El Congreso y el modelo

Qué triste que más importante que el debate del presupuesto público en el Congreso, haya sido el propio salario de los congresistas. La gente, desde el gerente de un banco hasta el guardián de un edificio, sabía que los parlamentarios se estaban doblando la remuneración. En cambio muy pocos son los que se enteran que el presupuesto 2013, así como todos los anteriores, se aprobó en el Parlamento Nacional en noviembre pasado (en realidad poco se puede hacer con el presupuesto allí, ya que todo lo define el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con eso de que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, según la Constitución fujimorista de 1993.Entonces, ¿para qué sirve un Congreso como el que tenemos si hasta los cambios en la legislación tributaria del 2012 fueron hechos por el Ejecutivo vía Decreto Legislativo?
Lo tributario y fiscal, que hace siglos hiciera que se creara la institución de representación ciudadana en Inglaterra, son los temas que el Congreso peruano o no discute, o no tiene la capacidad de encarar.
Pero no se trata de elegir mejor. Lo que pasa es que el modelo económico neoliberal requiere precisamente de Congresos endebles, raquíticos, que no discutan, que no hagan política, sino politiquería; mientras que la tecnocracia maneja desde el Poder Ejecutivo todo el país.
Un Congreso que represente bien, sería el peor obstáculo para mantener el modelo neoliberal. Por eso a los Castilla y compañía, les es funcional un Congreso mediocre.
¿Quién fue el presidente de la Comisión de Presupuesto que aprobó sin chistar la propuesta del MEF para el 2013? El oficialista Josué Gutiérrez, que estaba con tremendo roche por haber acompañado a Alexis Humala en el famoso viaje a Rusia. Ese era el perfil ideal que necesitaba Castilla para que pase sin problemas su propuesta que prioriza el superávit antes que los derechos de la población.
Un Congreso que realmente represente la correlación de fuerzas que se impuso el 5 de junio del 2011, discutiría cosas como:

1. La denuncia del CIADI y los tratados bilaterales de protección de inversiones (TBI) que mantenemos con varios países de donde provienen los grandes capitales que se enriquecen en el Perú. Por ejemplo, Telefónica. Con España tenemos un TBI y por eso se amenaza al gobierno con una demanda internacional si no se renueva su concesión o se le cobra lo que debe a la Sunat.

2. El régimen de los recursos naturales en el país, buscando modificar el artículo 66 de la Constitución, que señala que los concesionarios de dichos recursos tienen derechos reales sobre ellos.

3. El fin del rol subsidiario del Estado, para que las empresas estatales estratégicas (las existentes y las que vengan) puedan ser fortalecidas en serio.

4. Una reforma tributaria de verdad y la eliminación de los candados constitucionales que impiden que el Congreso defina el presupuesto.

Eso y un largo etc. de reformas institucionales es lo que debe discutir el Congreso que merecemos. Pero mientras el modelo económico que genera extrema riqueza en la minoría siga vigente, tendremos este modelo congresal inútil y mediocre.

Lo que se viene en el sector Trabajo

El explosivo exministro de Trabajo José Villena no tuvo tiempo para acabar del todo con la política de contención defensiva de los derechos laborales y sindicales que se impulsó en el Viceministerio de Trabajo desde que Pablo Checa, exdirigente de la CGTP, fue nombrado como viceministro al inicio del gobierno de Humala.

