Reflexiones sobre el modelo

¿Cómo es que hace poco más de tres años, un país como España era el ejemplo a seguir: crecimiento sostenido, cuentas fiscales en azul y pleno empleo; y ahora, sumido en una feroz crisis económica, es más bien el ejemplo de la irresponsabilidad fiscal y financiera?
Una paradoja más en este caso: durante la bonanza española había buenos salarios y los bancos hacían estupendas ganancias. Ahora en plena crisis, ha aparecido el sector que gana menos de mil euros al mes, los salarios se han ido al suelo y el desempleo está en su máximo esplendor, pero los bancos siguen haciendo estupendas ganancias.
En el fondo de este sin sentido, vamos a encontrar al modelo de producción y acumulación capitalista neoliberal, que incluso en crisis global, está manteniendo su hegemonía; lo que nos muestra que es más que un simple modelo económico, es casi en realidad, un nivel de consciencia, bastante bajo por cierto.
En este nivel, es más importante la competitividad y las utilidades de las transnacionales -sobre todo las del sistema financiero- que el bienestar y felicidad de la población, la garantía de su alimentación y el medio ambiente. Hasta los alimentos se han convertido en instrumentos de especulación y lucro. Ni que decir de la salud, educación y la seguridad social, que hace rato que de derechos pasaron a ser mercancías.
En América Latina, el esplendor de este nivel de consciencia se vivió en los años ochenta, con la respuesta a la crisis de la deuda, que consistió en matar a la población de hambre con tal de pagar puntualmente la usura del sistema, parar la hiperinflación y poner a los grandes números de la economía en orden. La política del shock, producto de un pragmatismo insensible, reflejó mejor que ninguna, eso de que el fin justifica los medios.
Y ahora, podemos ver con claridad que lo que vivimos con angustia y violencia por estas tierras y que nos llevó a la mala, de la bancarrota fiscal a la emisión de bonos soberanos, es lo mismo que se está imponiendo en Europa, pero esta vez con respuestas sociales de mayor envergadura. Basta mirar a Grecia, que de ser un país al que muchos veían solo como un gran museo, muestra hoy a ciudadanos que hasta se suicidan frente a los edificios públicos para protestar contra las brutales medidas de ajuste, fruto de la intervención de la Troika (FMI, Banco Central Europeo y Comisión Europea) en su gobierno. Les están extirpando no solo salarios decentes y pensiones, sino también su propia política. Tal como nos hizo el FMI en su momento, con las cartas de intención.
Claro, luego del tsunami neoliberal de los noventa, muchos países de América del Sur, empezaron con la ardua tarea de revertir lo que parecía irreversible. Primero fue Venezuela, luego Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador y otros más que quisieron salirse de este esquema en el que el Estado es una especie de mesa de partes del gran capital.
Pero este proceso que lleva pocos años, ya nos está dando algunas lecciones, que en palabras de Valter Pomar, dirigente del PT brasileño, se resumen en que recuperar márgenes de soberanía estatal y redistribuir la riqueza aumentado la capacidad de consumo de las capas populares, no es suficiente para salir del neoliberalismo. Pues, si no se reestructura la forma de producción y acumulación vigente, a la larga, los logros políticos y sociales decaen, y la resistencia al cambio de la matriz neoliberal se fortalece.

Soberanía y redistribución dan elasticidad pero luego muestran retornos decrecientes. Y eso, lo vemos en varios países con gobiernos progresistas en la región.
El reto de salir del modelo sigue allí, y no solo basta promover el mercado interno ni tener más Estado, es básicamente una tarea de elevación del nivel de consciencia, y para eso, una reformar en los medios de comunicación es clave.

