No Ciadi

Uno de los principales argumentos que diversos analistas, periodistas y hasta políticos, especialmente de la derecha peruana, han usado para oponerse a la revisión del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Conga, luego de la suspensión solicitada por el gobierno nacional, es que nos puede costar una demanda de arbitraje en el Ciadi por cientos de millones de dólares.

Eso equivale a decir que un país no puede objetar una concesión, así se haya hecho mal, o aprobado en medio de actos de corrupción, o cuya aplicación vulnere derechos de la población, porque inmediatamente te amenazan con la cantaleta del arbitraje internacional en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias en materia de Inversiones (Ciadi), cuyos árbitros se centran en el propio contrato y no en las circunstancias que lo hacen injusto. Y no quiero decir que éste sea específicamente el caso de Conga, pero no puedo dejar de sentir que en todo esto hay un tremendo chantaje.
Por ello, varias organizaciones de América Latina, reunidas en la Alianza Social Continental, que congrega a movimientos sociales, centros de investigación, gremios de trabajadores e instituciones de desarrollo, vienen impulsando una campaña denominada No Ciadi, cuyo objetivo central es que los países de la región denuncien el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados que dio nacimiento al Ciadi, y todos aquellos tratados bilaterales de inversión y de libre comercio, o sus cláusulas respectivas, que hagan referencia al Ciadi como mecanismo de solución de controversias.
Claro que, aun después de la denuncia de estos instrumentos, tendríamos que esperar varios años para que la competencia de Ciadi pierda eficacia. Además, esto no puede ser hecho de manera aislada, y si bien Ecuador y Bolivia ya empezaron este proceso, lo cierto es que debe ser en el marco de la Unasur donde se discuta la iniciativa de dejar atrás el arbitraje sustentado en el Banco mundial, y avanzar hacia otro esquema de arreglo de diferencias entre inversionistas y Estados en América del Sur, porque precisamente nuestra región es la que tiene más procesos abiertos en el Ciadi.
Ahora bien, en esta línea, hay dos posturas. Una, basada en la jurisdicción nacional. Es decir, si alguien quiere invertir en un determinado país sudamericano, deberá someter cualquier controversia a sus tribunales internos o a mecanismos creados dentro de los mismos. Esta es una posición que podemos calificar como “soberana”, y quienes la defienden no dudan en poner el ejemplo de Brasil, país que no es parte del Ciadi, ni tiene ningún tratado bilateral que remita a éste.
De otro lado, está la postura “regionalista”, cuyos defensores afirman que se tiene que dar garantía a la inversión extranjera, de un mecanismo de solución de controversias independiente y neutral, pero que a diferencia del Ciadi, incluya criterios de derechos humanos, de lucha contra la corrupción, entre otros. La idea en este caso es que se construya una especie de Ciadi del sur, que se encargue de ver todos los conflictos derivados de controversias entre inversionistas y Estados en el territorio sudamericano y en el marco de la Unasur.
Como fuere, cada vez se hace más urgente explorar todas las rutas posibles para liberarnos del chantaje de las inversiones.

Minería sí, pero no como sea y Conga no va

¿Qué sentido tiene oponerse a la revisión del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Conga?, mucho menos sabiendo que fue aprobado durante el quinquenio, del perro del hortelano y los faenones, que presidió Alan García. Además de que algunos especialistas legales afirman que en el caso particular de Conga, el EIA es nulo porque fue aprobado por un asesor ministerial y no por el director respectivo del Ministerio de energía y Minas durante la gestión pasada. Así que argumentos jurídicos hay, si queremos frenar el chantaje de posible una demanda de Yanacocha en el CIADI, que nos costaría cientos de millones.