Si bien Villena empezó una misión antilaboral, lenta pero segura, desde que fue nombrado ministro hace un año, no tuvo tiempo para cumplir el objetivo de acabar totalmente con el impulso reformista de los primeros meses del actual régimen.
Recapitulando su paso por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, podemos decir que primero se encargó de diferir lo más que pudo el segundo tramo del aumento del sueldo mínimo, enfriando al mismo tiempo cualquier posibilidad de contar con un mecanismo de ajuste periódico. Y si no hubiese sido por el peso de la promesa de los 150 soles adicionales a la remuneración mínima, se hubiera volado sin asco los 75 soles pendientes.
Luego saboteó la Ley General de Trabajo para mandarla nuevamente a la congeladora. Se la pasó con declaraciones en contra del anteproyecto de Ley, hasta que encontró el contexto preciso para sacarla del debate público. Lo mismo hizo con el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y con el fortalecimiento de la inspección laboral, entre otros cambios que se habían dibujado.
Esperó pacientemente el momento adecuado para volarse a Checa. Pero allí el tiro le salió por la culata, porque no previó que Silvia Cáceres, la viceministra que remplazo al sindicalista, mantuviera una posición coherente de respeto hacia el trabajo y los sindicatos. Eso la puso en la mira de la Alta Dirección del Ministerio y por su puesto del tristemente célebre ministro pegalón, que solo estaba calculando el timing preciso para un nuevo relevo en esa área. Es que Cáceres no se movió de la línea Checa, manteniendo hasta la fecha a los directores que éste nombró.
Luego vino el episodio de Arequipa que envió a Villena a su domicilio y todos quedamos a la expectativa de quien lo reemplazaría. 
Pero al ver juramentar a una abogada de empresarios, a todas luces operadora de la Confiep, como es el caso de la Sra. Laos, muy cercana por cierto a la exministra de Trabajo aprista Manuela García (quien estará saboreando la posibilidad de hacerse de la dirección de conflictos laborales) que tiene el mismo filo pro patronal y que aún labora en el Ministerio; los días en que el Viceministerio de Trabajo conserva algo del espíritu laboral del candidato Humala, parecen estar contados.
No por gusto El Comercio ha publicado esta semana una editorial descaradamente antilaboral y antisindical, llena de prejuicios y sentidos comunes neoliberales en la que prácticamente le dice a la nueva ministra cual debe ser su agenda: facilitar los despidos y desregular más las relaciones laborales.
Se viene toda la maquinaria mediática para garantizar la masa crítica que aliente a Laos a terminar la labor que dejo pendiente Villena.

Pensando el futuro económico

El peor escenario que puede enfrentar el gobierno, es en el que a la inestabilidad social se le suma la inestabilidad económica. Que en medio de los pleitos por proyectos de inversión como Conga, o de las huelgas por más salarios, llegue el fin de la bonanza económica. Claro, con el elemento especial de este periodo: el malestar del núcleo duro de electores de Humala, que apostaba por salir del modelo neoliberal.

En los quince meses que tiene la presente gestión, hemos visto problemas sociales derivados de la etapa “conflicto del crecimiento”, en la que las luchas son por reparto de excedentes y por reglas de inversión, especialmente la extractiva. Las propuestas de “inclusión social” o “diálogo”, presentes en el discurso oficial, no lograron desinflar los conflictos duros.

Medidas como el reparto de tickets para adquirir gas barato en algunas provincias, o para meter candela a obras de infraestructura en el agro de pequeña escala mirando la experiencia Quellaveco, constituyen un esquema vulnerable. Primero, porque suponen que la crisis económica que vive el mundo no va a detener el crecimiento peruano, y segundo porque requieren de un Estado eficiente.Mientras no se relance la economía (diversificación productiva e industrialización saliendo de la lógica de libre comercio); junto con transformaciones en el régimen subsidiario del Estado, de la propiedad de los recursos naturales, y de la forma en que se negocia y trata al capital extranjero (modificaciones constitucionales), no podremos resolver los problemas de fondo.
Solo queda calcular el fin del boom económico. Sabemos por historia que todos los periodos de auge que ha vivido el Perú republicano se han relacionado con la explotación de algún recurso natural (guano, caucho, algodón, harina de pescado y ahora minerales), y que luego sobreviene el declive y la bancarrota fiscal. Lo dijo Basadre desde su “Perú: Problema y Posibilidad”, en las primeras décadas del Siglo XX.
¿Cuánto durará el actual crecimiento? Lo mismo que duren los precios altos de los commodities y los flujos de capitales. Esos dos elementos, centrales en el esquema económico de estos años, no dependen de decisiones nacionales, sino de medidas que toman los grandes del mundo, haciendo de nuestra economía una muy vulnerable.
Basta que alguien en Europa o Estados Unidos se de cuenta de que hay un poquito más de inflación de lo normal, para que las tasas de interés de referencia de sus bancas centrales dejen el nivel cero en el que están desde hace diez años, rompiéndose la lógica en la que los capitales vienen a las economías emergentes y las materias primas siguen en el top de su precio.
¿Cuánto aguantaremos el golpe en los ingresos fiscales y las cuentas externas? Lo que duren las reservas, el fondo de tesorería y otros guardados de Castilla, basados todos en los bajos salarios. Pero eso en el mejor de los casos mantendrá las grandes cifras en azul por un tiempo. El Perú seguirá siendo un país de misios pero con una tremenda crisis política.

