Lejos de la previsible censura que ha llevado a la renuncia de los ministros Lozada y Otárola, y ha convertido al premier Valdés en un “pato cojo” hasta su salida del gabinete, Castilla pasaba piola en Asia junto al presidente Humala, sacando pecho sobre lo bien que le va al país en los grandes números de la economía.
Pero ha sido Castilla el más grande opositor de la restructuración salarial y pensionaria de las Fuerzas Armadas y Policiales ni bien comenzó el gobierno. Esa reforma -promesa electoral de Humala- buscaba dar remuneraciones y jubilaciones decentes a los miembros de los institutos armados y no tener a capitanes o mayores ganando poco más de dos mil soles, y ni que decir de los suboficiales o de los soldados que ponen el pecho contra los asesinos del clan Quispe Palomino.
En la mesa de Ollanta se pusieron dos propuestas en noviembre del año pasado: la del MEF y la del ministerio de Defensa (Mindef). La primera era una burla que consistía en hacer permanente un bono que había dado García a fines de su mandato y que duraba solo un año. Es decir, nada. En cambio, la segunda planteaba una reforma integral y progresiva a la remuneración básica que se vería reflejada también en las pensiones, y que incluía una restructuración de la Caja Militar-Policial, aumentando los aportes para sacarla del desfinanciamiento crónico que padece.
Los técnicos del Mindef previeron hasta el último detalle, pero su propuesta fue dejada de lado tras el apanado exitoso del operador que había designado Castilla, y que hoy es ministro de Trabajo, José Villena, que con el argumento del riesgo fiscal metió miedo al presidente, quien a último minuto reflexionó y tampoco dio luz verde a la propuesta del MEF, dejando el tema pendiente.
Pero además, Castilla como fue viceministro de Hacienda hasta el final del gobierno aprista, elaboró el presupuesto 2012, que luego defendió como ministro en noviembre del 2011 ante el Congreso. En ese documento no consideró los fondos necesarios para afrontar la tremenda lucha del Vrae, y mucho peor, hasta ahora tiene encajonados los recursos adicionales que se reasignaron en el presupuesto a principios de abril para requipar a las fuerzas del orden. Eso lo han denunciado varios congresistas.
En realidad, Castilla tiene paralizada la inversión pública, pues por más se diga que los gobiernos regionales no saben gastar, es el MEF el que tiene la última palabra en todo, y este año vamos a terminar nuevamente con un gran superávit fiscal.
Castilla se tomará sonriente la foto en diciembre con la diploma que dice lo bien que ahorra recursos en un país donde todo está por hacer, mientras que soldados y policías van al frente de batalla con los pantalones remendados por sus padres, helicópteros sin blindar y con sueldos de hambre. Así no es posible que funcione ninguna nueva estrategia en el Vrae, aunque se tenga la mejor inteligencia. Solo se garantizará una permanente desmoralización de militares y policías.
Ya es momento de acabar con el modelo en el que el MEF es el todopoderoso de la gestión pública. Debemos dejar atrás la institucionalidad fujimorista de los 90, y convertir al ministerio que dirige Castilla en una cartera solo de hacienda, dejando las decisiones económicas -como en todos los países- a un planeamiento de corto, mediano y largo plazo, y no en manos de un simple tesorero.
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