Esta semana tuvimos una nueva cumbre del grupo de las veinte economías más poderosas del mundo, conocido como G20. La cita se dio en Los Cabos, México y el resultado tal cual fue en Cannes, Corea del Sur y otras ciudades donde se juntan año a año desde la quiebra de Lehman Brothers, fue el mismo: ni pena, ni gloria.
Es que si alguien espera que en este foro se resuelva el despelote financiero, económico y social del globo, puede ir tomando asiento. Para empezar este no es el espacio más adecuado para tremenda tarea, pues si bien participan, además de los clásicos países ricos (Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Canadá, Italia, Francia y Alemania - hoy altamente endeudados y sin perspectiva de crecimiento económico a la vista), México, Brasil y Argentina por la región, y otros países emergentes como India, China, Indonesia y Sudáfrica debido a la falta de legitimidad del otrora todo poderoso G7; la ruta más institucional sería la propia Naciones Unidas.
El G20 lejos de reconocer que la crisis es culpa de la irresponsabilidad y ambición de los grandes bancos, entiende que el tema es netamente fiscal, es decir que la culpa de todo la tienen la educación, la salud y la seguridad social de los europeos y otras poblaciones del norte. Es por eso que las soluciones se centran en recortes presupuestales y represión salarial. Y por eso que la agenda del G20 ha ido variando dramáticamente en ese rumbo.
Atrás quedaron las declaraciones contra los paraísos fiscales y la especulación financiera con derivados y toda clase de instrumentos que los “genios” de las finanzas inventaron para sacar de cualquier cosa grandes ganancias. En las primeras reuniones de Washington y Londres en 2008 y 2009 respectivamente, parecía que el G20 estaba dispuesto a poner fin a la ruleta financiera con una fuerte regulación y combatir a los grandes evasores tributarios.
Luego la cosa se fue entibiando hasta llegar al ajuste presupuestal, dejando de lado la regulación financiera. Y hoy eso ha degenerado hasta anunciar grandes reformas estructurales como la flexibilización laboral.
¿Y los grandes evasores? ¿Los que mueven miles de millones con triangulación, doble facturación, manipulación de precios de transferencias? ¿Los bancos que se prestan su propia plata depositada en paraísos fiscales para prestarla a su vez en los países donde operan y no pagar impuestos (round tripping)? ¿Los fondos de inversiones que timbean en los mercados alimentarios haciendo elevar los precios? Pasan piola.
La declaración final del G20 en Los Cabos se regocija en el Pacto Fiscal de Europa, bendiciendo el hambre que va a pasar mucha de su población para pagar la fiesta de los hombres de finanzas que se hicieron más ricos, escondieron sus ganancias y encima fueron rescatados.
La crisis global se origina precisamente en el neoliberalismo del “mercado se regula solo”. Y ahora pretenden curarla con más neoliberalismo. El FMI aparece con su vieja receta de ajuste, pero esta vez para Europa. Todo lo cual es directamente proporcional a los intereses que se esconden detrás de las figuras políticas del G20, que se reúnen un par días al año a pontificar.
Las declaraciones de Ollanta Humala esta semana en el Parlamento Europeo sobre el acuerdo comercial entre el Perú y la Europa en crisis no tienen lógica. Primero, el presidente dice en su discurso: “…Ollanta Humala tiene diez meses de presidente y siempre he tenido un discurso crítico a los tratados de libre comercio pero hoy día como presidente tengo que respetar las políticas de Estado y lo tenemos que hacer bien…” (sic). Hasta ahí uno pensaría que el candidato que desde el 2006 nucleó a su alrededor a empresarios anti TLC, anti política de mercado abierto, anti dar todas las facilidades al capital extranjero y que querían algún nivel de protección, daba a entender a los parlamentarios europeos que a pesar que él no cree en el libre comercio, no le queda otra que respetar lo que ya es un compromiso adquirido por el país.
Uno podría decir, que eso es coherente con el temor que tiene Humala de una demanda en el CIADI si es que no va Conga, o si se quiere renegociar bien con la Telefónica. Un miedo que Castilla y compañía se han encargado de meterle desde que empezó el gobierno.
Pero inmediatamente Humala agrega: “…por eso creo firmemente que la suscripción de este acuerdo va a beneficiar a ustedes y nos va a beneficiar a nosotros…” (sic). Y ahí viene el sin sentido, porque no explica cómo es que dejó de pensar que los TLC eran perjudiciales y aumentaban las asimetrías entre Estados, ni cómo tiro por la borda su propuesta de renegociar dichos acuerdos.