¿Acaso en países como Canadá, Australia o Chile, donde se lleva a cabo la explotación minera supuestamente con mayores responsabilidad y estándares, alguien en su sano juicio desde la prensa, la política o la economía pondría reparos para revisar un EIA cuestionado?
Sin embargo en el Perú, los extremistas del capital y sus operadores de prensa ponen el grito en el cielo cuando el ministro del Ambiente, Ricardo Giesecke, señala enfático que Conga puede ir, pero no de cualquier manera. Es decir, ni siquiera están dispuestos a que Yanacocha brinde garantías certeras del menor impacto posible en la cabecera de la cuenca donde está el oro que tanto ansían.
Es que la reacción peruana es tan radical, que no entiende la desconfianza de la población cajamarquina, que ha visto en los últimos veinte años la proliferación de la minería en buena parte de su territorio, soportando contaminación, falta de agua, atropellos, represión y una buena cantidad de impactos desde que Yanacocha ha hecho de Cajamarca su campamento.
No olvidemos, que esa empresa tiene una larga historia de hostilidad y conflictos con el pueblo de Cajamarca. Y lo ha dicho muy bien, el padre Marco Arana el jueves en la noche, entrevistado por uno de los más representativos radicales pro mineros del periodismo nacional. Arana ha hecho un recuento de casos emblemáticos como la contaminación de los pobladores de Choropampa por un derrame de mercurio a comienzos de siglo; la muerte de truchas por arsénico y mercurio en la Granja Porcón; la afectación del lago Totaracocha; entre decenas de afectaciones.
¿Cómo creer a Yanacocha cuando nos dice que no va a haber mayor impacto en el abastecimiento de agua si es que se sabe que la laguna El Perol va a ser destruida y que nadie sabe bien de qué se trata eso de la construcción de una nueva laguna artificial de arcilla? Además, como Cajamarca ya está llena de concesiones mineras, Conga no debería ir.
No soy antiminero y creo firmemente que debemos aprovechar nuestros recursos, pero no a cualquier costo, ni mucho menos en un esquema en el que una empresa trasnacional aliada de una familia importante de la burguesía nacional, se llenan los bolsillos con nuestro oro y nos deja un sencillo respecto de lo que se lleva. Y claro con ese mundo de plata compran a medio mundo para que les haga propaganda en contra de los intereses de la nación peruana.
Es el momento de ajustar cuentas con los grandes mineros, hacer un reordenamiento territorial adecuado e incluso revisar la Ley General de Minería. Eso es lo que nos dice el Paro de Cajamarca. Y me temo que si no lo hace el gobierno, lo hará el pueblo.

Buenas noticias presupuestales

A pesar de que el presupuesto público 2012, que está siendo discutido actualmente en el Congreso Nacional, fue cocinado en el gobierno de Alan García, y a pesar de que el enfoque del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que tenemos, independientemente del gobierno de turno, es de austeridad y ajuste; el primer presupuesto aprobado en la era Ollanta, tiene varios sellos que marcan la diferencia de lo que ha sido hasta ahora un modelo fiscal bastante lejano de los derechos de la gente.
Todos estos sellos se encuentran en las disposiciones finales complementarias del proyecto de ley de presupuesto público, que han sido introducidas en el dictamen de la Comisión que preside Marisol Espinoza, frente a la propuesta enviada por el MEF en agosto pasado.
La segunda de estas disposiciones dispone de 460 millones de soles para pagar la deuda social que tiene el Estado con miles de trabajadores, activos y pensionistas, desde la década del noventa. En el mismo sentido, la cuarta disposición, le suma a esta iniciativa 50 millones adicionales vía Reserva de Contingencia.
De otro lado, y algo que es de aplaudir, es que la vigésima séptima disposición rompe la barrera de los clásicos artículos 6 y 8 (presentes en todos los presupuestos públicos desde hace años), que no permitía aumentar salarios de hambre que tienen muchos servidores públicos, ni pagar lo adecuado a profesionales que prefieren irse a la actividad privada a pesar que sus sectores cuentan con recursos para retenerlos; y la prohibición de contratar más personal estatal donde se requiere a gritos. La apuesta de la disposición 27 es dotarse del mejor personal posible para el funcionamiento del Estado.
En la lucha contra la pobreza, la disposición número 51, establece algo de lo cual no tengo memoria, y eso que sigo el tema presupuestal hace tiempo, me refiero a los 200 millones de soles que se entregarán directamente a los 300 municipios distritales más pobres del país, y a aquéllos, cuyo presupuesto institucional de apertura sea igual o menor a 3 millones de soles. Estos 200 millones adicionales serán distribuidos en consideración al número de pobladores de las localidades.
Y para los trabajadores públicos del régimen del Decreto Legislativo 276, con salarios muy bajos pero compensados vía CAFAE, se ha introducido una norma que busca eliminar la enorme desigualdad a la hora de recibir este concepto, y que se plasma en una escala que va entre 100 y 8 mil soles. Pues bien, con lo introducido por la quincuagésima tercera disposición, se dispondrá de 171 millones de soles al fondo CAFAE con la finalidad de subir ese piso de 100 soles. Un especialista me dijo que ahora la base será de 450 soles para la menor de las bonificaciones. Eso va directo para los que menos ganan.
Finalmente, la disposición vigésima contenida en el dictamen preparado por la comisión de presupuesto, corrige un error de la gestión García en el primer semestre de este año, cuando se frenó el gasto, prohibiendo ejecutar muchos proyectos de inversión presupuestados. Ahora se podrá incorporar esos recursos al presupuesto del siguiente año en el caso de los gobiernos regionales, locales y los sectores salud y Educación.
Si bien falta mucho por hacer en temas como salarios, pensiones y recaudación tributaria para empezar a transformar la política fiscal, podemos afirmar que hay buenas noticias presupuestales.