La economía del 5 de abril

Sin duda, el golpe de Fujimori es el nacimiento del Estado neoliberal peruano. Su partida de nacimiento claro está, es la Constitución del 93. Sin embargo, el primer paquete neoliberal del condenado, estuvo contenido en las decenas de Decretos Legislativos que da en el periodo previo al 5 de abril de 1992, con la autorización y posterior cuestionamiento del Congreso, y el Tribunal de Garantías Constitucionales aún funcionando.
Son más de 120 Decretos Legislativos, que da Fujimori en 1991, los que dibujan el modelo de represión salarial, ajuste fiscal, pensiones de hambre, Estado privatizado y ausencia de negociación colectiva, entre otros atropellos al pueblo peruano que sigue vivito y coleando 20 años después. También corresponde a este momento la flexibilización de la contratación y jornada laboral y la destrucción de la banca de fomento.
Lo que permite el 5 de abril es el desbloqueo total a la resistencia de éstas drásticas medidas, aplastando a la oposición y a las organizaciones sociales. Basta decir que la primera privatización se da justamente en 1992, después del golpe, a pesar que el Decreto Legislativo 674 que las diseña, se había dado con anterioridad. Lo mismo pasa con el Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería que también se da en este periodo, configurando un esquema minero que se mantiene vigente hasta hoy y que viene haciendo agua como lo vemos con Conga. En esta etapa también se finiquita el proceso de Reforma Agraria.
Luego de la ruptura del orden constitucional, Fujimori da más de 700 Decretos Leyes (normas con rango de ley dadas por un dictador cuando no hay Congreso), que entre otras cosas aceleran las disposiciones más anti populares y recesivas dadas con consentimiento del Legislativo. Es aquí, cuando se congelan definitivamente las pensiones de los jubilados del régimen del D.L. 19990, convirtiendo a los ancianos en indigentes, situación que persiste hasta ahora. Asimismo, se termina de aniquilar a los sindicatos al destruir la unidad sindical permitiendo la figura del sindicato de empresa para dispersar la organización de los trabajadores, y al eliminar la negociación por rama, entre otras medidas similares. El 5 de abril termina de aplastar a la clase trabajadora. La Constitución del 93 sella todo esto, consagrando el despido arbitrario y entregando los recursos naturales a las trasnacionales, entre otras perlas del modelo.
Pero el punto central de la economía fujimorista se produce mucho antes del golpe, cuando el 8 de agosto de 1990, Hurtado Miller, ministro de Economía y Finanzas, anuncia el Fujishock, que arrima a la pobreza a más de la mitad de la población a fin de acabar con la hiperinflación. Por eso, quienes dicen que se necesitó el golpe para arreglar las cuentas fiscales, mienten, pues ya para el 5 de abril la inflación estaba descendiendo producto de la bestial arremetida contra la capacidad de compra de los peruanos.
Además, los años posteriores al golpe, las cuentas se mantuvieron en azul producto de las ventas de las empresas públicas, que equilibraban entre otras cosas, el déficit comercial que teníamos. Pero que no pudieron hacer nada cuando la crisis asiática nos dio en el suelo en 1998, haciendo que los últimos años del reo, sean de recesión económica.
En suma, este modelo económico que permite que las élites gocen de privilegios, mientras el Perú sigue siendo un país de misios y de trabajadores explotados, se lo debemos al 5 de abril.

El Estado no se planifica

Cuando Fujimori impuso la reforma neoliberal en los noventa; destrozó –entre otras estructuras- el sistema de planificación estatal. Es que uno de los pilares del modelo económico que este viernes 5 de abril cumplirá 20 años de vigencia en el país, es precisamente que el Estado no intervenga para nada en la actividad económica.
Desactivada la planificación peruana, que por ese entonces se hacía en el Instituto Nacional de Planificación (INP) -creado décadas atrás a fin de tener control sobre el rumbo del Perú-, nos entregamos al vaivén de los mercados.
Dejamos de lado el pensar sobre el futuro de nuestro país y nos centramos en atraer inversión financiera y extractiva a costa de malos salarios y bajos impuestos, y de ajustar al máximo el presupuesto público para generar superávits primarios, pagando puntualmente la deuda externa, hasta por adelantado, en menoscabo de la seguridad social y los servicios esenciales como salud, educación, vivienda y saneamiento, en el entendido de que la estabilidad fiscal es un fin en sí misma.
Cedimos al chantaje del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que entre otras cosas nos obligó a destruir nuestra banca de fomento en esos años.
Pero cuando llegamos al 2000 y salió a la luz todo el robo, corrupción y crímenes del régimen fujimorista, la clase política, sin salirse del marco económico fujimorista, tuvo la intención de hacer pequeños ajustes. Uno de ellos fue la corrección de la política fiscal y monetaria, implementando mecanismos de política contracíclica para hacer frente a las crisis internacionales. Otro fue la creación del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan). Lo primero fue mirado como necesario por la tecnocracia neoliberal del MEF, pero lo segundo no cayó nada bien para los operadores de ese súper ministerio. Por ello el Ceplan nunca jugó un rol protagónico durante el gobierno de Toledo, y ni qué decir con García.

