La gran transformación de MEO

Esta semana conversé largo rato con Marco Enríquez Ominami (MEO), candidato del PRO (partido progresista) a la presidencia chilena en los comicios de este año y quien visitó Lima para dar una conferencia.
Es la segunda vez que MEO postula con una propuesta que se aleja del statu quo instalado en nuestro vecino del sur desde el golpe de Pinochet.
Asamblea Constituyente, cambio de modelo económico, eduación pública y gratuita, reforma tributaria para que paguen más los ricos, integración con Unasur, mar para Bolivia, matrimonio igualitario, entre otras de sus banderas políticas, lo colocan bien a la izquierda de la Concertación que quiere que Bachelet repita el plato.
Y si bien su eslogan: “Chile quiere más” reconoce aspectos positivos del Chile actual, no podemos negar que es visto todavía (aunque menos que en 2009) como el candidato antisistema.
Mientras escuchaba su plan de gobierno, en el que destaca la ruptura de la Jaula de Hierro (como él llama a la Constitución pinochetista de 1980), no podía dejar de establecer varias similitudes con el plan de la Gran Transformación del candidato Ollanta.
De hecho, tanto MEO como Ollanta vienen de familias de izquierda radical, aunque ni MEO ha sido militar, ni Ollanta ha tenido experiencia parlamentaria. Aunque MEO es mucho más locuaz y culto que Ollanta, ambos ingresaron muy jóvenes a la primera división de la política con una postura de cambio y fundaron sus partidos con cuatro gatos, logrando atraer luego a miles.
En efecto, hoy el PRO se está consolidando. Ha ganado varios gobiernos locales, especialmente en el norte chileno, donde destaca la alcaldía de la limítrofe (y experuana) Arica.
Territorios que antes eran peruanos o bolivianos como Calama, Pozo Almonte, Tocopilla y Tierra Amarilla han abrazado el progresismo de MEO. Es ahí donde su propuesta de una alianza trinacional -base de su “mar para Bolivia”- empieza a ganar pueblo.
Pero lo más interesante de MEO es el cambio de modelo económico. Él señala que como Chile está en un momento de abundancia, es propicio hacer cambios estructurales a su modelo de desarrollo. En sus propias palabras, significa dejar de ser esclavo del cobre.
MEO apuesta por la inversión agresiva, en eso que se llama I+D (innovación y desarrollo), lo que no es otra cosa que meterle candela a la investigación científica con miras a diversificar la producción y darle mucho más valor agregado.
No es descabellado pensar que MEO pase a la segunda vuelta junto a Bachelet, ahora que la alianza derechista chilena está debilitada tras el gobierno de Piñera. Pero si MEO gana, allí veremos qué tan sólidas son sus convicciones y qué tan democrático es el sistema chileno. Algo que ya vimos en el Perú.

Precariedad de la economía peruana

¿Qué sentirán los cientos de miles de ancianos sin pensión en el Perú cuando anuncian por la prensa que su país es ahora el octavo más rico de América Latina? ¿O los millones de trabajadores que ganan menos de mil soles mensuales, cuando les dicen que las cifras muestran que cada peruano tiene un poder adquisitivo de más de 11 mil dólares, cuando no llegan a esa cifra ni trabajando todo un año?

Seguramente pensarán que nada de eso tiene que ver con su realidad. Que mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI) anuncia que el Perú es cada vez más rico, y los medios financiados por las mineras y los bancos celebran, ellos siguen viviendo en un país de misios donde la plata no alcanza para cubrir los gastos del mes. 
Es que mientras la mayor parte de la población tiene que esperar semanas o meses para que le operen la vesícula en un hospital público, y el salario mínimo sigue siendo de los más bajos de la región; los que tienen la sartén por el mango nos llenan de propaganda sobre las bondades de un modelo económico sumamente precario. Y encima citan al FMI, que ha quedado en ridículo por el fracaso de sus políticas de austeridad en Europa. 
Todos los crecimientos económicos que se basan en el auge de los precios de las materias primas –como es el caso peruano- son cíclicos y precarios. Y en los últimos diez años, ese tipo de crecimiento económico en el Perú ha sido bastante impetuoso, y la subida se ha dado casi en vertical. Lo malo es que la caída será directamente proporcional a esa escalada. 
Desde el 2003 en adelante, las tasas de interés en Estados Unidos, Japón, Reino Unido y Europa se han mantenido cercanas a cero. Eso ha sido la principal causa de nuestro boom económico. Los capitales buscaron mayor retorno en la especulación de los minerales, el petróleo y los alimentos, presionando los precios al alza. Y también incursionaron en las plazas donde las tasas de interés eran más altas. 
Todas esas condiciones pueden cambiar dramáticamente. Al menos la subida del dólar en las últimas semanas parece advertirnos de un cambio de tendencia mundial, tras una década de depreciación de la divisa norteamericana. 
Una vez que las tasas suban en el norte, el Perú se estrellará de la misma manera que un automóvil lo hace ante el frenazo en seco del tráiler que tiene delante. Y eso no tendrá nada que ver con cosas como que PetroPerú se quiera potenciar o con la hipótesis negada de que el gobierno se salga de la Alianza del Pacífico. 
Eso tendrá que ver con el estilo de crecimiento. Con la restricción externa. Pues los factores del éxito de las grandes cifras de la economía, no los controla Castilla desde su ministerio. Se definen fuera. 
Mientras llega ese momento, nos seguirán mareando con noticias como las que dicen que somos más ricos que Colombia. Que tal payasada. Ya quisiéramos tener un poquito de las bases productivas de nuestro vecino.

Desnudan al FMI

Dos hechos recientes y de gran importancia para la economía mundial, han pasado casi desapercibidos por la prensa local.
Con esto de la compra frustrada de Repsol por parte de PetroPerú, los grandes medios locales pusieron toda su artillería en defender la sacrosanta subsidiariedad estatal, dejando de lado la debacle del sustento científico que usaba el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (Troika) para imponer dolorosas medidas de austeridad fiscal a fin de que los países europeos cierren sus déficits.