El Ciadi como arma de fuego

No puedo dejar de sentir indignación cuando veo que Telefónica del Perú chantajea al gobierno peruano, con poner una demanda en el Ciadi, si es que queremos cobrarle lo que debe en impuestos no pagados. Pues aunque niega que haya enviado una petición al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), ha dado las suficientes señales como para que nos quede bien claro lo que pasaría si no renovamos su contrato o si exigimos que pague lo que debe para hacerlo: una demanda multimillonaria contra el Perú, donde poco importa si su servicio es deficiente o si ya no queremos seguir pagando tanto por él.
Y cuando me pregunto qué es lo que está a la base de esta extorsión de cuello y corbata, una vez más me convenzo de que el neoliberalismo no es un sistema económico, sino un sistema de contratos para asegurar ganancias a los señores del capital.
Será porque la "ideología de la inversión" no permite distinguir lo conveniente de lo lesivo, y con una serie de candados legales lesiona la capacidad estatal de negociación frente a la inversión extranjera.
Tratados de Libre Comercio (TLC) y Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones (TBI) que proliferan en el Perú con el cuento de la inversión, garantizan que las empresas como Telefónica, eludan políticas públicas soberanas, como las que quiere aplicar el gobierno nacionalista a la hora de cobrar a los morosos de la SUNAT.
Y el Ciadi es la fresa en el chantillí de ese sistema, porque es el mecanismo para arrinconar al Estado. Es una verdadera arma de fuego.
Por eso hasta un acto de justicia, como es cobrarle a Telefónica los más de 3 mil millones de soles que debe al fisco, se convierte en una herejía que activa todos candados neoliberales.
Así, la jurisdicción nacional se hace a un lado para ceder sus competencias al arbitraje internacional, siendo el Ciadi (creado en 1965 y vigente desde 1966 en el Banco mundial, mediante un convenio del cual forman parte o se han adherido muchos países del mundo), el más utilizado.
Pero incluso, no siendo signatario o contratante del Ciadi, si un país tiene un TBI o un TLC vigente, de seguro que está bajo su ámbito, pues todos estos instrumentos remiten al arbitraje de inversión en caso de una controversia. En el caso de Telefónica, el Perú, además de ser firmante del convenio del Ciadi, tiene un TBI con España.
Y como sabemos, la mayor parte de los casos que van allí, se han resuelto a favor de las reclamaciones de los inversionistas. Según datos del propio Ciadi, hasta la fecha, el 44 por ciento de sus procesos arbitrales han derivado en laudos dando lugar total o parcialmente a las empresas demandantes.
Hoy en día existe una gran preocupación por los efectos perjudiciales que pueden traer para la mayor parte de países sudamericanos, los procesos arbitrales en curso en el Ciadi.
De todos los casos de arbitraje pendientes en este organismo, la mayoría están dirigidos contra países de América del Sur, siendo Argentina, el país más demandado (26 casos). No es casualidad que precisamente la región que tiene gobiernos que empiezan a hacerle frente a las trasnacionales, haciendo respetar su soberanía y valer su capacidad de negociación, sea, al mismo tiempo, la más demandada.
En el caso del Perú, hay más de 5 casos de arbitraje en el Ciadi, siendo los de Doe Run (que imcumplió su Pama en La Oroya) y el de Convial Callao S.A. (los famosos peajes de Kouri) los más saltantes.
Lo que deberíamos hacer es denunciar el convenio del Ciadi y los Tratados que nos amarran a él, porque no es verdad que tengamos que tener TBI, TLC o estar bajo la jurisdicción del Ciadi para captar inversión privada. Esa es una gran mentira. Brasil no tiene nada de eso, ni está bajo el Ciadi y es, hoy por hoy, el mayor receptor de inversión extranjera directa de la región.

