Salir del Ciadi

Hace algunos días Venezuela se retiró de la competencia del tribunal de arbitraje del Banco Mundial conocido como Ciadi, que resuelve la mayoría de controversias entre inversionistas y Estados en todo el mundo, y que tiene un sesgo pro inversión debido a que se fija solo en el contrato y no en las circunstancias sociales, económicas o políticas que pueden originar un daño al país receptor de la inversión.
Con esta acción, Venezuela se suma a Bolivia y Ecuador, que hicieron lo mismo hace unos años, y a México, Cuba y Brasil que jamás suscribieron el convenio del Ciadi. Pero no solo basta no haber firmado el tratado internacional que dio vida al Ciadi para librarse de él, pues si un país tiene un TLC o un Tratado Bilateral de Inversiones (TBI), de seguro que se ha sometido a la competencia del Ciadi. Por eso México, Ecuador y Bolivia tienen demandas pendientes en ese tribunal. Y aunque Ecuador y Bolivia han denunciado también casi todos sus TBI, aún deben esperar algunos años para liberarse totalmente del Ciadi. 
En su cuenta de twitter, Cecilia Blume, exponente de la tecnocracia neoliberal peruana con influencia en medios de prensa, en las más altas esferas del poder (aún) y en varias grandes empresas, dijo esta semana: “Venezuela se va del CIADI (B Mundial solución controversias) x mucha demandas: expropiación Exon Mobil y Conoco Phillips!” (sic), ante lo cual respondí desde mi cuenta: “@ceciliablume el Perú debería hacer lo mismo y dejar el chantaje de las inversiones", a lo que ella señaló: “@primeravoz al contrario xq la mayoria d veces Peru gana” (sic). Enseguida repliqué: “@ceciliablume Y entonces por qué Ollanta se muere de miedo cada vez que escucha CIADI?”, recibiendo de respuesta de su parte: “@primeravoz xq nadie le ha contado q Perú casi siempre ha ganado” (sic). Con lo que me quedó claro que: “@ceciliablume Solo le han contado (Castilla y cia.) que si se pone fuerte con Telefónica nos clavan un demanda multimillonaria allí.”
Así quedó el intercambio, pero no es tan exacto que el Perú haya ganado casi siempre. De las diez demandas de arbitraje que le han puesto en el Ciadi, solo han sido concluidas cuatro: Compañía Minera Internacional (1998), Lucchetti (2003), Duke Energy (2003) y Aguaytia Energy (2006). En el primer caso hubo un acuerdo de las partes para suspender el proceso; en el segundo, el Ciadi se declaró no competente; el tercero fue anulado, y solo en el cuarto el Ciadi negó en su laudo arbitral la reclamación del demandante. O sea que solo hemos ganado un caso y los otros tres no llegaron hasta el final.
Sin embargo, quedan seis casos pendientes: DP World (concesionaria del terminal sur del puerto del Callao), Renne Rose Levy (Banco del Nuevo Mundo), Tza Yap Shum (productora china de harina de pescado), Gremcitel (un proyecto de edificios en el Morro Solar), Convial (los famosos peajes de Kouri), y Caraveli Cotaruse (empresa transmisora de energía). Todos ellos han demandado al Perú por más de tres mil millones de dólares en conjunto, lo que da como para repensar nuestra permanencia allí. Además, hemos recibido la presión mediática de Telefónica si es que no renovamos su concesión y le cobramos los impuestos que debe; y de Newmont si es que Conga no va.

¿Qué sentido tiene Camisea?

