Qué vulgares que son la mayoría de economistas y periodistas económicos en el Perú. A propósito de la intención manifiesta del gobierno de adquirir la refinería de La Pampilla y la red de grifos de Repsol, han salido los neoclásicos locales (mejor conocidos como neoliberales) a decir cosas como que el “Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) abre la puerta al retorno del estatismo”.
Como si la idea de fortalecer la presencia del Estado en una actividad estratégica –lo que sucede en muchos países del mundo- fuera un pecado que lleva al descalabro.
Incluso, los más achorados casi casi le están diciendo chavista al propio Castilla, a pesar que el neoliberalismo también es el dogma del saliente ministro.
Es que al margen de los estudios técnicos sobre la conveniencia financiera y económica o no de esta compra, el debate que se plantea desde quienes controlan el monopolio de los medios de comunicación es en gran medida ideológico.
Y eso que hay argumentos interesantes como la tasa de ganancia en el negocio de la refinación, la calidad de los activos de Repsol respecto del precio que piden, o si es mejor meter ese par de miles de millones en la explotación de petróleo directamente.
Todo eso visto en un marco más grande sobre la conveniencia estratégica de tal movimiento.
Sin embargo, se escuchan disparates como que si compramos La Pampilla estaríamos regresando al primer gobierno del APRA, donde las empresas estatales eran el botín de un García que empezaba a descubrir cómo hacerse muy rico.
Con la misma pasión de un fanático religioso, los vulgares de la economía en el Perú recitan como loros el artículo 60 de la constitución fujimorista del 93.
Ese que dice que el Estado es subsidiario en la actividad económica, y que concentra –junto con los artículos 62 y 66, sobre contratos ley y propiedad privada de los recursos naturales respectivamente- la mayor vulgaridad económica de todas en el Perú: aquélla que nos aleja totalmente de la realidad social, política, económica y cultural de estas tierras.
Que niega la dinámica permanente de la lucha de clases con verdades y sentidos comunes inoculados desde una prensa servil a la clase dominante. De ahí los bajos salarios, las pensiones de hambre y el defiéndanse como puedan que nos reina desde los noventa.
Pensar que hasta en Chile se debaten al máximo nivel asuntos como que el Estado debería tener una administradora de fondos de pensiones y competir con las privadas.
Pero así son los vulgares fanáticos de su dizque teoría económica. No se dan cuenta de que si el país entra en bancarrota no será por la compra de La Pampilla, sino por la enorme restricción externa de ser primario-exportadores que ha marcado nuestra historia económica desde que se fundó la república.
Castilla se va justo por eso, porque no es capaz de relanzar la economía peruana con su simple vulgaridad.
Mucho se ha escrito sobre las bondades de combinar recursos públicos con capital privado para lograr objetivos de desarrollo social a través de inversión en infraestructura, tecnología o la ampliación de la cobertura de salud u otros servicios.
Los defensores de este esquema relievan los beneficios mutuos que obtienen tanto los inversionistas como el Estado. Incluso ahora, desde las organizaciones financieras multilaterales como el FMI, el Banco Mundial o el BID se señala que el Estado aumentaría su eficacia en la prestación de servicios, al mismo tiempo que los privados obtienen ganancias y generan empleo.
En el Perú, las Asociaciones Público Privadas (APP) operan desde hace un tiempo en sectores como infraestructura, energía, salud y otros.
Sin embargo, y al margen de las buenas y malas experiencias, el desafío de esto reside en la incompatibilidad de combinar la promoción de desarrollo con la generación de utilidades. Es que en el centro del problema está la transferencia de la responsabilidad del Estado a organizaciones cuya naturaleza es el lucro.
Por eso, entendidos en la materia señalan que esta lógica asociativa mixta debe mantener en todo momento la naturaleza pública. O sea se debe regular, vigilar y garantizar que en el apalancamiento de fondos privados se cuiden siempre los intereses del Estado. De lo contrario, la buena intención de ampliar la labor estatal con recursos particulares, se torna rápidamente en lo contrario: los privados se sirven más bien de fondos públicos para maximizar sus ganancias. Y eso es lo que parece estar detrás de este tipo de negocios.
A propósito de las reuniones de primavera del FMI y el BM en Washington, el tema de las APP ha estado en boca de todos como una nueva ruta para el desarrollo. Pero como los intereses que están detrás de estas instituciones no dan puntada sin hilo, parece ser que las APP que están en varios reportes y recomendaciones, busca en realidad que el capital financiero no pierda la capacidad de reproducción debido a las recientes regulaciones mundiales en los mercados en que opera, y sobre los impuestos que evade. Además, de que la inversión en bonos está bastante alicaída en los últimos tiempos.
