El Presupuesto 2012

La única ocasión en que el Congreso de la República logra importantes modificaciones al presupuesto público propuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), es cuando llega un nuevo gobierno.
Incluso se reajusta hacia arriba el propio monto de referencia del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA). Por eso la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República es clave este año en el que tenemos cambio de mando. Y el liderazgo necesario para la presidencia de esta Comisión, además de tener experiencia en este tema, necesita la suficiente muñeca política como para lidiar con las inercias del MEF, al tiempo que negocia con la oposición congresal.
Pero hoy la tarea se complejiza más. Pues a la cabeza del MEF se encuentra el mismo que desde marzo de este año empezó a cocinar un presupuesto con una orientación completamente diferente a la de la Gran Transformación. Miguel Castilla, viceministro de hacienda de García y hoy Ministro de Economía recién jurado de Humala, viene con una lógica de ajuste que debe cambiar drásticamente si quiere estar a tono con la oferta electoral de Gana Perú.
Pues, además del inicio de Pensión 65 y los programas sociales ofrecidos en campaña, tendrá que garantizar la inversión en educación, salud, nutrición infantil, mejorar las condiciones de los trabajadores estatales y otras demandas sociales postergadas.
Felizmente que en los últimos dos años, la bancada nacionalista ha tenido un papel destacado en el debate presupuestal, presentando verdaderos presupuestos alternativos a manera de dictámenes en minoría a los proyectos oficialistas de presupuesto, equilibrio financiero y endeudamiento, partiendo de una estimación propia de las cifras macroeconómicas como la proyección del crecimiento y las metas de inflación. Esta tarea fue hecha de la mano de organizaciones sociales reunidas en el Grupo Nacional de Presupuesto Público.
En estos documentos, sustentados por los nacionalistas en noviembre del 2009 y 2010, se costean las pensiones no contributivas, los bonos habitacionales necesarios para reconstruir Pisco, el aseguramiento universal de salud, el incremento en ciencia y tecnología, y hasta reparaciones para las víctimas de la violencia interna, demostrándose que con una reorientación de 5 mil 400 millones de soles cada año (un 1.4% del PBI aproximadamente) se pueden hacer grandes cosas.
Con un enfoque distinto de lo que ha sido la distribución de la torta presupuestal por años, hoy se puede dar un golpe de timón y convertir el presupuesto nacional en una herramienta de inclusión y desarrollo.

Velarde y Castilla

Es bien complicado entender que el actual presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, sea ratificado en su cargo, cuando hace poco se mostró totalmente en contra –sin mayor sustento- del impuesto a la sobreganancias mineras y del aumento del salario mínimo, propuestas centrales en la hoja de ruta del nuevo gobierno y por las que votó la mayoría. Igual de difícil es encontrar la lógica de que el viceministro de hacienda de Alan García, Luis Miguel Castilla, colocado por Mercedes Araoz y mantenido por Ismael Benavides, ambos opositores al nacionalismo humalista, sea el que maneje la caja fiscal en el gobierno de Ollanta.
Velarde, fue jefe del plan de gobierno del PPC en el 2006 al cual se enfrentó Humala. Y Castilla el que desde hacienda (el viceministerio más odiado por todos los sectores, pues es el que mete tijera sin mayor contemplación) ejecutó los recortes presupuestarios impulsados tanto por Araoz como por Benavides.
Pero ahora ambos representan la punta de lanza de la derecha derrotada en junio, que se mete por la ventana al gobierno y que sin duda será la camisa de fuerza – al menos por el momento – para los cambios que esperan millones de peruanos.
Y eso de que hay que mandarle buenas señales al mercado, que equivale a decir que aunque haya ganado la “gran transformación”, el MEF y el BCR siempre deben ser dirigidos por los operadores de “la gran continuación”, me suena más a chantaje que al mejor funcionamiento de la economía.
Pues ahora pocos se acuerdan que tanto el MEF como el BCR de la era García tuvieron los reflejos de un borracho cuando se inició la crisis global, y si no hubiera sido porque los precios de los minerales cayeron solo por unos meses y nuevamente se ubicaron a niveles pre crisis, el 2009 no hubiera cerrado con 0.9% de crecimiento, sino con mucho menos.
El frenazo del crecimiento que pasó de una velocidad de 9.8% con el que cerramos el 2008, a menos de 1 para el siguiente año, fue resultado directo de la lentitud de Velarde en bajar la tasa de interés y de aplicar un plan anticrisis tardío por parte de los economistas que hoy celebran con júbilo el nombramiento de Castilla.
Un amigo me dijo que el costo de una táctica electoral centrista se paga a la hora de gobernar. Hoy lo vemos claramente. Incluso, las banderas que no fueron arriadas y que constituyen el único bastión de cambio del nuevo gobierno: impuesto a la sobreganancias mineras, nacionalización del gas del lote 88 y la entrada en vigencia de algunas políticas redistributivas, están hoy, en riesgo de ser saboteadas desde dentro.