Arrimado en un rincón de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ceplan ni siquiera es consultado a la hora de hacer el presupuesto público, que lo sigue haciendo el MEF a diferencia de la mayoría de países de la región, en donde la programación de ingresos y gastos anuales obedecen a una planificación de corto, mediano y largo plazo.
Con la llegada de Ollanta al poder, el Ceplan tuvo la oportunidad de despegar, al menos así parecía cuando se designó al economista German Alarco. Las pocas veces que tuve la ocasión de conversar con él mientras lideró Ceplan, me dio la certeza de que teníamos al mejor funcionario allí.
Todo el tiempo estaba pensando cómo darle a la planificación estratégica el rol que merece en el Estado. Alarco hizo muchas propuestas en ese sentido. Y eso era bastante coherente con las posiciones de Ollanta de revivir el INP creando una estructura de planificación eficaz y seria.
Pero ahora que se ha prescindido de Alarco en el Ceplan, y se ha puesto en su lugar al ingeniero Felipe Paz Soldán, un exgerente de AFP y otras empresas privadas, que de planificación nacional no sabe nada, ni le interesa, pero que cuenta con el aval de Castilla, hemos retrocedido a la posición fujimorista de que el Estado no se planifica.

Los objetivos de Villena

Si hay alguien que, además del ministro Castilla, se encargó de evitar la reestructuración salarial y pensionaria de las Fuerzas Armadas y Policiales, es el ministro de Trabajo, José Villena Petrosino. En noviembre del 2011, cuando Villena era funcionario del Mi-nisterio de Economía y Finanzas, daba la cara a la hora de recha-zar la propuesta del ministerio de Defensa para un aumento salarial digno y progresivo del personal armado.
Sus argumentos eran: “es un gran esfuerzo fiscal”, “los jubilados viven cada vez más”, “un general en retiro no puede ganar lo mismo que uno que va a la guerra”, etc. Nunca consideró el impacto positivo en la genera-ción de demanda; al contrario, para gente que piensa como él, el aumento de salarios estatales solo puede generar riesgo fiscal, cuando no inflación.
Luego de martillar con la cantaleta del déficit, la reforma fue dejada de lado. Villena pasó a la cartera de Trabajo a pedido de Castilla a manera de premio por su eficiente labor, pero también para cumplir con cuatro objetivos:
1. Boicotear la Ley General de Trabajo, que en buena cuenta es descartar la posibilidad de tener una negociación colectiva que haga justicia a los trabajadores. Para cumplir con ello, Villena señala que no hay informe técnico sobre el impacto económico de la ley, y además que no puede pasar al Congreso hasta que no se discuta en el Consejo Nacional de Trabajo, para lo que no hay fecha a la vista.
2. Dilatar lo más posible el segundo tramo del aumento al salario mínimo vital. Para Villena, esos 75 soles que faltan de aumento, impactarán terriblemente, sobre todo en las pequeñas empresas, por lo que señala que se requiere un estudio de productividad que permita justificar el aumento. Lo que no dice Villena es que hace rato que tiene un estudio listo en su despacho, hecho por los asesores ministeriales, donde se da cuenta que el salario mínimo en el Perú podría estar tranquilamente en los 850 soles. Pero su ideología le impide aceptar esa verdad, y ni qué decir de dar el paso para que de una buena vez tengamos un mecanismo de reajuste salarial periódico.
3. Tratar de que los conflictos laborales se resuelvan a favor de los empleadores. Lo hemos visto con el caso Backus; Villena con tal de declarar ilegal una huelga, es capaz de pasarse por encima a las direcciones competentes del ministerio. Además, está muy pendiente de los extraprocesos para ver si algún funcionario del ministerio quiere pararle el macho a los empresarios para inmediatamente intervenir.
4. Evitar a toda costa que los trabajadores estatales del régimen CAS(tigados) pasen a la planilla estatal. Insiste con el cuento de la disponibilidad presupuestaria. No toma en cuenta ni siquiera los servicios esenciales como el de salud, por lo que los médicos han salido esta semana a protestar.
El gran obstáculo que enfrenta Villena para cumplir con la tarea encargada por Castilla y los poderes fácticos que hay detrás de él, es el viceministerio de Trabajo, que con Pablo Checa a la cabeza, trata a duras penas de equilibrar la relación laboral.
Siendo francos, Villena más parece vocero de la Confiep que ministro de Trabajo, y mientras lidere el sector, poco se podrá hacer por la clase trabajadora.

