Laguna Parón

Una de los temas que Salomón Lerner dejó pendientes en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) es la solución al conflicto entre la Comunidad Cruz de Mayo y la empresa Duke Energy Egenor que opera la Central Hidroeléctrica del Cañón del Pato, en las alturas de Ancash.
Aunque parezca broma, la laguna Parón, que se encuentra en lo alto de la Cordillera Blanca y es la reserva de agua dulce más grande del Callejón de Huaylas, fue privatizada con instalaciones de descarga y todo en los noventa, junto a la central hidroeléctrica que pertenecía a ElectroPerú.
La empresa privada tomó control de la laguna y la empezó a descargar para garantizar su producción de la energía en épocas de estiaje, a un ritmo de 8 metros cúbicos por segundo, poniendo en riesgo la reserva de agua, a la que también tienen derecho las poblaciones del lugar. Y era tan arbitraria la forma en que operaba, según autoridades y pobladores, que no importaba si cargaban demasiado el río Santa, afectando las instalaciones de la empresa de saneamiento de Caraz o malogrando cultivos aledaños.
Tiempo después, las autoridades redujeron el límite de descarga a cinco metros cúbicos por segundo, pero el nivel del agua siguió bajando considerablemente.
Por ello, en 2008, la Comunidad Cruz de Mayo y el Frente de Defensa de la Laguna Parón tomaron las instalaciones de descarga, y desde ese momento hasta la actualidad Duke Energy perdió el control sobre Parón.
Duke Energy empezó entonces, una batalla legal que ha llegado hasta el Tribunal Constitucional, pidiendo, en medio de eso, a la Oficina de Registros Públicos que cancele recién el asiento en donde constaba que Duke era dueña de la laguna; pero reclamando la restitución de las instalaciones de descarga de la laguna y el derecho de usar sus aguas. Finalmente, el Tribunal le dio la razón hace unos meses, ordenando que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) restituya las instalaciones de Parón a Duke Energy.
Pero la ANA no tiene en su poder las instalaciones, sino la Comunidad Cruz de Mayo, que junto al gobierno regional, el gobierno local, y más aún, toda la población de la zona, demandan que las instalaciones reviertan al Estado para así tomar control efectivo del un recurso que es de todos los peruanos y no de una empresa.

Es que el error se produjo en la forma en que se privatizó esa sección de ElectroPerú, pero también en la intransigencia actual de los funcionarios de Duke Energy, que a toda costa quieren tomar nuevamente el control de la Laguna Parón, sin tomar en cuenta lo que significa la reivindicación social y política de todo un pueblo.
Parecen no entender que si cede va a ganar mucho más, la confianza de los pobladores y el uso del agua de Parón para sus fines energéticos. De igual modo, la Comunidad podrá usar la laguna para fines agrarios, de consumo y ecoturísticos que no afectan ni la seguridad, ni la regulación de Parón.
Lo único que falta en esta historia, es que Duke Energy decida dar un paso atrás para avanzar dos adelante; que transfiera las instalaciones al Estado y que, en diálogo con las autoridades locales, regionales y la propia Comunidad, se establezcan los mecanismos para que todos puedan disfrutar del recurso hídrico de la laguna. En ese punto lo dejó Lerner.