¿Por qué no vino Dilma?

Es bien raro eso de que la presidenta del Brasil no haya venido a la cumbre de Unasur en Lima por un problema de “agenda interna”.

Tratándose de una reunión prevista con anticipación, no cuadra que Dilma Rousseff haya cancelado unos días antes su presencia en la cita en la que empieza formalmente la presidencia pro témpore de Perú.

En realidad, estamos frente a un gesto político por el giro que ha dado Ollanta Humala en relación a América del Sur.

Para nadie es secreto que en el 2006, el entonces candidato era cercano al eje bolivariano, apartándose luego de éste a partir del 2009 y entablando relaciones con el eje Brasilia. Fue público que los principales asesores de la campaña del 2011 eran cuadros cercanos del Partido de los Trabajadores.
Pero ya en el poder, el presidente Humala se ha ido situando en el eje Washington. Primero descartó la asesoría brasileña en los programas sociales, dejando al BNDES por el Banco Mundial. Luego, las represas derivadas del convenio energético con Brasil quedaron en Stand By. Peor aún, los brasileños se enteraron por la prensa de que el gobierno peruano ya no compraría los Súper Tucano, reemplazándolos por los KT1 de Corea del Sur. Con ello la cooperación militar con Brasil pasó al olvido.
Ello generó que Dilma cancele su visita oficial al Perú, prevista para mayo pasado. Pero las relaciones se siguieron deteriorando, pues la Alianza del Pacífico (armonización de los TLC que Perú, Colombia, Chile y México tienen entre sí, con Estados Unidos y Centroamérica: el ALCA del Pacífico) que impulsa fuertemente la administración Humala, sedujo a los pequeños del Mercosur: Paraguay y Uruguay. Ello ocasionó la protesta del canciller brasileño Patriota en una visita que hizo a Lima en agosto.
Pero el plato fuerte en este divorcio fue el tema del gas, al quedar prácticamente desbaratado el proyecto Kuntur en el que iban a participar PetroPerú y Petrobras para montar un gasoducto y la industria petroquímica en el sur peruano.
El lobby Repsol-Hunt Oil lo hirieron de muerte en julio pasado, cuando el presidente anunció en su discurso por fiestas patrias, la construcción de otro proyecto gasífero. Y le dieron la estocada final, ahora que el gobierno no va a renovar la concesión del lote 58 a Petrobras, a pesar que ya tiene reservas probadas.
Doble rasero, pues si se trata de no renovar el contrato de Telefónica o renegociar condiciones con la Newmont, viene el chantaje de la seguridad jurídica y de la demanda multimillonaria ante el CIADI. Pero en este caso hay intereses más poderosos que los de la potencia suramericana y lógicamente que los de la industrialización del Perú.
Son aproximadamente 700 millones de dólares los que Petrobras exigirá al gobierno peruano por la inversión realizada y que queda en nada. Aunque en el mejor de los casos esto se soluciona con una operación de venta de la concesión. Lo relevante es que se está expulsando a Petrobras del negocio del gas peruano, lo que equivale a terminar de tirarle la puerta en la cara a Brasil. Por eso no vino Dilma.