Durante muchos años, cada vez que oía la famosa frase: “el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro”, no podía dejar de pensar en el famoso gas de Camisea, tesoro enterrado en la montaña amazónica cusqueña que parecía ser una panacea económica de la cual gozaríamos algún día.
Hoy, luego de más de diez años del acuerdo con el Consorcio Camisea, y de más de seis años de efectiva explotación del gas, no me queda claro en que se beneficia la mayoría de peruanos. 
Mientras grandes volúmenes de gas natural se exportan a precios ínfimos (lo que esconde otros negocios) y muchas empresas peruanas están en la cola; la tan esperada masificación es aún incierta.
Ya lo dijo Aurelio Ochoa, presidente de PeruPetro: las negociaciones entre el Estado y el Consorcio Camisea para que el gas del lote 88 se destine enteramente al mercado nacional están suspendidas hasta nuevo aviso, porque el consorcio no presenta aún un esquema para cumplir con esa decisión gubernamental. 
Estamos en manos de un puñado de trasnacionales que se resiste a perder los miles de millones que representa la exportación del gas de todos los peruanos, dejándonos algo en la caja fiscal vía impuesto a la renta y regalías, hasta que el gas se acabe por supuesto.
Abaratar la energía para la población o industrializar al país, no aparece en la apuesta por la demanda internacional de nuestro modelo económico, y la capacidad de negociación estatal para oponer los intereses de la nación frente a la ambición del gran capital, se hace nada cuando nos chantajean con eso de que los contratos no se revisan porque sino viene el CIADI y nos multa, para beneficio de Pluspetrol y sus amigos. 
Pero lo que es ilógico, es que el propio gobierno, interesado en que el gas del lote 88 se destine al mercado interno (para respetar nada más que el trato inicial con la inversión), se haya opuesto a la sentencia de la Cuarta Sala Civil de Lima, que declaró inconstitucionales las normas dadas por el gobierno de García para facilitar su exportación. 
Ni que decir de los líquidos que emanan junto al gas natural, y con los que se produce GLP (gas licuado de petróleo) para alimentar más del 80 por ciento de los balones con los que gran parte de las familias peruanas cocinan. 
Este GLP, que no se importa ni se produce a partir de petróleo importado, es vendido a todos los peruanos a precios internacionales. Y ese es el tema de fondo para que el precio del balón de 10 Kilos pueda reducirse significativamente desde los 35 soles que cuesta en promedio.
En lugar de agarrar al toro por las astas, el gobierno ahora pretende que el balón de GLP baje algo de 5 soles, reduciendo costos en su envasado y distribución. Pudiendo tener un balón a menos de 20 soles, elegimos no fastidiar los intereses de los poderosos, y que todos los peruanos paguemos la factura.
Peor aún es la barbaridad que ha propuesto el congresista Víctor Isla, de envasar directamente en los grifos balones domésticos de GLP total o parcialmente, arriesgando la vida y seguridad de la gente.
Todo con tal de no tocar a Pluspetrol y al mismo tiempo hacer OK en la Hoja de Ruta.

Conga no va

Para acabar con el conflicto provocado por el proyecto minero Conga de Yanacocha, en Cajamarca, se presentan dos grandes obstáculos en el seno del gobierno. El primero es político y el segundo ideológico, aunque ambos se camuflan con un ropaje supuestamente técnico de economía en tiempos de crisis global.
Lo político en este caso tiene que ver, en primer lugar, con el hecho que el presidente confunde la movilización de todo un pueblo -al que prometió agua antes que oro durante la campaña electoral- con una maniobra política de Patria Roja.
Creyendo que al decir “Conga va” ponía orden y vencía a su contrincante “violentista”, Humala logró mayor inflamación social y romper con su base. El estado de emergencia simboliza esa manera de ver las cosas.
Otro aspecto político es la gran influencia que ejerce el ministro Luis Miguel Castilla -cuya hermana fue gerente corporativa de Yanacocha no hace mucho tiempo– sobre el presidente, convenciéndolo de que si Conga no va, nos vamos a la ruina, usando para ello, el chantaje de que los contratos firmados, así sean lesivos o irregulares se respetan porque si no viene el cuco CIADI y nos clava una indemnización multimillonaria. Pero también que se cae la inversión y nos quedamos sin plata para los programas sociales en plena recesión mundial. Todo lo cual es bastante engañoso.
Del lado ideológico, el tema es ciertamente más complejo, porque se trata del valor que se le asigna a un ecosistema frágil como el que rodea al proyecto minero en cuestión. Para Yanacocha, Castilla y los demás defensores del estilo de crecimiento neoliberal, las lagunas, bofedales, humedales y pastizales que van a ser destruidos, valen solo si tienen significancia económica en el mercado.
Y como allí, salvo por los servicios ambientales que se timbean en los mercados de carbono, no hay mayor lugar para la naturaleza, entonces se da por descontado que la inversión y las utilidades son más importantes que la tierra, el agua y el paisaje.
El Estudio de Impacto Ambiental de Conga (EIA) mira cada uno de los bienes públicos en juego como si fueran independientes y sin interrelación, por eso la compensación ambiental más importante que plantea es construir cuatro reservorios, como si solo estuviéramos hablando de juntar agua, como si no existiera el gran riesgo de contaminar con agua ácida filtrada, la parte baja de la cuenca afectando todo un sistema económico local y transformando irreversiblemente fuentes naturales de recursos hídricos en tajos y desmontes.
El EIA omite la evaluación de toda la cuenca, concentrándose en la cabecera, pues no tiene un enfoque ecosistémico, y da mayor peso al criterio económico y operacional, que al de la protección del medio ambiente.
Si nos animáramos a hacer economía de verdad y cosas como los pasivos ambientales se integraran a la hora de calcular la variación del PBI por ejemplo, el cuento del crecimiento ya no sería creíble, porque la economía no puede reducirse a tumbar cerros, lagunas y todo lo que se interponga en el camino del implacable extractivismo.
Mientras tanto, seguiremos escuchando al premier Valdés insinuar que el peritaje internacional es una mera formalidad, y que el proyecto se inicia de todas maneras antes de llegar a medio año, así Conga a estas alturas ya goce de inviabilidad social.