Estados Unidos ya no es lo que era

Parece mentira que la moneda de reserva mundial siga siendo la de la economía más endeudada del mundo. El dólar se ha venido depreciando en casi toda América del Sur distorsionando el comercio intrarregional en la última década. El importador Chileno de café de Colombia que tiene que cambiar sus pesos a dólares para pagar la mercadería, y luego el exportador colombiano que hace la misma operación al recibir su pago, están expuestos a una gran inestabilidad cambiaria. Y a parte del negocio del banco intermediador, la volatilidad del dólar es nociva, pues genera pérdidas de competitividad innecesarias.
Cuando el dólar era más o menos estable y la economía norteamericana sólida, esta lógica nacida del Acuerdo de Bretton Woods tenía sentido. Pero hoy, que la deuda estadounidense alcanza los 14 billones de dólares y va en aumento, las agencias calificadoras de riesgo están a punto de bajarle la nota a Estados Unidos, lo que significaría que el Tesoro norteamericano ya no sería lo más seguro del mundo y eso lo cambia todo.
Si Estados Unidos pierde su AAA, ya no sería conveniente depositar casi el 80% de nuestras reservas internacionales en sus arcas. No habría necesidad de financiar su déficit fiscal, pues desde hace años la tasa de interés es casi cero y el costo de oportunidad de tener nuestro ahorro allí, enorme. Si el riesgo se sincera, el inicio de una gran reforma monetaria mundial ya no se podría escamotear.
Ante la posibilidad creciente de que Estados Unidos no pueda seguir pagando el servicio de su deuda, la agencia Moddy´s ha puesto en revisión su calificación. Y Standard & Poor’s y Fitch no tardarían en actuar en la misma dirección si el riesgo de cesación de pagos se mantiene.
Y eso ha puesto una papa caliente en el Congreso, donde tanto demócratas como republicanos tendrán que ponerse de acuerdo para de una vez por todas, ponerle un hasta aquí al constante endeudamiento, y eso de todas maneras implica un ajuste del gasto que va a tener un gran impacto en sus ciudadanos.
La espada y la pared es lo que mejor describe esta situación. Pues sea en el escenario de ajuste o de default, la caída del dólar como gran moneda mundial está a la vista.Así las cosas, propuestas como las de una unidad de cuentas sudamericana, que saque al dólar del comercio en la región cobrará mucha fuerza. O que las reservas peruanas se queden en un fondo sudamericano de estabilización monetaria en lugar de ir a la reserva federal ya no sonará a herejía. Una nueva arquitectura financiera se empieza a dibujar al tiempo que Estados Unidos pierde hegemonía.

Subsidiariedad, Contratos Ley y Recursos Naturales

Una de las cosas que me quedan más claras del proceso de transferencia de la administración de García a Humala, es que el actual aparato estatal basado en la Constitución del 93, no sirve ni siquiera para que el crecimiento económico genere inclusión social. Mucho menos para solucionar los problemas políticos que plantea un país como el nuestro, tan heterogéneo culturalmente, tan desigual económica y socialmente, y tan excluyente en la distribución del poder.

