Hegemonía mundial en disputa abierta

Japón se sumó al mega TLC del Pacífico (TPP por sus siglas en inglés) que promueve Estados Unidos. Corea del Sur y Taiwán están por entrar también. Con ello se pone en jaque tanto al acuerdo regional asiático en el marco de ASEAN (la UNASUR de Asia), como al acuerdo comercial tripartido entre China, Japón y Corea del Sur. Es en realidad un golpe a la hegemonía China en la zona con el cuento de la promoción de puestos de trabajo.
También es un golpe para Brasil, pues Chile, Perú y México están también en el TPP, y vía la red de TLC que hay entre ellos y Colombia (Alianza del Pacífico) y con Estados Unidos y Centroamérica, la posibilidad de una integración latinoamericana con una lógica distinta a la del libre comercio y la hegemonía estadounidense queda descartada. En la práctica se parte a América Latina en dos. 
Pero además, en junio, Estados Unidos y Europa empiezan a negociar un TLC de envergadura, pues juntos representan casi el 50% del PIB mundial. Este súper pacto comercial se conoce como el Acuerdo Transatlántico y junto con el TPP configurarían un área en el que se mueven el 60% del comercio y las inversiones mundiales. 
Estas dos medidas buscan sin duda restablecer el poder que tuvo que ceder Estados Unidos tras la explosión de la crisis global en el 2008, cuando integró a los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) al foro mundial encargado de discutir las salidas a la crisis, pasando del esquema del G7 al del G20, en el que de paso sumó a otras economías asiáticas, latinoamericanas y europeas para no hacer roche. 
Pero un bloque del tamaño que significaría la suma de los acuerdos transpacífico y transatlántico bajo la hegemonía estadounidense no solo tendría significancias comerciales, sino también financieras, económicas, políticas e incluso militares. 
Es por ello que los BRICS han dado respuesta esta semana y han anunciado la creación de sus propias instituciones financieras alternativas al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, en las que China pondrá la plata fuerte. Esta reacción es por cierto pertinente ya que en un par de semanas empezarán las reuniones de primavera de estos dos organismos en Washington. 
La hegemonía mundial está en disputa abierta. Y ese camino inexorable en el que el mundo parecía transitar a una multipolaridad ya no es tan seguro. Cuando el interés está en juego, el interesado actúa. Y lo que puede pasar si los planes de Estados Unidos se concretan es que en el mejor de los casos avancemos a una bipolaridad en la que uno de los polos integre a dos de los tres motores de la economía mundial. 
En todo caso por ahora, el G7 - o si se quiere Estados Unidos (G1) y sus amigos - pretenden debilitar la hegemonía de los BRICS en sus propias regiones. Al menos eso se ve claramente en Asia con China y en América Latina con Brasil.

Un paseo por Conga

Hace unos días regresé de Cajamarca, adonde fui para llegar a las lagunas que serán destruidas si prospera el proyecto minero Conga y comprobar in situ la legitimidad de la resistencia social
La empresa minera Yanacocha controla ilegalmente, mediante una tranquera, quién pasa y quién no por la vía pública que conduce a la Laguna Azul, vulnerando el derecho al libre tránsito entre el poblado de Santa Rosa y la ciudad de Cajamarca, por lo que tuve que atravesar a pie un cerro para poder ingresar.
Al otro lado me esperaba la señora Máxima Chaupe, propietaria de una parcela de varias hectáreas en medio del proyecto minero. Casi nadie sabe que a ella, Yanacocha no le ofreció comprar su terreno como a otros comuneros ubicados allí, sino más bien la desalojó violentamente hace un par de años con la policía, quemando su vivienda.
Afortunadamente, con el apoyo de varias organizaciones, ella pudo recobrar la posesión de sus tierras, logrando desbaratar el fraude mediante el cual Yanacocha se apropiaba del lugar donde vive la familia Chaupe desde los noventa.
De hecho, el Estado peruano tiene un caso pendiente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por ese atropello que cometió la empresa minera con apoyo de la fuerza pública. Es que en esa zona, la policía no responde al Estado peruano, sino solo a Yanacocha. Un periodista de Celendín me dio copia del convenio que en el 2011 firmó esa empresa con la Policía Nacional, en términos vergonzantes para un Estado que se respete.
Para llegar a Conga, partí desde Celendín, donde hubo varios muertos en 2012 a causa de la represión de la protesta contra el proyecto minero. Bajé por el valle del río Sendamal, pasando por Huasmín, y otros poblados, para nuevamente subir y encontrarme con comunidades como Jerez y Santa Rosa. En todo mi recorrido encontré agricultura y ganadería por doquier en un valle bendecido por la naturaleza.
Luego de dos horas, llegué a Laguna Cortada y vi numerosos humedales, bofedales y puntos de agua. Antes de la tranquera de Yanacocha, me detuve y empecé la subida por una cuesta al lado del camino a fin de sortear el ilegal obstáculo.
Por donde pisaba brotaba el agua, porque esas alturas que conforman una cabecera de cuenca son una verdadera esponja que nutre de agua a toda la parte baja donde hay varios valles, alimentando ríos, incluyendo al Marañón, proporcionando de vida a animales y seres humanos.
Al ver esa belleza natural, no comprendo cómo es que los lingotes de oro que extraerán de allí y se llevarán al extranjero para ser guardados en bóvedas, puede valer más que los ecosistemas formados en millones de años, y que en una década quedarán destruidos para hacer más ricos a los Benavides y a la Newmont. Así de estúpida es la lógica de la época que nos toca vivir.

