No taxation without representation

El gobierno ha recibido la delegación de facultades por parte del Congreso para hacer una reforma tributa-ria. Sabiendo que el Perú recauda aproximadamente 15 soles por cada 100 que se producen en su territorio, nadie puede negar la urgencia de que ese indicador que mide la recaudación tributaria como porcentaje del PIB (presión tributaria), se eleve considerablemente para atender las necesidades insatisfechas de la población.
Pero la política fiscal es una potente herramienta para reducir la desigualdad, siempre y cuando se le cobre más a quien más tiene y se redistribuya lo cobrado equitativamente en todos los sectores del país. A eso se le llama progresividad.
Y eso es central en el esquema tributario peruano, pues de esos 15 soles que se recaudan por cada 100, 9 provienen de los llamados impuestos indirectos, es decir los que pagamos todos por igual (Impuesto General a las Ventas – IGV, o el Impuesto Selectivo al Consumo - ISC) cuando compramos algún bien o adquirimos un servicio; mientras que solo 6 soles de esa recaudación provienen de los impuestos directos, los que se pagan al obtener ganancias (Impuesto a la Renta – IR).
Sin embargo, cuando uno lee el proyecto de ley 1091/2011-PE mediante el cual el gobierno le pidió facultades al Congreso para hacer la reforma, se percata de una orientación policiaca antes que de progresividad, pues el énfasis está puesto más en sanciones e infracciones por evadir o eludir impuestos, que en el aumento de las tasas para los ricos.
En el Perú, las personas físicas pagan, dependiendo sus ingresos, tasas de 0%, 15%, 21% y 30%, y las personas jurídicas (empresas) pagan 30% por sus utilidades en todos los casos. Una reforma progresiva, además de perseguir a los grandes evasores y elusores, crearía un nuevo escalón en el caso de las personas físicas con muy altos ingresos (los ricos); y también en el caso de las empresas con mayores utilidades.
En muchos países, en especial los que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), los ricos llegan a pagar hasta tasas de 45% o más, y las grandes empresas hasta de 42%. Un país como el Perú, con crecimiento económico mayor que muchos países ricos de la OCDE, tranquilamente podría poner tasas parecidas y recaudar más.
Una reforma progresiva también incluye que los trabajadores que ganan menos puedan deducir más gastos. Es por eso que el Congreso ha añadido en su delega-ción de facultades que el gobierno evalúe el aumento del IR a las ganancias sobre capital invertido y permita a su vez que los trabajadores puedan deducir gastos de educación, vivienda, y salud.
Lo cierto es que el Congreso ha renunciado al atributo de legislar en materia tributaria. No olvide-mos la frase anglosajona que dice “No Taxation without Representation” (No impuestos sin representación), es decir que una reforma tributaria debe darse en el marco del debate público y eso es lo que se ha evitado. Mientras tanto la Confiep apoya la reforma del gobierno, lo que nos da una pista de que no habrá progresividad, sino solo palo para los pequeños evasores, esos que no dan boleta; mientras que los peces gordos seguirán haciendo elusión, esa planificación tributaria con grandes estudios de abogados para no pagar impuestos.

