas de siempre, puedan aportar? Es cuestión de ordenar la casa.
La Pensión 65 de la Gran Transformación planteaba una reforma integral del sistema pensionario: un régimen contributivo obligatorio y de ahorro colectivo para obtener una pensión básica, pero decente; un régimen voluntario de ahorro individual para un ingreso adicional; y un régimen no contributivo para aquellos que por diversas razones no pudieron aportar. Todo universal, como es la naturaleza de una pensión.
Y la progresividad planteada en campaña, establecía que en 2012 se atendería a todos los mayores de 75 años sin pensión; en 2013 a todos los mayores de 70; y en 2014 a todos los mayores de 65.
Pero vino la Hoja de Ruta y desde ahí se empezó a hablar de focalización, y una vez ganada la elección ya era un programa social para pobres extremos. Lamento decir que, si esta lógica termina por ganar, muchas familias se desilusionarán y el primer costo se verá en la popularidad presidencial.
Aunque para los neoliberales locales del periodismo y la economía, esto solo suena a un banco de Chávez, lo cierto es que se trata de una herramienta eficaz para que Sudámerica enfrente la crisis global, además de avanzar en convertir a la sub región en un bloque con autonomía financiera.
El objetivo central del Banco del Sur es proveer de recursos financieros allí donde el resto de la banca multilateral no actúa. Su convenio constitutivo habla de priorizar proyectos de desarrollo económico, social y ambiental de los países miembros de la Unasur, fortaleciendo su integración.
Por ejemplo, la volatilidad en el mercado de commodities alimentarios siempre tiene en vilo a productores y consumidores, puesto que los precios del trigo, el maíz, la soja, el arroz entre otros, dependen más de los grandes especuladores financieros globales que de la oferta y la demanda. Un fideicomiso u otro mecanismo financiero en el marco del Banco del Sur, puede protegernos de esa especulación y garantizar la seguridad alimentaria en la región. Lo mismo para el caso de medicamentos u otros temas sensibles. Todo ello, coordinado por los gobiernos de nuestros propios países, dejando de lado la dependencia en iniciativas del Banco mundial o de organismos cuyos paquetes de préstamos vienen con condicionalidades de política y además responden a intereses extra regionales.
Por eso, el potencial que tiene un instrumento como éste, es estratégico en un escenario en donde lo único cierto es la incertidumbre. Especialmente, si tenemos en cuenta que ya no basta solo la respuesta nacional anti cíclica ante un nuevo embate de la economía mundial.
Si bien es cierto, solo por el hecho de pertenecer a la Unasur, el Perú podría beneficiarse de los créditos del banco; al no formar parte de esta construcción, no tendrá operadores políticos dentro, ni podrá influir en sus decisiones. Y eso, solo por motivos ideológicos.
Mientras que Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina se han comprometido con el aporte de capital necesario para el funcionamiento del Banco del Sur, en el Perú ni siquiera se ha abierto el debate sobre una nueva arquitectura financiera internacional. Pero más temprano que tarde, cuando la crisis empiece a deteriorar nuestros buenos números macroeconómicos otra vez, estoy seguro que miraremos con otros ojos esta iniciativa y empezaremos a romper por fin, la inercia de la política económica nacional.
Cuando le preguntaron al Ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes, en la Comisión de Transportes del Congreso, por qué había aprobado el Convenio de Estabilidad Jurídica de APM Terminals Callao S.A., cuestionada concesionaria del Terminal Norte del Puerto del Callao gracias al gobierno aprista; dijo: "este es un mandato legal que proviene de la concesión que la gestión anterior ya culminó, (…). No hacerlo implicaría incurrir en una ilegalidad".
Esto no es verdad, porque en derecho existen normas imperativas y normas dispositivas. Las primeras son de obligatorio cumplimiento. En cambio, las segundas quedan a la voluntad de las personas. En una norma imperativa se usan los verbos “deber” o “tener” (se debe solicitar, se tiene que aprobar, por ejemplo). En las segundas se usa el verbo “poder” (se puede solicitar, se puede aprobar). Lo mismo pasa en las clausulas de un contrato.