Algunos problemas de P-65

Esta semana, el grupo de organizaciones que impulsan desde hace años las pensiones no contributivas, tuvieron una reunión en el Congreso de la República para evaluar los avances y retrocesos de su propuesta que busca proteger a todos los mayores de 65 años, que a pesar de haber trabajado a lo largo de su vida, hoy no tienen una pensión de vejez, sea porque no tuvieron acceso al sistema de aportes previsionales o porque éstos no alcanzaron.
El anfitrión fue el congresista Urquizo, también ministro de la Producción, y quien fuera el promotor del proyecto de ley 4213 junto a la bancada nacionalista, que establecía las pensiones no contributivas como parte del sistema pensionario nacional, que incluso fue aprobado por la comisión de seguridad social en su momento, pero no llegó a ver la luz durante el periodo anterior.
Así, Anamper, Help Age, la OIT, Proceso Social, entre otras organizaciones compartieron una mesa de discusión a lo largo de dos horas con el despacho congresal de Urquizo, una representante de la Defensoría del Pueblo y la directora de la Dirección de Adultos Mayores del ministerio de la Mujer, quedando claro que al igual que el programa Gratitud de Alan García, el programa Pensión 65, o mejor dicho P-65, porque de pensión no tiene nada solo el nombre, constituye apenas un escalón en la larga escalera para llegar a un sistema pensionario universal, decente y solidario.
Sin embargo, se dijeron algunas cosas en esa reunión sobre P-65 que vale la pena que se conozcan. A lo mejor los amigos del ministerio de Economía y Finanzas (MEF) -que al final son los que tienen la última palabra en todo- se animan y las resuelven:
1. P-65 solo incluye a los adultos mayores que estén en extrema pobreza, pero que además vivan en distritos donde más del 50 por ciento de la población se encuentre en esa condición. Si un anciano pobre extremo tiene la desgracia de vivir en un distrito calificado como no pobre, no recibirá nada.
2. Es injusto que se excluya además, a los ancianos pobres extremos que pudieron construir a lo largo de su vida una casita en la falda del cerro. A lo mejor los amigos del MEF no entienden que los ladrillos no dan de comer ni compran medicinas.
3. También es inhumano que un adulto mayor en extrema pobreza que es ayudado por las mujeres de los comedores populares, sea excluido de P-65, porque el decreto supremo que lo crea dice bien claro, que los 125 soles, solo son para los ancianos que no sean beneficiarios de ningún otro programa social. O sea si quiere ser beneficiario de P-65tiene que dejar el comedor. Esto parece un chiste de humor negro.
4. En esa misma línea, se produce otra crueldad. El programa Juntos está dirigido a que los niños en extrema pobreza puedan ir al colegio y a sus controles en las postas médicas, condicionando la entrega de 100 soles a sus padres a esos fines. Pero qué pasa cuando el abuelo es el que vive con el niño por la ausencia de los padres. Ese abuelo que está también en extrema pobreza es excluido de P-65, como si los 100 soles de Juntos fueran para él.
Todas estas cosas me dan la sensación de que el frío MEF, que vive obsesionado con la estabilidad de la caja fiscal como un fin en sí mismo más que como un medio para el desarrollo, ha hecho todo lo posible para que queden excluidos la mayor cantidad de ancianos posibles.

¿El MEF está en buenas manos?

Hace unos días, el programa Habla el Pueblo de RBC televisión planteó a su audiencia la pregunta que lleva como título esta columna. Hubo muchas llamadas de los televidentes, algunas en apoyo a la gestión del ministro Castilla, y otras completamente en contra. Las primeras caían en el sitio común del crecimiento económico y el alto nivel de las reservas internacionales. Las segundas en cambio, se referían al bajo ingreso de las familias y al poder del gran capital para hacer lo que le venga en gana en el país.
Cuando me hicieron la pregunta, contesté que todo depende. Si se trata de mantener el modelo económico neoliberal, el MEF está en buenas manos. Castilla no es más que la continuación de Carranza, Zavala, Araoz o el profesor de todos: PPK.
Lo curioso es que la mayoría de personas que votó por Ollanta expresaban más bien la insatisfacción a ese modelo de crecimiento, porque se puede seguir creciendo sin generar empleo adecuado, ni mejorar el ingreso de las familias, y vivir con burbujas de ingresos financieros con la plata de los bancos que a la larga nos harán una sociedad endeudada.
Castilla, al igual que sus predecesores, opera para que el Estado peruano continúe fuera de la actividad económica. Ni siquiera que participe en las estratégicas como el gas, los puertos, la electricidad, etc. Al mismo tiempo, atraer inversión extranjera utilizando para ello la entrega de la propiedad de nuestros recursos naturales, la represión salarial a los trabajadores y la flexibilidad tributaria como carnada. Para hacer eso, no interesa crear dinámica productiva, la misma que es la única que puede hacer que el Perú deje de ser un país de misios, y que estaba en el corazón de la propuesta económica de la gran transformación que lideró Félix Jiménez.
El rentismo de la mayor parte de nuestros grandes empresarios nos corroe, tal como las necesidades insatisfechas de millones de ciudadanos.
Pero Castilla, a diferencia de sus predecesores, ha adquirido un mayor peso político dentro del gobierno. Esa influencia que lo ha llevado a colocar a otros ministros como Villena en Trabajo, es directamente proporcional con la inseguridad y desconfianza que desarrolló Ollanta en su equipo económico original.
Abrazando el parámetro económico neoliberal como podemos ver claramente ahora, nuestro presidente sintió que la propuesta de acumulación de capital nacional que le traía Jiménez y compañía no le iba a garantizar el crecimiento del PBI. Por eso, ha terminado siendo preso de Castilla, quien avanza más en sus posiciones cada día como profundizar el proceso de concesiones, dilatar la Ley General de Trabajo y el aumento del salario mínimo, boicotear la reforma salarial y pensionaria de las FFAA, y un largo etc. Todo se consulta al MEF, quien a estas alturas se convierte en la última palabra del gobierno.
En todo esto hay una falacia. Han hecho creer a la población y al presidente que cambiar el modelo económico es patear las políticas fiscales y monetarias que dan estabilidad a nuestra economía. Nada que ver. Y además, esas políticas que marcaron la senda del crecimiento fueron implementadas en el 2002, precisamente Oscar Dancourt en el BCR, e impulsadas por Jiménez en el MEF del gobierno de Toledo, los mismos técnicos despedidos ahora por Humala. Es que nadie sabe para quien trabaja.