Además de su actual despelote orgánico y corrupción instalada cual metástasis, el Estado peruano de estos tiempos está diseñado para que sin ninguna orientación de adónde ir, se deje todo en las manos del mercado, así se trate de asuntos estratégicos como la energía; se proteja excesivamente a la inversión extranjera, incluso a costa de derechos laborales y de recaudación justa de impuestos; y se entregue a consorcios privados la propiedad de los minerales o el gas.
Ese es el modelo económico peruano. El de los artículos 60, 62 y 66 de la Carta Magna que nos dejó el Fujimorismo, donde se establece el rol subsidiario del Estado, los contratos-ley con la inversión privada, y el otorgamiento de derechos reales a los concesionarios de los recursos naturales. Ni en Chile.
Es el modelo de la ausencia total de políticas sectoriales con el cuento de que salvo la macroeconomía, todo es ilusión. Que basta tener estabilidad monetaria y fiscal y algunos programas sociales para darnos como bien servidos. Y que gobernar se reduce a privatizarlo todo y firmar Tratados de Libre Comercio.
No suben los salarios reales pese al aumento de las utilidades de las empresas. No hay apuesta por tecnología ni por calificación laboral y la competitividad se basa más en el cholo barato que en la búsqueda de productividad. En ese esquema, hablar de planificación o de negociación colectiva es casi un acto subversivo.
Y así, en plena crisis global, no tenemos instrumentos constitucionales para poder por ejemplo, promover nuestro mercado interno, cuando hasta el propio consejero económico del FMI, Olivier Blanchard, lo recomienda
Pero como nada está escrito sobre piedra, ni siquiera la Constitución, lo que parecía irreversible puede revertir. Y a pesar que los voceros del neoliberalismo local no se cansan de caricaturizar la propuesta de cambio constitucional, pueden evitar que cada vez más se hable de eliminar la subsidiariedad estatal, replantear los contratos-ley y revisar la propiedad de los recursos naturales. Es el debate colocado por el pueblo en las calles y en las urnas.

Pensión 65: Universal, Solidaria y Vitalicia

Aunque fue durante la reciente campaña electoral cuando las Pensiones No Contributivas se hicieron famosas bajo el marketero nombre de Pensión 65; esta propuesta de Ollanta Humala de otorgar 250 soles a todos los ancianos sin ingresos data de años atrás.
La primera vez que la oí nombrar como propuesta de política pública para el Perú, fue en la preparación de la X Conferencia Nacional de Desarrollo Social (CONADES) en el 2005. Los impulsores eran los dirigentes de ANAMPER, la Asociación Nacional de Adultos Mayores del Perú.
Luego de ser asumida en varios espacios de sociedad civil, la propuesta pasó a ser discutida en algunas instancias del Congreso de la República. Durante dos años consecutivos, 2009 y 2010, la bancada nacionalista presentó sendos dictámenes en minoría de la ley de presupuesto, en los que a solicitud del Grupo Nacional del Presupuesto Público, se incluía el otorgamiento progresivo de dichas pensiones como parte del gasto estatal.
De igual forma, en la Comisión de Seguridad Social del Parlamento, los integrantes de la bancada nacionalista promovieron el Proyecto de Ley 04213/2010, que hasta el momento es la propuesta normativa más avanzada sobre Pensiones No Contributivas en el país, porque se les da un carácter de universales, solidarias y vitalicias, a condición de ser peruano o peruana mayor de 65 años y no tener ninguna pensión pública y/o privada, ni ingresos o renta alguna acreditada por la administración tributaria, y residir en el Perú no menos de tres años antes de presentar la solicitud.
Además, se establece que la Oficina Nacional Previsional (ONP) se encargará de certificar el trámite y viabilizar su ejecución. También se determina el monto de cada pensión no contributiva en 60% de la pensión mínima (que hoy asciende a 415 soles), o sea 249 soles aproximadamente.
Es de ahí de donde sale la oferta electoral de Humala que hoy todos conocemos como Pensión 65. Universal, porque abarca a todos los sin pensión. Solidaria, porque los recursos salen de los impuestos que pagamos todos, incluso los beneficiarios. Y vitalicia, porque las pensiones son un derecho y no un bono o subsidio que más tarde se puede eliminar.
Pretender focalizarla en pobres extremos o lo que es peor, restringirla a algunas regiones con el cuento de comenzar por ahí, como rezan las políticas neoliberales, sería un grave error. Felizmente, la propuesta de Ollanta reposa directamente en el proyecto de Ley 04213/2010. Y es por eso, por lo que ha votado la mayoría.