Bolivia nacionaliza y le va bien

A los que creen que un gobierno que se hace respetar frente al capital extranjero no tiene ninguna chance de competir en una economía de mercado, les debe caer muy mal la noticia de que le acaban de subir la calificación de riesgo a Bolivia.
Aquellos que abrazan el dogma neoliberal de los TLC, la flexibilización laboral y la subsidiariedad estatal como única condición para el crecimiento económico, deben rascarse la cabeza hasta hacerse herida al ver que a quien hace todo lo contrario le suben la nota.
No ha pasado ni un mes desde la última nacionalización Boliviana y sin embargo, la agencia Standars and Poor´s, la misma que le ha dado el grado de inversión al Perú, ha subido la calificación de nuestro vecino altiplánico de B+ a BB-, mejorando sus condiciones para conseguir financiamiento.
¿Cuál ha sido el argumento de la conocida agencia?: que Bolivia ha logrado disminuir el saldo de su deuda pública en términos del PIB a consecuencia del menor déficit fiscal obtenido por la política económica de Evo Morales.
Además, S&P reconoce que la economía Boliviana ha tenido un alto crecimiento y una fuerte acumulación de reservas internacionales, fruto de años de superávit en cuenta corriente.
Lo que equivale a decir que el promedio de la balanza comercial, de servicios y de rentas del otrora Alto Perú es positiva. O sea que Evo maneja eficazmente su comercio internacional y controla bien la transferencia de capitales.
Bolivia, al mismo tiempo que ha garantizado derechos universales, como el de las pensiones no contributivas a toda su población adulta mayor, ha conseguido ahorrar y tener sus cuentas en azul, demostrando que es posible atender los derechos sociales y al mismo tiempo tener una política económica ordenada.
S&P destaca también que Bolivia tiene una importante protección contra potenciales shocks económicos externos; fortaleza que en tiempos de crisis global es fundamental. Asimismo, resalta el menor nivel de dolarización de Bolivia en términos de créditos bancarios y de depósitos, lo que los expone menos a los vaivenes de la aún moneda de reserva mundial, y les permite mejorar la efectividad de la política monetaria.
Lo que pasa es que el gobierno de Evo ha tenido la valentía de salirse, y con éxito, del esquema económico en el que el ministerio de Economía es un cajero desalmado.
No se dejó meter miedo ni siquiera desde el primer día de gobierno y él, al igual que Ollanta, tampoco es economista.
Evo prefiere tener un poquito de déficit fiscal y gastar en su gente, que obtener el bendito superávit primario que fascina a Castilla y sus predecesores.
Pero Bolivia, al igual que el Perú, depende de los precios internacionales de las materias primas que exporta. Y ambos necesitan cambiar su estilo de crecimiento para hacer su economía más sostenible, generar valor agre-gado y por tanto empleos de calidad. La gran diferencia es que Morales ha empezado el gran reto de la transformación. No se dejó acorralar por “los expertos”, ni abandonó la propuesta de cambio en la campaña electoral.

La trampa ideologica

Mientras expertos como el premio nobel de economía Paul Krugman anuncian la inminente salida de Grecia del Euro para el próximo mes, hay un corralito financiero en países como España e Italia (lo que significa una crisis bancaria marca mayor) y finalmente, el despelote de la unión monetaria en toda Europa en los próximos meses.
Una trampa ideológica insiste en hacernos creer que todo esto se debe a que los países del viejo continente gastaron más de lo que tenían, lo que equivale a decir que por culpa de una seguridad social decente y salarios justos es que ahora tienen niveles de endeudamiento público que en muchos casos superan el 100 por ciento de la producción y déficit fiscales enormes.
Eso es admitir que los derechos de la gente no son compatibles con la salud de las finanzas públicas, lo que además de ser falso, busca en realidad que los verdaderos responsables queden impunes y encima se les rescate a costa del hambre de millones de personas.
Pero noticias recientes como la del despido de altos directivos del banco más importante del mundo, el JP Morgan, por su irresponsabilidad financiera, no hace más que ratificar que la culpa de todo lo que vive el mundo es del ansia irracional del neoliberalismo que dicta que el ideal del ser humano es volverse rico.
Precisamente, la crisis económica global que todavía está en desarrollo, comenzó en la economía financiera, para luego trasladarse, al mejor estilo de una metástasis, hasta la economía real, las finanzas públicas y ahora amenaza con traerse abajo el proceso de integración monetaria más avanzado que tenía el mundo.
Todo comenzó cuando eran mucho más jugosas las ganancias que se obtenían “invirtiendo” en las finanzas, antes que en la producción. Ahí se gestaron las burbujas que explotaron en el 2008. Se prestaba sin mayor respaldo y luego esa deuda se convertía en un activo financiero (derivado) que garantizaba otras operaciones, y así muchas veces.
 Eso pasó en el mercado hipotecario, haciendo quebrar a varios bancos de inversión que tuvieron que ser rescatados por Estados Unidos y Europa, trasladando la crisis al ámbito fiscal. Al mismo tiempo, que se implementaban planes de estímulo económico para capear el temporal.
El resultado fue que los bancos comenzaron a hacer utilidades nuevamente pero las cuentas públicas no se recuperaron. Se reanudó la timba financiera en los mercados como si no hubiera pasado nada, mientras el empleo mundial seguía en crisis.
Los países de Europa como Grecia, España, Italia, Irlanda, Portugal, entre otros empezaron a obtener financiamiento cada vez más caro para tapar sus agujeros, lo que al final de cuentas amplió su déficit e hizo crecer su deuda. Y en todo ese juego, muchos banqueros siguieron engordando.
Cuando el forado fue tan grande que ya no pudieron parcharlo con más deuda, se optó por la salida más fácil: ajuste brutal en el gasto público, especialmente en pensiones, educación y salud, y la reducción de los salarios, con planes de pago de deuda muy estrictos, como se hizo en América Latina en los noventa.
Pero esta vez la población ha dicho basta en las urnas y en las calles. La trampa ideológica parece que no va a funcionar y estamos a punto de verlo en Europa.