Minería: nuevo esquema

El oro, cobre, plata, zinc y demás metales que se encuentran en nuestro territorio y cuya extracción y venta genera miles de millones de dólares para grandes empresas privadas, en su mayoría extranjeras; proveen también a la administración del Estado una parte considerable de sus ingresos, claro, que en mucha menor cantidad que para las mineras, con nuevo gravamen y todo.
Al mismo tiempo, ocasionan los más graves conflictos socio-ambientales, como estamos viendo hoy en Cajamarca.
El problema es que el esquema actual de esta actividad extractiva se basa en concesiones mineras a privados, reguladas en primer término por la Constitución de 1993 y detalladas en la Ley General de Minería y otras normas. Este esquema fue diseñado durante la dictadura Fujimorista, cuando no había Congreso, y es el corazón de los conflictos mineros que hoy enfrentamos.
Hace algunos años, Ollanta Humala describió esto mejor que nadie, cuando nos dijo que “los recursos naturales del país, mientras estén en el subsuelo, pertenecen al pueblo peruano, pero una vez que salen a la superficie ya no pertenecen al pueblo peruano sino a los que lo extraen”.
Se refería, entre otras normas, al artículo 66 de la Constitución peruana que establece que la concesión otorga a su titular un derecho real y eso se refiere a la propiedad.
Y podemos hacer un esfuerzo y entender que en los primeros años de la década de los noventa estábamos en bancarrota y fuera del sistema financiero internacional y no nos quedaba más opción que atraer inversión extranjera dándole buenos incentivos: se concesiona desde Lima, se entrega el agua necesaria para la extracción y se reprime a la población.
Pero hoy la situación es completamente distinta. Tenemos una sólida macroeconomía, mercados internos por articular y desarrollar con mucho potencial, y hasta emitimos deuda soberana. Y por eso, no podemos seguir con el mismo esquema minero.
Hace unos días, un amigo ingeniero industrial me dijo que hay que cambiar totalmente el sistema de concesiones, porque no es conveniente para seguir desarrollando nuestra economía. El nuevo esquema debe basarse en una licitación de proyectos integrales de extracción y metalurgia y no en una simple concesión. El producto final, que no sería solo mineral a granel sino en barras, debe ser comercializado por una entidad estatal.
Si lo miramos bien, es una clara alianza público-privada (APP) para generar valor agregado y muchos más puestos de trabajo que los que genera exportar cerros de mineral en polvo (con una infinidad de sub productos mineros que no se contabilizan y más bien se regalan). Pero al mismo tiempo implicaría la nacionalización de la minería, o sea la recuperación de los recursos mineros para la nación peruana, sin caer en lo estatista.
Si este nuevo esquema es complementado con el derecho a la consulta, el ordenamiento territorial, un proceso profundo de descentralización y la ruptura de los candados que pone el ministerio de Economía y Finanzas a los proyectos de inversión de la administración pública en sus tres niveles de gobierno, podríamos estar construyendo las bases de la estabilidad y la gobernabilidad y así evitar más Congas.
Claro que eso pasa por una nueva constitución, lo que en buena cuenta significa volver a repartir el poder en el Perú.

No Ciadi

Uno de los principales argumentos que diversos analistas, periodistas y hasta políticos, especialmente de la derecha peruana, han usado para oponerse a la revisión del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Conga, luego de la suspensión solicitada por el gobierno nacional, es que nos puede costar una demanda de arbitraje en el Ciadi por cientos de millones de dólares.

Eso equivale a decir que un país no puede objetar una concesión, así se haya hecho mal, o aprobado en medio de actos de corrupción, o cuya aplicación vulnere derechos de la población, porque inmediatamente te amenazan con la cantaleta del arbitraje internacional en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias en materia de Inversiones (Ciadi), cuyos árbitros se centran en el propio contrato y no en las circunstancias que lo hacen injusto. Y no quiero decir que éste sea específicamente el caso de Conga, pero no puedo dejar de sentir que en todo esto hay un tremendo chantaje.
Por ello, varias organizaciones de América Latina, reunidas en la Alianza Social Continental, que congrega a movimientos sociales, centros de investigación, gremios de trabajadores e instituciones de desarrollo, vienen impulsando una campaña denominada No Ciadi, cuyo objetivo central es que los países de la región denuncien el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados que dio nacimiento al Ciadi, y todos aquellos tratados bilaterales de inversión y de libre comercio, o sus cláusulas respectivas, que hagan referencia al Ciadi como mecanismo de solución de controversias.
Claro que, aun después de la denuncia de estos instrumentos, tendríamos que esperar varios años para que la competencia de Ciadi pierda eficacia. Además, esto no puede ser hecho de manera aislada, y si bien Ecuador y Bolivia ya empezaron este proceso, lo cierto es que debe ser en el marco de la Unasur donde se discuta la iniciativa de dejar atrás el arbitraje sustentado en el Banco mundial, y avanzar hacia otro esquema de arreglo de diferencias entre inversionistas y Estados en América del Sur, porque precisamente nuestra región es la que tiene más procesos abiertos en el Ciadi.
Ahora bien, en esta línea, hay dos posturas. Una, basada en la jurisdicción nacional. Es decir, si alguien quiere invertir en un determinado país sudamericano, deberá someter cualquier controversia a sus tribunales internos o a mecanismos creados dentro de los mismos. Esta es una posición que podemos calificar como “soberana”, y quienes la defienden no dudan en poner el ejemplo de Brasil, país que no es parte del Ciadi, ni tiene ningún tratado bilateral que remita a éste.
De otro lado, está la postura “regionalista”, cuyos defensores afirman que se tiene que dar garantía a la inversión extranjera, de un mecanismo de solución de controversias independiente y neutral, pero que a diferencia del Ciadi, incluya criterios de derechos humanos, de lucha contra la corrupción, entre otros. La idea en este caso es que se construya una especie de Ciadi del sur, que se encargue de ver todos los conflictos derivados de controversias entre inversionistas y Estados en el territorio sudamericano y en el marco de la Unasur.
Como fuere, cada vez se hace más urgente explorar todas las rutas posibles para liberarnos del chantaje de las inversiones.