¿O lo que quiso hacer el presidente fue darle la razón a su primer ministro en eso de que debe olvidar sus promesas de campaña? No olvidemos que uno de los principales ejes de la oposición que hizo Ollanta a García era justamente que los TLC profundizaban la desigualdad por la gran disparidad entre la economía peruana y la de los países en desarrollo. Y no es poca cosa, porque eso era el centro de la economía nacional de mercado, cuando aún el hoy presidente abrazaba un proyecto político.
Hoy solo queda el continuismo, tanto así que Ollanta termina su discurso diciendo: “…creo firmemente que si avanzamos solos tal vez avancemos un poco rápido, pero si vamos juntos vamos a avanzar más lejos” (sic), parafraseando al presidente chileno Sebastían Piñera respecto de la Alianza del Pacífico.
La política exterior peruana no ha cambiado en nada. Prioriza la integración comercial con Chile, Colombia, México y Estados Unidos, en contra de la Unasur, tal cual García. Es más, Humala acaba de firmar un significativo acuerdo de cooperación en materia de defensa con Estados Unidos, por el cual el Comando Sur norteamericano construirá en Piura un Centro de Operaciones de Emergencia Regional. Lo que antes quedaba en Manta, cuando Ecuador era pro Washington y que Correa desalojó en el 2009, hoy se muda al Perú de Humala.
Siendo coherentes, el lema de campaña de Gana Perú debió ser “la gran continuación”, el jefe de programa PPK, y en su plancha debió estar Lourdes Flores. Pero a eso no le votaba la mayoría.
A fines de abril del 2011, Alan García invitó a Keiko Fujimori y Ollanta Humala –ya en segunda vuelta electoral- a una reunión con los presidentes Calderón de México, Piñera de Chile y Santos de Colombia, quienes estaban en Lima junto a García lanzando la famosa Alianza del Pacífico.
Se trataba de la armonización de los TLC que todos esos países y el Perú tienen con Estados Unidos, Canadá y Centroamérica, conformando en la práctica una gran área de libre comercio y protección de inversiones a lo largo de toda la costa pacífica del hemisferio: desde Alaska hasta la Patagonia chilena (con excepción del Ecuador de Correa).
Un territorio donde la flexibilización laboral, las privatizaciones, la desregulación financiera y económica, y la subsidiariedad estatal reinen. O sea una profundización del neolibe-ralismo en plena crisis planetaria del mismo.
En buena cuenta la Alianza “Neo-liberal” del Pacífico es el ALCA resucitada luego de su muerte en la Cumbre de las Américas de Mar del Plata en 2005, cuando Brasil, Argentina y Venezuela le pararon el macho al libre comercio impuesto desde Washington.
Por eso, con esta jugada Estados Unidos (que no tiene necesidad de ser parte de la Alianza porque ya tiene TLC con todos los miembros) pretende reafirmar y consolidar su hegemonía en buena parte del continente y darle un estatequieto a la Unasur, partiendo Sudamérica en dos mitades, una liderada por Brasil y su idea de integración regional sin la influencia gringa, y la otra pro Washington.
Tanto Keiko Fujimori como Ollanta Humala tuvieron reuniones por separado con los presidentes de la Alianza del Pacífico (en ese momento llamada Acuerdo del Pacífico) luego de lo cual declararon a la prensa.
La hija del exdictador no dudó en saludar y felicitar el acuerdo con todas sus letras; en cambio, el Humala de aquel tiempo, sin mencionar a la naciente alianza, resaltó la importancia de dialogar con gobernantes de países hermanos para tener acuerdos de “integración política, cultural y económica”, haciendo énfasis en “fortalecer la Comunidad Andina de Naciones (CAN), y la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur)”.
Con ese sutil mensaje, el hoy presidente deslizaba su ubicación crítica respecto de este tipo de acuerdos, pues era evidente su cercanía al eje Brasilia y su lejanía del eje Washington. No por nada tenía asesores brasileños, ni fue gratuitamente que confrontó a la embajadora norteamericana por el caso de los wikileaks de Rospigliosi, lo que al final de cuentas le sirvió para remontar en la primera vuelta.