El contrato de concesión de APM Terminals, establece en su sección octava que: "la Sociedad Concesionaria podrá suscribir con el Estado de la República del Perú, un convenio de estabilidad jurídica, el que conforme a la normativa aplicable tiene rango de contrato ley...". Esta cláusula no es imperativa. No hay una obligación de estricto cumplimiento para el Estado que se desprenda de allí.
Además, el artículo 10 del D. Leg. 662 estipula que "el Organismo Nacional Competente, en representación del Estado, podrá celebrar con los inversionistas extranjeros, con anterioridad a la realización de la inversión y al registro correspondiente, convenios para garantizarles los siguientes derechos: a) estabilidad del régimen tributario vigente…". Nuevamente una norma dispositiva.
El Reglamento del D. Leg. 1011, precisa esta norma para que sea posible suscribir convenios con posterioridad a la realización de la inversión, y ahí sí hay una norma imperativa, señalada en su artículo 2: "Para efectos de lo establecido en el Artículo 10º del Decreto Legislativo Nº 662 (…), los convenios deberán ser celebrados dentro de los doce (12) meses anteriores a la obtención del título habilitante o dentro de los doce (12) meses posteriores a la obtención de dicho título". Pero, lo imperativo aquí no es firmar el convenio, sino el plazo si se decide hacerlo.
Si bien en todo esto, la voz cantante la tiene Proinversión, el Ministro, según el propio reglamento del D. Leg. 1011, tiene el derecho de observar el convenio. Así que es falso que esto tenía que aprobarse sí o sí. El Ministro pudo frenar esto. Pero al parecer, sus asesores tienen otra mirada de las cosas y lamentablemente, el primer convenio de estabilidad jurídica de la era Ollanta es nada menos que para la cuestionada concesión del Terminal Norte del Callao.
Si el gigante sudamericano hace esto, cómo no aplaudir al MEF de Castilla que plantea que debemos ser conservadores en el gasto, y al BCR de Velarde que al revisar el Marco Macroeconómico Multianual 2012-2014, lo avala. Sin embargo, el Perú no es Brasil y copiar esa misma estrategia perjudicaría nuestra economía, trayendo también altos costos políticos para el gobierno de Ollanta Humala en un escenario en el que el crecimiento económico se desacelera.
Lo que pasa es que desde hace un buen tiempo Brasil enfrenta un feroz ataque especulativo contra su moneda, haciendo que el “Real” se aprecie respecto al dólar más que ninguna moneda en la región desde que empezó la crisis, con la consecuente pérdida de competitividad en sus exportaciones y el sobre estímulo de su mercado interno.
Operadores financieros instalados en Brasil, ingresan miles de millones de dólares prestados del mercado internacional a ínfimas tasas, y se hacen de una farra financiera puesto que las tasas de interés brasileñas son de las más altas del mundo.
Si a eso sumamos las presiones inflacionarias que atraviesa el país de la samba, resulta que su mayor reto es contener la inflación y al mismo tiempo desincentivar ese ingreso de capitales que tanto daño le procura.
La teoría dice que para frenar la inflación se debe subir la tasa de referencia y ajustar por el lado fiscal. Pero precisamente si se sube la tasa de interés se alienta el ingreso de capitales golondrinos, lo que abunda en la apreciación del real. Es por eso que han puesto el acento en reducir el gasto para frenar la inflación, mientras que han bajado la tasa de referencia medio punto y así tratar de desalentar a los especuladores.
Es que hace poco colocaron un impuesto a la entrada de divisas, gravando con una tasa del 6% a todos los créditos tomados en el exterior por bancos y empresas brasileñas, y ni así pararon el ataque especulativo de los criminales de cuello y corbata.
Estos son problemas de naturaleza distinta a los del Perú. Por eso, si no tomamos medidas ya, el timing de la crisis nos va a ganar. Y aún así le hayan obligado a Castilla a elaborar un plan de contingencia, tengo la impresión que hará todo lo posible por retardarlo.
Pero ahí no acaba la cosa, ya que la crisis va para largo. Y al margen de una respuesta coyuntural, necesitamos un plan de mayor aliento para dejar de depender tanto de la demanda internacional, los términos de intercambio y el flujo de capitales. De eso trata la economía nacional de mercado.