Hace pocas semanas, un estudiante de la Universidad de Massachusetts, Thomas Herndon de 28 años de edad, encontró serios errores en el estudio estrella de la Universidad de Harvard, en el que hasta la propia Cámara de Representantes de Estados Unidos se apoyaba para reducir el gasto público en el presupuesto nacional.
Me refiero al estudio de los profesores Reinhart y Rogoff: “Crecimiento en Tiempo de Deuda”, en el que concluían –luego de un análisis profundo- que un país que tiene el 90 por ciento de su producto interno bruto como deuda pública, va a decrecer en -0.1 por ciento de todas maneras y de ahí en adelante.
Entonces, si eso era así, la austeridad fiscal para reducir el nivel de deuda era clave para recuperar la senda del crecimiento. Casi el único camino. Por ello, la clase trabajadora tenía que ver reducidos sus salarios, pensiones y subsidios sociales. Ese esfuerzo permitiría ahorrar y recuperarse.
Sin embargo, el estudiante universitario encontró que esa verdad científica era falsa. Que en realidad un país que tiene 90 por ciento de deuda respecto del producto puede llegar a crecer hasta casi 3 por ciento sin utilizar medidas de austeridad.
Sus resultados tan contundentes no pudieron ser negados y, a pesar que en un primer momento la prensa mundial de derecha (adicta a los ajustes) redujo los hallazgos de Herndon a un error en el software usado por los ilustres de Harvard, no logró ocultar los errores metodológicos y conceptuales como el de excluir a cinco grandes economías de las mediciones y las alteraciones en la ponderación.
Pero esto no queda allí. Al mismo tiempo, el propio jefe de economistas del FMI, Olivier Blanchard, tuvo que reconocer que los impactos negativos de las medidas de austeridad en la economía son mayores a los estimados inicialmente. Un serio problema en los multiplicadores.
Por cada euro no gastado en el presupuesto público, se le quitaba medio euro a la economía nacional era lo que decía el FMI. Pero luego se constató que en realidad, el impacto ascendía a casi tres euros, con lo cual se ha profundizado la recesión europea.
Estos simples errores no pasarían de ser solo eso, si no implicaran el sufrimiento de millones de personas por los ajustes. Pero con todo y esa evidencia, el FMI insiste en que la única salida es la austeridad, en lugar de pasar a la estrategia de la reactivación. Puro fetichismo, alienación y vulgaridad neoliberal.

Pura vulgaridad económica

Qué vulgares que son la mayoría de economistas y periodistas económicos en el Perú. A propósito de la intención manifiesta del gobierno de adquirir la refinería de La Pampilla y la red de grifos de Repsol, han salido los neoclásicos locales (mejor conocidos como neoliberales) a decir cosas como que el “Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) abre la puerta al retorno del estatismo”.
Como si la idea de fortalecer la presencia del Estado en una actividad estratégica –lo que sucede en muchos países del mundo- fuera un pecado que lleva al descalabro.
Incluso, los más achorados casi casi le están diciendo chavista al propio Castilla, a pesar que el neoliberalismo también es el dogma del saliente ministro.
Es que al margen de los estudios técnicos sobre la conveniencia financiera y económica o no de esta compra, el debate que se plantea desde quienes controlan el monopolio de los medios de comunicación es en gran medida ideológico.
Y eso que hay argumentos interesantes como la tasa de ganancia en el negocio de la refinación, la calidad de los activos de Repsol respecto del precio que piden, o si es mejor meter ese par de miles de millones en la explotación de petróleo directamente.
Todo eso visto en un marco más grande sobre la conveniencia estratégica de tal movimiento.
Sin embargo, se escuchan disparates como que si compramos La Pampilla estaríamos regresando al primer gobierno del APRA, donde las empresas estatales eran el botín de un García que empezaba a descubrir cómo hacerse muy rico.
Con la misma pasión de un fanático religioso, los vulgares de la economía en el Perú recitan como loros el artículo 60 de la constitución fujimorista del 93. 
Ese que dice que el Estado es subsidiario en la actividad económica, y que concentra –junto con los artículos 62 y 66, sobre contratos ley y propiedad privada de los recursos naturales respectivamente- la mayor vulgaridad económica de todas en el Perú: aquélla que nos aleja totalmente de la realidad social, política, económica y cultural de estas tierras. 
Que niega la dinámica permanente de la lucha de clases con verdades y sentidos comunes inoculados desde una prensa servil a la clase dominante. De ahí los bajos salarios, las pensiones de hambre y el defiéndanse como puedan que nos reina desde los noventa.
Pensar que hasta en Chile se debaten al máximo nivel asuntos como que el Estado debería tener una administradora de fondos de pensiones y competir con las privadas.
Pero así son los vulgares fanáticos de su dizque teoría económica. No se dan cuenta de que si el país entra en bancarrota no será por la compra de La Pampilla, sino por la enorme restricción externa de ser primario-exportadores que ha marcado nuestra historia económica desde que se fundó la república.
Castilla se va justo por eso, porque no es capaz de relanzar la economía peruana con su simple vulgaridad.

Cuidado con el cuento de las APP

Mucho se ha escrito sobre las bondades de combinar recursos públicos con capital privado para lograr objetivos de desarrollo social a través de inversión en infraestructura, tecnología o la ampliación de la cobertura de salud u otros servicios.
Los defensores de este esquema relievan los beneficios mutuos que obtienen tanto los inversionistas como el Estado. Incluso ahora, desde las organizaciones financieras multilaterales como el FMI, el Banco Mundial o el BID se señala que el Estado aumentaría su eficacia en la prestación de servicios, al mismo tiempo que los privados obtienen ganancias y generan empleo.
En el Perú, las Asociaciones Público Privadas (APP) operan desde hace un tiempo en sectores como infraestructura, energía, salud y otros.
Sin embargo, y al margen de las buenas y malas experiencias, el desafío de esto reside en la incompatibilidad de combinar la promoción de desarrollo con la generación de utilidades. Es que en el centro del problema está la transferencia de la responsabilidad del Estado a organizaciones cuya naturaleza es el lucro. 
Por eso, entendidos en la materia señalan que esta lógica asociativa mixta debe mantener en todo momento la naturaleza pública. O sea se debe regular, vigilar y garantizar que en el apalancamiento de fondos privados se cuiden siempre los intereses del Estado. De lo contrario, la buena intención de ampliar la labor estatal con recursos particulares, se torna rápidamente en lo contrario: los privados se sirven más bien de fondos públicos para maximizar sus ganancias. Y eso es lo que parece estar detrás de este tipo de negocios.
A propósito de las reuniones de primavera del FMI y el BM en Washington, el tema de las APP ha estado en boca de todos como una nueva ruta para el desarrollo. Pero como los intereses que están detrás de estas instituciones no dan puntada sin hilo, parece ser que las APP que están en varios reportes y recomendaciones, busca en realidad que el capital financiero no pierda la capacidad de reproducción debido a las recientes regulaciones mundiales en los mercados en que opera, y sobre los impuestos que evade. Además, de que la inversión en bonos está bastante alicaída en los últimos tiempos.
Por eso se ha visto una ventana de oportunidades en las APP. Con recursos públicos (pensiones, fisco, deuda, etc.) se comparte el riesgo de la inversión privada. Pero para eso, toda la institucionalidad multilateral debe ponerse a disposición, siendo el primer paso su promoción pública y el segundo que las calificadoras de riesgo le pongan la nota AAA a este negocio. Eso está en plena ejecución. El resto tiene mucho de cuento.