A poco más de un año de aquel suceso, el Ollanta presidente ha suscrito con entusiasmo en Chile el convenio marco que da vida a la Alianza del Pacífico, lo que confirma que además de alejarse de la propuesta de la economía nacional de mercado y la gran transformación, ha dejado definitivamente el eje Brasilia y ha abrazado el eje Washington.
Eso es coherente con la compra de los aviones TK1 de Corea del Sur, en lugar de los Tucano de Brasil. Todos sabemos que Corea del Sur es Estados Unidos y hemos visto también a la embajadora Rose Likins defen-diendo al gabinete.
El gobierno ha recibido la delegación de facultades por parte del Congreso para hacer una reforma tributa-ria. Sabiendo que el Perú recauda aproximadamente 15 soles por cada 100 que se producen en su territorio, nadie puede negar la urgencia de que ese indicador que mide la recaudación tributaria como porcentaje del PIB (presión tributaria), se eleve considerablemente para atender las necesidades insatisfechas de la población.
Pero la política fiscal es una potente herramienta para reducir la desigualdad, siempre y cuando se le cobre más a quien más tiene y se redistribuya lo cobrado equitativamente en todos los sectores del país. A eso se le llama progresividad.
Y eso es central en el esquema tributario peruano, pues de esos 15 soles que se recaudan por cada 100, 9 provienen de los llamados impuestos indirectos, es decir los que pagamos todos por igual (Impuesto General a las Ventas – IGV, o el Impuesto Selectivo al Consumo - ISC) cuando compramos algún bien o adquirimos un servicio; mientras que solo 6 soles de esa recaudación provienen de los impuestos directos, los que se pagan al obtener ganancias (Impuesto a la Renta – IR).
Sin embargo, cuando uno lee el proyecto de ley 1091/2011-PE mediante el cual el gobierno le pidió facultades al Congreso para hacer la reforma, se percata de una orientación policiaca antes que de progresividad, pues el énfasis está puesto más en sanciones e infracciones por evadir o eludir impuestos, que en el aumento de las tasas para los ricos.
En el Perú, las personas físicas pagan, dependiendo sus ingresos, tasas de 0%, 15%, 21% y 30%, y las personas jurídicas (empresas) pagan 30% por sus utilidades en todos los casos. Una reforma progresiva, además de perseguir a los grandes evasores y elusores, crearía un nuevo escalón en el caso de las personas físicas con muy altos ingresos (los ricos); y también en el caso de las empresas con mayores utilidades.
En muchos países, en especial los que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), los ricos llegan a pagar hasta tasas de 45% o más, y las grandes empresas hasta de 42%. Un país como el Perú, con crecimiento económico mayor que muchos países ricos de la OCDE, tranquilamente podría poner tasas parecidas y recaudar más.
Una reforma progresiva también incluye que los trabajadores que ganan menos puedan deducir más gastos. Es por eso que el Congreso ha añadido en su delega-ción de facultades que el gobierno evalúe el aumento del IR a las ganancias sobre capital invertido y permita a su vez que los trabajadores puedan deducir gastos de educación, vivienda, y salud.
Lo cierto es que el Congreso ha renunciado al atributo de legislar en materia tributaria. No olvide-mos la frase anglosajona que dice “No Taxation without Representation” (No impuestos sin representación), es decir que una reforma tributaria debe darse en el marco del debate público y eso es lo que se ha evitado. Mientras tanto la Confiep apoya la reforma del gobierno, lo que nos da una pista de que no habrá progresividad, sino solo palo para los pequeños evasores, esos que no dan boleta; mientras que los peces gordos seguirán haciendo elusión, esa planificación tributaria con grandes estudios de abogados para no pagar impuestos.
A los que creen que un gobierno que se hace respetar frente al capital extranjero no tiene ninguna chance de competir en una economía de mercado, les debe caer muy mal la noticia de que le acaban de subir la calificación de riesgo a Bolivia.
Aquellos que abrazan el dogma neoliberal de los TLC, la flexibilización laboral y la subsidiariedad estatal como única condición para el crecimiento económico, deben rascarse la cabeza hasta hacerse herida al ver que a quien hace todo lo contrario le suben la nota.
No ha pasado ni un mes desde la última nacionalización Boliviana y sin embargo, la agencia Standars and Poor´s, la misma que le ha dado el grado de inversión al Perú, ha subido la calificación de nuestro vecino altiplánico de B+ a BB-, mejorando sus condiciones para conseguir financiamiento.
