Eso equivale a decir que un país no puede objetar una concesión, así se haya hecho mal, o aprobado en medio de actos de corrupción, o cuya aplicación vulnere derechos de la población, porque inmediatamente te amenazan con la cantaleta del arbitraje internacional en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias en materia de Inversiones (Ciadi), cuyos árbitros se centran en el propio contrato y no en las circunstancias que lo hacen injusto. Y no quiero decir que éste sea específicamente el caso de Conga, pero no puedo dejar de sentir que en todo esto hay un tremendo chantaje.
Por ello, varias organizaciones de América Latina, reunidas en la Alianza Social Continental, que congrega a movimientos sociales, centros de investigación, gremios de trabajadores e instituciones de desarrollo, vienen impulsando una campaña denominada No Ciadi, cuyo objetivo central es que los países de la región denuncien el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados que dio nacimiento al Ciadi, y todos aquellos tratados bilaterales de inversión y de libre comercio, o sus cláusulas respectivas, que hagan referencia al Ciadi como mecanismo de solución de controversias.
Claro que, aun después de la denuncia de estos instrumentos, tendríamos que esperar varios años para que la competencia de Ciadi pierda eficacia. Además, esto no puede ser hecho de manera aislada, y si bien Ecuador y Bolivia ya empezaron este proceso, lo cierto es que debe ser en el marco de la Unasur donde se discuta la iniciativa de dejar atrás el arbitraje sustentado en el Banco mundial, y avanzar hacia otro esquema de arreglo de diferencias entre inversionistas y Estados en América del Sur, porque precisamente nuestra región es la que tiene más procesos abiertos en el Ciadi.
Ahora bien, en esta línea, hay dos posturas. Una, basada en la jurisdicción nacional. Es decir, si alguien quiere invertir en un determinado país sudamericano, deberá someter cualquier controversia a sus tribunales internos o a mecanismos creados dentro de los mismos. Esta es una posición que podemos calificar como “soberana”, y quienes la defienden no dudan en poner el ejemplo de Brasil, país que no es parte del Ciadi, ni tiene ningún tratado bilateral que remita a éste.
De otro lado, está la postura “regionalista”, cuyos defensores afirman que se tiene que dar garantía a la inversión extranjera, de un mecanismo de solución de controversias independiente y neutral, pero que a diferencia del Ciadi, incluya criterios de derechos humanos, de lucha contra la corrupción, entre otros. La idea en este caso es que se construya una especie de Ciadi del sur, que se encargue de ver todos los conflictos derivados de controversias entre inversionistas y Estados en el territorio sudamericano y en el marco de la Unasur.
Como fuere, cada vez se hace más urgente explorar todas las rutas posibles para liberarnos del chantaje de las inversiones.
Por ello, varias organizaciones de América Latina, reunidas en la Alianza Social Continental, que congrega a movimientos sociales, centros de investigación, gremios de trabajadores e instituciones de desarrollo, vienen impulsando una campaña denominada No Ciadi, cuyo objetivo central es que los países de la región denuncien el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados que dio nacimiento al Ciadi, y todos aquellos tratados bilaterales de inversión y de libre comercio, o sus cláusulas respectivas, que hagan referencia al Ciadi como mecanismo de solución de controversias.
Claro que, aun después de la denuncia de estos instrumentos, tendríamos que esperar varios años para que la competencia de Ciadi pierda eficacia. Además, esto no puede ser hecho de manera aislada, y si bien Ecuador y Bolivia ya empezaron este proceso, lo cierto es que debe ser en el marco de la Unasur donde se discuta la iniciativa de dejar atrás el arbitraje sustentado en el Banco mundial, y avanzar hacia otro esquema de arreglo de diferencias entre inversionistas y Estados en América del Sur, porque precisamente nuestra región es la que tiene más procesos abiertos en el Ciadi.
Ahora bien, en esta línea, hay dos posturas. Una, basada en la jurisdicción nacional. Es decir, si alguien quiere invertir en un determinado país sudamericano, deberá someter cualquier controversia a sus tribunales internos o a mecanismos creados dentro de los mismos. Esta es una posición que podemos calificar como “soberana”, y quienes la defienden no dudan en poner el ejemplo de Brasil, país que no es parte del Ciadi, ni tiene ningún tratado bilateral que remita a éste.
De otro lado, está la postura “regionalista”, cuyos defensores afirman que se tiene que dar garantía a la inversión extranjera, de un mecanismo de solución de controversias independiente y neutral, pero que a diferencia del Ciadi, incluya criterios de derechos humanos, de lucha contra la corrupción, entre otros. La idea en este caso es que se construya una especie de Ciadi del sur, que se encargue de ver todos los conflictos derivados de controversias entre inversionistas y Estados en el territorio sudamericano y en el marco de la Unasur.
Como fuere, cada vez se hace más urgente explorar todas las rutas posibles para liberarnos del chantaje de las inversiones.
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