Evasión fiscal de las Transnacionales I

Por mandato de los países ricos -hoy en crisis económica-, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó hace unas semanas un informe denominado Addressing Base erosion and profits shifting (abordando la evasión fiscal y la deslocalización de utilidades), que se centra en el comportamiento tributario de las grandes trasnacionales.
Una de las principales conclusiones es que estas gigantes corporaciones ni pagan lo que deberían, ni tributan donde generan su renta, afectando las cajas fiscales, tanto de los países en desarrollo, como la de los países desarrollados. Es por eso que el propio G20 pidió a la OCDE que estudiara el tema. 
Uno de los más decididos a tomar acciones que eviten este sangrado de recursos ha sido el ministro de finanzas de Reino Unido, George Osborne, quien le ha puesto la mira al mecanismo de evasión: “manipulación de precios de transferencia”, por el cual, las transnacionales hacen una jugada contable con sus filiales, sub-valuando o sobre-valuando bienes y servicios, para no pagar impuestos. 
Según la ONG Británica Christian Aid, las afirmaciones más destacables en el informe de la OCDE son: 
· La evasión fiscal de las transnacionales es un grave riesgo para los ingresos fiscales, la soberanía fiscal y la equidad fiscal de todos los países. 
· Las estrategias de las transnacionales para trasladar ganancias reducen al mínimo el pago de impuestos y erosionan la base fiscal. 
· Las reglas fiscales internacionales vigentes, elaboradas hace 80 años no han seguido el ritmo de la evolución del entorno empresarial. 
· El actual sistema fiscal internacional permite y anima a las transnacionales a eliminar o reducir significativamente sus impuestos. 
· La evasión fiscal de las transnacionales les proporciona más competitividad en relación con las empresas que operan a nivel nacional. “Lo que está en juego es la integridad del impuesto de las empresas”. 
· Las transnacionales no están pagando sus impuestos en los países donde obtienen sus beneficios. 
· Si los demás contribuyentes, incluyendo los ciudadanos de a pie, perciben que las transnacionales pueden legalmente evitar pagar su parte justa de impuestos, empezarán a hacerlo también. 
· La acción unilateral no va a resolver el problema. Se requiere de un enfoque integral y amplio. Cualquier solución que se adopte debe tener en cuenta las consecuencias en otros países. 
Los recientes escándalos de Amazon, Google, Ikea, Nestlé, Carrefour, Starbucks y otras más, demuestran que las corporaciones transnacionales siguen una estrategia empresarial global para evadir impuestos, la cual se ampara en todo ese cuerpo jurídico de protección de inversiones que tanto defienden los tecnócratas neoliberales.

