Además de su actual despelote orgánico y corrupción instalada cual metástasis, el Estado peruano de estos tiempos está diseñado para que sin ninguna orientación de adónde ir, se deje todo en las manos del mercado, así se trate de asuntos estratégicos como la energía; se proteja excesivamente a la inversión extranjera, incluso a costa de derechos laborales y de recaudación justa de impuestos; y se entregue a consorcios privados la propiedad de los minerales o el gas.
Ese es el modelo económico peruano. El de los artículos 60, 62 y 66 de la Carta Magna que nos dejó el Fujimorismo, donde se establece el rol subsidiario del Estado, los contratos-ley con la inversión privada, y el otorgamiento de derechos reales a los concesionarios de los recursos naturales. Ni en Chile.
Es el modelo de la ausencia total de políticas sectoriales con el cuento de que salvo la macroeconomía, todo es ilusión. Que basta tener estabilidad monetaria y fiscal y algunos programas sociales para darnos como bien servidos. Y que gobernar se reduce a privatizarlo todo y firmar Tratados de Libre Comercio.
No suben los salarios reales pese al aumento de las utilidades de las empresas. No hay apuesta por tecnología ni por calificación laboral y la competitividad se basa más en el cholo barato que en la búsqueda de productividad. En ese esquema, hablar de planificación o de negociación colectiva es casi un acto subversivo.
Y así, en plena crisis global, no tenemos instrumentos constitucionales para poder por ejemplo, promover nuestro mercado interno, cuando hasta el propio consejero económico del FMI, Olivier Blanchard, lo recomienda
Pero como nada está escrito sobre piedra, ni siquiera la Constitución, lo que parecía irreversible puede revertir. Y a pesar que los voceros del neoliberalismo local no se cansan de caricaturizar la propuesta de cambio constitucional, pueden evitar que cada vez más se hable de eliminar la subsidiariedad estatal, replantear los contratos-ley y revisar la propiedad de los recursos naturales. Es el debate colocado por el pueblo en las calles y en las urnas.
Ese es el modelo económico peruano. El de los artículos 60, 62 y 66 de la Carta Magna que nos dejó el Fujimorismo, donde se establece el rol subsidiario del Estado, los contratos-ley con la inversión privada, y el otorgamiento de derechos reales a los concesionarios de los recursos naturales. Ni en Chile.
Es el modelo de la ausencia total de políticas sectoriales con el cuento de que salvo la macroeconomía, todo es ilusión. Que basta tener estabilidad monetaria y fiscal y algunos programas sociales para darnos como bien servidos. Y que gobernar se reduce a privatizarlo todo y firmar Tratados de Libre Comercio.
No suben los salarios reales pese al aumento de las utilidades de las empresas. No hay apuesta por tecnología ni por calificación laboral y la competitividad se basa más en el cholo barato que en la búsqueda de productividad. En ese esquema, hablar de planificación o de negociación colectiva es casi un acto subversivo.
Y así, en plena crisis global, no tenemos instrumentos constitucionales para poder por ejemplo, promover nuestro mercado interno, cuando hasta el propio consejero económico del FMI, Olivier Blanchard, lo recomienda
Pero como nada está escrito sobre piedra, ni siquiera la Constitución, lo que parecía irreversible puede revertir. Y a pesar que los voceros del neoliberalismo local no se cansan de caricaturizar la propuesta de cambio constitucional, pueden evitar que cada vez más se hable de eliminar la subsidiariedad estatal, replantear los contratos-ley y revisar la propiedad de los recursos naturales. Es el debate colocado por el pueblo en las calles y en las urnas.
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