Por eso se ha visto una ventana de oportunidades en las APP. Con recursos públicos (pensiones, fisco, deuda, etc.) se comparte el riesgo de la inversión privada. Pero para eso, toda la institucionalidad multilateral debe ponerse a disposición, siendo el primer paso su promoción pública y el segundo que las calificadoras de riesgo le pongan la nota AAA a este negocio. Eso está en plena ejecución. El resto tiene mucho de cuento.
Una de las medidas más interesantes para evitar la evasión fiscal de las grandes transnacionales se llama FATCA. Desde que estalló la crisis mundial de las economías desarrolladas en el 2008, sectores importantes de la política de los países industrializados pusieron el ojo en el fraude tributario multimillonario vía paraísos fiscales.
Es que cuando los países ricos entraron en crisis, recién notaron lo nocivo del faenón tributario que desde hace años afecta a todo el globo.
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) es una ley norteamericana sobre cumplimiento tributario de cuentas en el extranjero que está vigente desde principios del 2013. Y sirve para que la Internal Revenue Service - IRS (la SUNAT estadounidense) vigile la plata que sus administrados envían fuera de Estados Unidos, detectando a quienes lo hacen para evadir impuestos.
Esta ley tiene varios alcances, pero el más importante se centra en la solicitud de información que la IRS puede hacer a bancos y otras instituciones que reciben dinero proveniente de Estados Unidos en otras latitudes.
La aplicación de esta ley prevé dos modelos. El primero implica que la IRS pide información directamente al receptor de los fondos en cualquier país del mundo. En este caso, la administración tributaria del país involucrado ni se entera del trámite.
El segundo modelo implica un convenio entre Estados Unidos y el país de destino del dinero de un norteamericano. La solicitud de información se hace directamente desde la IRS a la administración tributaria pertinente. Lo interesante es que el convenio es recíproco, por tanto la autoridad tributaria del país que negoció FATCA con Estados Unidos, tendría también el derecho de pedir información tributaria a la IRS.
En la práctica este segundo modelo significa un intercambio automático de información tributaria, muy útil para detectar a los criminales de cuello y corbata.
Hace una semana, un amigo me comentó que en el centro de investigación donde trabaja en el Perú le llegó un pedido FATCA de la IRS, porque dicho centro recibe donaciones de una agencia de cooperación norteamericana. El formato de la IRS que se debe llenar es el 1042-S, el mismo que será enviado al fisco norteamericano para hacer constar la veracidad de la operación.
La Sunat, por cierto, no se entera de ésta u otras solicitudes de información a sus administrados, porque el Perú no ha negociado FATCA con Estados Unidos hasta ahora.
Urge que la gerencia de Fiscalidad Internacional de la Sunat viendo el tema FATCA. Si ya está pidiendo información la IRS a instituciones peruanas, mejor sería que sea de frente a la Sunat. Así de paso, las autoridades peruanas podrían detectar a contribuyentes peruanos que envíen dinero a Estados Unidos con el objetivo de evadir impuestos.
Ecuador será escenario el 22 de abril de una reunión de gobiernos afectados por juicios internacionales. Es decir, por demandas multimillonarias que les meten los inversionistas cuando sienten afectadas sus ganancias, o incluso las puras expectativas.
Claro que cualquiera podría decir que al que se le perjudica se le debe indemnizar, pero en el caso de estos arbitrajes, muchas veces el perjuicio no es tal, pues los tribunales internacionales sobre inversiones, son claramente pro capital, y consideran que el incumplimiento de las leyes, la violación de derechos humanos, las sobreganancias no previstas u otros atropellos de los inversionistas, están por debajo del contrato firmado.
El caso más evidente es el del Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) del Banco Mundial, que tiene empapelada a toda la región, y es usado como mecanismo de chantaje por muchas transnacionales para que a más de un gobernante le tiemble la mano a la hora de hacer reformas o aplicar políticas de bienestar general.
Eso sí, todas las veces que los países son sentenciados, las indemnizaciones son groseramente altas, y nada tienen que ver con un resarcimiento equitativo, si efectivamente hubiera algo que resarcir.
Ecuador, por ejemplo, tiene más de veinte casos en su contra en tribunales como el Ciadi y la Uncitral. Y recientemente ha recibido dos laudos multimillonarios en su contra en el sector de hidrocarburos, por procesos arbitrales que le emprendieran la Occidental y la Chevron.