Hugo Chávez y la integración regional

En 1998, dos hechos anticipaban lo que sería la primera década del nuevo siglo.
De un lado, la II Cumbre de las Américas en Santiago de Chile (18 y 19 de abril) terminaba con una declaración en la que los mandatarios instruían a sus ministros a iniciar las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), para que a más tardar en 2005 concluya. La foto del evento fue elocuente. Bill Clinton al centro, rodeado por los presidentes de una región completamente neoliberal, pro Washington y democrática en los únicos términos en que se puede serlo, bajo las directivas del FMI y del Banco Mundial. 
De otro lado, el triunfo electoral de Chávez en Venezuela (6 de diciembre) con más del 55 por ciento de los votos, expresaba el descontento a las políticas del Consenso de Washington en uno de los países más importantes de este lado del continente; y al mismo tiempo una resistencia social que empezaba a tomar forma en la región, que luego confluyo en una enorme campaña contra el ALCA. 
Estos dos eventos en 1998, marcaron el inicio de una disputa entre dos modelos políticos en Nuestra América. Uno, el de la hegemonía norteamericana al son de sus grandes capitales, y otro, el chavista en su sentido más amplio, que procuraba voz propia a nivel regional, imponiendo condiciones a la inversión extranjera. 
Al cabo de una década de influencia chavista, pasamos de ser efectivamente el patio trasero de Estados Unidos (con excepción de Cuba); a la construcción de UNASUR, CELAC y otros mecanismos de integración. 
Desde que ganó Chávez, uno a uno, varios gobiernos de la región empezaron a ser asumidos por sectores progresistas: Lula (2002), Kirchner (2003), Evo (2006), Correa (2007), Lugo (2008). 
Previamente, en 2001, se realizó en Brasil el primer Foro Social Mundial, con una articulación de organizaciones sociales que se oponía abiertamente al neoliberalismo y que en sus ediciones siguientes empezó a invitar a los nuevos presidentes como oradores centrales. 
El resultado fue la derrota del ALCA en la V Cumbre de las Américas a finales del 2005. A lo que luego le seguirían las importantes cumbres de la Comunidad Sudamericana (CASA) del 2006 en Cochabamba y del 2007 en Isla Margarita, donde bajo el liderazgo de Chávez y Evo Morales se cocinó la Unión Suramericana de Naciones que tomó forma definitiva en Brasilia en el 2008. 
Fueron años de ofensiva política en la región contra la influencia estadounidense, coronados en el 2010 con la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que en enero del 2013 tuvo su primera cumbre birregional con Europa. 
Al margen de la contraofensiva de los TLC y la Alianza del Pacífico que divide a la región en dos, nadie podrá negar que uno de los principales legados de Hugo Chávez es la integración regional, en donde el Perú sigue siendo un territorio en disputa.

Libre comercio como arma geopolítica

Poco se conoce en el Perú del Tratado Trans Pacífico (TPP), ese mega TLC que promueve Estados Unidos con sus aliados de uno y otro lado del Océano Pacífico. Perú, Chile, México y Canadá del lado americano, y Brunei, Singapur, Malasia, Vietnam, Australia y Nueva Zelanda del lado asiático y de Oceanía.

Si a esto se suma que Centroamérica, Colombia y República Dominicana entrarán de todas maneras al TPP por la maraña de TLC que los vinculan a Estados Unidos, y que Japón está anunciando su ingreso también, se configuraría una tremenda área con hegemonía gringa en el Asia Pacífico, a modo de un estatequieto a China. 
Pero eso no es todo. En el reciente discurso del presidente norteamericano, Barack Obama, todos pudimos conocer que en breve, Europa y Estados Unidos empezarán a negociar un súper TLC denominado Tratado Trans Atlántico (TTA), con lo cual el paquete está listo. 
Estados Unidos, con sus aliados del G7 (Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Japón) pasará a liderar un gran bloque (zona de influencia TPP y TTA) que significa más del 60 por ciento del comercio y del flujo de inversiones a nivel global. 
Con ello dejarán a China y el resto de los BRICS (Brasil, Rusia, India y Sudáfrica) con sus respectivas zonas de influencia, bastante debilitada. O sea un golpe en la cara al naciente CELAC del lado latinoamericano, y al ASEAN del lado oriental, como procesos de integración regional. 
No hay duda que el G1 (Estados Unidos) está operando para no perder su papel como hegemón global. Y eso de que China es la nueva potencia del siglo XXI de manera inexorable empieza a presentar dudas. 
El G7 que tuvo que ceder poder y convocar a un foro mayor con las economías emergentes para formar un G20 que diera salida a la crisis, se ha lanzado nuevamente a la ofensiva. 
De concretarse tanto el TPP como el TTA, eso de que tras la crisis tendríamos un mundo multipolar con fuerzas regionales importantes, entraría en cuestión. Y más bien se configurarían dos bloques de poder mundial, de un lado el más grande liderado por Estados Unidos, y de otro uno menor encabezado por China. 
Mientras tanto en el Perú, pensamos que los TLC son solo acuerdos que facilitan las exportaciones, y no nos damos cuenta que nuestro país es un territorio en disputa todavía, pues si se sale de la Alianza del Pacífico y del TPP, podría romper el bloque regional que ha construido Estados Unidos, para sus fines, después que en el 2005 Brasil, Venezuela y Argentina, le tumbaron su ALCA en la Cumbre del Mar del Plata.