El dilema del gasoducto andino

Cada vez que me pregunto por qué demora tanto en empezar la construcción del gasoducto andino que beneficiará al sur del país, constituyendo un eje de desarrollo para regiones como Arequipa,  Cusco, Moquegua y Puno, tengo la sensación de que no estamos ante un problema técnico, ni de financiamiento, sino básicamente ante uno político e ideológico.
Coincido plenamente con quienes piensan que esto se trata por un lado, de una guerra abierta entre la española Repsol, que ya hace excelentes negocios con el gas peruano, y las empresas brasileñas como Odebrecht que quieren entrar con fuerza al negocio.
Imagino que algo que ver con esto tuvo la presencia del hombre fuerte de la política internacional brasileña, Marco Aurelio García, hace algunos días en Lima. García y sus colegas deben estar preocupados por la posibilidad de que su país se quede con los crespos hechos en un asunto que desde hace mucho tiempo les interesa.
De otro lado, hay aquí también un asunto de participación estatal. Y por más que la Corporación Andina de Fomento (CAF) está prestando sus buenos oficios para financiar la participación de Petroperu en el gasoducto, hay algo que me dice que en realidad todo es una mecida para ganar más tiempo y así conseguir el objetivo de los más duros de la derecha del régimen: darle el negocio a Repsol y que Petroperu no entre.
Es sabido que para este sector, Petroperu debería darse como bien servido con la refinería de Talara, y no meter sus narices en un negocio que es entre las trasnacionales y sus testaferros locales. Lógicamente, en toda esta trama, no les conviene la presencia de Humberto Campodónico a la cabeza de Petroperu, porque está tratando de dar a la empresa estatal de petróleos una posición sólida tanto en el gasoducto como en las iniciativas petroquímicas posteriores. Y lo más probable es que Repsol esté moviendo cielo y tierra para que la futura planta petroquímica se ubique al lado de la Pampa Melchorita y con ello completar su control sobre el gas nacional.
Para lo más cavernario de la reacción vale tres pepinos que la activa participación de Petroperu en el gasoducto permita que a través de esta empresa estatal, varias empresas nacionales privadas de la construcción y afines entren en el negocio, con lo cual se sentaría la base para una masa crítica empresarial nacional de corte industrial en un esquema donde ganan varios.
Por eso me queda cada vez más claro que el siguiente objetivo a la vista de esta parte de la derecha es tumbarse a Campodónico y a las ideas que él representa con lo cual se terminaría de tirar al tacho las reformas de corte nacionalista por las que votó el pueblo peruano. Es decir, a la vez que hay una fuerte resistencia de Repsol y compañía por devolver al Perú el gas del lote 88, tenemos otro frente en relación con el gasoducto y el polo petroquímico.
Y si Ollanta en realidad quiere tomar el toro por las astas, debería avanzar a un esquema que le permita poner a un gerente que con todas las facilidades del caso y tipo autoridad autónoma del gasoducto, rompa todos los lobbys y obstáculos y saque adelante una obra por la que el mandatario será recordado para siempre y que le dará el respaldo político suficiente para encarar el próximo periodo.