Hay que salvar a la economía de mercado

Un amigo marxista me dijo que para entender la crisis económica que vive el mundo en la actualidad, se debe distinguir lo que es la economía de mercado de lo que es el capitalismo. De inmediato entendí que no hacerlo, pone a muchos en la trampa ideológica de defender, en nombre del mercado, a la especulación financiera, los acuerdos comerciales asimétricos, la represión salarial, la excesiva acumulación de los bancos y las trasnacionales, entre otras perversiones del capital.
Es que el capitalismo realmente existente hoy en día (al que conocemos como neoliberalismo), ha puesto a la economía de mercado a su servicio, distorsionándola con la única finalidad de generar la mayor cantidad de riqueza para pocas manos. Y lo ha hecho a través de dos grandes expresiones.
La Primera es la financiarización de la economía. En los últimos años, el gran capital ha estado más interesado en timbear en bolsas de valores y mercados de commodities, que invirtiendo en la producción, afectando con ello la fijación de precios y creando enormes burbujas por todos lados. Claro que eso le ha reportado millones de millones de utilidad. En realidad, los inversionistas financieros actúan como meros apostadores en salas de casino.
El resultado es impresionante. Mientras la producción mundial asciende a 63 billones de dólares; las deudas públicas y privadas registradas, alcanzan los 117 billones. Es decir la duplican. Y ni qué decir de los derivados financieros. Ellos alcanzan la suma de 1500 billones de dólares. O sea, que una misma onza de oro o una misma tonelada de trigo se ha vendido miles de veces.
La segunda expresión del neoliberalismo es un complejo sistema de contratos para que nada ni nadie impida a los señores del capital seguir acumulando riqueza. Me refiero a convenios de estabilidad jurídica, acuerdos bilaterales de protección de inversiones, tratados de libre comercio, centros internacionales de arbitrajes, contratos estandarizados en mercados financieros, etc., que con el cuento de la inversión se promueven en todo el planeta.
Y son las propias organizaciones multilaterales las que recomiendan utilizar estos instrumentos, del mismo modo como invitan a invertir en derivados financieros. Son operadores del neoliberalismo, más no del mercado.
Lo paradójico es que estas dos expresiones neoliberales surgieron como respuesta a la crisis del capitalismo de los años setenta, a fin de que las economías centrales trasladen sus problemas a la periferia; lo que en América Latina se vivió como una feroz crisis de la deuda a inicios de los ochenta.
No nos engañemos, hace tiempo que la ley de la oferta y la demanda, se puso de lado a la hora de organizar y distribuir la producción y el consumo. La economía de mercado está capturada por mafias que se visten de cuello y corbata.

Crisis global y Constitución de 1993

Estamos nuevamente muy cerca del centro de la tormenta de la crisis global: amenaza de cesación de pagos en varios países de Europa, crisis bancaria a la vista, la recesión en Estados Unidos no cesa, las economías emergentes se desaceleran, los términos de intercambio se deterioran, hay fuertes caídas de las bolsas mundiales, y en fin, varias señales como éstas, nos dicen que una vez más, como a fines de 2008, la economía peruana, tan dependiente de la demanda externa, deberá tomar medidas para atravesar de la mejor manera el desastre económico que se avecina.
Pero ante una crisis que está transformando a golpes el orden económico mundial, ¿basta el estímulo fiscal del MEF y las herramientas monetarias del BCR?
A corto plazo sin duda; aunque ya no es suficiente como respuesta al reto histórico que enfrentamos: el fracaso del software neoliberal, que despreció las políticas públicas y la planificación. Que bendijo la no regulación de los mercados, especialmente de los financieros; que se zurró en el medio ambiente y el desarrollo sostenible, generando riqueza con desigualdad; y que se vale un sistema de contratos y arbitrajes (TLCs, Convenios de Estabilidad Jurídica, Acuerdos Bilaterales de Protección de Inversiones, CIADI, etc.) para asegurar ganancias sí o sí.
Ese sistema está puesto en cuestión, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el social. La aparición del movimiento mundial de indignados lo confirma.
Y precisamente, ese sistema es el espíritu de la Constitución de 1993, partida de nacimiento del Estado neoliberal peruano: crecimiento económico sin derechos laborales y bajos salarios; atropello de comunidades andinas y amazónicas; rol subsidiario del Estado; protección constitucional a los contratos suscritos con el gran capital; entrega de propiedad de los recursos naturales a cambio de poco; y el mismo trato a un inversionista nacional que al foráneo.
En esencia, son los artículos 60, 62 y 66 de la Carta del 93 los que dibujan el neoliberalismo local que impide al Estado fomentar la acumulación de capital nacional, promover los mercados internos, desprecarizar el trabajo, industrializar la economía, integrarnos con Sudamérica, entre otras políticas que nos desenchufen de la crisis del neoliberalismo, al tiempo que construimos base social para la convivencia en paz y democracia.
No bastan políticas contracíclicas. Ni basta redistribuir mejor. Se requiere reestructurar. Y eso nos pone de nuevo en un momento constituyente. El Estado neoliberal peruano ya no tiene sentido y por más que la derecha se aferre a él (más por ideología que por pragmatismo) necesitamos un nuevo pacto social. Lo bueno es que diversos sectores lo han empezado a entender.