Más sobre evasión de las transnacionales

Una de las medidas más interesantes para evitar la evasión fiscal de las grandes transnacionales se llama FATCA. Desde que estalló la crisis mundial de las economías desarrolladas en el 2008, sectores importantes de la política de los países industrializados pusieron el ojo en el fraude tributario multimillonario vía paraísos fiscales.
Es que cuando los países ricos entraron en crisis, recién notaron lo nocivo del faenón tributario que desde hace años afecta a todo el globo.
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) es una ley norteamericana sobre cumplimiento tributario de cuentas en el extranjero que está vigente desde principios del 2013. Y sirve para que la Internal Revenue Service - IRS (la SUNAT estadounidense) vigile la plata que sus administrados envían fuera de Estados Unidos, detectando a quienes lo hacen para evadir impuestos.
Esta ley tiene varios alcances, pero el más importante se centra en la solicitud de información que la IRS puede hacer a bancos y otras instituciones que reciben dinero proveniente de Estados Unidos en otras latitudes.
La aplicación de esta ley prevé dos modelos. El primero implica que la IRS pide información directamente al receptor de los fondos en cualquier país del mundo. En este caso, la administración tributaria del país involucrado ni se entera del trámite.
El segundo modelo implica un convenio entre Estados Unidos y el país de destino del dinero de un norteamericano. La solicitud de información se hace directamente desde la IRS a la administración tributaria pertinente. Lo interesante es que el convenio es recíproco, por tanto la autoridad tributaria del país que negoció FATCA con Estados Unidos, tendría también el derecho de pedir información tributaria a la IRS.
En la práctica este segundo modelo significa un intercambio automático de información tributaria, muy útil para detectar a los criminales de cuello y corbata.
Hace una semana, un amigo me comentó que en el centro de investigación donde trabaja en el Perú le llegó un pedido FATCA de la IRS, porque dicho centro recibe donaciones de una agencia de cooperación norteamericana. El formato de la IRS que se debe llenar es el 1042-S, el mismo que será enviado al fisco norteamericano para hacer constar la veracidad de la operación.
La Sunat, por cierto, no se entera de ésta u otras solicitudes de información a sus administrados, porque el Perú no ha negociado FATCA con Estados Unidos hasta ahora.
Urge que la gerencia de Fiscalidad Internacional de la Sunat viendo el tema FATCA. Si ya está pidiendo información la IRS a instituciones peruanas, mejor sería que sea de frente a la Sunat. Así de paso, las autoridades peruanas podrían detectar a contribuyentes peruanos que envíen dinero a Estados Unidos con el objetivo de evadir impuestos.

Respuesta al chantaje de las inversiones

Ecuador será escenario el 22 de abril de una reunión de gobiernos afectados por juicios internacionales. Es decir, por demandas multimillonarias que les meten los inversionistas cuando sienten afectadas sus ganancias, o incluso las puras expectativas.
Claro que cualquiera podría decir que al que se le perjudica se le debe indemnizar, pero en el caso de estos arbitrajes, muchas veces el perjuicio no es tal, pues los tribunales internacionales sobre inversiones, son claramente pro capital, y consideran que el incumplimiento de las leyes, la violación de derechos humanos, las sobreganancias no previstas u otros atropellos de los inversionistas, están por debajo del contrato firmado.
El caso más evidente es el del Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) del Banco Mundial, que tiene empapelada a toda la región, y es usado como mecanismo de chantaje por muchas transnacionales para que a más de un gobernante le tiemble la mano a la hora de hacer reformas o aplicar políticas de bienestar general.
Eso sí, todas las veces que los países son sentenciados, las indemnizaciones son groseramente altas, y nada tienen que ver con un resarcimiento equitativo, si efectivamente hubiera algo que resarcir.
Ecuador, por ejemplo, tiene más de veinte casos en su contra en tribunales como el Ciadi y la Uncitral. Y recientemente ha recibido dos laudos multimillonarios en su contra en el sector de  hidrocarburos, por procesos arbitrales que le emprendieran la Occidental y la Chevron.
Si sumamos ambos laudos, lo que tiene que pagar Ecuador con la sangre de todos los ecuatorianos para saciar la ambición de estas dos gigantes del petróleo, supera los 9 mil millones de dólares. O sea varios puntos del PBI ecuatoriano.
Esta realidad también la viven países como Argentina, Venezuela y Bolivia por aplicar políticas de recuperación de los recursos naturales, financieros o tributarios para sus pueblos. 
Y es por eso que los países del Alba (Alianza Bolivariana para Nuestra América), especialmente Ecuador, vienen haciendo un llamado a sus vecinos para repudiar esta camisa de fuerza del modelo neoliberal y construir una institucionalidad independiente y equilibrada para arreglar diferencias con los inversionistas.
Eso pasa definitivamente por pedir la nulidad de todos los tratados y/o cláusulas de tratados de ultra protección de inversiones y libre comercio.
Pero no se crea que los países con gobiernos progresistas son los únicos manipulados por estos juicios internacionales. El chantaje de las inversiones también tiene a regla a países como Perú, Colombia y Chile, y no sorprendería que si se plantea una buena alternativa a los arbitrajes que se hacen en Estados Unidos (Ciadi) y Europa (Uncitral), podamos tener en breve operando un Ciadi del Sur.