Salario mínimo

Cada vez que los defensores del capital nos meten el cuento de que aumentar la remuneración mínima vital (RMV) trae informalidad y desempleo, no puedo dejar de acordarme de la década de los noventa, cuando empezó la represión salarial con la misma justificación pero dicha a la inversa, es decir que para tener empleo y mayor grado de formalidad era necesario flexibilizar y desregular las relaciones de trabajo. Eso supuso desinstitucionalizar el ajuste salarial mínimo en el entendido neoliberal de que perturbaba el libre mercado laboral. De igual modo, las organizaciones de los trabajadores, que fueron duramente golpeadas con legislación antisindical.
A finales del 2000, una vez acabada la dictadura fujimorista, la realidad laboral no presentaba mayores índices de empleo formal que cuando se iniciaron las reformas laborales. Ya varios académicos del mundo laboral como Tokman y Chacaltana lo han demostrado con cifras. En esa década, el trabajo urbano en el Perú creció sin contrato laboral. De un 30 por ciento de trabajadores sin contrato en 1989, se pasó a un alarmante 46.8 por ciento en el 2000. Y los salarios reales se fueron al piso.
Veinte años después, y con toda la herencia de las políticas laborales flexibilizadoras que tiene a un grueso de los peruanos en la precariedad laboral, se sigue insistiendo con la misma cantaleta de buscar competitividad en el cholo barato, incluso al máximo nivel político.
Tanto el ministro de Economía y Finanzas, Miguel Castilla, como el de Trabajo, José Villena tienen la misión de patear para adelante tanto como sea posible, el segundo tramo del aumento mínimo. Todo indica que el primer semestre no veremos cumplida la promesa electoral, a pesar de las buenas intenciones del viceministro de Trabajo, Pablo Checa.
Y ni que hablar del mecanismo para los aumentos futuros en base a la productividad y la canasta de consumo familiar. Eso sigue pudriéndose en el Consejo Nacional de Trabajo (CNT) desde el 2007.
Todo esto ha quedado más claro todavía con la presentación del gabinete Valdés en el Congreso el jueves pasado. Junto con su tristemente célebre frase de que el Perú no está para experimentos ni globos de ensayo, lo que quiere decir que seguiremos con las políticas del modelo salarial fujimorista continuado por Toledo y García; el premier con las justas y aludió al ofrecimiento presidencial de aumentar el salario mínimo en 150 soles este año sin que se sepa cuando.
Como era lógico, los sindicatos agrupados en la CGTP salieron a señalar la omisión de los detalles sobre los 75 soles del segundo tramo del aumento. Y por su lado, los empresarios agremiados en la CONFIEP, salieron al mismo tiempo a decir que el discurso va en la línea de la Hoja de Ruta.
Pero no es verdad, porque la Hoja de Ruta señala que además de aumentar el salario mínimo a 750 nuevos soles, se harían aumentos posteriores de acuerdo con la evolución de la productividad y del costo de la canasta de consumo; y eso está en la refrigeradora del Ministerio de Trabajo (MINTRA), mientras José Villena, hombre de Castilla y del agrado de los empresarios, siga como titular de ese pliego. La CGTP por su parte, que conserva aún su influencia en el viceministerio de Trabajo, se mantiene de aliado del gobierno. ¿Cuándo se romperá la convivencia entre pro trabajadores (el viceministro Checha y sus directores), y pro empleadores (el Ministro Villena y sus colaboradores)? La respuesta se encuentra en los mismos fundamentos conceptuales de la reforma flexibilizadora de los noventa que como vemos está lejos de corregirse: los salarios no se regulan y los sindicatos mejor que ni existan.