La política antidrogas

No tengo idea de quienes son los capos de la droga en el Perú. De lo que sí estoy seguro es que están muy contentos con la política antidrogas de los últimos años. La del ritual de las erradicaciones que nos ha convertido en el primer exportador de cocaína del mundo, y que tiene presos a campesinos y dirigentes del Alto Huallaga y otras zonas donde se realizaron capturas masivas.
La misma que no quiere mirar la estructura financiera que sirve para lavar dinero; pero que presenta a humildes pobladores como si fueran narcoterroristas, solo para mostrar a la DEA (esa especie de Fondo Monetario Internacional del narcotráfico) supuestos resultados que certifiquen que aquí luchamos contra las drogas y merecemos los mismos recursos que le asignan a Colombia.
Hace unos días visité el penal Castro Castro, y hablé con más de 30 detenidos en noviembre del 2010 en la operación Eclipse. Están procesados por narcotráfico y colaboración con el terrorismo, solo porque personas con identidad protegida los acusaron de reunirse con el senderista Artemio. Ni una prueba más los incrimina.
Ahí me encontré con Iburcio Morales, alcalde en funciones del Monzón cuando fue capturado; y con Eduardo Ticerán, dirigente cocalero. Ambos, junto a otros dirigentes y autoridades también presos, elaboraron en el 2007 un verdadero plan de desarrollo alternativo para el Alto Huallaga. Nada que ver con las bolsitas de semillas de café, frejol de palo y algunas aves que ofrecía Devida; una burla donde hace falta la presencia del Estado.
Creo que a lo mejor ese fue su delito: atreverse a cuestionar la política antidrogas, siendo vistos como ciudadanos de segunda. Y aunque el plan, que es bastante completo, se entregó al gobierno de García, no fue mirado ni de reojo.
No tomaron en cuenta la propuesta de producir carne y leche; o de crear circuitos turísticos en Leoncio Prado, Aucayacu, el Monzón o Yanajanca. No vieron las actividades concretas por zona, ni la inversión propuesta en diez años para que los valles cocaleros de Huánuco tengan una agricultura competitiva que mejore la calidad de vida de la población.
La respuesta fue continuar con zona de emergencia y operaciones especiales como Tormenta, Huracán y Eclipse para meter en la cárcel a cuanto dirigente podían. Nadie puede poner un negocio con tranquilidad en el Alto Huallaga, ni ser elegido autoridad sin correr el riesgo de morir.
Felizmente Ollanta Humala designó a Ricardo Soberón como jefe de Devida y no se dejó presionar para destituirlo. Estoy seguro que se va a centrar el combate al narcotráfico en cosas como atacar su estructura financiera. Y sobre todo, se va a impedir que las cárceles sigan llenándose con campesinos y gente pobre.

¿Pensión o Programa 65?