Hegemonía mundial en disputa abierta

Japón se sumó al mega TLC del Pacífico (TPP por sus siglas en inglés) que promueve Estados Unidos. Corea del Sur y Taiwán están por entrar también. Con ello se pone en jaque tanto al acuerdo regional asiático en el marco de ASEAN (la UNASUR de Asia), como al acuerdo comercial tripartido entre China, Japón y Corea del Sur. Es en realidad un golpe a la hegemonía China en la zona con el cuento de la promoción de puestos de trabajo.
También es un golpe para Brasil, pues Chile, Perú y México están también en el TPP, y vía la red de TLC que hay entre ellos y Colombia (Alianza del Pacífico) y con Estados Unidos y Centroamérica, la posibilidad de una integración latinoamericana con una lógica distinta a la del libre comercio y la hegemonía estadounidense queda descartada. En la práctica se parte a América Latina en dos. 
Pero además, en junio, Estados Unidos y Europa empiezan a negociar un TLC de envergadura, pues juntos representan casi el 50% del PIB mundial. Este súper pacto comercial se conoce como el Acuerdo Transatlántico y junto con el TPP configurarían un área en el que se mueven el 60% del comercio y las inversiones mundiales. 
Estas dos medidas buscan sin duda restablecer el poder que tuvo que ceder Estados Unidos tras la explosión de la crisis global en el 2008, cuando integró a los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) al foro mundial encargado de discutir las salidas a la crisis, pasando del esquema del G7 al del G20, en el que de paso sumó a otras economías asiáticas, latinoamericanas y europeas para no hacer roche. 
Pero un bloque del tamaño que significaría la suma de los acuerdos transpacífico y transatlántico bajo la hegemonía estadounidense no solo tendría significancias comerciales, sino también financieras, económicas, políticas e incluso militares. 
Es por ello que los BRICS han dado respuesta esta semana y han anunciado la creación de sus propias instituciones financieras alternativas al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, en las que China pondrá la plata fuerte. Esta reacción es por cierto pertinente ya que en un par de semanas empezarán las reuniones de primavera de estos dos organismos en Washington. 
La hegemonía mundial está en disputa abierta. Y ese camino inexorable en el que el mundo parecía transitar a una multipolaridad ya no es tan seguro. Cuando el interés está en juego, el interesado actúa. Y lo que puede pasar si los planes de Estados Unidos se concretan es que en el mejor de los casos avancemos a una bipolaridad en la que uno de los polos integre a dos de los tres motores de la economía mundial. 
En todo caso por ahora, el G7 - o si se quiere Estados Unidos (G1) y sus amigos - pretenden debilitar la hegemonía de los BRICS en sus propias regiones. Al menos eso se ve claramente en Asia con China y en América Latina con Brasil.

Un paseo por Conga

Hace unos días regresé de Cajamarca, adonde fui para llegar a las lagunas que serán destruidas si prospera el proyecto minero Conga y comprobar in situ la legitimidad de la resistencia social
La empresa minera Yanacocha controla ilegalmente, mediante una tranquera, quién pasa y quién no por la vía pública que conduce a la Laguna Azul, vulnerando el derecho al libre tránsito entre el poblado de Santa Rosa y la ciudad de Cajamarca, por lo que tuve que atravesar a pie un cerro para poder ingresar.
Al otro lado me esperaba la señora Máxima Chaupe, propietaria de una parcela de varias hectáreas en medio del proyecto minero. Casi nadie sabe que a ella, Yanacocha no le ofreció comprar su terreno como a otros comuneros ubicados allí, sino más bien la desalojó violentamente hace un par de años con la policía, quemando su vivienda.
Afortunadamente, con el apoyo de varias organizaciones, ella pudo recobrar la posesión de sus tierras, logrando desbaratar el fraude mediante el cual Yanacocha se apropiaba del lugar donde vive la familia Chaupe desde los noventa.
De hecho, el Estado peruano tiene un caso pendiente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por ese atropello que cometió la empresa minera con apoyo de la fuerza pública. Es que en esa zona, la policía no responde al Estado peruano, sino solo a Yanacocha. Un periodista de Celendín me dio copia del convenio que en el 2011 firmó esa empresa con la Policía Nacional, en términos vergonzantes para un Estado que se respete.
Para llegar a Conga, partí desde Celendín, donde hubo varios muertos en 2012 a causa de la represión de la protesta contra el proyecto minero. Bajé por el valle del río Sendamal, pasando por Huasmín, y otros poblados, para nuevamente subir y encontrarme con comunidades como Jerez y Santa Rosa. En todo mi recorrido encontré agricultura y ganadería por doquier en un valle bendecido por la naturaleza.
Luego de dos horas, llegué a Laguna Cortada y vi numerosos humedales, bofedales y puntos de agua. Antes de la tranquera de Yanacocha, me detuve y empecé la subida por una cuesta al lado del camino a fin de sortear el ilegal obstáculo.
Por donde pisaba brotaba el agua, porque esas alturas que conforman una cabecera de cuenca son una verdadera esponja que nutre de agua a toda la parte baja donde hay varios valles, alimentando ríos, incluyendo al Marañón, proporcionando de vida a animales y seres humanos.
Al ver esa belleza natural, no comprendo cómo es que los lingotes de oro que extraerán de allí y se llevarán al extranjero para ser guardados en bóvedas, puede valer más que los ecosistemas formados en millones de años, y que en una década quedarán destruidos para hacer más ricos a los Benavides y a la Newmont. Así de estúpida es la lógica de la época que nos toca vivir.

Evasión fiscal de las Transnacionales I

Por mandato de los países ricos -hoy en crisis económica-, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó hace unas semanas un informe denominado Addressing Base erosion and profits shifting (abordando la evasión fiscal y la deslocalización de utilidades), que se centra en el comportamiento tributario de las grandes trasnacionales.
Una de las principales conclusiones es que estas gigantes corporaciones ni pagan lo que deberían, ni tributan donde generan su renta, afectando las cajas fiscales, tanto de los países en desarrollo, como la de los países desarrollados. Es por eso que el propio G20 pidió a la OCDE que estudiara el tema. 
Uno de los más decididos a tomar acciones que eviten este sangrado de recursos ha sido el ministro de finanzas de Reino Unido, George Osborne, quien le ha puesto la mira al mecanismo de evasión: “manipulación de precios de transferencia”, por el cual, las transnacionales hacen una jugada contable con sus filiales, sub-valuando o sobre-valuando bienes y servicios, para no pagar impuestos. 
Según la ONG Británica Christian Aid, las afirmaciones más destacables en el informe de la OCDE son: 
· La evasión fiscal de las transnacionales es un grave riesgo para los ingresos fiscales, la soberanía fiscal y la equidad fiscal de todos los países. 
· Las estrategias de las transnacionales para trasladar ganancias reducen al mínimo el pago de impuestos y erosionan la base fiscal. 
· Las reglas fiscales internacionales vigentes, elaboradas hace 80 años no han seguido el ritmo de la evolución del entorno empresarial. 
· El actual sistema fiscal internacional permite y anima a las transnacionales a eliminar o reducir significativamente sus impuestos. 
· La evasión fiscal de las transnacionales les proporciona más competitividad en relación con las empresas que operan a nivel nacional. “Lo que está en juego es la integridad del impuesto de las empresas”. 
· Las transnacionales no están pagando sus impuestos en los países donde obtienen sus beneficios. 
· Si los demás contribuyentes, incluyendo los ciudadanos de a pie, perciben que las transnacionales pueden legalmente evitar pagar su parte justa de impuestos, empezarán a hacerlo también. 
· La acción unilateral no va a resolver el problema. Se requiere de un enfoque integral y amplio. Cualquier solución que se adopte debe tener en cuenta las consecuencias en otros países. 
Los recientes escándalos de Amazon, Google, Ikea, Nestlé, Carrefour, Starbucks y otras más, demuestran que las corporaciones transnacionales siguen una estrategia empresarial global para evadir impuestos, la cual se ampara en todo ese cuerpo jurídico de protección de inversiones que tanto defienden los tecnócratas neoliberales.

