Laguna Parón

Una de los temas que Salomón Lerner dejó pendientes en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) es la solución al conflicto entre la Comunidad Cruz de Mayo y la empresa Duke Energy Egenor que opera la Central Hidroeléctrica del Cañón del Pato, en las alturas de Ancash.
Aunque parezca broma, la laguna Parón, que se encuentra en lo alto de la Cordillera Blanca y es la reserva de agua dulce más grande del Callejón de Huaylas, fue privatizada con instalaciones de descarga y todo en los noventa, junto a la central hidroeléctrica que pertenecía a ElectroPerú.
La empresa privada tomó control de la laguna y la empezó a descargar para garantizar su producción de la energía en épocas de estiaje, a un ritmo de 8 metros cúbicos por segundo, poniendo en riesgo la reserva de agua, a la que también tienen derecho las poblaciones del lugar. Y era tan arbitraria la forma en que operaba, según autoridades y pobladores, que no importaba si cargaban demasiado el río Santa, afectando las instalaciones de la empresa de saneamiento de Caraz o malogrando cultivos aledaños.
Tiempo después, las autoridades redujeron el límite de descarga a cinco metros cúbicos por segundo, pero el nivel del agua siguió bajando considerablemente.
Por ello, en 2008, la Comunidad Cruz de Mayo y el Frente de Defensa de la Laguna Parón tomaron las instalaciones de descarga, y desde ese momento hasta la actualidad Duke Energy perdió el control sobre Parón.
Duke Energy empezó entonces, una batalla legal que ha llegado hasta el Tribunal Constitucional, pidiendo, en medio de eso, a la Oficina de Registros Públicos que cancele recién el asiento en donde constaba que Duke era dueña de la laguna; pero reclamando la restitución de las instalaciones de descarga de la laguna y el derecho de usar sus aguas. Finalmente, el Tribunal le dio la razón hace unos meses, ordenando que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) restituya las instalaciones de Parón a Duke Energy.
Pero la ANA no tiene en su poder las instalaciones, sino la Comunidad Cruz de Mayo, que junto al gobierno regional, el gobierno local, y más aún, toda la población de la zona, demandan que las instalaciones reviertan al Estado para así tomar control efectivo del un recurso que es de todos los peruanos y no de una empresa.

Es que el error se produjo en la forma en que se privatizó esa sección de ElectroPerú, pero también en la intransigencia actual de los funcionarios de Duke Energy, que a toda costa quieren tomar nuevamente el control de la Laguna Parón, sin tomar en cuenta lo que significa la reivindicación social y política de todo un pueblo.
Parecen no entender que si cede va a ganar mucho más, la confianza de los pobladores y el uso del agua de Parón para sus fines energéticos. De igual modo, la Comunidad podrá usar la laguna para fines agrarios, de consumo y ecoturísticos que no afectan ni la seguridad, ni la regulación de Parón.
Lo único que falta en esta historia, es que Duke Energy decida dar un paso atrás para avanzar dos adelante; que transfiera las instalaciones al Estado y que, en diálogo con las autoridades locales, regionales y la propia Comunidad, se establezcan los mecanismos para que todos puedan disfrutar del recurso hídrico de la laguna. En ese punto lo dejó Lerner.

