domingo, 30 de octubre de 2011

Anamper y el Programa 65

El jueves me invitaron a un taller de la Asociación Nacional de Organizaciones de Adultos Mayores del Perú (Anamper). Los mismos que han sido y son los principales impulsores (desde el ámbito social) de las pensiones no contributivas para todos los mayores de 65 años sin jubilación porque no alcanzaron los aportes suficientes, o porque nunca tuvieron a su alcance los mecanismos para aportar a la seguridad social.
Fue Anamper la que, en coordinación con la bancada nacionalista y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), impulsó el proyecto de ley Nº 4213, que establecía la pensión no contributiva con carácter universal, solidaria y vitalicia a sola condición de que los mayores de 65 no tengan ningún ingreso público o privado, ninguna pensión de la ONP o de las AFP, y que residan en el país durante los últimos tres años.
Este proyecto fue dictaminado favorablemente en el Congreso de la República durante el periodo anterior pero no llegó a ser votado en el pleno.
Fueron los dirigentes de Anamper los que incidieron para que en la campaña electoral, Ollanta Humala recoja la propuesta como una de sus principales banderas de gobierno.
Y una vez asumida por el entonces candidato, los marketeros políticos que lo asesoraron tuvieron el acierto de llamarla Pensión 65, con el que fue difundida entre la población mediante un muy bien hecho spot publicitario.
Por ello, Anamper es una de las pocas organizaciones sociales que tiene un acta de compromiso firmada por el hoy presidente, en la que se obligó una vez llegado al poder, a implementar por primera vez la pensión no contributiva en el Perú.
Es por estas razones que cualquiera hubiera esperado encontrar a los delegados de Anamper que llegaron de todo el país a su taller nacional, celebrando porque la semana pasada se publicó en el diario El Peruano dos decretos, uno supremo y otro de urgencia; el primero con el diseño de Pensión 65, y el segundo con las medidas financieras para que se implemente desde este año.
Pero no fue así, porque Pensión 65, tal y como se ha lanzado, no es una pensión, sino un programa de asistencia solidaria solo para pobres extremos de acuerdo a los criterios del Sistema de Focalización de Hogares.
Y para los dirigentes de Anamper, con los cuales coincido, se trata en realidad de una simple ampliación en 25 soles del Bono Gratitud del gobierno aprista, rebajando la edad de los beneficiarios de 75 a 65. Aunque inicialmente solo para 6 regiones.
Ellos al igual que yo, lamentamos que la esperada Pensión 65 no se enmarque dentro del Sistema Nacional de Pensiones, porque éste es un tema de inclusión de la población en el derecho a la pensión, y no un tema de pobreza.
Qué pena que se haya perdido una oportunidad más de discutir en serio la reforma pensionaria que se cae de madura en el Perú.
Muchos de los ancianos dirigentes con los que compartí la tarde del jueves no tienen ingresos y viven aún de su trabajo, con el que también financian su militancia en el movimiento de adultos mayores. Pero ellos no recibirán nada.

domingo, 23 de octubre de 2011

La economía y la política

Algunos creen que las decisiones económicas de un país son eminentemente técnicas. Eso no es verdad. Peor aún, hay quienes creen que la economía es una ciencia exacta y por eso hay cosas que no pueden cambiar. En realidad, las decisiones económicas son política pura con alto contenido jurídico.
Cuando Alan García promovió la suscripción del Acuerdo del Pacífico con México, Chile y Colombia, y los presidentes de esos países vinieron a sellar esta especie de súper Tratado de Libre Comercio (TLC) en Lima; lo que estaba haciendo era operar para Estados Unidos, puesto que los cuatro países involucrados tienen un TLC con el gigante norteamericano, y también con Centro América, constituyendo en la práctica el renacimiento del Área de Libre Comercio de las Américass (ALCA) que todos creíamos muerta en la Cumbre de las Américas de Mar del Plata en el 2005.
Al mismo tiempo, Estados Unidos partía Sudamérica en dos, para pararle el macho a Brasil y su Unasur, haciendo que sea imposible un pacto comercial entre los bloques del Mercosur y los países de la Comunidad Andina (CAN). Pura lucha hegemónica entre dos grandes. Además, se estaba alistando el camino para un TLC mayor: el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP).
Y ahora que se está celebrando en Lima la novena ronda de negociación del TPP, (el acuerdo de libre comercio entre los países del Foro de Cooperación Asia Pacífico - APEC), tengo la misma sensación de que, más que promover el comercio, se trata de consolidar un espacio donde Estados Unidos defienda la hegemonía que la crisis global le ha puesto en cuestión.
Barack Obama se mostraba totalmente opositor a los TLC durante su campaña electoral. Especialmente a los que empezó a negociar, pero no culminó, la administración Bush. Y como nos recuerda el especialista Manuel Pérez Rocha, Obama tenía especial rechazo al capítulo de inversiones por considerarlo perjudicial para los intereses de los sindicatos estadounidenses. Pues bien, hace poco suscribió los TLC con Corea, Panamá y Colombia que su predecesor había encaminado.
La razón es bastante política: necesita el apoyo de las grandes empresas norteamericanas para su campaña de reelección. Y esa es la misma motivación por la que las negociaciones del TPP han tomado la velocidad de crucero.
En el TPP, Estados Unidos quiere mejores condiciones en temas como el de propiedad intelectual y acceso a medicamentos que las que consiguió para sus transnacionales con sus TLC bilaterales; al mismo tiempo que pasa a liderar la costa pacífica de todo el hemisferio americano (salvo por Ecuador), recordándole a Brasil quien manda aún en estas tierras.
Lo que no tiene sentido es que, en medio del segundo embate de la crisis global (donde el neoliberalismo del “mercado se regula solo” entra en trompo nuevamente), sigamos con la misma política comercial que la que se fijó hace diez años. Las mismas reglas de juego pre crisis se siguen imponiendo en las mesas de negociación.
Ya es momento de promover un debate nacional sobre este tema, tomar el toro por las astas y dejar que la inercia económica siga imponiéndose en el Perú.