La industrialización de Humala

“El gran reto de América Latina y particularmente del Perú es la industrialización”, fue uno de los mensajes clave que Ollanta Humala trasmitió en su reciente visita a España y Portugal con ocasión de la Cumbre Iberoamericana. Habló de diversificación productiva y de un proceso profundo para crear industrias.
Pero si eso es lo que quiere hacer el mandatario, no entiendo por qué su gestión continúa la política de libre comercio establecida, totalmente contraria a la industrialización.
Es contradictorio decir que el reto es industrializarse, y al mismo tiempo profundizar la apertura comercial negociando un mega TLC como el del Acuerdo de Asociación Transpacifico (TPP), o apostar con todo a la Alianza del Pacífico que no es otra cosa que la armonización de los TLC que el Perú, México, Chile y Colombia tienen entre sí y con todo el litoral occidental del hemisferio americano (a excepción de Ecuador), resucitando en la práctica un ALCA sin Mercosur.
¿Cómo es que el presidente compatibiliza el paradigma de la ventaja comparativa (que es lo que está detrás de los TLC y en general de la apuesta peruana de los últimos 20 años por la demanda externa como motor de la economía) con diversificación productiva o industrialización?
Si en verdad quiere industrializar al país, será útil que el presidente revise la experiencia del monarca inglés Enrique VII a finales del siglo XV.
El rey se dio cuenta que Inglaterra perdía mucho exportando lana e importando chompas y demás tejidos de países como Italia y Holanda. Entonces, en lo que podemos llamar como la primera política industrializadora del país que siglos más tarde fuera escenario de la revolución industrial, el monarca puso retenciones a las exportaciones de su materia prima, elevó los aranceles y dio incentivos a la producción de tejidos y prendas.
El resultado fue una industria pujante de Inglaterra, que una vez en desarrollo requería políticas completamente contrarias a las que le dieron vida. Para seguir impulsándola se necesitaba el acceso a más mercados. De ahí que a principios del siglo XIX saliera el economista inglés David Ricardo a impulsar el comercio internacional con su famosa teoría de la ventaja comparativa, que señala que si un país es bueno produciendo algo, lo siga haciendo, así sean solo minerales como es el caso peruano. Eso era a negar la industrialización a los demás países, favoreciendo solo a quien ya la tenía.
La economía peruana se ha saltado esa lógica. Sin industria, abrimos totalmente nuestro mercado con las políticas neoliberales. Y ahora que caigan los precios de las materias primas, nuevamente pasaremos del boom al declive, como tantas veces.
Si el presidente habla en serio, tendría que empezar por cambiar la política de comercio exterior; denunciar TLC y Tratados de Protección de Inversiones; salirse de la Alianza del Pacifico y del TPP; proteger los sectores que quiera industrializar; adecuar la política monetaria y de divisas; etc. El resto es puro floro.

Libre determinación para Haití

Recientemente visité Haití, país que ocupa el tercio occidental de la misma isla caribeña en la que se ubica República Dominicana. Tiene diez departamentos cuyas capitales son Gonaïves, Hinche, Jérémie, Miragoâne, Cap-Haïtien, Fort-Liberté, Port-de-Paix, Jacmel, Les Cayes, y Port-au-Prince, que es también capital del país.