Minería: nuevo esquema

El oro, cobre, plata, zinc y demás metales que se encuentran en nuestro territorio y cuya extracción y venta genera miles de millones de dólares para grandes empresas privadas, en su mayoría extranjeras; proveen también a la administración del Estado una parte considerable de sus ingresos, claro, que en mucha menor cantidad que para las mineras, con nuevo gravamen y todo.
Al mismo tiempo, ocasionan los más graves conflictos socio-ambientales, como estamos viendo hoy en Cajamarca.
El problema es que el esquema actual de esta actividad extractiva se basa en concesiones mineras a privados, reguladas en primer término por la Constitución de 1993 y detalladas en la Ley General de Minería y otras normas. Este esquema fue diseñado durante la dictadura Fujimorista, cuando no había Congreso, y es el corazón de los conflictos mineros que hoy enfrentamos.
Hace algunos años, Ollanta Humala describió esto mejor que nadie, cuando nos dijo que “los recursos naturales del país, mientras estén en el subsuelo, pertenecen al pueblo peruano, pero una vez que salen a la superficie ya no pertenecen al pueblo peruano sino a los que lo extraen”.
Se refería, entre otras normas, al artículo 66 de la Constitución peruana que establece que la concesión otorga a su titular un derecho real y eso se refiere a la propiedad.
Y podemos hacer un esfuerzo y entender que en los primeros años de la década de los noventa estábamos en bancarrota y fuera del sistema financiero internacional y no nos quedaba más opción que atraer inversión extranjera dándole buenos incentivos: se concesiona desde Lima, se entrega el agua necesaria para la extracción y se reprime a la población.
Pero hoy la situación es completamente distinta. Tenemos una sólida macroeconomía, mercados internos por articular y desarrollar con mucho potencial, y hasta emitimos deuda soberana. Y por eso, no podemos seguir con el mismo esquema minero.
Hace unos días, un amigo ingeniero industrial me dijo que hay que cambiar totalmente el sistema de concesiones, porque no es conveniente para seguir desarrollando nuestra economía. El nuevo esquema debe basarse en una licitación de proyectos integrales de extracción y metalurgia y no en una simple concesión. El producto final, que no sería solo mineral a granel sino en barras, debe ser comercializado por una entidad estatal.
Si lo miramos bien, es una clara alianza público-privada (APP) para generar valor agregado y muchos más puestos de trabajo que los que genera exportar cerros de mineral en polvo (con una infinidad de sub productos mineros que no se contabilizan y más bien se regalan). Pero al mismo tiempo implicaría la nacionalización de la minería, o sea la recuperación de los recursos mineros para la nación peruana, sin caer en lo estatista.
Si este nuevo esquema es complementado con el derecho a la consulta, el ordenamiento territorial, un proceso profundo de descentralización y la ruptura de los candados que pone el ministerio de Economía y Finanzas a los proyectos de inversión de la administración pública en sus tres niveles de gobierno, podríamos estar construyendo las bases de la estabilidad y la gobernabilidad y así evitar más Congas.
Claro que eso pasa por una nueva constitución, lo que en buena cuenta significa volver a repartir el poder en el Perú.

No Ciadi

Uno de los principales argumentos que diversos analistas, periodistas y hasta políticos, especialmente de la derecha peruana, han usado para oponerse a la revisión del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Conga, luego de la suspensión solicitada por el gobierno nacional, es que nos puede costar una demanda de arbitraje en el Ciadi por cientos de millones de dólares.

Eso equivale a decir que un país no puede objetar una concesión, así se haya hecho mal, o aprobado en medio de actos de corrupción, o cuya aplicación vulnere derechos de la población, porque inmediatamente te amenazan con la cantaleta del arbitraje internacional en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias en materia de Inversiones (Ciadi), cuyos árbitros se centran en el propio contrato y no en las circunstancias que lo hacen injusto. Y no quiero decir que éste sea específicamente el caso de Conga, pero no puedo dejar de sentir que en todo esto hay un tremendo chantaje.
Por ello, varias organizaciones de América Latina, reunidas en la Alianza Social Continental, que congrega a movimientos sociales, centros de investigación, gremios de trabajadores e instituciones de desarrollo, vienen impulsando una campaña denominada No Ciadi, cuyo objetivo central es que los países de la región denuncien el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados que dio nacimiento al Ciadi, y todos aquellos tratados bilaterales de inversión y de libre comercio, o sus cláusulas respectivas, que hagan referencia al Ciadi como mecanismo de solución de controversias.
Claro que, aun después de la denuncia de estos instrumentos, tendríamos que esperar varios años para que la competencia de Ciadi pierda eficacia. Además, esto no puede ser hecho de manera aislada, y si bien Ecuador y Bolivia ya empezaron este proceso, lo cierto es que debe ser en el marco de la Unasur donde se discuta la iniciativa de dejar atrás el arbitraje sustentado en el Banco mundial, y avanzar hacia otro esquema de arreglo de diferencias entre inversionistas y Estados en América del Sur, porque precisamente nuestra región es la que tiene más procesos abiertos en el Ciadi.
Ahora bien, en esta línea, hay dos posturas. Una, basada en la jurisdicción nacional. Es decir, si alguien quiere invertir en un determinado país sudamericano, deberá someter cualquier controversia a sus tribunales internos o a mecanismos creados dentro de los mismos. Esta es una posición que podemos calificar como “soberana”, y quienes la defienden no dudan en poner el ejemplo de Brasil, país que no es parte del Ciadi, ni tiene ningún tratado bilateral que remita a éste.
De otro lado, está la postura “regionalista”, cuyos defensores afirman que se tiene que dar garantía a la inversión extranjera, de un mecanismo de solución de controversias independiente y neutral, pero que a diferencia del Ciadi, incluya criterios de derechos humanos, de lucha contra la corrupción, entre otros. La idea en este caso es que se construya una especie de Ciadi del sur, que se encargue de ver todos los conflictos derivados de controversias entre inversionistas y Estados en el territorio sudamericano y en el marco de la Unasur.
Como fuere, cada vez se hace más urgente explorar todas las rutas posibles para liberarnos del chantaje de las inversiones.