Castilla pasa piola

Si hay alguien que tiene una gran responsabilidad en la pésima respuesta del gobierno frente a los narcoterroristas del Vrae, que ya se han extendido incluso a otras zonas, es ni más ni menos que el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Luis Miguel Castilla.
Lejos de la previsible censura que ha llevado a la renuncia de los ministros Lozada y Otárola, y ha convertido al premier Valdés en un “pato cojo” hasta su salida del gabinete, Castilla pasaba piola en Asia junto al presidente Humala, sacando pecho sobre lo bien que le va al país en los grandes números de la economía.
Pero ha sido Castilla el más grande opositor de la restructuración salarial y pensionaria de las Fuerzas Armadas y Policiales ni bien comenzó el gobierno. Esa reforma -promesa electoral de Humala- buscaba dar remuneraciones y jubilaciones decentes a los miembros de los institutos armados y no tener a capitanes o mayores ganando poco más de dos mil soles, y ni que decir de los suboficiales o de los soldados que ponen el pecho contra los asesinos del clan Quispe Palomino.
En la mesa de Ollanta se pusieron dos propuestas en noviembre del año pasado: la del MEF y la del ministerio de Defensa (Mindef). La primera era una burla que consistía en hacer permanente un bono que había dado García a fines de su mandato y que duraba solo un año. Es decir, nada. En cambio, la segunda planteaba una reforma integral y progresiva a la remuneración básica que se vería reflejada también en las pensiones, y que incluía una restructuración de la Caja Militar-Policial, aumentando los aportes para sacarla del desfinanciamiento crónico que padece.
Los técnicos del Mindef previeron hasta el último detalle, pero su propuesta fue dejada de lado tras el apanado exitoso del operador que había designado Castilla, y que hoy es ministro de Trabajo, José Villena, que con el argumento del riesgo fiscal metió miedo al presidente, quien a último minuto reflexionó y tampoco dio luz verde a la propuesta del MEF, dejando el tema pendiente.
Pero además, Castilla como fue viceministro de Hacienda hasta el final del gobierno aprista, elaboró el presupuesto 2012, que luego defendió como ministro en noviembre del 2011 ante el Congreso. En ese documento no consideró los fondos necesarios para afrontar la tremenda lucha del Vrae, y mucho peor, hasta ahora tiene encajonados los recursos adicionales que se reasignaron en el presupuesto a principios de abril para requipar a las fuerzas del orden. Eso lo han denunciado varios congresistas.
En realidad, Castilla tiene paralizada la inversión pública, pues por más se diga que los gobiernos regionales no saben gastar, es el MEF el que tiene la última palabra en todo, y este año vamos a terminar nuevamente con un gran superávit fiscal.
Castilla se tomará sonriente la foto en diciembre con la diploma que dice lo bien que ahorra recursos en un país donde todo está por hacer, mientras que soldados y policías van al frente de batalla con los pantalones remendados por sus padres, helicópteros sin blindar y con sueldos de hambre. Así no es posible que funcione ninguna nueva estrategia en el Vrae, aunque se tenga la mejor inteligencia. Solo se garantizará una permanente desmoralización de militares y policías.
Ya es momento de acabar con el modelo en el que el MEF es el todopoderoso de la gestión pública. Debemos dejar atrás la institucionalidad fujimorista de los 90, y convertir al ministerio que dirige Castilla en una cartera solo de hacienda, dejando las decisiones económicas -como en todos los países- a un planeamiento de corto, mediano y largo plazo, y no en manos de un simple tesorero.