domingo, 16 de octubre de 2011

Hay que salvar a la economía de mercado

Un amigo marxista me dijo que para entender la crisis económica que vive el mundo en la actualidad, se debe distinguir lo que es la economía de mercado de lo que es el capitalismo. De inmediato entendí que no hacerlo, pone a muchos en la trampa ideológica de defender, en nombre del mercado, a la especulación financiera, los acuerdos comerciales asimétricos, la represión salarial, la excesiva acumulación de los bancos y las trasnacionales, entre otras perversiones del capital.
Es que el capitalismo realmente existente hoy en día (al que conocemos como neoliberalismo), ha puesto a la economía de mercado a su servicio, distorsionándola con la única finalidad de generar la mayor cantidad de riqueza para pocas manos. Y lo ha hecho a través de dos grandes expresiones.
La Primera es la financiarización de la economía. En los últimos años, el gran capital ha estado más interesado en timbear en bolsas de valores y mercados de commodities, que invirtiendo en la producción, afectando con ello la fijación de precios y creando enormes burbujas por todos lados. Claro que eso le ha reportado millones de millones de utilidad. En realidad, los inversionistas financieros actúan como meros apostadores en salas de casino.
El resultado es impresionante. Mientras la producción mundial asciende a 63 billones de dólares; las deudas públicas y privadas registradas, alcanzan los 117 billones. Es decir la duplican. Y ni qué decir de los derivados financieros. Ellos alcanzan la suma de 1500 billones de dólares. O sea, que una misma onza de oro o una misma tonelada de trigo se ha vendido miles de veces.
La segunda expresión del neoliberalismo es un complejo sistema de contratos para que nada ni nadie impida a los señores del capital seguir acumulando riqueza. Me refiero a convenios de estabilidad jurídica, acuerdos bilaterales de protección de inversiones, tratados de libre comercio, centros internacionales de arbitrajes, contratos estandarizados en mercados financieros, etc., que con el cuento de la inversión se promueven en todo el planeta.
Y son las propias organizaciones multilaterales las que recomiendan utilizar estos instrumentos, del mismo modo como invitan a invertir en derivados financieros. Son operadores del neoliberalismo, más no del mercado.
Lo paradójico es que estas dos expresiones neoliberales surgieron como respuesta a la crisis del capitalismo de los años setenta, a fin de que las economías centrales trasladen sus problemas a la periferia; lo que en América Latina se vivió como una feroz crisis de la deuda a inicios de los ochenta.
No nos engañemos, hace tiempo que la ley de la oferta y la demanda, se puso de lado a la hora de organizar y distribuir la producción y el consumo. La economía de mercado está capturada por mafias que se visten de cuello y corbata.