Si sumamos ambos laudos, lo que tiene que pagar Ecuador con la sangre de todos los ecuatorianos para saciar la ambición de estas dos gigantes del petróleo, supera los 9 mil millones de dólares. O sea varios puntos del PBI ecuatoriano.
Esta realidad también la viven países como Argentina, Venezuela y Bolivia por aplicar políticas de recuperación de los recursos naturales, financieros o tributarios para sus pueblos.
Y es por eso que los países del Alba (Alianza Bolivariana para Nuestra América), especialmente Ecuador, vienen haciendo un llamado a sus vecinos para repudiar esta camisa de fuerza del modelo neoliberal y construir una institucionalidad independiente y equilibrada para arreglar diferencias con los inversionistas.
Eso pasa definitivamente por pedir la nulidad de todos los tratados y/o cláusulas de tratados de ultra protección de inversiones y libre comercio.
Pero no se crea que los países con gobiernos progresistas son los únicos manipulados por estos juicios internacionales. El chantaje de las inversiones también tiene a regla a países como Perú, Colombia y Chile, y no sorprendería que si se plantea una buena alternativa a los arbitrajes que se hacen en Estados Unidos (Ciadi) y Europa (Uncitral), podamos tener en breve operando un Ciadi del Sur.
Japón se sumó al mega TLC del Pacífico (TPP por sus siglas en inglés) que promueve Estados Unidos. Corea del Sur y Taiwán están por entrar también. Con ello se pone en jaque tanto al acuerdo regional asiático en el marco de ASEAN (la UNASUR de Asia), como al acuerdo comercial tripartido entre China, Japón y Corea del Sur. Es en realidad un golpe a la hegemonía China en la zona con el cuento de la promoción de puestos de trabajo.
También es un golpe para Brasil, pues Chile, Perú y México están también en el TPP, y vía la red de TLC que hay entre ellos y Colombia (Alianza del Pacífico) y con Estados Unidos y Centroamérica, la posibilidad de una integración latinoamericana con una lógica distinta a la del libre comercio y la hegemonía estadounidense queda descartada. En la práctica se parte a América Latina en dos.
Pero además, en junio, Estados Unidos y Europa empiezan a negociar un TLC de envergadura, pues juntos representan casi el 50% del PIB mundial. Este súper pacto comercial se conoce como el Acuerdo Transatlántico y junto con el TPP configurarían un área en el que se mueven el 60% del comercio y las inversiones mundiales.
Estas dos medidas buscan sin duda restablecer el poder que tuvo que ceder Estados Unidos tras la explosión de la crisis global en el 2008, cuando integró a los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) al foro mundial encargado de discutir las salidas a la crisis, pasando del esquema del G7 al del G20, en el que de paso sumó a otras economías asiáticas, latinoamericanas y europeas para no hacer roche.
Pero un bloque del tamaño que significaría la suma de los acuerdos transpacífico y transatlántico bajo la hegemonía estadounidense no solo tendría significancias comerciales, sino también financieras, económicas, políticas e incluso militares.
Es por ello que los BRICS han dado respuesta esta semana y han anunciado la creación de sus propias instituciones financieras alternativas al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, en las que China pondrá la plata fuerte. Esta reacción es por cierto pertinente ya que en un par de semanas empezarán las reuniones de primavera de estos dos organismos en Washington.
La hegemonía mundial está en disputa abierta. Y ese camino inexorable en el que el mundo parecía transitar a una multipolaridad ya no es tan seguro. Cuando el interés está en juego, el interesado actúa. Y lo que puede pasar si los planes de Estados Unidos se concretan es que en el mejor de los casos avancemos a una bipolaridad en la que uno de los polos integre a dos de los tres motores de la economía mundial.
En todo caso por ahora, el G7 - o si se quiere Estados Unidos (G1) y sus amigos - pretenden debilitar la hegemonía de los BRICS en sus propias regiones. Al menos eso se ve claramente en Asia con China y en América Latina con Brasil.
Hace unos días regresé de Cajamarca, adonde fui para llegar a las lagunas que serán destruidas si prospera el proyecto minero Conga y comprobar in situ la legitimidad de la resistencia social
La empresa minera Yanacocha controla ilegalmente, mediante una tranquera, quién pasa y quién no por la vía pública que conduce a la Laguna Azul, vulnerando el derecho al libre tránsito entre el poblado de Santa Rosa y la ciudad de Cajamarca, por lo que tuve que atravesar a pie un cerro para poder ingresar.
Al otro lado me esperaba la señora Máxima Chaupe, propietaria de una parcela de varias hectáreas en medio del proyecto minero. Casi nadie sabe que a ella, Yanacocha no le ofreció comprar su terreno como a otros comuneros ubicados allí, sino más bien la desalojó violentamente hace un par de años con la policía, quemando su vivienda.