Debate salarial

A propósito del mensaje del presidente Humala por el Día de los Trabajadores, en el que reitera una vez más que se hará el segundo tramo del aumento del salario mínimo vital y con ello cumplir la promesa electoral de los 750 soles como remuneración básica; se ha abierto nuevamente un debate sobre la pertinencia o no de esta medida.
De un lado podemos identificar a los que defienden la idea de que un aumento de salarios hace que aumente la informalidad laboral y se pierda competitividad empresarial. Pero como no hay ningún estudio que revele que subir los salarios genere des-pidos o quiebra de empresas, los ultra del capital, dicen cosas tan sacadas de los pelos como que Alemania no siente el efecto de la crisis europea porque a diferencia de España tiene bastantes flexibilidades en el mercado laboral. Claro que no dicen que el costo unitario laboral alemán es mucho mayor que el español y que el éxito germano radica en realidad en su apuesta por la ciencia y la tecnología en los procesos industriales.
Además, la única evidencia que tenemos respecto del impacto de la regulación laboral en el Perú, es que tras diez años de implementada la reforma neoliberal radical de Fujimori (que flexibilizó la contra-tación laboral e introdujo a nivel constitucional la figura del despido arbitrario), la informalidad laboral creció. Es decir, a mayor flexibilización hubo mayor informalidad, y eso como lo explicaron diversos especialistas como Víctor Tokman, se debió a problemas relacionados más con el tipo de cambio que hacían menos competitivas a nuestras empresas respecto del resto en un contexto de mundialización de la economía, que con flexibilizar o endurecer la relación laboral.
En buena cuenta, es por pura ideología que se afirma que un aumento de salarios es una especie de hecatombe a las fuerzas productivas del país, o dicho de otra mane-ra, es como admitir que el sistema económico que nos rige requiere de bajos salarios para funcionar.
En la otra orilla, los que defienden el aumento del salario mínimo lo hacen con argumentos técnicos en relación al aumento de la productividad y la inflación. Por ejemplo, Pedro Francke evidencia que en los últimos 10 años, periodo de gran crecimiento económico, la productividad de los trabajadores peruanos creció 24 por ciento, en cambio los salarios solo 12 en el mismo periodo. Eso quiere decir que a pesar que los trabajadores produjeron más, lo que trajo más ganancias para las empresas, su salario no creció en la misma proporción durante el mismo periodo, por lo que asistimos a una regresión salarial, hecho que puede ser constatado en la participación de las remuneraciones en el Producto Bruto Interno que se viene reduciendo cada vez más en los últimos 20 años, incluso en el periodo de bonanza.
Pero, no solo es un tema de equidad, es un tema también de sentar nuevas bases de acumulación en pos de fortalecer el sistema democrático como se ha señalado en el editorial de la fundación Otra Mirada el 1 de mayo.
Finalmente, no basta un aumento coyuntural, en realidad necesitamos que el Consejo Nacional del Trabajo defina de una buena vez la periodicidad de los aumentos del salario mínimo vital, para que tanto empresarios como trabajadores tengan reglas de juego claras. Además, debe promoverse la negociación colectiva por rama, pues también deben reajustarse los salarios medios y no solo el mínimo. Lo otro es un baño de popularidad innecesario cada vez que a un presidente se le ocurra subir la remuneración. Eso no es de un país que se respete.

La economía de ciudadanos por el cambio

Una de las cosas más armadas de la oferta electoral del presidente Ollanta Humala era su propuesta económica, que se fue moderando incluso antes de la primera vuelta, hasta desaparecer del mapa con el nombramiento de Castilla y Velarde en el MEF y el BCR antes de iniciar el gobierno.
El punto central era la industrialización, frente a la persistencia primario exportadora; la articulación y promoción de los mercados internos, frente a la apuesta extrema de exportarlo todo; la intervención del Estado en actividades estratégicas como petróleo, gas, y otros recursos naturales, frente a la subsidiariedad estatal; la mejora del ingreso de las familias vía salarios y pensiones para mejorar su capacidad adquisitiva y estimular el mercado interno, frente a la estrategia del cholo barato para atraer inversiones; la descentralización fiscal frente a la excesiva discrecionalidad del MEF; y una fuerte inversión pública, frente al encajonamiento de recursos para generar superávit fiscales en un país donde aún está todo por hacer.
Esa era la propuesta económica contenida en el satanizado Plan de Gobierno de la Gran Transformación, también conocida como Economía Nacional de Mercado, que fue respaldada por el 32 por ciento de los electores peruanos y cuya base teórica fue y es desarrollada por Félix Jiménez en artículos, libros, ensayos y conferencias.
Jimenez es seguidor de Smith, padre de la economía de libre mercado, y toma de él –entre otras ideas sobre la apuesta por el agro y la industria- la convicción de que los mercados deben regularse, lo que es bastante pertinente en el contexto de una feroz crisis económica global originada precisamente por la desregulación total del mercado financiero mundial.
A nivel ideológico significa apartarnos de la teoría neoclásica (de donde viene el “neo” de neoliberalismo) en la que el Estado prácticamente debería desaparecer y el Mercado solucionar todos los problemas, lo que está en la base de la precarización del empleo y la privatización de los recursos naturales y estratégicos de la nación.
No tiene nada que ver con irresponsabilidad fiscal y monetaria, ni con parar el freno del crecimiento económico, al contrario, se trata de cambiar el estilo de crecer. Además, el propio Jiménez junto a Oscar Dancourt, fueron entre otros, los promotores -cuando estuvieron en el MEF y el BCR respectivamente- de la corrección de esas políticas (que desde finales del Fujimorato nos tenían en la recesión), introduciendo criterios de política contra cíclica para responder a crisis externas, metas de inflación y medidas de flotación de un dólar que desde que empezó el siglo XXI no para de desbarrancarse (en perjuicio de los exportadores, sobretodo de los manufactureros), entre otras medidas; lo que ha permitido tener una macroeconomía en azul desde entonces.
La inclusión en esta propuesta, no se reduce a unos cuantos programas sociales, sino a la eliminación de barreras que enfrenta la población: restricciones de mercado, de infraestructura, de calificación, de tecnología y de financiamiento. Para cada una de éstas, se proponían medidas concretas como los trenes o el mercado de capitales en moneda nacional.
A grandes rasgos, esa es la economía que el colectivo político Ciudadanos por el Cambio, a los que Humala encargó elaborar el Plan de Gobierno de la Gran Transformación, preparó para el hoy disuelto frente Gana Perú con el que se ganó las elecciones.
Jiménez es una de las figuras intelectuales más importantes de Ciudadanos por el Cambio, fuerza política que la semana pasada organizó su II Encuentro Nacional para invitar a la ciudadanía a mantener viva la bandera del cambio y vencer al continuismo neoliberal.