Minería sí, pero no como sea y Conga no va

¿Qué sentido tiene oponerse a la revisión del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Conga?, mucho menos sabiendo que fue aprobado durante el quinquenio, del perro del hortelano y los faenones, que presidió Alan García. Además de que algunos especialistas legales afirman que en el caso particular de Conga, el EIA es nulo porque fue aprobado por un asesor ministerial y no por el director respectivo del Ministerio de energía y Minas durante la gestión pasada. Así que argumentos jurídicos hay, si queremos frenar el chantaje de posible una demanda de Yanacocha en el CIADI, que nos costaría cientos de millones.

¿Acaso en países como Canadá, Australia o Chile, donde se lleva a cabo la explotación minera supuestamente con mayores responsabilidad y estándares, alguien en su sano juicio desde la prensa, la política o la economía pondría reparos para revisar un EIA cuestionado?
Sin embargo en el Perú, los extremistas del capital y sus operadores de prensa ponen el grito en el cielo cuando el ministro del Ambiente, Ricardo Giesecke, señala enfático que Conga puede ir, pero no de cualquier manera. Es decir, ni siquiera están dispuestos a que Yanacocha brinde garantías certeras del menor impacto posible en la cabecera de la cuenca donde está el oro que tanto ansían.
Es que la reacción peruana es tan radical, que no entiende la desconfianza de la población cajamarquina, que ha visto en los últimos veinte años la proliferación de la minería en buena parte de su territorio, soportando contaminación, falta de agua, atropellos, represión y una buena cantidad de impactos desde que Yanacocha ha hecho de Cajamarca su campamento.
No olvidemos, que esa empresa tiene una larga historia de hostilidad y conflictos con el pueblo de Cajamarca. Y lo ha dicho muy bien, el padre Marco Arana el jueves en la noche, entrevistado por uno de los más representativos radicales pro mineros del periodismo nacional. Arana ha hecho un recuento de casos emblemáticos como la contaminación de los pobladores de Choropampa por un derrame de mercurio a comienzos de siglo; la muerte de truchas por arsénico y mercurio en la Granja Porcón; la afectación del lago Totaracocha; entre decenas de afectaciones.
¿Cómo creer a Yanacocha cuando nos dice que no va a haber mayor impacto en el abastecimiento de agua si es que se sabe que la laguna El Perol va a ser destruida y que nadie sabe bien de qué se trata eso de la construcción de una nueva laguna artificial de arcilla? Además, como Cajamarca ya está llena de concesiones mineras, Conga no debería ir.
No soy antiminero y creo firmemente que debemos aprovechar nuestros recursos, pero no a cualquier costo, ni mucho menos en un esquema en el que una empresa trasnacional aliada de una familia importante de la burguesía nacional, se llenan los bolsillos con nuestro oro y nos deja un sencillo respecto de lo que se lleva. Y claro con ese mundo de plata compran a medio mundo para que les haga propaganda en contra de los intereses de la nación peruana.
Es el momento de ajustar cuentas con los grandes mineros, hacer un reordenamiento territorial adecuado e incluso revisar la Ley General de Minería. Eso es lo que nos dice el Paro de Cajamarca. Y me temo que si no lo hace el gobierno, lo hará el pueblo.