Hugo Chávez y la integración regional

En 1998, dos hechos anticipaban lo que sería la primera década del nuevo siglo.
De un lado, la II Cumbre de las Américas en Santiago de Chile (18 y 19 de abril) terminaba con una declaración en la que los mandatarios instruían a sus ministros a iniciar las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), para que a más tardar en 2005 concluya. La foto del evento fue elocuente. Bill Clinton al centro, rodeado por los presidentes de una región completamente neoliberal, pro Washington y democrática en los únicos términos en que se puede serlo, bajo las directivas del FMI y del Banco Mundial. 
De otro lado, el triunfo electoral de Chávez en Venezuela (6 de diciembre) con más del 55 por ciento de los votos, expresaba el descontento a las políticas del Consenso de Washington en uno de los países más importantes de este lado del continente; y al mismo tiempo una resistencia social que empezaba a tomar forma en la región, que luego confluyo en una enorme campaña contra el ALCA. 
Estos dos eventos en 1998, marcaron el inicio de una disputa entre dos modelos políticos en Nuestra América. Uno, el de la hegemonía norteamericana al son de sus grandes capitales, y otro, el chavista en su sentido más amplio, que procuraba voz propia a nivel regional, imponiendo condiciones a la inversión extranjera. 
Al cabo de una década de influencia chavista, pasamos de ser efectivamente el patio trasero de Estados Unidos (con excepción de Cuba); a la construcción de UNASUR, CELAC y otros mecanismos de integración. 
Desde que ganó Chávez, uno a uno, varios gobiernos de la región empezaron a ser asumidos por sectores progresistas: Lula (2002), Kirchner (2003), Evo (2006), Correa (2007), Lugo (2008). 
Previamente, en 2001, se realizó en Brasil el primer Foro Social Mundial, con una articulación de organizaciones sociales que se oponía abiertamente al neoliberalismo y que en sus ediciones siguientes empezó a invitar a los nuevos presidentes como oradores centrales. 
El resultado fue la derrota del ALCA en la V Cumbre de las Américas a finales del 2005. A lo que luego le seguirían las importantes cumbres de la Comunidad Sudamericana (CASA) del 2006 en Cochabamba y del 2007 en Isla Margarita, donde bajo el liderazgo de Chávez y Evo Morales se cocinó la Unión Suramericana de Naciones que tomó forma definitiva en Brasilia en el 2008. 
Fueron años de ofensiva política en la región contra la influencia estadounidense, coronados en el 2010 con la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que en enero del 2013 tuvo su primera cumbre birregional con Europa. 
Al margen de la contraofensiva de los TLC y la Alianza del Pacífico que divide a la región en dos, nadie podrá negar que uno de los principales legados de Hugo Chávez es la integración regional, en donde el Perú sigue siendo un territorio en disputa.

Libre comercio como arma geopolítica

Poco se conoce en el Perú del Tratado Trans Pacífico (TPP), ese mega TLC que promueve Estados Unidos con sus aliados de uno y otro lado del Océano Pacífico. Perú, Chile, México y Canadá del lado americano, y Brunei, Singapur, Malasia, Vietnam, Australia y Nueva Zelanda del lado asiático y de Oceanía.

Si a esto se suma que Centroamérica, Colombia y República Dominicana entrarán de todas maneras al TPP por la maraña de TLC que los vinculan a Estados Unidos, y que Japón está anunciando su ingreso también, se configuraría una tremenda área con hegemonía gringa en el Asia Pacífico, a modo de un estatequieto a China. 
Pero eso no es todo. En el reciente discurso del presidente norteamericano, Barack Obama, todos pudimos conocer que en breve, Europa y Estados Unidos empezarán a negociar un súper TLC denominado Tratado Trans Atlántico (TTA), con lo cual el paquete está listo. 
Estados Unidos, con sus aliados del G7 (Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Japón) pasará a liderar un gran bloque (zona de influencia TPP y TTA) que significa más del 60 por ciento del comercio y del flujo de inversiones a nivel global. 
Con ello dejarán a China y el resto de los BRICS (Brasil, Rusia, India y Sudáfrica) con sus respectivas zonas de influencia, bastante debilitada. O sea un golpe en la cara al naciente CELAC del lado latinoamericano, y al ASEAN del lado oriental, como procesos de integración regional. 
No hay duda que el G1 (Estados Unidos) está operando para no perder su papel como hegemón global. Y eso de que China es la nueva potencia del siglo XXI de manera inexorable empieza a presentar dudas. 
El G7 que tuvo que ceder poder y convocar a un foro mayor con las economías emergentes para formar un G20 que diera salida a la crisis, se ha lanzado nuevamente a la ofensiva. 
De concretarse tanto el TPP como el TTA, eso de que tras la crisis tendríamos un mundo multipolar con fuerzas regionales importantes, entraría en cuestión. Y más bien se configurarían dos bloques de poder mundial, de un lado el más grande liderado por Estados Unidos, y de otro uno menor encabezado por China. 
Mientras tanto en el Perú, pensamos que los TLC son solo acuerdos que facilitan las exportaciones, y no nos damos cuenta que nuestro país es un territorio en disputa todavía, pues si se sale de la Alianza del Pacífico y del TPP, podría romper el bloque regional que ha construido Estados Unidos, para sus fines, después que en el 2005 Brasil, Venezuela y Argentina, le tumbaron su ALCA en la Cumbre del Mar del Plata.