Lecciones de Argentina

La respuesta del gobierno español a la expropiación de Repsol-YPF propuesta por el gobierno de Cristina Fernández, me deja la sensación de que entienden que el petróleo que se encuentra en territorio argentino le ha venido perteneciendo en realidad al Reino de España, lo que me trae reminiscencias de la colonia. 

Es que a pesar de que Repsol (que en su momento fue una empresa pública española, luego privatizada durante el gobierno del Partido Popular de Aznar) tiene un accionariado ya difundido en los grandes capitales mundiales, el gobierno de derechas de Rajoy ha salido a defenderla como si se trataran de las joyas de la corona.
Es decir, los recursos naturales de un país como el petróleo, le pertenecen a un tercero sin ningún empacho, vía las trasnacionales. Eso es una de la mayores expresiones del modelo capitalista neoliberal del que América del Sur se está tratando de alejar. Y no estamos hablando de cualquier recurso, si no de uno bastante estratégico, especialmente por el nuevo ciclo de alza en su precio debido -entre otras condiciones- a la crisis en Medio Oriente y el posible ataque a Irán por parte de Israel, Estados Unidos y compañía.
Una primera lección de todo esto es que no basta solo con redistribuir la renta para salir del modelo. Es necesario recuperar los recursos nacionales, que pueden ser naturales (mi-nerales, gas, petróleo, agua, etc.), tributarios (erradicar la evasión, los precios de transferencia, la planificación tributaria que elude, los paraísos fiscales, etc.) y financieros (fuerte regulación y auditorías de las deudas públicas externas e internas). Y eso de la mano con una profunda reforma del sistema de telecomunicaciones para arrancarle el monopolio de la (des)información al gran capital.
En esa ruta está Argentina, que ha pasado de tener un gobierno progresista tímido a ser junto con Venezuela, quienes están tomando las medidas más a la izquierda en la región, sobrepasando lo que pueda haber hecho Bolivia, Ecuador y ni qué decir Brasil. Y nos enseña que eso de que es imposible salir del mode-lo neoliberal (experiencia de la concertación chilena que parece orientar la labor de Ollanta) es puro cuento.
Las banderas iniciales del nacionalismo de Ollanta se parecen a lo que hace Argentina hoy, pero poco a poco las fue concediendo con tal de llegar al poder. De ellas solo queda la del gas del lote 88, que si bien se ha recuperado para el mercado interno, aún debemos ver como se aplica, porque toda esta jugada está en la cancha del privatizador ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, y del neoliberal ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, quienes buscarán la manera de sacarle la vuelta.
Con todo, la medida de recuperación del gas peruano es un chancay de a medio respecto de lo que ha hecho Fernández en Argentina. Claro que estamos hablando de otra situación política y otra correlación de fuerzas. Sin embargo, es induda-ble que lo de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales, privatizados en los noventa por el gobierno ultra neoliberal de Menen, tendrá un impacto en el manejo de los hidrocarburos de toda América del Sur, porque marca una tendencia que abre un nuevo ciclo de nacionalismo del petróleo por estas tierras, e imagino que los chapetones ya deben estar preocupados por el futuro de Repsol en países como el Perú.