Laguna Parón

Una de los temas que Salomón Lerner dejó pendientes en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) es la solución al conflicto entre la Comunidad Cruz de Mayo y la empresa Duke Energy Egenor que opera la Central Hidroeléctrica del Cañón del Pato, en las alturas de Ancash.
Aunque parezca broma, la laguna Parón, que se encuentra en lo alto de la Cordillera Blanca y es la reserva de agua dulce más grande del Callejón de Huaylas, fue privatizada con instalaciones de descarga y todo en los noventa, junto a la central hidroeléctrica que pertenecía a ElectroPerú.
La empresa privada tomó control de la laguna y la empezó a descargar para garantizar su producción de la energía en épocas de estiaje, a un ritmo de 8 metros cúbicos por segundo, poniendo en riesgo la reserva de agua, a la que también tienen derecho las poblaciones del lugar. Y era tan arbitraria la forma en que operaba, según autoridades y pobladores, que no importaba si cargaban demasiado el río Santa, afectando las instalaciones de la empresa de saneamiento de Caraz o malogrando cultivos aledaños.
Tiempo después, las autoridades redujeron el límite de descarga a cinco metros cúbicos por segundo, pero el nivel del agua siguió bajando considerablemente.
Por ello, en 2008, la Comunidad Cruz de Mayo y el Frente de Defensa de la Laguna Parón tomaron las instalaciones de descarga, y desde ese momento hasta la actualidad Duke Energy perdió el control sobre Parón.
Duke Energy empezó entonces, una batalla legal que ha llegado hasta el Tribunal Constitucional, pidiendo, en medio de eso, a la Oficina de Registros Públicos que cancele recién el asiento en donde constaba que Duke era dueña de la laguna; pero reclamando la restitución de las instalaciones de descarga de la laguna y el derecho de usar sus aguas. Finalmente, el Tribunal le dio la razón hace unos meses, ordenando que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) restituya las instalaciones de Parón a Duke Energy.
Pero la ANA no tiene en su poder las instalaciones, sino la Comunidad Cruz de Mayo, que junto al gobierno regional, el gobierno local, y más aún, toda la población de la zona, demandan que las instalaciones reviertan al Estado para así tomar control efectivo del un recurso que es de todos los peruanos y no de una empresa.

Es que el error se produjo en la forma en que se privatizó esa sección de ElectroPerú, pero también en la intransigencia actual de los funcionarios de Duke Energy, que a toda costa quieren tomar nuevamente el control de la Laguna Parón, sin tomar en cuenta lo que significa la reivindicación social y política de todo un pueblo.
Parecen no entender que si cede va a ganar mucho más, la confianza de los pobladores y el uso del agua de Parón para sus fines energéticos. De igual modo, la Comunidad podrá usar la laguna para fines agrarios, de consumo y ecoturísticos que no afectan ni la seguridad, ni la regulación de Parón.
Lo único que falta en esta historia, es que Duke Energy decida dar un paso atrás para avanzar dos adelante; que transfiera las instalaciones al Estado y que, en diálogo con las autoridades locales, regionales y la propia Comunidad, se establezcan los mecanismos para que todos puedan disfrutar del recurso hídrico de la laguna. En ese punto lo dejó Lerner.

Minería: nuevo esquema

El oro, cobre, plata, zinc y demás metales que se encuentran en nuestro territorio y cuya extracción y venta genera miles de millones de dólares para grandes empresas privadas, en su mayoría extranjeras; proveen también a la administración del Estado una parte considerable de sus ingresos, claro, que en mucha menor cantidad que para las mineras, con nuevo gravamen y todo.
Al mismo tiempo, ocasionan los más graves conflictos socio-ambientales, como estamos viendo hoy en Cajamarca.
El problema es que el esquema actual de esta actividad extractiva se basa en concesiones mineras a privados, reguladas en primer término por la Constitución de 1993 y detalladas en la Ley General de Minería y otras normas. Este esquema fue diseñado durante la dictadura Fujimorista, cuando no había Congreso, y es el corazón de los conflictos mineros que hoy enfrentamos.
Hace algunos años, Ollanta Humala describió esto mejor que nadie, cuando nos dijo que “los recursos naturales del país, mientras estén en el subsuelo, pertenecen al pueblo peruano, pero una vez que salen a la superficie ya no pertenecen al pueblo peruano sino a los que lo extraen”.
Se refería, entre otras normas, al artículo 66 de la Constitución peruana que establece que la concesión otorga a su titular un derecho real y eso se refiere a la propiedad.
Y podemos hacer un esfuerzo y entender que en los primeros años de la década de los noventa estábamos en bancarrota y fuera del sistema financiero internacional y no nos quedaba más opción que atraer inversión extranjera dándole buenos incentivos: se concesiona desde Lima, se entrega el agua necesaria para la extracción y se reprime a la población.
Pero hoy la situación es completamente distinta. Tenemos una sólida macroeconomía, mercados internos por articular y desarrollar con mucho potencial, y hasta emitimos deuda soberana. Y por eso, no podemos seguir con el mismo esquema minero.
Hace unos días, un amigo ingeniero industrial me dijo que hay que cambiar totalmente el sistema de concesiones, porque no es conveniente para seguir desarrollando nuestra economía. El nuevo esquema debe basarse en una licitación de proyectos integrales de extracción y metalurgia y no en una simple concesión. El producto final, que no sería solo mineral a granel sino en barras, debe ser comercializado por una entidad estatal.
Si lo miramos bien, es una clara alianza público-privada (APP) para generar valor agregado y muchos más puestos de trabajo que los que genera exportar cerros de mineral en polvo (con una infinidad de sub productos mineros que no se contabilizan y más bien se regalan). Pero al mismo tiempo implicaría la nacionalización de la minería, o sea la recuperación de los recursos mineros para la nación peruana, sin caer en lo estatista.
Si este nuevo esquema es complementado con el derecho a la consulta, el ordenamiento territorial, un proceso profundo de descentralización y la ruptura de los candados que pone el ministerio de Economía y Finanzas a los proyectos de inversión de la administración pública en sus tres niveles de gobierno, podríamos estar construyendo las bases de la estabilidad y la gobernabilidad y así evitar más Congas.
Claro que eso pasa por una nueva constitución, lo que en buena cuenta significa volver a repartir el poder en el Perú.