Buenas noticias presupuestales

A pesar de que el presupuesto público 2012, que está siendo discutido actualmente en el Congreso Nacional, fue cocinado en el gobierno de Alan García, y a pesar de que el enfoque del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que tenemos, independientemente del gobierno de turno, es de austeridad y ajuste; el primer presupuesto aprobado en la era Ollanta, tiene varios sellos que marcan la diferencia de lo que ha sido hasta ahora un modelo fiscal bastante lejano de los derechos de la gente.
Todos estos sellos se encuentran en las disposiciones finales complementarias del proyecto de ley de presupuesto público, que han sido introducidas en el dictamen de la Comisión que preside Marisol Espinoza, frente a la propuesta enviada por el MEF en agosto pasado.
La segunda de estas disposiciones dispone de 460 millones de soles para pagar la deuda social que tiene el Estado con miles de trabajadores, activos y pensionistas, desde la década del noventa. En el mismo sentido, la cuarta disposición, le suma a esta iniciativa 50 millones adicionales vía Reserva de Contingencia.
De otro lado, y algo que es de aplaudir, es que la vigésima séptima disposición rompe la barrera de los clásicos artículos 6 y 8 (presentes en todos los presupuestos públicos desde hace años), que no permitía aumentar salarios de hambre que tienen muchos servidores públicos, ni pagar lo adecuado a profesionales que prefieren irse a la actividad privada a pesar que sus sectores cuentan con recursos para retenerlos; y la prohibición de contratar más personal estatal donde se requiere a gritos. La apuesta de la disposición 27 es dotarse del mejor personal posible para el funcionamiento del Estado.
En la lucha contra la pobreza, la disposición número 51, establece algo de lo cual no tengo memoria, y eso que sigo el tema presupuestal hace tiempo, me refiero a los 200 millones de soles que se entregarán directamente a los 300 municipios distritales más pobres del país, y a aquéllos, cuyo presupuesto institucional de apertura sea igual o menor a 3 millones de soles. Estos 200 millones adicionales serán distribuidos en consideración al número de pobladores de las localidades.
Y para los trabajadores públicos del régimen del Decreto Legislativo 276, con salarios muy bajos pero compensados vía CAFAE, se ha introducido una norma que busca eliminar la enorme desigualdad a la hora de recibir este concepto, y que se plasma en una escala que va entre 100 y 8 mil soles. Pues bien, con lo introducido por la quincuagésima tercera disposición, se dispondrá de 171 millones de soles al fondo CAFAE con la finalidad de subir ese piso de 100 soles. Un especialista me dijo que ahora la base será de 450 soles para la menor de las bonificaciones. Eso va directo para los que menos ganan.
Finalmente, la disposición vigésima contenida en el dictamen preparado por la comisión de presupuesto, corrige un error de la gestión García en el primer semestre de este año, cuando se frenó el gasto, prohibiendo ejecutar muchos proyectos de inversión presupuestados. Ahora se podrá incorporar esos recursos al presupuesto del siguiente año en el caso de los gobiernos regionales, locales y los sectores salud y Educación.
Si bien falta mucho por hacer en temas como salarios, pensiones y recaudación tributaria para empezar a transformar la política fiscal, podemos afirmar que hay buenas noticias presupuestales.

El Ciadi como arma de fuego

No puedo dejar de sentir indignación cuando veo que Telefónica del Perú chantajea al gobierno peruano, con poner una demanda en el Ciadi, si es que queremos cobrarle lo que debe en impuestos no pagados. Pues aunque niega que haya enviado una petición al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), ha dado las suficientes señales como para que nos quede bien claro lo que pasaría si no renovamos su contrato o si exigimos que pague lo que debe para hacerlo: una demanda multimillonaria contra el Perú, donde poco importa si su servicio es deficiente o si ya no queremos seguir pagando tanto por él.
Y cuando me pregunto qué es lo que está a la base de esta extorsión de cuello y corbata, una vez más me convenzo de que el neoliberalismo no es un sistema económico, sino un sistema de contratos para asegurar ganancias a los señores del capital.
Será porque la "ideología de la inversión" no permite distinguir lo conveniente de lo lesivo, y con una serie de candados legales lesiona la capacidad estatal de negociación frente a la inversión extranjera.
Tratados de Libre Comercio (TLC) y Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones (TBI) que proliferan en el Perú con el cuento de la inversión, garantizan que las empresas como Telefónica, eludan políticas públicas soberanas, como las que quiere aplicar el gobierno nacionalista a la hora de cobrar a los morosos de la SUNAT.
Y el Ciadi es la fresa en el chantillí de ese sistema, porque es el mecanismo para arrinconar al Estado. Es una verdadera arma de fuego.
Por eso hasta un acto de justicia, como es cobrarle a Telefónica los más de 3 mil millones de soles que debe al fisco, se convierte en una herejía que activa todos candados neoliberales.
Así, la jurisdicción nacional se hace a un lado para ceder sus competencias al arbitraje internacional, siendo el Ciadi (creado en 1965 y vigente desde 1966 en el Banco mundial, mediante un convenio del cual forman parte o se han adherido muchos países del mundo), el más utilizado.
Pero incluso, no siendo signatario o contratante del Ciadi, si un país tiene un TBI o un TLC vigente, de seguro que está bajo su ámbito, pues todos estos instrumentos remiten al arbitraje de inversión en caso de una controversia. En el caso de Telefónica, el Perú, además de ser firmante del convenio del Ciadi, tiene un TBI con España.
Y como sabemos, la mayor parte de los casos que van allí, se han resuelto a favor de las reclamaciones de los inversionistas. Según datos del propio Ciadi, hasta la fecha, el 44 por ciento de sus procesos arbitrales han derivado en laudos dando lugar total o parcialmente a las empresas demandantes.
Hoy en día existe una gran preocupación por los efectos perjudiciales que pueden traer para la mayor parte de países sudamericanos, los procesos arbitrales en curso en el Ciadi.
De todos los casos de arbitraje pendientes en este organismo, la mayoría están dirigidos contra países de América del Sur, siendo Argentina, el país más demandado (26 casos). No es casualidad que precisamente la región que tiene gobiernos que empiezan a hacerle frente a las trasnacionales, haciendo respetar su soberanía y valer su capacidad de negociación, sea, al mismo tiempo, la más demandada.
En el caso del Perú, hay más de 5 casos de arbitraje en el Ciadi, siendo los de Doe Run (que imcumplió su Pama en La Oroya) y el de Convial Callao S.A. (los famosos peajes de Kouri) los más saltantes.
Lo que deberíamos hacer es denunciar el convenio del Ciadi y los Tratados que nos amarran a él, porque no es verdad que tengamos que tener TBI, TLC o estar bajo la jurisdicción del Ciadi para captar inversión privada. Esa es una gran mentira. Brasil no tiene nada de eso, ni está bajo el Ciadi y es, hoy por hoy, el mayor receptor de inversión extranjera directa de la región.

