Tratándose de una reunión prevista con anticipación, no cuadra que Dilma Rousseff haya cancelado unos días antes su presencia en la cita en la que empieza formalmente la presidencia pro témpore de Perú.
En realidad, estamos frente a un gesto político por el giro que ha dado Ollanta Humala en relación a América del Sur.
Para nadie es secreto que en el 2006, el entonces candidato era cercano al eje bolivariano, apartándose luego de éste a partir del 2009 y entablando relaciones con el eje Brasilia. Fue público que los principales asesores de la campaña del 2011 eran cuadros cercanos del Partido de los Trabajadores.
Pero ya en el poder, el presidente Humala se ha ido situando en el eje Washington. Primero descartó la asesoría brasileña en los programas sociales, dejando al BNDES por el Banco Mundial. Luego, las represas derivadas del convenio energético con Brasil quedaron en Stand By. Peor aún, los brasileños se enteraron por la prensa de que el gobierno peruano ya no compraría los Súper Tucano, reemplazándolos por los KT1 de Corea del Sur. Con ello la cooperación militar con Brasil pasó al olvido.
Ello generó que Dilma cancele su visita oficial al Perú, prevista para mayo pasado. Pero las relaciones se siguieron deteriorando, pues la Alianza del Pacífico (armonización de los TLC que Perú, Colombia, Chile y México tienen entre sí, con Estados Unidos y Centroamérica: el ALCA del Pacífico) que impulsa fuertemente la administración Humala, sedujo a los pequeños del Mercosur: Paraguay y Uruguay. Ello ocasionó la protesta del canciller brasileño Patriota en una visita que hizo a Lima en agosto.
Pero el plato fuerte en este divorcio fue el tema del gas, al quedar prácticamente desbaratado el proyecto Kuntur en el que iban a participar PetroPerú y Petrobras para montar un gasoducto y la industria petroquímica en el sur peruano.
El lobby Repsol-Hunt Oil lo hirieron de muerte en julio pasado, cuando el presidente anunció en su discurso por fiestas patrias, la construcción de otro proyecto gasífero. Y le dieron la estocada final, ahora que el gobierno no va a renovar la concesión del lote 58 a Petrobras, a pesar que ya tiene reservas probadas.
Doble rasero, pues si se trata de no renovar el contrato de Telefónica o renegociar condiciones con la Newmont, viene el chantaje de la seguridad jurídica y de la demanda multimillonaria ante el CIADI. Pero en este caso hay intereses más poderosos que los de la potencia suramericana y lógicamente que los de la industrialización del Perú.
Son aproximadamente 700 millones de dólares los que Petrobras exigirá al gobierno peruano por la inversión realizada y que queda en nada. Aunque en el mejor de los casos esto se soluciona con una operación de venta de la concesión. Lo relevante es que se está expulsando a Petrobras del negocio del gas peruano, lo que equivale a terminar de tirarle la puerta en la cara a Brasil. Por eso no vino Dilma.
Pero ya en el poder, el presidente Humala se ha ido situando en el eje Washington. Primero descartó la asesoría brasileña en los programas sociales, dejando al BNDES por el Banco Mundial. Luego, las represas derivadas del convenio energético con Brasil quedaron en Stand By. Peor aún, los brasileños se enteraron por la prensa de que el gobierno peruano ya no compraría los Súper Tucano, reemplazándolos por los KT1 de Corea del Sur. Con ello la cooperación militar con Brasil pasó al olvido.
Ello generó que Dilma cancele su visita oficial al Perú, prevista para mayo pasado. Pero las relaciones se siguieron deteriorando, pues la Alianza del Pacífico (armonización de los TLC que Perú, Colombia, Chile y México tienen entre sí, con Estados Unidos y Centroamérica: el ALCA del Pacífico) que impulsa fuertemente la administración Humala, sedujo a los pequeños del Mercosur: Paraguay y Uruguay. Ello ocasionó la protesta del canciller brasileño Patriota en una visita que hizo a Lima en agosto.
Pero el plato fuerte en este divorcio fue el tema del gas, al quedar prácticamente desbaratado el proyecto Kuntur en el que iban a participar PetroPerú y Petrobras para montar un gasoducto y la industria petroquímica en el sur peruano.
El lobby Repsol-Hunt Oil lo hirieron de muerte en julio pasado, cuando el presidente anunció en su discurso por fiestas patrias, la construcción de otro proyecto gasífero. Y le dieron la estocada final, ahora que el gobierno no va a renovar la concesión del lote 58 a Petrobras, a pesar que ya tiene reservas probadas.
Doble rasero, pues si se trata de no renovar el contrato de Telefónica o renegociar condiciones con la Newmont, viene el chantaje de la seguridad jurídica y de la demanda multimillonaria ante el CIADI. Pero en este caso hay intereses más poderosos que los de la potencia suramericana y lógicamente que los de la industrialización del Perú.
Son aproximadamente 700 millones de dólares los que Petrobras exigirá al gobierno peruano por la inversión realizada y que queda en nada. Aunque en el mejor de los casos esto se soluciona con una operación de venta de la concesión. Lo relevante es que se está expulsando a Petrobras del negocio del gas peruano, lo que equivale a terminar de tirarle la puerta en la cara a Brasil. Por eso no vino Dilma.
No hay comentarios:
Publicar un comentario