La diminuta Pensión 65

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) ha elaborado un suplemento informativo sobre el programa “Pensión 65” y lo ha distribuido mediante diarios de circulación nacional desde hace una semana. 
Al verlo, podemos ver cómo se convirtió una excelente propuesta de Pensiones No Contributivas, en un diminuto programa social que caricaturizó la promesa electoral de Ollanta. 
Pensión 65, nombre marketero que le dio Favre a la propuesta que figuraba en el Plan “La Gran Transformación”, estaba pensado para dar el 60% de una pensión mínima a todos los ciudadanos mayores de 65 años, que no tengan jubilación, ni perciban renta de ninguna categoría, y que además residan en el Perú los últimos tres años desde presentada su petición. Se tramitaría en la Oficina Nacional Previsional (ONP) como cualquier pensión, y generaría todos los derechos obligaciones de las mismas. 
El cálculo que hizo el equipo que dirigió el economista Félix Jiménez, determinó que se trataba de más de un millón de peruanos que estaban en esta condición, y que se necesitaría algo del 1% del PBI cada año para financiarlo. 
No se tenía miedo a las alarmas actuariales, que decían que en algunos años todo el presupuesto público se iría en pensiones sociales, porque se pensaba hacer una reforma pensionaria multipilar para que todos quienes puedan aportar para su vejez, lo hagan obligatoriamente (emolienteros, kioskeros, canillitas, etc.), y que de acuerdo al nivel salarial, un trabajador aporte al sistema de reparto (para obtener una pensión básica), y cuando su sueldo lo permita, también al sistema de capitalización individual (para obtener una mejor jubilación). 
Además, como se iba a hacer una reforma tributaria de envergadura, los ingresos fiscales iban a permitir financiar sin problema (como es en varias sociedades) a aquellos que no pudieron aportar o cuyos aportes no alcanzaron. 
¿Cómo es que Pensión 65 llegó a ser un diminuto programa social que abarca solo a 253 mil adultos mayores en extrema pobreza mediante un subsidio más diminuto aún, y que no tiene ninguna de las características de una pensión? 
La propuesta original que recogió Ollanta provino de la asociación de adultos mayores ANAMPER, de los cálculos del Grupo Nacional de Presupuesto Público, y del proyecto de ley que presentó la OIT, con ANAMPER bajo el auspicio del congresista Urquizo. 
Tras ganar la primera vuelta, Kurt Burneo, en la famosa Hoja de Ruta, le asestó un golpe al introducir el concepto de focalización, reduciéndolo a algo para extremos pobres en algunas regiones del país al mejor estilo de Juntos. Ese es el esquema que tomó Castilla, para reducirlo aún más, hasta llegar a ser un Bono Gratitud (Alan García) ampliado, solo que con otro nombre.

Ollanta y el Ciadi

Al menos dos veces en citas internacionales, Ollanta ha lanzado duras críticas al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (Ciadi). Me refiero a la XXI Cumbre Iberoamericana en Paraguay (2011) y a la reciente I Cumbre Celac-UE (2013). En ambas mostró preocupación cuando al Estado se le pone en el banquillo de los acusados. Es que este tribunal de arbitraje admite demandas -como bien señala el presidente– hasta de “personas naturales” (lo que vulnera el principio de legitimidad para obrar), que ponen en jaque a varios países con laudos absurdos que generan deudas enormes a favor de inversionistas supuestamente afectados. El solo riesgo a sus ganancias es tomado por el Ciadi como una expropiación.
Es el caso de una empresa petrolera que le acaba de ganar a Ecuador una suma de dinero obscena e impagable. Y lo peor de todo es que las obligaciones surgidas de este chantaje deben ser tratadas como “deuda externa”, impactando las cuentas nacionales.
El Perú tiene varios casos pendientes en el Ciadi por varios miles de millones de dólares.
Uno de ellos ha sido formulado por una sola persona natural: Renné Levy por la quiebra de un banco, lo cual no tiene ningún sentido y a lo mejor quede en nada, pero bastó su admisión para que el gobierno peruano haya gastado decenas de miles de dólares en honorarios, viáticos y otros gastos para defenderse en Washington.
El Ciadi está bastante desprestigiado en estas épocas, pues la mayoría de sus decisiones han favorecido a las empresas demandantes en perjuicio de los Estados, porque los árbitros son escogidos por el Estado, por la parte demandante y por el Banco Mundial. Es decir un permanente 2 contra 1.
Cuando el Ciadi fue creado en la década de los sesenta, ningún país de América Latina se sometió a su competencia, pues era un atentado contra la soberanía nacional. La lógica era que el inversionista debía someterse a la jurisdicción del territorio donde decidía hacer negocios. La ley aplicable y el juez competente eran los nacionales (Doctrina Calvo).
Pero, en la década de los noventa, cuando nos aplastó la ola neoliberal, casi todos los países de la región adoptaron el convenio del Ciadi y firmaron una serie de Tratados de Bilaterales de Inversiones (TBI) donde se reconocía el papel de este tribunal para solucionar las controversias. 
El Perú tiene 30 TBI con diversos países y ha ratificado el convenio Ciadi. En los últimos 2 años hemos sido tácitamente chantajeados por la Newmont (Conga) y la Telefónica (renovación).
Es hora de declarar la nulidad de todos los TBI y de la adopción del Convenio del Ciadi. Eso debe plantearse en el seno de Unasur y allí Ollanta puede tener un importante rol.

Berkeley se opone al TPP

Quien en el Perú se podría imaginar que el Consejo de la ciudad californiana de Berkeley, reconocida por ser la sede de una de las mejores universidades del mundo, haya enviado una carta a una representante y dos senadores por el Estado de California en el Congreso de los Estados Unidos, y al propio presidente Obama manifestando su oposición a la negociación del mega tratado de libre comercio, Trans Pacific Partnership Trade Agreement (TPP). Este acuerdo que ya lleva quince rondas de negociaciones y que involucra a varios países con costa pacífica de América, Asia y Oceanía (Estados Unidos, Canadá, México, Perú, Chile, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Australia y Nueva Zelanda) dispuestos a pactar sobre temas de propiedad intelectual, protección de inversiones, liberalización arancelaria, entre otros ítems del libre comercio, se viene cocinando con un secretismo extremo. Tanto así que ni siquiera los congresistas de Estados Unidos, conocen los términos exactos de la negociación. 
Entre las preocupaciones que envuelven al TPP, destaca el aumento de los precios de las medicinas (ampliación de datos de prueba, etc.) y las prohibiciones para que la información circule libremente en internet (SOPA). En buena cuenta es un TLC mucho más agresivo que los que hemos visto hasta ahora. De ahí que la negociación se lleva en estricto privado. 
Es por eso que el Consejo Municipalidad de Berkeley expidió la Resolución 65,995-N.S. el 29 de enero pasado, en la que como ciudad se opone al TPP, tanto por su secretismo, como por los efectos negativos que implica para la economía norteamericana. 
En el primer caso, el Consejo señala que es inaceptable en una democracia la falta de transparencia en la que se cocina el TPP, lo que sienta un precedente negativo para otras negociaciones internacionales. 
En el segundo caso, el Consejo apoya el proyecto de ley presentado por el senador Sherrod Brown, denominado “Acuerdos de Libre Comercio y Acceso a Mercados en el Siglo XXI”, que defiende los intereses del pueblo norteamericano en términos de acceso real de sus productos manufacturados a otros mercados, promocionando el respeto de los derechos laborales consagrados por la OIT. Se busca desarrollo para la mayoría y no solo a un puñado de transnacionales. 
La carta con la resolución en anexo fue enviada a la representante Barbara Lee, a los senadores Dianne Feinstein y Barbara Boxer, y al presidente estadounidense el último día de enero. 
Pero esto no es aislado. Ya es conocido que las autoridades de Chile y Australia no estarían muy de acuerdo con todos los términos de la negociación, especialmente en lo que se refiere a propiedad intelectual, y eso pondría en riesgo el cierre de las negociaciones este año. 
A diferencia de Berkeley, en el Perú ni nos enteramos del riesgo del TPP. El ministerio de comercio negocia de lo más bien este acuerdo, y no se opone a nada. Es un TLC más, y ellos están convencidos por dogma de que eso es bueno y punto. 
No por gusto se ha escogido a Lima para que en mayo sea sede de la 17ª ronda de negociaciones del TPP, tras la de Singapur en marzo.