No Ciadi

Uno de los principales argumentos que diversos analistas, periodistas y hasta políticos, especialmente de la derecha peruana, han usado para oponerse a la revisión del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Conga, luego de la suspensión solicitada por el gobierno nacional, es que nos puede costar una demanda de arbitraje en el Ciadi por cientos de millones de dólares.

Eso equivale a decir que un país no puede objetar una concesión, así se haya hecho mal, o aprobado en medio de actos de corrupción, o cuya aplicación vulnere derechos de la población, porque inmediatamente te amenazan con la cantaleta del arbitraje internacional en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias en materia de Inversiones (Ciadi), cuyos árbitros se centran en el propio contrato y no en las circunstancias que lo hacen injusto. Y no quiero decir que éste sea específicamente el caso de Conga, pero no puedo dejar de sentir que en todo esto hay un tremendo chantaje.
Por ello, varias organizaciones de América Latina, reunidas en la Alianza Social Continental, que congrega a movimientos sociales, centros de investigación, gremios de trabajadores e instituciones de desarrollo, vienen impulsando una campaña denominada No Ciadi, cuyo objetivo central es que los países de la región denuncien el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados que dio nacimiento al Ciadi, y todos aquellos tratados bilaterales de inversión y de libre comercio, o sus cláusulas respectivas, que hagan referencia al Ciadi como mecanismo de solución de controversias.
Claro que, aun después de la denuncia de estos instrumentos, tendríamos que esperar varios años para que la competencia de Ciadi pierda eficacia. Además, esto no puede ser hecho de manera aislada, y si bien Ecuador y Bolivia ya empezaron este proceso, lo cierto es que debe ser en el marco de la Unasur donde se discuta la iniciativa de dejar atrás el arbitraje sustentado en el Banco mundial, y avanzar hacia otro esquema de arreglo de diferencias entre inversionistas y Estados en América del Sur, porque precisamente nuestra región es la que tiene más procesos abiertos en el Ciadi.
Ahora bien, en esta línea, hay dos posturas. Una, basada en la jurisdicción nacional. Es decir, si alguien quiere invertir en un determinado país sudamericano, deberá someter cualquier controversia a sus tribunales internos o a mecanismos creados dentro de los mismos. Esta es una posición que podemos calificar como “soberana”, y quienes la defienden no dudan en poner el ejemplo de Brasil, país que no es parte del Ciadi, ni tiene ningún tratado bilateral que remita a éste.
De otro lado, está la postura “regionalista”, cuyos defensores afirman que se tiene que dar garantía a la inversión extranjera, de un mecanismo de solución de controversias independiente y neutral, pero que a diferencia del Ciadi, incluya criterios de derechos humanos, de lucha contra la corrupción, entre otros. La idea en este caso es que se construya una especie de Ciadi del sur, que se encargue de ver todos los conflictos derivados de controversias entre inversionistas y Estados en el territorio sudamericano y en el marco de la Unasur.
Como fuere, cada vez se hace más urgente explorar todas las rutas posibles para liberarnos del chantaje de las inversiones.