Es un error que Pensión 65 termine siendo un programa social dentro del futuro Ministerio de la Inclusión. Peor, focalizar en pobres extremos sobre la base de los programas Juntos y Gratitud. Y encima, comenzar por cuatro regiones.
Eso desnaturaliza la pensión no contributiva, y termina diluyendo la propuesta electoral de Humala. La del spot publicitario, en el que una señora que vende golosinas en un puesto callejero autorizado, agradece a Ollanta porque a los 65 va a tener su pensión. Los que trabajaron toda su vida de manera independiente y no pudieron aportar por fallas en el sistema, tendrían protección hoy. Esa era la idea.
Porque estamos frente a un problema pensionario. No de pobreza. Por eso su canal natural es el Sistema Nacional de Pensiones, y no los programas sociales.
Tan simple como que la Oficina Nacional Previsional (ONP) reciba una solicitud de un mayor de 65 años que no tenga jubilación pública, ni privada, ni vaya a tenerla; que no posea ninguna renta acreditada por la Sunat; y que resida en el país tres años antes del trámite. Y ya está; la ONP califica la solicitud, hace control de calidad, y la pensión estaría lista para otorgarse. Tal cual, el Proyecto de Ley 04213/2010, presentado por los propios nacionalistas en el Congreso pasado.
Pero los economistas que creen saberlo todo, pero que del derecho a la pensión no saben nada, insisten con que la universalización de este tipo de pensiones nos llevaría a la quiebra. No comprenden que debe de ir de la mano con una política agresiva para que los independientes aporten obligatoriamente y con ello alejen al fantasma del déficit fiscal. ¿O acaso es difícil que emolienteros, canillitas, bodegueros o vendedores autorizados en las mismas esquinas de siempre, puedan aportar? Es cuestión de ordenar la casa.
La Pensión 65 de la Gran Transformación planteaba una reforma integral del sistema pensionario: un régimen contributivo obligatorio y de ahorro colectivo para obtener una pensión básica, pero decente; un régimen voluntario de ahorro individual para un ingreso adicional; y un régimen no contributivo para aquellos que por diversas razones no pudieron aportar. Todo universal, como es la naturaleza de una pensión.
Y la progresividad planteada en campaña, establecía que en 2012 se atendería a todos los mayores de 75 años sin pensión; en 2013 a todos los mayores de 70; y en 2014 a todos los mayores de 65.
Pero vino la Hoja de Ruta y desde ahí se empezó a hablar de focalización, y una vez ganada la elección ya era un programa social para pobres extremos. Lamento decir que, si esta lógica termina por ganar, muchas familias se desilusionarán y el primer costo se verá en la popularidad presidencial.

El Banco del Sur

Con el visto bueno del congreso argentino hace unos días, ya son cuatro países de siete, los que le dan el sí a la puesta en marcha del Banco del Sur, y es muy probable que antes de fin de año lo veamos entrar en funcionamiento.
Aunque para los neoliberales locales del periodismo y la economía, esto solo suena a un banco de Chávez, lo cierto es que se trata de una herramienta eficaz para que Sudámerica enfrente la crisis global, además de avanzar en convertir a la sub región en un bloque con autonomía financiera.
El objetivo central del Banco del Sur es proveer de recursos financieros allí donde el resto de la banca multilateral no actúa. Su convenio constitutivo habla de priorizar proyectos de desarrollo económico, social y ambiental de los países miembros de la Unasur, fortaleciendo su integración.
Por ejemplo, la volatilidad en el mercado de commodities alimentarios siempre tiene en vilo a productores y consumidores, puesto que los precios del trigo, el maíz, la soja, el arroz entre otros, dependen más de los grandes especuladores financieros globales que de la oferta y la demanda. Un fideicomiso u otro mecanismo financiero en el marco del Banco del Sur, puede protegernos de esa especulación y garantizar la seguridad alimentaria en la región. Lo mismo para el caso de medicamentos u otros temas sensibles. Todo ello, coordinado por los gobiernos de nuestros propios países, dejando de lado la dependencia en iniciativas del Banco mundial o de organismos cuyos paquetes de préstamos vienen con condicionalidades de política y además responden a intereses extra regionales.
Por eso, el potencial que tiene un instrumento como éste, es estratégico en un escenario en donde lo único cierto es la incertidumbre. Especialmente, si tenemos en cuenta que ya no basta solo la respuesta nacional anti cíclica ante un nuevo embate de la economía mundial.
Si bien es cierto, solo por el hecho de pertenecer a la Unasur, el Perú podría beneficiarse de los créditos del banco; al no formar parte de esta construcción, no tendrá operadores políticos dentro, ni podrá influir en sus decisiones. Y eso, solo por motivos ideológicos.
Mientras que Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina se han comprometido con el aporte de capital necesario para el funcionamiento del Banco del Sur, en el Perú ni siquiera se ha abierto el debate sobre una nueva arquitectura financiera internacional. Pero más temprano que tarde, cuando la crisis empiece a deteriorar nuestros buenos números macroeconómicos otra vez, estoy seguro que miraremos con otros ojos esta iniciativa y empezaremos a romper por fin, la inercia de la política económica nacional.

