Minería: nuevo esquema

El oro, cobre, plata, zinc y demás metales que se encuentran en nuestro territorio y cuya extracción y venta genera miles de millones de dólares para grandes empresas privadas, en su mayoría extranjeras; proveen también a la administración del Estado una parte considerable de sus ingresos, claro, que en mucha menor cantidad que para las mineras, con nuevo gravamen y todo.
Al mismo tiempo, ocasionan los más graves conflictos socio-ambientales, como estamos viendo hoy en Cajamarca.
El problema es que el esquema actual de esta actividad extractiva se basa en concesiones mineras a privados, reguladas en primer término por la Constitución de 1993 y detalladas en la Ley General de Minería y otras normas. Este esquema fue diseñado durante la dictadura Fujimorista, cuando no había Congreso, y es el corazón de los conflictos mineros que hoy enfrentamos.
Hace algunos años, Ollanta Humala describió esto mejor que nadie, cuando nos dijo que “los recursos naturales del país, mientras estén en el subsuelo, pertenecen al pueblo peruano, pero una vez que salen a la superficie ya no pertenecen al pueblo peruano sino a los que lo extraen”.
Se refería, entre otras normas, al artículo 66 de la Constitución peruana que establece que la concesión otorga a su titular un derecho real y eso se refiere a la propiedad.
Y podemos hacer un esfuerzo y entender que en los primeros años de la década de los noventa estábamos en bancarrota y fuera del sistema financiero internacional y no nos quedaba más opción que atraer inversión extranjera dándole buenos incentivos: se concesiona desde Lima, se entrega el agua necesaria para la extracción y se reprime a la población.
Pero hoy la situación es completamente distinta. Tenemos una sólida macroeconomía, mercados internos por articular y desarrollar con mucho potencial, y hasta emitimos deuda soberana. Y por eso, no podemos seguir con el mismo esquema minero.
Hace unos días, un amigo ingeniero industrial me dijo que hay que cambiar totalmente el sistema de concesiones, porque no es conveniente para seguir desarrollando nuestra economía. El nuevo esquema debe basarse en una licitación de proyectos integrales de extracción y metalurgia y no en una simple concesión. El producto final, que no sería solo mineral a granel sino en barras, debe ser comercializado por una entidad estatal.
Si lo miramos bien, es una clara alianza público-privada (APP) para generar valor agregado y muchos más puestos de trabajo que los que genera exportar cerros de mineral en polvo (con una infinidad de sub productos mineros que no se contabilizan y más bien se regalan). Pero al mismo tiempo implicaría la nacionalización de la minería, o sea la recuperación de los recursos mineros para la nación peruana, sin caer en lo estatista.
Si este nuevo esquema es complementado con el derecho a la consulta, el ordenamiento territorial, un proceso profundo de descentralización y la ruptura de los candados que pone el ministerio de Economía y Finanzas a los proyectos de inversión de la administración pública en sus tres niveles de gobierno, podríamos estar construyendo las bases de la estabilidad y la gobernabilidad y así evitar más Congas.
Claro que eso pasa por una nueva constitución, lo que en buena cuenta significa volver a repartir el poder en el Perú.