El problema del dólar no es de corto plazo

Desde que PPK anunció que al final del verano tendríamos el dólar a 2.30 soles, el tema de la caída de la divisa norteamericana ha estado en los principales análisis económicos. A pesar de que en boca de PPK todo suena a operación corporativa, no podemos soslayar que éste es el primer golpe que recibimos de la crisis de las economías desarrolladas en el 2013. 
Y no es un tema solo peruano. En Chile por ejemplo, el debate económico reciente ha sido marcado por el presidente de su Banco Central, dando a conocer medidas para evitar la constante apreciación del peso chileno frente al dólar. 
Es un tema, que a excepción de Venezuela y Argentina –donde tienen otra política cambiaria- toca a todas las economías de Nuestra América afectando tanto al sector exportador, como a los que producen para el mercado interno. Como bien lo ha explicado el análisis de Otra Mirada, solo los importadores se benefician con un dólar barato, mientras que cae el empleo. 
No obstante que hemos visto al dólar caer casi imparablemente desde inicios del siglo en al menos 30 por ciento respecto al sol; casi todos los economistas locales –tanto neo clásicos como keynesianos- encuentran soluciones muy de corto plazo, y todas ellas con la intervención del Banco Central y del Ministerio de Economía y Finanzas. 
Unos piden que el BCR eleve el límite que tienen las AFP para sacar plata al extranjero. Otros que el MEF genere aún más superávit fiscal. Hay quienes solo le apuestan a la flotación sucia. 
Los más serios piden control de capitales, pero casi ninguno cuestiona el esquema monetario mundial en el que el dólar es la moneda de reserva y de intercambio más usada, a pesar de pertenecer a la economía más endeudada del mundo en términos absolutos y una de las más endeudadas en términos relativos. 
Es fundamental que la reciente Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) trabaje seriamente en promover lo que se denomina “señoriaje” sobre la unidad en la que guarda la mayor parte de sus ahorros y en la que realiza su intercambio comercial intrarregional y extraregional. 
Ampliar el alcance de mecanismos como el Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE) que hoy por hoy ya tiene el equivalente a 1200 millones de dólares en operaciones, especialmente entre Venezuela y Ecuador, es algo que se debería considerar. Pero claro, muchos que piensan que la economía es ciencia exacta se ríen de lo que consideran como puro chavismo. 
Al menos deberían discutir sobre la reforma del mecanismo de créditos recíprocos entre bancos centrales en el marco de ALADI, a fin de que se permita compensar no solo en dólares y no solo en Nueva York. 
En medio del panorama del recrudecimiento de la crisis, deberíamos enfocarnos en construir una nueva arquitectura financiera regional, y tener una malla monetaria latinoamericana que permita intercambiar sin pasar por el dólar con Europa por ejemplo, ya que los europeos tienen su propia malla denominada Sistema Target. Pero el debate económico peruano es tan pobre, que éstos y otros temas de primer orden ni se miran.

La importancia del CELAC-UE

Me ha dado mucha risa el artículo que ha publicado Mariano Rajoy, jefe del gobierno español de visita por Lima, en El Comercio el jueves pasado. Se pone a pontificar sobre las bondades del crecimiento económico peruano como quien da clases. Rajoy dice algo como así se hace muchachos, y al mismo tiempo España tiene a millones de españoles sin empleos y está que se desbarranca con una deuda que supera en varias veces su producción. España cruza los dedos para no quebrar, aunque en quiebra están hace rato. 
Están hasta las patas. Pero ojo, España hace cinco años mostraba las mismas cifras macroeconómicas que el Perú. 
Con todo, el artículo de Rajoy es cómo escrito por alguien que tiene éxito, que en el caso de España son puras cifras en rojo. Francamente, Es como para que se lleve la “concha del año”. 
Pero así es el colonialismo, y eso no solo se muestra en sus palabras, sino en que los bancos españoles como el BBVA, Santander y otros hacen miles de millones en América Latina, para luego repatriar sus utilidades para contribuir en algo con la hecatombe ibérica. Es como que nos dice: sigan así muchachos, sigan financiando nuestras deudas. 
Es que según especialistas como el mexicano Manuel Pérez Rocha, el BBVA hace aproximadamente el 30 por ciento de sus utilidades solo en México. En el Perú pasa lo mismo, con las tremendas tasas que cobran a través de sus tarjetas de crédito y otros productos financieros. Ni que decir de Telefónica. La hacen linda por estas tierras. 
Y todo eso tiene que ver con los intereses que se muestran en el Acuerdo Multipartes que ha firmado la Unión Europea con Perú y Colombia, y con el Acuerdo de Asociación (AdA) que ha suscrito con Centroamérica. 
Están buscando mercados y beneficios para sus inversiones, con el fin de generar utilidades en otras regiones para amenguar la tremenda crisis económica que afrontan. 
Es por eso la importancia que en Santiago de Chile se produzca la I Cumbre CELAC-UE y no un sétimo encuentro ALC-UE. Eso es un símbolo de lo que se ha avanzado en una década, desde que aparecieron los primeros gobiernos progresistas en la región. 
Pues tras seis reuniones bianuales entre los países de Europa y los de este lado del planeta, es la primera vez que Nuestra América se presenta como un solo bloque, bajo el sombrero de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 
A diferencia de las seis citas anteriores con Europa: ALC-UE (1999, 2002, 2004, 2006, 2008 y 2010) donde los Estados europeos asistían con intereses en bloque, y los de nuestra región sin mayor articulación compitiendo muchas veces en el ámbito bilateral; en esta ocasión, los intereses de los países de América del Sur, Mesoamérica y El Caribe se presentan al menos reunidos en una gran instancia. 
No quiere decir que por arte de magia, las visiones de países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Brasil o Argentina, sean las mismas que las de México, Perú, Chile o Colombia en temas como los del comercio. Pero al menos se articularon las grandes coincidencias regionales en el caso de la migración, la cooperación, la inversión en tecnología o el diálogo político bajo una gran voz.