La estabilidad del Ministro Paredes

Cuando le preguntaron al Ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes, en la Comisión de Transportes del Congreso, por qué había aprobado el Convenio de Estabilidad Jurídica de APM Terminals Callao S.A., cuestionada concesionaria del Terminal Norte del Puerto del Callao gracias al gobierno aprista; dijo: "este es un mandato legal que proviene de la concesión que la gestión anterior ya culminó, (…). No hacerlo implicaría incurrir en una ilegalidad".
Esto no es verdad, porque en derecho existen normas imperativas y normas dispositivas. Las primeras son de obligatorio cumplimiento. En cambio, las segundas quedan a la voluntad de las personas.  En una norma imperativa se usan los verbos “deber” o “tener” (se debe solicitar, se tiene que aprobar, por ejemplo). En las segundas se usa el verbo “poder” (se puede solicitar, se puede aprobar). Lo mismo pasa en las clausulas de un contrato.
El contrato de concesión de APM Terminals, establece en su sección octava que: "la Sociedad Concesionaria podrá suscribir con el Estado de la República del Perú, un convenio de estabilidad jurídica, el que conforme a la normativa aplicable tiene rango de contrato ley...". Esta cláusula no es imperativa. No hay una obligación de estricto cumplimiento para el Estado que se desprenda de allí.
Además, el artículo 10 del D. Leg. 662 estipula que "el Organismo Nacional Competente, en representación del Estado, podrá celebrar con los inversionistas extranjeros, con anterioridad a la realización de la inversión y al registro correspondiente, convenios para garantizarles los siguientes derechos: a) estabilidad del régimen tributario vigente…". Nuevamente una norma dispositiva.
El Reglamento del D. Leg. 1011, precisa esta norma para que sea posible suscribir convenios con posterioridad a la realización de la inversión, y ahí sí hay una norma imperativa, señalada en su artículo 2: "Para efectos de lo establecido en el Artículo 10º del Decreto Legislativo Nº 662 (…), los convenios deberán ser celebrados dentro de los doce (12) meses anteriores a la obtención del título habilitante o dentro de los doce (12) meses posteriores a la obtención de dicho título". Pero, lo imperativo aquí no es firmar el convenio, sino el plazo si se decide hacerlo.
Si bien en todo esto, la voz cantante la tiene Proinversión, el Ministro, según el propio reglamento del D. Leg. 1011, tiene el derecho de observar el convenio. Así que es falso que esto tenía que aprobarse sí o sí. El Ministro pudo frenar esto. Pero al parecer, sus asesores tienen otra mirada de las cosas y lamentablemente, el primer convenio de estabilidad jurídica de la era Ollanta es nada menos que para la cuestionada concesión del Terminal Norte del Callao.

El Perú no es Brasil

Esta semana hemos conocido que el gobierno brasileño ha decidido aumentar el superávit primario para enfrentar la crisis global, en la idea de guardar recursos para un futuro plan de estímulo.
Si el gigante sudamericano hace esto, cómo no aplaudir al MEF de Castilla que plantea que debemos ser conservadores en el gasto, y al BCR de Velarde que al revisar el Marco Macroeconómico Multianual 2012-2014, lo avala. Sin embargo, el Perú no es Brasil y copiar esa misma estrategia perjudicaría nuestra economía, trayendo también altos costos políticos para el gobierno de Ollanta Humala en un escenario en el que el crecimiento económico se desacelera.
Lo que pasa es que desde hace un buen tiempo Brasil enfrenta un feroz ataque especulativo contra su moneda, haciendo que el “Real” se aprecie respecto al dólar más que ninguna moneda en la región desde que empezó la crisis, con la consecuente pérdida de competitividad en sus exportaciones y el sobre estímulo de su mercado interno.
Operadores financieros instalados en Brasil, ingresan miles de millones de dólares prestados del mercado internacional a ínfimas tasas, y se hacen de una farra financiera puesto que las tasas de interés brasileñas son de las más altas del mundo.
Si a eso sumamos las presiones inflacionarias que atraviesa el país de la samba, resulta que su mayor reto es contener la inflación y al mismo tiempo desincentivar ese ingreso de capitales que tanto daño le procura.
La teoría dice que para frenar la inflación se debe subir la tasa de referencia y ajustar por el lado fiscal. Pero precisamente si se sube la tasa de interés se alienta el ingreso de capitales golondrinos, lo que abunda en la apreciación del real. Es por eso que han puesto el acento en reducir el gasto para frenar la inflación, mientras que han bajado la tasa de referencia medio punto y así tratar de desalentar a los especuladores.
Es que hace poco colocaron un impuesto a la entrada de divisas, gravando con una tasa del 6% a todos los créditos tomados en el exterior por bancos y empresas brasileñas, y ni así pararon el ataque especulativo de los criminales de cuello y corbata.
Estos son problemas de naturaleza distinta a los del Perú. Por eso, si no tomamos medidas ya, el timing de la crisis nos va a ganar. Y aún así le hayan obligado a Castilla a elaborar un plan de contingencia, tengo la impresión que hará todo lo posible por retardarlo.
Pero ahí no acaba la cosa, ya que la crisis va para largo. Y al margen de una respuesta coyuntural, necesitamos un plan de mayor aliento para dejar de depender tanto de la demanda internacional, los términos de intercambio y el flujo de capitales. De eso trata la economía nacional de mercado.