domingo, 9 de octubre de 2011

Crisis global y Constitución de 1993

Estamos nuevamente muy cerca del centro de la tormenta de la crisis global: amenaza de cesación de pagos en varios países de Europa, crisis bancaria a la vista, la recesión en Estados Unidos no cesa, las economías emergentes se desaceleran, los términos de intercambio se deterioran, hay fuertes caídas de las bolsas mundiales, y en fin, varias señales como éstas, nos dicen que una vez más, como a fines de 2008, la economía peruana, tan dependiente de la demanda externa, deberá tomar medidas para atravesar de la mejor manera el desastre económico que se avecina.
Pero ante una crisis que está transformando a golpes el orden económico mundial, ¿basta el estímulo fiscal del MEF y las herramientas monetarias del BCR?
A corto plazo sin duda; aunque ya no es suficiente como respuesta al reto histórico que enfrentamos: el fracaso del software neoliberal, que despreció las políticas públicas y la planificación. Que bendijo la no regulación de los mercados, especialmente de los financieros; que se zurró en el medio ambiente y el desarrollo sostenible, generando riqueza con desigualdad; y que se vale un sistema de contratos y arbitrajes (TLCs, Convenios de Estabilidad Jurídica, Acuerdos Bilaterales de Protección de Inversiones, CIADI, etc.) para asegurar ganancias sí o sí.
Ese sistema está puesto en cuestión, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el social. La aparición del movimiento mundial de indignados lo confirma.
Y precisamente, ese sistema es el espíritu de la Constitución de 1993, partida de nacimiento del Estado neoliberal peruano: crecimiento económico sin derechos laborales y bajos salarios; atropello de comunidades andinas y amazónicas; rol subsidiario del Estado; protección constitucional a los contratos suscritos con el gran capital; entrega de propiedad de los recursos naturales a cambio de poco; y el mismo trato a un inversionista nacional que al foráneo.
En esencia, son los artículos 60, 62 y 66 de la Carta del 93 los que dibujan el neoliberalismo local que impide al Estado fomentar la acumulación de capital nacional, promover los mercados internos, desprecarizar el trabajo, industrializar la economía, integrarnos con Sudamérica, entre otras políticas que nos desenchufen de la crisis del neoliberalismo, al tiempo que construimos base social para la convivencia en paz y democracia.
No bastan políticas contracíclicas. Ni basta redistribuir mejor. Se requiere reestructurar. Y eso nos pone de nuevo en un momento constituyente. El Estado neoliberal peruano ya no tiene sentido y por más que la derecha se aferre a él (más por ideología que por pragmatismo) necesitamos un nuevo pacto social. Lo bueno es que diversos sectores lo han empezado a entender.

domingo, 2 de octubre de 2011

La política antidrogas

No tengo idea de quienes son los capos de la droga en el Perú. De lo que sí estoy seguro es que están muy contentos con la política antidrogas de los últimos años. La del ritual de las erradicaciones que nos ha convertido en el primer exportador de cocaína del mundo, y que tiene presos a campesinos y dirigentes del Alto Huallaga y otras zonas donde se realizaron capturas masivas.
La misma que no quiere mirar la estructura financiera que sirve para lavar dinero; pero que presenta a humildes pobladores como si fueran narcoterroristas, solo para mostrar a la DEA (esa especie de Fondo Monetario Internacional del narcotráfico) supuestos resultados que certifiquen que aquí luchamos contra las drogas y merecemos los mismos recursos que le asignan a Colombia.
Hace unos días visité el penal Castro Castro, y hablé con más de 30 detenidos en noviembre del 2010 en la operación Eclipse. Están procesados por narcotráfico y colaboración con el terrorismo, solo porque personas con identidad protegida los acusaron de reunirse con el senderista Artemio. Ni una prueba más los incrimina.
Ahí me encontré con Iburcio Morales, alcalde en funciones del Monzón cuando fue capturado; y con Eduardo Ticerán, dirigente cocalero. Ambos, junto a otros dirigentes y autoridades también presos, elaboraron en el 2007 un verdadero plan de desarrollo alternativo para el Alto Huallaga. Nada que ver con las bolsitas de semillas de café, frejol de palo y algunas aves que ofrecía Devida; una burla donde hace falta la presencia del Estado.
Creo que a lo mejor ese fue su delito: atreverse a cuestionar la política antidrogas, siendo vistos como ciudadanos de segunda. Y aunque el plan, que es bastante completo, se entregó al gobierno de García, no fue mirado ni de reojo.
No tomaron en cuenta la propuesta de producir carne y leche; o de crear circuitos turísticos en Leoncio Prado, Aucayacu, el Monzón o Yanajanca. No vieron las actividades concretas por zona, ni la inversión propuesta en diez años para que los valles cocaleros de Huánuco tengan una agricultura competitiva que mejore la calidad de vida de la población.
La respuesta fue continuar con zona de emergencia y operaciones especiales como Tormenta, Huracán y Eclipse para meter en la cárcel a cuanto dirigente podían. Nadie puede poner un negocio con tranquilidad en el Alto Huallaga, ni ser elegido autoridad sin correr el riesgo de morir.
Felizmente Ollanta Humala designó a Ricardo Soberón como jefe de Devida y no se dejó presionar para destituirlo. Estoy seguro que se va a centrar el combate al narcotráfico en cosas como atacar su estructura financiera. Y sobre todo, se va a impedir que las cárceles sigan llenándose con campesinos y gente pobre.