Otra vez la trampa de las reservas

Muchos analistas han celebrado que el Perú haya terminado el 2012 con 63 mil 991 millones de dólares de reservas internacionales. Lo que en su mirada nos hace menos vulnerables frente a la crisis de las economías desarrolladas. A nivel regional, el Perú ocupa el segundo lugar en nivel de reservas respecto del PBI con un 32%. Muy por encima de sus socios de la Alianza del Pacífico: Chile (15%), México (14%) y Colombia (8%). 
Solo nos gana Bolivia con casi 50% de su PBI como reservas internacionales. Muchos propagandistas del modelo de los TLC y la echada ante la inversión extranjera, esconden este último dato, porque los bolivianos tienen más reservas que nadie respecto de su producción por estos lares, y a ellos no les tiembla la mano para nacionalizar, salirse del CIADI, denunciar Tratados de Protección de Inversiones y repudiar TLCs. 
Pero al margen de quién tiene más plata para equilibrar la balanza de pagos o intervenir en el tipo de cambio, ¿acumular tantas reservas es bueno para el Perú, con tantos déficits que cubrir y donde millones viven en crisis hace décadas? 
El Perú tiene demasiadas reservas, lo que le origina altos costos (de oportunidad y financieros) que deben calcularse. 
La mayor parte de reservas internacionales que tiene a su cargo el BCRP, están invertidas en valores de corto y largo plazo (49 mil 118 millones de dólares), la mayoría emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos, que se da el lujo de pagarnos casi 0% de interés, porque por una convención del sistema (hoy en crisis) esos papeles tienen la calificación AAA. 
En cambio, en oro (cuyo precio ha subido sostenidamente) solo tenemos el equivalente a 1 mil 675 millones de dólares. Ni el 5% de la posición de cambio de nuestras reservas. 
Asimismo, de los 63 mil 991 millones de dólares de reservas, solo le pertenecen al Estado peruano 46 mil 63 millones (posición de cambio), pues el resto (17 mil 928 millones) son obligaciones de corto plazo con residentes, en donde están los encajes bancarios por ejemplo. O sea plata de privados. 
De lo nuestro, el 65% está nominado en dólares, con todo el costo financiero que ocasiona su volatilidad. Basta decir que en los últimos 10 años esa moneda se ha depreciado en casi 30% respecto al sol. 
¿Qué hace casi toda nuestra plata de reserva en bonos del tesoro gringo y en dólares? 
La gestión de las reservas podría incluir financiar proyectos rentables en el Perú, y servir al mismo tiempo de aporte para una nueva arquitectura financiera regional con fondos de estabilización monetaria, fondos para bonos, etc. en América del Sur, en lugar de contribuir a cubrir el déficit norteamericano. 
Eso de festejar en automático el alto nivel de las reservas porque sí, y encima enseñarles a los estudiantes de economía en el país que lo hagan, es patético. En países como Argentina hace rato entraron al debate y ya hay propuestas como las que dicen que el nivel óptimo de reservas es de solo el 10% del PBI para atender a las crisis externas. El resto origina más costos que beneficios.

El Congreso y el modelo

Qué triste que más importante que el debate del presupuesto público en el Congreso, haya sido el propio salario de los congresistas. La gente, desde el gerente de un banco hasta el guardián de un edificio, sabía que los parlamentarios se estaban doblando la remuneración. En cambio muy pocos son los que se enteran que el presupuesto 2013, así como todos los anteriores, se aprobó en el Parlamento Nacional en noviembre pasado (en realidad poco se puede hacer con el presupuesto allí, ya que todo lo define el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con eso de que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, según la Constitución fujimorista de 1993.Entonces, ¿para qué sirve un Congreso como el que tenemos si hasta los cambios en la legislación tributaria del 2012 fueron hechos por el Ejecutivo vía Decreto Legislativo?
Lo tributario y fiscal, que hace siglos hiciera que se creara la institución de representación ciudadana en Inglaterra, son los temas que el Congreso peruano o no discute, o no tiene la capacidad de encarar.
Pero no se trata de elegir mejor. Lo que pasa es que el modelo económico neoliberal requiere precisamente de Congresos endebles, raquíticos, que no discutan, que no hagan política, sino politiquería; mientras que la tecnocracia maneja desde el Poder Ejecutivo todo el país.
Un Congreso que represente bien, sería el peor obstáculo para mantener el modelo neoliberal. Por eso a los Castilla y compañía, les es funcional un Congreso mediocre.
¿Quién fue el presidente de la Comisión de Presupuesto que aprobó sin chistar la propuesta del MEF para el 2013? El oficialista Josué Gutiérrez, que estaba con tremendo roche por haber acompañado a Alexis Humala en el famoso viaje a Rusia. Ese era el perfil ideal que necesitaba Castilla para que pase sin problemas su propuesta que prioriza el superávit antes que los derechos de la población.
Un Congreso que realmente represente la correlación de fuerzas que se impuso el 5 de junio del 2011, discutiría cosas como:

1. La denuncia del CIADI y los tratados bilaterales de protección de inversiones (TBI) que mantenemos con varios países de donde provienen los grandes capitales que se enriquecen en el Perú. Por ejemplo, Telefónica. Con España tenemos un TBI y por eso se amenaza al gobierno con una demanda internacional si no se renueva su concesión o se le cobra lo que debe a la Sunat.

2. El régimen de los recursos naturales en el país, buscando modificar el artículo 66 de la Constitución, que señala que los concesionarios de dichos recursos tienen derechos reales sobre ellos.

3. El fin del rol subsidiario del Estado, para que las empresas estatales estratégicas (las existentes y las que vengan) puedan ser fortalecidas en serio.

4. Una reforma tributaria de verdad y la eliminación de los candados constitucionales que impiden que el Congreso defina el presupuesto.

Eso y un largo etc. de reformas institucionales es lo que debe discutir el Congreso que merecemos. Pero mientras el modelo económico que genera extrema riqueza en la minoría siga vigente, tendremos este modelo congresal inútil y mediocre.