¿Cuál ha sido el argumento de la conocida agencia?: que Bolivia ha logrado disminuir el saldo de su deuda pública en términos del PIB a consecuencia del menor déficit fiscal obtenido por la política económica de Evo Morales.
Además, S&P reconoce que la economía Boliviana ha tenido un alto crecimiento y una fuerte acumulación de reservas internacionales, fruto de años de superávit en cuenta corriente.
Lo que equivale a decir que el promedio de la balanza comercial, de servicios y de rentas del otrora Alto Perú es positiva. O sea que Evo maneja eficazmente su comercio internacional y controla bien la transferencia de capitales.
Bolivia, al mismo tiempo que ha garantizado derechos universales, como el de las pensiones no contributivas a toda su población adulta mayor, ha conseguido ahorrar y tener sus cuentas en azul, demostrando que es posible atender los derechos sociales y al mismo tiempo tener una política económica ordenada.
S&P destaca también que Bolivia tiene una importante protección contra potenciales shocks económicos externos; fortaleza que en tiempos de crisis global es fundamental. Asimismo, resalta el menor nivel de dolarización de Bolivia en términos de créditos bancarios y de depósitos, lo que los expone menos a los vaivenes de la aún moneda de reserva mundial, y les permite mejorar la efectividad de la política monetaria.
Lo que pasa es que el gobierno de Evo ha tenido la valentía de salirse, y con éxito, del esquema económico en el que el ministerio de Economía es un cajero desalmado.
No se dejó meter miedo ni siquiera desde el primer día de gobierno y él, al igual que Ollanta, tampoco es economista.
Evo prefiere tener un poquito de déficit fiscal y gastar en su gente, que obtener el bendito superávit primario que fascina a Castilla y sus predecesores.
Pero Bolivia, al igual que el Perú, depende de los precios internacionales de las materias primas que exporta. Y ambos necesitan cambiar su estilo de crecimiento para hacer su economía más sostenible, generar valor agre-gado y por tanto empleos de calidad. La gran diferencia es que Morales ha empezado el gran reto de la transformación. No se dejó acorralar por “los expertos”, ni abandonó la propuesta de cambio en la campaña electoral.
Mientras expertos como el premio nobel de economía Paul Krugman anuncian la inminente salida de Grecia del Euro para el próximo mes, hay un corralito financiero en países como España e Italia (lo que significa una crisis bancaria marca mayor) y finalmente, el despelote de la unión monetaria en toda Europa en los próximos meses.
Una trampa ideológica insiste en hacernos creer que todo esto se debe a que los países del viejo continente gastaron más de lo que tenían, lo que equivale a decir que por culpa de una seguridad social decente y salarios justos es que ahora tienen niveles de endeudamiento público que en muchos casos superan el 100 por ciento de la producción y déficit fiscales enormes.
Eso es admitir que los derechos de la gente no son compatibles con la salud de las finanzas públicas, lo que además de ser falso, busca en realidad que los verdaderos responsables queden impunes y encima se les rescate a costa del hambre de millones de personas.
Pero noticias recientes como la del despido de altos directivos del banco más importante del mundo, el JP Morgan, por su irresponsabilidad financiera, no hace más que ratificar que la culpa de todo lo que vive el mundo es del ansia irracional del neoliberalismo que dicta que el ideal del ser humano es volverse rico.
Precisamente, la crisis económica global que todavía está en desarrollo, comenzó en la economía financiera, para luego trasladarse, al mejor estilo de una metástasis, hasta la economía real, las finanzas públicas y ahora amenaza con traerse abajo el proceso de integración monetaria más avanzado que tenía el mundo.
Todo comenzó cuando eran mucho más jugosas las ganancias que se obtenían “invirtiendo” en las finanzas, antes que en la producción. Ahí se gestaron las burbujas que explotaron en el 2008. Se prestaba sin mayor respaldo y luego esa deuda se convertía en un activo financiero (derivado) que garantizaba otras operaciones, y así muchas veces.
Eso pasó en el mercado hipotecario, haciendo quebrar a varios bancos de inversión que tuvieron que ser rescatados por Estados Unidos y Europa, trasladando la crisis al ámbito fiscal. Al mismo tiempo, que se implementaban planes de estímulo económico para capear el temporal.