Estímulo pensado en la gente y no en el gran capital

Aunque el Ministerio de Economía y Finanzas todavía es controlado por un neoliberal, debo decir que he notado un cambio radical entre la respuesta de estímulo económico frente a la crisis mundial que ha dado el gobierno nacionalista, respecto al que dio el gobierno de Alan García.
Y si bien es cierto que el Ministro Castilla viene del gobierno anterior y está puesto en economía como resultado de una negociación política con los sectores que fueron derrotados el 5 de junio, bajo el supuesto de la gobernabilidad que necesita quien viene a hacer cambios después de más de veinte años de Estado Neoliberal; como se nota al mirar el reciente Plan de Estímulo Económico, la presencia en el gabinete de gente que apuesta por las transformaciones. Porque a pesar que el Ministro de Economía y Finanzas está allí para evitar que Humala se salga del libreto, personas como el Premier Lerner y varios de sus ministros, y los asesores presidenciales, Jiménez y Dancourt, marcan la diferencia.
Pues, contrariamente al Plan Anticrisis hecho por Carranza en la era García, totalmente privatista y focalizado en beneficios para el gran capital, con medidas como subir el drawback para los exportadores, el canje de impuesto a la renta por obras, las asociaciones público privadas, y un respiro a los trabajadores pero con sus propias compensaciones por tiempo de servicios (CTS); la propuesta nacionalista contra la crisis se centra en la micro, pequeña y mediana empresa, en potenciar a los gobiernos locales y regionales, y en los sectores sociales más pobres.
Si miramos este plan conjuntamente con la subida del salario mínimo vital, podemos afirmar que la respuesta de Ollanta Humala y el gabinete Lerner para el caos económico que vive el mundo, se dirige al pueblo, a la clase trabajadora y no a las grandes empresas. Con ello va a obtener resultados a corto plazo y el crecimiento económico no va a desmoronarse como en el 2009, cuando cayó de 9.8 puntos (2008) a 0.9.
En efecto, el Decreto de Urgencia 058-2011 del 26 de octubre último, que lleva como título: Dictan Medidas Urgentes y Extraordinarias en Materia Económica y Financiera para Mantener y Promover el Dinamismo de la Economía Nacional, se centra en la producción y productividad a favor de las Mypes a través de un fondo de 380 millones de soles destinados a comprarles a éstas, más de 1 millón de uniformes, chompas, calzado y buzos para escolares en pobreza; y miles de prendas, equipos de campaña, accesorios y uniformes completos para las Fuerzas Armadas y Policiales que tanto lo necesitan. Sin duda, eso traerá dinamismo al mercado interno.
Asimismo, se agiliza la entrega de recursos a los gobiernos locales y regionales provenientes del Fondo a la Inversión Pública Regional y Local (Foniprel), que venía funcionando desde hace años como un mecanismo para encajonar recursos en la Reserva de Contingencia que controla el MEF. Más de 700 millones de soles para el mantenimiento de infraestructura y equipos de instituciones educativas públicas, centros de salud, hospitales del Ejército y la Marina, comisarias e infraestructura vial departamental y vecinal, agrícola y sistemas de saneamiento. 200 millones más para los gobiernos locales comprendidos en el VRAE a fin de que implementen proyectos de inversión en esa zona; y 115 millones para fomentar el empleo de jóvenes a través de los programas Trabaja Perú, Jóvenes a la Obra y Vamos Perú.