Estímulo pensado en la gente y no en el gran capital

Aunque el Ministerio de Economía y Finanzas todavía es controlado por un neoliberal, debo decir que he notado un cambio radical entre la respuesta de estímulo económico frente a la crisis mundial que ha dado el gobierno nacionalista, respecto al que dio el gobierno de Alan García.
Y si bien es cierto que el Ministro Castilla viene del gobierno anterior y está puesto en economía como resultado de una negociación política con los sectores que fueron derrotados el 5 de junio, bajo el supuesto de la gobernabilidad que necesita quien viene a hacer cambios después de más de veinte años de Estado Neoliberal; como se nota al mirar el reciente Plan de Estímulo Económico, la presencia en el gabinete de gente que apuesta por las transformaciones. Porque a pesar que el Ministro de Economía y Finanzas está allí para evitar que Humala se salga del libreto, personas como el Premier Lerner y varios de sus ministros, y los asesores presidenciales, Jiménez y Dancourt, marcan la diferencia.
Pues, contrariamente al Plan Anticrisis hecho por Carranza en la era García, totalmente privatista y focalizado en beneficios para el gran capital, con medidas como subir el drawback para los exportadores, el canje de impuesto a la renta por obras, las asociaciones público privadas, y un respiro a los trabajadores pero con sus propias compensaciones por tiempo de servicios (CTS); la propuesta nacionalista contra la crisis se centra en la micro, pequeña y mediana empresa, en potenciar a los gobiernos locales y regionales, y en los sectores sociales más pobres.
Si miramos este plan conjuntamente con la subida del salario mínimo vital, podemos afirmar que la respuesta de Ollanta Humala y el gabinete Lerner para el caos económico que vive el mundo, se dirige al pueblo, a la clase trabajadora y no a las grandes empresas. Con ello va a obtener resultados a corto plazo y el crecimiento económico no va a desmoronarse como en el 2009, cuando cayó de 9.8 puntos (2008) a 0.9.
En efecto, el Decreto de Urgencia 058-2011 del 26 de octubre último, que lleva como título: Dictan Medidas Urgentes y Extraordinarias en Materia Económica y Financiera para Mantener y Promover el Dinamismo de la Economía Nacional, se centra en la producción y productividad a favor de las Mypes a través de un fondo de 380 millones de soles destinados a comprarles a éstas, más de 1 millón de uniformes, chompas, calzado y buzos para escolares en pobreza; y miles de prendas, equipos de campaña, accesorios y uniformes completos para las Fuerzas Armadas y Policiales que tanto lo necesitan. Sin duda, eso traerá dinamismo al mercado interno.
Asimismo, se agiliza la entrega de recursos a los gobiernos locales y regionales provenientes del Fondo a la Inversión Pública Regional y Local (Foniprel), que venía funcionando desde hace años como un mecanismo para encajonar recursos en la Reserva de Contingencia que controla el MEF. Más de 700 millones de soles para el mantenimiento de infraestructura y equipos de instituciones educativas públicas, centros de salud, hospitales del Ejército y la Marina, comisarias e infraestructura vial departamental y vecinal, agrícola y sistemas de saneamiento. 200 millones más para los gobiernos locales comprendidos en el VRAE a fin de que implementen proyectos de inversión en esa zona; y 115 millones para fomentar el empleo de jóvenes a través de los programas Trabaja Perú, Jóvenes a la Obra y Vamos Perú.