El resultado fue que los bancos comenzaron a hacer utilidades nuevamente pero las cuentas públicas no se recuperaron. Se reanudó la timba financiera en los mercados como si no hubiera pasado nada, mientras el empleo mundial seguía en crisis.
Los países de Europa como Grecia, España, Italia, Irlanda, Portugal, entre otros empezaron a obtener financiamiento cada vez más caro para tapar sus agujeros, lo que al final de cuentas amplió su déficit e hizo crecer su deuda. Y en todo ese juego, muchos banqueros siguieron engordando.
Cuando el forado fue tan grande que ya no pudieron parcharlo con más deuda, se optó por la salida más fácil: ajuste brutal en el gasto público, especialmente en pensiones, educación y salud, y la reducción de los salarios, con planes de pago de deuda muy estrictos, como se hizo en América Latina en los noventa.
Pero esta vez la población ha dicho basta en las urnas y en las calles. La trampa ideológica parece que no va a funcionar y estamos a punto de verlo en Europa.
Si hay alguien que tiene una gran responsabilidad en la pésima respuesta del gobierno frente a los narcoterroristas del Vrae, que ya se han extendido incluso a otras zonas, es ni más ni menos que el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Luis Miguel Castilla.
Lejos de la previsible censura que ha llevado a la renuncia de los ministros Lozada y Otárola, y ha convertido al premier Valdés en un “pato cojo” hasta su salida del gabinete, Castilla pasaba piola en Asia junto al presidente Humala, sacando pecho sobre lo bien que le va al país en los grandes números de la economía.
Pero ha sido Castilla el más grande opositor de la restructuración salarial y pensionaria de las Fuerzas Armadas y Policiales ni bien comenzó el gobierno. Esa reforma -promesa electoral de Humala- buscaba dar remuneraciones y jubilaciones decentes a los miembros de los institutos armados y no tener a capitanes o mayores ganando poco más de dos mil soles, y ni que decir de los suboficiales o de los soldados que ponen el pecho contra los asesinos del clan Quispe Palomino.
En la mesa de Ollanta se pusieron dos propuestas en noviembre del año pasado: la del MEF y la del ministerio de Defensa (Mindef). La primera era una burla que consistía en hacer permanente un bono que había dado García a fines de su mandato y que duraba solo un año. Es decir, nada. En cambio, la segunda planteaba una reforma integral y progresiva a la remuneración básica que se vería reflejada también en las pensiones, y que incluía una restructuración de la Caja Militar-Policial, aumentando los aportes para sacarla del desfinanciamiento crónico que padece.
Los técnicos del Mindef previeron hasta el último detalle, pero su propuesta fue dejada de lado tras el apanado exitoso del operador que había designado Castilla, y que hoy es ministro de Trabajo, José Villena, que con el argumento del riesgo fiscal metió miedo al presidente, quien a último minuto reflexionó y tampoco dio luz verde a la propuesta del MEF, dejando el tema pendiente.
Pero además, Castilla como fue viceministro de Hacienda hasta el final del gobierno aprista, elaboró el presupuesto 2012, que luego defendió como ministro en noviembre del 2011 ante el Congreso. En ese documento no consideró los fondos necesarios para afrontar la tremenda lucha del Vrae, y mucho peor, hasta ahora tiene encajonados los recursos adicionales que se reasignaron en el presupuesto a principios de abril para requipar a las fuerzas del orden. Eso lo han denunciado varios congresistas.
En realidad, Castilla tiene paralizada la inversión pública, pues por más se diga que los gobiernos regionales no saben gastar, es el MEF el que tiene la última palabra en todo, y este año vamos a terminar nuevamente con un gran superávit fiscal.
Castilla se tomará sonriente la foto en diciembre con la diploma que dice lo bien que ahorra recursos en un país donde todo está por hacer, mientras que soldados y policías van al frente de batalla con los pantalones remendados por sus padres, helicópteros sin blindar y con sueldos de hambre. Así no es posible que funcione ninguna nueva estrategia en el Vrae, aunque se tenga la mejor inteligencia. Solo se garantizará una permanente desmoralización de militares y policías.
Ya es momento de acabar con el modelo en el que el MEF es el todopoderoso de la gestión pública. Debemos dejar atrás la institucionalidad fujimorista de los 90, y convertir al ministerio que dirige Castilla en una cartera solo de hacienda, dejando las decisiones económicas -como en todos los países- a un planeamiento de corto, mediano y largo plazo, y no en manos de un simple tesorero.