La diminuta Pensión 65

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) ha elaborado un suplemento informativo sobre el programa “Pensión 65” y lo ha distribuido mediante diarios de circulación nacional desde hace una semana. 
Al verlo, podemos ver cómo se convirtió una excelente propuesta de Pensiones No Contributivas, en un diminuto programa social que caricaturizó la promesa electoral de Ollanta. 
Pensión 65, nombre marketero que le dio Favre a la propuesta que figuraba en el Plan “La Gran Transformación”, estaba pensado para dar el 60% de una pensión mínima a todos los ciudadanos mayores de 65 años, que no tengan jubilación, ni perciban renta de ninguna categoría, y que además residan en el Perú los últimos tres años desde presentada su petición. Se tramitaría en la Oficina Nacional Previsional (ONP) como cualquier pensión, y generaría todos los derechos obligaciones de las mismas. 
El cálculo que hizo el equipo que dirigió el economista Félix Jiménez, determinó que se trataba de más de un millón de peruanos que estaban en esta condición, y que se necesitaría algo del 1% del PBI cada año para financiarlo. 
No se tenía miedo a las alarmas actuariales, que decían que en algunos años todo el presupuesto público se iría en pensiones sociales, porque se pensaba hacer una reforma pensionaria multipilar para que todos quienes puedan aportar para su vejez, lo hagan obligatoriamente (emolienteros, kioskeros, canillitas, etc.), y que de acuerdo al nivel salarial, un trabajador aporte al sistema de reparto (para obtener una pensión básica), y cuando su sueldo lo permita, también al sistema de capitalización individual (para obtener una mejor jubilación). 
Además, como se iba a hacer una reforma tributaria de envergadura, los ingresos fiscales iban a permitir financiar sin problema (como es en varias sociedades) a aquellos que no pudieron aportar o cuyos aportes no alcanzaron. 
¿Cómo es que Pensión 65 llegó a ser un diminuto programa social que abarca solo a 253 mil adultos mayores en extrema pobreza mediante un subsidio más diminuto aún, y que no tiene ninguna de las características de una pensión? 
La propuesta original que recogió Ollanta provino de la asociación de adultos mayores ANAMPER, de los cálculos del Grupo Nacional de Presupuesto Público, y del proyecto de ley que presentó la OIT, con ANAMPER bajo el auspicio del congresista Urquizo. 
Tras ganar la primera vuelta, Kurt Burneo, en la famosa Hoja de Ruta, le asestó un golpe al introducir el concepto de focalización, reduciéndolo a algo para extremos pobres en algunas regiones del país al mejor estilo de Juntos. Ese es el esquema que tomó Castilla, para reducirlo aún más, hasta llegar a ser un Bono Gratitud (Alan García) ampliado, solo que con otro nombre.

Ollanta y el Ciadi

Al menos dos veces en citas internacionales, Ollanta ha lanzado duras críticas al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (Ciadi). Me refiero a la XXI Cumbre Iberoamericana en Paraguay (2011) y a la reciente I Cumbre Celac-UE (2013). En ambas mostró preocupación cuando al Estado se le pone en el banquillo de los acusados. Es que este tribunal de arbitraje admite demandas -como bien señala el presidente– hasta de “personas naturales” (lo que vulnera el principio de legitimidad para obrar), que ponen en jaque a varios países con laudos absurdos que generan deudas enormes a favor de inversionistas supuestamente afectados. El solo riesgo a sus ganancias es tomado por el Ciadi como una expropiación.
Es el caso de una empresa petrolera que le acaba de ganar a Ecuador una suma de dinero obscena e impagable. Y lo peor de todo es que las obligaciones surgidas de este chantaje deben ser tratadas como “deuda externa”, impactando las cuentas nacionales.
El Perú tiene varios casos pendientes en el Ciadi por varios miles de millones de dólares.
Uno de ellos ha sido formulado por una sola persona natural: Renné Levy por la quiebra de un banco, lo cual no tiene ningún sentido y a lo mejor quede en nada, pero bastó su admisión para que el gobierno peruano haya gastado decenas de miles de dólares en honorarios, viáticos y otros gastos para defenderse en Washington.
El Ciadi está bastante desprestigiado en estas épocas, pues la mayoría de sus decisiones han favorecido a las empresas demandantes en perjuicio de los Estados, porque los árbitros son escogidos por el Estado, por la parte demandante y por el Banco Mundial. Es decir un permanente 2 contra 1.
Cuando el Ciadi fue creado en la década de los sesenta, ningún país de América Latina se sometió a su competencia, pues era un atentado contra la soberanía nacional. La lógica era que el inversionista debía someterse a la jurisdicción del territorio donde decidía hacer negocios. La ley aplicable y el juez competente eran los nacionales (Doctrina Calvo).
Pero, en la década de los noventa, cuando nos aplastó la ola neoliberal, casi todos los países de la región adoptaron el convenio del Ciadi y firmaron una serie de Tratados de Bilaterales de Inversiones (TBI) donde se reconocía el papel de este tribunal para solucionar las controversias. 
El Perú tiene 30 TBI con diversos países y ha ratificado el convenio Ciadi. En los últimos 2 años hemos sido tácitamente chantajeados por la Newmont (Conga) y la Telefónica (renovación).
Es hora de declarar la nulidad de todos los TBI y de la adopción del Convenio del Ciadi. Eso debe plantearse en el seno de Unasur y allí Ollanta puede tener un importante rol.