El pueblo haitiano habla Creole, a pesar de que su gobierno -controlado por una diminuta oligarquía de importadores aliados de potencias extranjeras y transnacionales- lo margina promoviendo el francés.
Para un neoliberal, Haití solo es un país lleno de pobreza extrema sin esperanza, y por eso se merece la intervención militar con el cuento de misión de paz. Sin embargo, Haití es un país hermoso, lleno de color, recursos naturales, valentía, solidaridad y creatividad. No obstante las desgracias políticas, económicas y sociales, su gente sonríe y se yergue.
Pero Haití paga hasta la actualidad el costo de haber sido el primer país de Nuestra América en independizarse de la invasión colonial (1804).
Su historia como república empieza con una enorme deuda externa que le impuso Francia por la osadía de liberarse. Ante la imposibilidad de su pago, tuvo que endeudarse con terceros. Desvistiendo un santo para vestir otro, contrajo deudas con Estados Unidos, cambiando en la práctica la dependencia francesa por la norteamericana, o mejor dicho, sumándola.
En el caso haitiano se concentran todas las maldiciones de la excolonias latinoamericanas y caribeñas. Cada vez que este país ha querido establecer su rumbo, las desestabilizaciones y los golpes de Estado promovidos desde fuera han estado a la orden. Basta decir que el pacto por el cual su expresidente Aristide pudo regresar al país después de su derrocamiento, fue que se vayan al exilio miles de militantes de izquierda.
Las políticas del Consenso de Washington también han sido aplicadas en Haití, que sufre de una migración intensa del campo a la ciudad por la imposición de monocultivos en los últimos años. Eso no ha hecho más que profundizar la pobreza. Y ni qué decir de sus recursos petroleros, que estuvieron detrás del golpe de Estado que Francia y Estados Unidos promovieron contra Aristide en el 2004, a fin de evitar su nacionalización.
Desde ese año, Haití está ocupada por una Misión de Estabilización de las Naciones Unidas (Minustah), que no es más que una máscara estadounidense y francesa para controlar un territorio que ubicado muy cerca a Cuba, es un factor geopolítico clave.
La Minustah solo trae desgracias al pueblo haitiano, pero ahora con el cuento de la reconstrucción tras el terremoto del 2010. Eso esconde en realidad un gran negocio.
Lo último ha sido el contagio del cólera por tropas nepalesas de la misión, lo que para Haití es una epidemia que durará años, y que ya ha ocasionado 7,626 muertos.
Es lamentable que Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Perú y Uruguay también tengan tropas allí, cuando más bien deberían condenar la misión en Haití y promover que fluya la libre determinación de su pueblo.

Visiones peruanas de Unasur

En el último mes he participado de algunos foros sobre integración y cooperación en el ámbito de América del Sur. He podido ver cómo miran algunos sectores y actores nacionales de importancia al bloque de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

Para los empresarios reunidos en la Sociedad Peruana de Comercio Exterior (Comex), Unasur es pura ideología y prácticamente no sirve para nada relevante. Para los representantes que he escuchado de esta asociación, salvo el libre comercio todo es ilusión. La integración y cooperación regional en su visión se reduce a la apertura total de los mercados. Lo bueno de Comex es que al menos se mete al debate.

No puedo decir lo mismo del ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a cuyos funcionarios no les interesa participar en ningún espacio en el que se pueda exponer siquiera alguna postura distinta a la asumida por ellos en este tema. Al MEF solo le interesa hablar de integración en Unasur si es que se va a firmar un TLC.

No tienen ningún interés en la cooperación financiera regional, por ejemplo. Tanto es así que finalmente no asumieron la coordinación del Grupo de Trabajo de Integración Financiera (GTIF) de Unasur, como correspondía ahora que el Perú tiene la Presidencia Pro Témpore (PPT) del bloque.

Como se dieron cuenta que allí no podían meter el tema de liberalización arancelaria, entonces lo dejaron de lado. Porque eso de constituir un Fondo Sudamericano de Estabilización Monetaria para proteger a la región de la crisis económica mundial les sabe a chavismo. Están tan ideologizados que no ven la importancia estratégica de la cooperación financiera en el continente.

El Banco Central de Reserva (BCR) está más abierto. Sus representantes participan y dan argumentos técnicos con los que uno puede coincidir o no. Ellos consideran que la cooperación financiera regional no alcanza para afrontar la crisis y le apuestan, más que a un Fondo Regional, al Fondo Monetario Internacional (FMI). Al parecer, su matriz de análisis no incorpora el tema geopolítico o si lo hace, no está en sintonía con la consolidación de un bloque sudamericano con voz propia.

Pero al menos tanto el MEF como el BCR participan en el GTIF. El primero en el tema comercial, y el segundo en los temas de sistema de pagos y fondo de reserva.

La Cancillería por su parte está en una discusión sobre la convergencia institucional, económica y social que se necesita entre la Comunidad Andina (CAN) y el Mercado Común del Sur (Mercosur) en el marco de Unasur. Pero sí se va Roncagliolo esta visión estaría en peligro.

El ministerio de Comercio sí que da pena. A sus representantes, por lo menos a los que he escuchado, no les interesa nada que tenga que ver con convergencia CAN-Mercosur o cooperación financiera. Ellos quieren abiertamente la división como opción que debe seguir el Perú en Suramérica. Solo miran a la Alianza del Pacífico. Unasur en su visión podría no existir.