Afortunadamente, con el apoyo de varias organizaciones, ella pudo recobrar la posesión de sus tierras, logrando desbaratar el fraude mediante el cual Yanacocha se apropiaba del lugar donde vive la familia Chaupe desde los noventa.
De hecho, el Estado peruano tiene un caso pendiente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por ese atropello que cometió la empresa minera con apoyo de la fuerza pública. Es que en esa zona, la policía no responde al Estado peruano, sino solo a Yanacocha. Un periodista de Celendín me dio copia del convenio que en el 2011 firmó esa empresa con la Policía Nacional, en términos vergonzantes para un Estado que se respete.
Para llegar a Conga, partí desde Celendín, donde hubo varios muertos en 2012 a causa de la represión de la protesta contra el proyecto minero. Bajé por el valle del río Sendamal, pasando por Huasmín, y otros poblados, para nuevamente subir y encontrarme con comunidades como Jerez y Santa Rosa. En todo mi recorrido encontré agricultura y ganadería por doquier en un valle bendecido por la naturaleza.
Luego de dos horas, llegué a Laguna Cortada y vi numerosos humedales, bofedales y puntos de agua. Antes de la tranquera de Yanacocha, me detuve y empecé la subida por una cuesta al lado del camino a fin de sortear el ilegal obstáculo.
Por donde pisaba brotaba el agua, porque esas alturas que conforman una cabecera de cuenca son una verdadera esponja que nutre de agua a toda la parte baja donde hay varios valles, alimentando ríos, incluyendo al Marañón, proporcionando de vida a animales y seres humanos.
Al ver esa belleza natural, no comprendo cómo es que los lingotes de oro que extraerán de allí y se llevarán al extranjero para ser guardados en bóvedas, puede valer más que los ecosistemas formados en millones de años, y que en una década quedarán destruidos para hacer más ricos a los Benavides y a la Newmont. Así de estúpida es la lógica de la época que nos toca vivir.
Por mandato de los países ricos -hoy en crisis económica-, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó hace unas semanas un informe denominado Addressing Base erosion and profits shifting (abordando la evasión fiscal y la deslocalización de utilidades), que se centra en el comportamiento tributario de las grandes trasnacionales.
Una de las principales conclusiones es que estas gigantes corporaciones ni pagan lo que deberían, ni tributan donde generan su renta, afectando las cajas fiscales, tanto de los países en desarrollo, como la de los países desarrollados. Es por eso que el propio G20 pidió a la OCDE que estudiara el tema.
Uno de los más decididos a tomar acciones que eviten este sangrado de recursos ha sido el ministro de finanzas de Reino Unido, George Osborne, quien le ha puesto la mira al mecanismo de evasión: “manipulación de precios de transferencia”, por el cual, las transnacionales hacen una jugada contable con sus filiales, sub-valuando o sobre-valuando bienes y servicios, para no pagar impuestos.
Según la ONG Británica Christian Aid, las afirmaciones más destacables en el informe de la OCDE son:
· La evasión fiscal de las transnacionales es un grave riesgo para los ingresos fiscales, la soberanía fiscal y la equidad fiscal de todos los países.
· Las estrategias de las transnacionales para trasladar ganancias reducen al mínimo el pago de impuestos y erosionan la base fiscal.
· Las reglas fiscales internacionales vigentes, elaboradas hace 80 años no han seguido el ritmo de la evolución del entorno empresarial.
· El actual sistema fiscal internacional permite y anima a las transnacionales a eliminar o reducir significativamente sus impuestos.
· La evasión fiscal de las transnacionales les proporciona más competitividad en relación con las empresas que operan a nivel nacional. “Lo que está en juego es la integridad del impuesto de las empresas”.
· Las transnacionales no están pagando sus impuestos en los países donde obtienen sus beneficios.
· Si los demás contribuyentes, incluyendo los ciudadanos de a pie, perciben que las transnacionales pueden legalmente evitar pagar su parte justa de impuestos, empezarán a hacerlo también.
· La acción unilateral no va a resolver el problema. Se requiere de un enfoque integral y amplio. Cualquier solución que se adopte debe tener en cuenta las consecuencias en otros países.
Los recientes escándalos de Amazon, Google, Ikea, Nestlé, Carrefour, Starbucks y otras más, demuestran que las corporaciones transnacionales siguen una estrategia empresarial global para evadir impuestos, la cual se ampara en todo ese cuerpo jurídico de protección de inversiones que tanto defienden los tecnócratas neoliberales.