Anamper y el Programa 65

El jueves me invitaron a un taller de la Asociación Nacional de Organizaciones de Adultos Mayores del Perú (Anamper). Los mismos que han sido y son los principales impulsores (desde el ámbito social) de las pensiones no contributivas para todos los mayores de 65 años sin jubilación porque no alcanzaron los aportes suficientes, o porque nunca tuvieron a su alcance los mecanismos para aportar a la seguridad social.
Fue Anamper la que, en coordinación con la bancada nacionalista y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), impulsó el proyecto de ley Nº 4213, que establecía la pensión no contributiva con carácter universal, solidaria y vitalicia a sola condición de que los mayores de 65 no tengan ningún ingreso público o privado, ninguna pensión de la ONP o de las AFP, y que residan en el país durante los últimos tres años.
Este proyecto fue dictaminado favorablemente en el Congreso de la República durante el periodo anterior pero no llegó a ser votado en el pleno.
Fueron los dirigentes de Anamper los que incidieron para que en la campaña electoral, Ollanta Humala recoja la propuesta como una de sus principales banderas de gobierno.
Y una vez asumida por el entonces candidato, los marketeros políticos que lo asesoraron tuvieron el acierto de llamarla Pensión 65, con el que fue difundida entre la población mediante un muy bien hecho spot publicitario.
Por ello, Anamper es una de las pocas organizaciones sociales que tiene un acta de compromiso firmada por el hoy presidente, en la que se obligó una vez llegado al poder, a implementar por primera vez la pensión no contributiva en el Perú.
Es por estas razones que cualquiera hubiera esperado encontrar a los delegados de Anamper que llegaron de todo el país a su taller nacional, celebrando porque la semana pasada se publicó en el diario El Peruano dos decretos, uno supremo y otro de urgencia; el primero con el diseño de Pensión 65, y el segundo con las medidas financieras para que se implemente desde este año.
Pero no fue así, porque Pensión 65, tal y como se ha lanzado, no es una pensión, sino un programa de asistencia solidaria solo para pobres extremos de acuerdo a los criterios del Sistema de Focalización de Hogares.
Y para los dirigentes de Anamper, con los cuales coincido, se trata en realidad de una simple ampliación en 25 soles del Bono Gratitud del gobierno aprista, rebajando la edad de los beneficiarios de 75 a 65. Aunque inicialmente solo para 6 regiones.
Ellos al igual que yo, lamentamos que la esperada Pensión 65 no se enmarque dentro del Sistema Nacional de Pensiones, porque éste es un tema de inclusión de la población en el derecho a la pensión, y no un tema de pobreza.
Qué pena que se haya perdido una oportunidad más de discutir en serio la reforma pensionaria que se cae de madura en el Perú.
Muchos de los ancianos dirigentes con los que compartí la tarde del jueves no tienen ingresos y viven aún de su trabajo, con el que también financian su militancia en el movimiento de adultos mayores. Pero ellos no recibirán nada.

La economía y la política

Algunos creen que las decisiones económicas de un país son eminentemente técnicas. Eso no es verdad. Peor aún, hay quienes creen que la economía es una ciencia exacta y por eso hay cosas que no pueden cambiar. En realidad, las decisiones económicas son política pura con alto contenido jurídico.
Cuando Alan García promovió la suscripción del Acuerdo del Pacífico con México, Chile y Colombia, y los presidentes de esos países vinieron a sellar esta especie de súper Tratado de Libre Comercio (TLC) en Lima; lo que estaba haciendo era operar para Estados Unidos, puesto que los cuatro países involucrados tienen un TLC con el gigante norteamericano, y también con Centro América, constituyendo en la práctica el renacimiento del Área de Libre Comercio de las Américass (ALCA) que todos creíamos muerta en la Cumbre de las Américas de Mar del Plata en el 2005.
Al mismo tiempo, Estados Unidos partía Sudamérica en dos, para pararle el macho a Brasil y su Unasur, haciendo que sea imposible un pacto comercial entre los bloques del Mercosur y los países de la Comunidad Andina (CAN). Pura lucha hegemónica entre dos grandes. Además, se estaba alistando el camino para un TLC mayor: el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP).
Y ahora que se está celebrando en Lima la novena ronda de negociación del TPP, (el acuerdo de libre comercio entre los países del Foro de Cooperación Asia Pacífico - APEC), tengo la misma sensación de que, más que promover el comercio, se trata de consolidar un espacio donde Estados Unidos defienda la hegemonía que la crisis global le ha puesto en cuestión.
Barack Obama se mostraba totalmente opositor a los TLC durante su campaña electoral. Especialmente a los que empezó a negociar, pero no culminó, la administración Bush. Y como nos recuerda el especialista Manuel Pérez Rocha, Obama tenía especial rechazo al capítulo de inversiones por considerarlo perjudicial para los intereses de los sindicatos estadounidenses. Pues bien, hace poco suscribió los TLC con Corea, Panamá y Colombia que su predecesor había encaminado.
La razón es bastante política: necesita el apoyo de las grandes empresas norteamericanas para su campaña de reelección. Y esa es la misma motivación por la que las negociaciones del TPP han tomado la velocidad de crucero.
En el TPP, Estados Unidos quiere mejores condiciones en temas como el de propiedad intelectual y acceso a medicamentos que las que consiguió para sus transnacionales con sus TLC bilaterales; al mismo tiempo que pasa a liderar la costa pacífica de todo el hemisferio americano (salvo por Ecuador), recordándole a Brasil quien manda aún en estas tierras.
Lo que no tiene sentido es que, en medio del segundo embate de la crisis global (donde el neoliberalismo del “mercado se regula solo” entra en trompo nuevamente), sigamos con la misma política comercial que la que se fijó hace diez años. Las mismas reglas de juego pre crisis se siguen imponiendo en las mesas de negociación.
Ya es momento de promover un debate nacional sobre este tema, tomar el toro por las astas y dejar que la inercia económica siga imponiéndose en el Perú.