Ollanta y el Ciadi

Al menos dos veces en citas internacionales, Ollanta ha lanzado duras críticas al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (Ciadi). Me refiero a la XXI Cumbre Iberoamericana en Paraguay (2011) y a la reciente I Cumbre Celac-UE (2013). En ambas mostró preocupación cuando al Estado se le pone en el banquillo de los acusados. Es que este tribunal de arbitraje admite demandas -como bien señala el presidente– hasta de “personas naturales” (lo que vulnera el principio de legitimidad para obrar), que ponen en jaque a varios países con laudos absurdos que generan deudas enormes a favor de inversionistas supuestamente afectados. El solo riesgo a sus ganancias es tomado por el Ciadi como una expropiación.
Es el caso de una empresa petrolera que le acaba de ganar a Ecuador una suma de dinero obscena e impagable. Y lo peor de todo es que las obligaciones surgidas de este chantaje deben ser tratadas como “deuda externa”, impactando las cuentas nacionales.
El Perú tiene varios casos pendientes en el Ciadi por varios miles de millones de dólares.
Uno de ellos ha sido formulado por una sola persona natural: Renné Levy por la quiebra de un banco, lo cual no tiene ningún sentido y a lo mejor quede en nada, pero bastó su admisión para que el gobierno peruano haya gastado decenas de miles de dólares en honorarios, viáticos y otros gastos para defenderse en Washington.
El Ciadi está bastante desprestigiado en estas épocas, pues la mayoría de sus decisiones han favorecido a las empresas demandantes en perjuicio de los Estados, porque los árbitros son escogidos por el Estado, por la parte demandante y por el Banco Mundial. Es decir un permanente 2 contra 1.
Cuando el Ciadi fue creado en la década de los sesenta, ningún país de América Latina se sometió a su competencia, pues era un atentado contra la soberanía nacional. La lógica era que el inversionista debía someterse a la jurisdicción del territorio donde decidía hacer negocios. La ley aplicable y el juez competente eran los nacionales (Doctrina Calvo).
Pero, en la década de los noventa, cuando nos aplastó la ola neoliberal, casi todos los países de la región adoptaron el convenio del Ciadi y firmaron una serie de Tratados de Bilaterales de Inversiones (TBI) donde se reconocía el papel de este tribunal para solucionar las controversias. 
El Perú tiene 30 TBI con diversos países y ha ratificado el convenio Ciadi. En los últimos 2 años hemos sido tácitamente chantajeados por la Newmont (Conga) y la Telefónica (renovación).
Es hora de declarar la nulidad de todos los TBI y de la adopción del Convenio del Ciadi. Eso debe plantearse en el seno de Unasur y allí Ollanta puede tener un importante rol.